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Agentes civiles de tránsito reemplazarán a Policía Nacional

2010-12-20 16:49:25
Policiales

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Según consta en el informe final del proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Para las próximas horas está previsto que el Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la legisladora, Saruka Rodríguez, presente el informe final de las reformas a la Ley de Tránsito, documento al que tuvo acceso este medio de comunicación y en el cual se establece la creación de agentes civiles de tránsito que reemplazarán a la Policía Nacional, así como que la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) seguirá en funciones hasta que el o los municipios asuman las competencias en esta materia.

En lo relacionado a los agentes civiles de tránsito, la normativa, en sus artículos 30.1 y 30.2, determina que los agentes serán servidores públicos especializados para realizar el control del tránsito en la nación, y en las vías de la red estatal, formados y capacitados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV).

Los agentes dependerán: orgánica, administrativa y operativamente de la Agencia Nacional.

Mientras que en la disposición vigésima segunda, se establece que la ANRCTTTSV formará y capacitará agentes civiles para ejercer sus competencias de control del tránsito a nivel nacional. Una vez que disponga de los servidores públicos necesarios para tales efectos, estos relevarán a la Policía Nacional en sus actividades de control del tránsito, debiendo este personal ser reasignado a otras funciones, según las necesidades institucionales de la policía.

Entre tanto, que en el artículo 103 se señala que la CTG es una persona jurídica de derecho público, descentralizada, de duración indefinida, con patrimonio propio y autonomía funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con jurisdicción en el territorio de la provincia del Guayas, y demás circunscripciones territoriales que le fueren delegadas.

Sin embargo, la disposición decimosexta determina: “hasta que los municipios de la provincia del Guayas asuman las competencias en materia de planificación, regulación, control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, la CTG continuará con sus funciones y atribuciones; para la transferencia de competencias deberá aplicarse el procedimiento establecido en el COOTAD”.

El proyecto ratifica que la licencia constituye el único título habilitante para conducir vehículos de motor. El documento lo entregará la agencia Nacional de regulación y Control. La capacitación y formación estará a cargo de las Escuelas de Conducción, Institutos Técnicos de Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales y Universidades autorizadas en el país por el Organismo Nacional Coordinador del Sistema de Educación Superior a través de convenios celebrados con la ANRCTTTSV.

Para el caso de los chóferes profesionales los listados de los alumnos de los centros de capacitación deberán remitirse a la Agencia Nacional máximo 30 días después de iniciado el ciclo académico; la ANRCTTTSV verificará la continuidad y asistencia permanente de los aspirantes; solamente los que concluyan y aprueben el curso podrán obtener la licencia de conducir.

Durante el plazo de tres años aquellos ciudadanos que aspiren a los cursos de conducción profesional deben cumplir, a más de los requisitos establecidos en el reglamento respectivo, la siguiente alternativa: haber aprobado el primer nivel de bachillerato o poseer licencia tipo B.

Con respecto al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) se señala que la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Salud, hasta el 31 de marzo de cada año, publicarán un informe anual que contenga información estadística y financiera del SOAT sobre el ejercicio económico anterior.

Además, el organismo de control financiero elaborará el 31 de octubre de cada año un estudio técnico y actuarial sobre la situación del seguro, de sus principales variables, de los resultados de las aseguradoras y del FONSAT, así como sus estimaciones para el siguiente ejercicio económico.

Otro aspecto que contiene el informe presentado por la Comisión de Desarrollo Económico es el hecho de que en el plazo de 90 días, a partir de la vigencia de la Ley, todas las compañías y cooperativas de transporte masivo de pasajeros y de carga están obligadas a presentar a la Agencia Nacional de Regulación y Control, las certificaciones del IESS y las copias de los contratos de trabajo. De no hacerlo, se suspenderán las autorizaciones o permisos de operación, hasta que se cumpla con la obligación.

Se establece que las contravenciones de tránsito, cometidas a partir del 7 de agosto del 2008 del 2008, que se encontraren en trámite en los juzgados correspondientes y que no hubieren sido impugnadas, se entenderán efectivamente cometidas y, por lo tanto, se impondrán inmediatamente las sanciones correspondientes. Las boletas de citación constituirán título de crédito suficiente para que la Agencia Nacional de Transporte realice el cobro de las multas que correspondan. En estos casos no operará prescripción alguna.

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