El Ministro de Economía, Diego Borja, anunció ayer tres medidas de política petrolera: la renegociación de los contratos petroleros, solicitada por el Frente Social (ministerios de Trabajo, Salud, Educación, Bienestar Social y Vivienda) junto a Economía y Ambiente; hacer cumplir las leyes nacionales a las empresas petroleras, decisión comunicada al FMI; y que Petroecuador reporte sus operaciones al sistema de pagos del Banco Central del Ecuador para controlar mejor el flujo de caja de la petrolera estatal.
Los ministros del Frente Social, junto a Anita Albán, ministra del Ambiente, y a Diego Borja, de Economía y Finanzas, pidieron la renegociación de los contratos petroleros.
“Consideramos esencial que se cumpla la orientación señalada por el presidente Alfredo Palacio en la renegociación de los contratos petroleros, porque es injusto para el país que no tengamos esos ingresos una vez que se han modificado las condiciones de esos contratos”, dijo Borja.
El ministro informó ayer que se solicitó a Palacio incluir a los ministerios de Economía y Ambiente en el Frente Social.
“La economía ha estado separada del ser humano”, justificó.
Borja, quien se ha reunido con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante toda la semana, dijo que le informó al organismo multilateral que “las compañías petroleras que actúan en el Ecuador y cuyo desempeño tiene efectos en las cuentas fiscales, tienen que cumplir la Ley.
Si no lo hacen tienen que estar dispuestas a pagar las medidas legales que manda la legislación. Es una postura de este Ministerio”.
Entre tanto, el vicepresidente de Asuntos Legales de Occidental en Ecuador, Daniel Almaguer, puntualizó que la empresa ha suspendido parcialmente sus inversiones en Ecuador, a la espera de que se resuelva el pedido de caducidad realizado por el Procurador.
“Sí, estamos dilatando ciertas inversiones en vista del conflicto actual, esperando una eventual resolución amistosa para poder seguir invirtiendo en el área exploratoria”, señaló Almaguer.
Agregó que la compañía está realizando las inversiones requeridas para mantener sus actuales operaciones, pero los capitales orientados a expandirlas son los que están a la espera de una luz verde en la polémica con Ecuador.
En igual sentido, un vocero de la empresa canadiense EnCana, dijo que el pedido de renegociación de los contratos redujo el nivel de inversiones que tenía previsto realizar la empresa en el Ecuador.
Borja agregó que se pidió al Banco Central y a Petroecuador que la petrolera estatal se integre al sistema de pagos de la banca pública, controlado por el ex instituto emisor.
La idea es controlar el flujo de caja de la petrolera.
La reducción de las inversiones privadas ha afectado la extracción de crudo del país, al punto que, según datos oficiales, en el tercer trimestre del 2005 la producción promedio total cayó 1,3% a 523.146 barriles por día, frente al mismo periodo de 2004.
El Frente Social está compuesto por los ministros de Educación, Salud, Vivienda, Trabajo y Bienestar Social.
Proceso de renegociación detenido
por el informe de la Procuraduría
La contratación del Instituto Francés de Petróleo, para la asesoría en el proceso de renegociación, sigue detenido en la Procuraduría.
Por el monto del contrato, Petroecuador requiere un informe favorable del organismo de control. Sin embargo, este trámite ya lleva varias semanas, sin resultados.
Según funcionarios de la petrolera estatal, la Procuraduría se comprometió a entregar su pronunciamiento en esa semana. De ser así, dos técnicos del Instituto Francés vendrían a fines de mes.
Con los franceses, el Gobierno preparará los modelos matemáticos para cada modalidad contractual. Según el presidente de Petroecuador, Luis Román, se analizarán dos contratos de participación, uno de campos marginales y uno de prestación de servicios.
Los modelos que resulten de este trabajo se aplicarán para los acuerdos restantes con las petroleras privadas.
Pero mientras llegan los franceses, los técnicos de Petroecuador trabajan en depurar las cifras de participación petrolera.
El problema sigue siendo la diferencia de cifras ente la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y las mismas compañías.
El informe que resulte de este trabajo deberá ser aprobado por el directorio político de Petroecuador. Todavía no hay fecha para la próxima reunión.
A pesar de todos los retrasos en Petroecuador hay confianza en el proceso de renegociación.
Hasta ahora se ha realizado una ronda de negociación con las petroleras, y una de ellas, City Oriente, ya anunció su negativa a participar en las negociaciones.
Román descartó que esa fuese una posición definitiva porque hasta el momento nada está negociado.
De los primeros análisis de la DNH, el Estado estaría recibiendo más del 50% de la renta petrolera en los contratos.
Borja también anunció su plan
El Ministerio de Economía también anunció que aplicará un recorte del gasto de 346,5 millones de dólares y buscará ingresos tributarios extras por 150 millones de dólares. Así lo señaló el ministro de Economía, Diego Borja.
Para ello se reasignarán 258 millones de dólares de lo aprobado por el Congreso y se suspenderá la emisión de USD 88,5 millones de deuda interna o externa. Los cambios se realizaron a través del decreto presidencial 1050.
El objetivo es lograr un déficit fiscal de 268 millones de dólares. Aunque Borja señaló que en la ejecución presupuestaria el país pudiera llegar a tener un superávit fiscal.
El ministro dijo que continuará entregado información fiscal al Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, descartó la posibilidad de que el país requiera algún tipo de aval del organismo multilateral.
Ecuador descarta el aval del FMI
Ecuador descartó la necesidad del aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) para diseñar su política económica.
El ministro de Economía, Diego Borja, anunció ayer al organismo multilateral que el país no precisa del beneplácito del Fondo para determinar el curso económico nacional. “No queremos el monitoreo del Fondo Monetario para definir nuestras políticas”, subrayó el titular.
También puntualizó la disposición para que una misión de ese organismo visite el país y verifique lo que quiera verificar.
El ministro aclaró que, durante una visita reciente a Ecuador, una comitiva del Fondo, presidida por Trevor Alleyne, no hizo observación alguna y se limitó a escuchar la postura del Ministerio: “Nosotros nos limitamos a responder a ciertas inquietudes que tenían y no hay ninguna observación por el momento”.
Según el secretario de Estado, la prioridad del Gobierno es la protección del gasto y la inversión social.
En cuanto al pago de la deuda externa, aseguró que el país cumplirá con los compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales.
Actualmente, la deuda ecuatoriana asciende a 11.300 millones de dólares y el régimen dispone de 585 millones para la recompra de bonos de deuda externa.
Indicó que espera el desembolso de otros 400 millones provenientes del Fondo Latinoamericano de Reservas para “continuar con la recompra” de obligaciones.