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Edición #5231 |  Ecuador, miércoles, 21 de agosto de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

LEY DE BIENES MAL HABIDOS SE CONFIGURA

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El Telégrafo

Busca quitarles el derecho a las personas sobre lo conseguido de forma ilícita

En marzo deberá ser aprobada por la Comisión Legislativa la llamada Ley de Extinción de Dominio, que busca investigar, procesar y declarar la extinción del derecho de dominio sobre bienes de procedencia, uso o destino ilícito, y entregarle al Estado dichos derechos.

Esta ley, que se aplica únicamente sobre los bienes mal habidos, consta de 29 artículos, siete disposiciones generales, una derogatoria, dos disposiciones transitorias y una final, y fue consensuada entre la Comisión Legislativa, Procuraduría, Ministerio de Justicia, el Consep, la Policía Nacional, la Corte Constitucional, Senacor, la AGD, el Banco Central, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la Nación.

Por tener varios errores, el año anterior el Legislativo desechó el cuerpo legal, pero fue retomado y corregido por un grupo de legisladores encabezados por el vicepresidente de la Comisión Legislativa, César Rodríguez, quien hizo una campaña de socialización.

“El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la semana pasada esta ley y está en la Comisión Especializada de Contratación Pública y Transparencia”, dijo Rodríguez, al subrayar que, probablemente, la próxima semana o a más tardar la subsiguiente será llevada a primer debate.

Admitió que persisten algunas observaciones respecto de la necesidad o no de haber sentencia para proceder con la extinción de dominio.

Una vez que se apruebe la ley, se iniciarán procesos de investigación y la ley establece dos años y una prórroga de hasta cuatro años para que haya el soporte que derive una acción del Estado de la extinción del dominio. “Estamos hablando de que una vez aprobada la ley, estaríamos viendo en un período máximo de dos años los resultados”, recalcó.

El fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, explicó que la normativa busca establecer reglas legales que permitan luchar contra los activos generados por las redes de la corrupción y el crimen organizado, evitar la impunidad que genera la extinción y la acción penal.

“Es una acción real, independiente, especial, de naturaleza jurisdiccional y acción autónoma, que garantiza el debido proceso. Se desarrolla en relación de bienes concretos  y determinados, no contra las personas, es decir, la pérdida del derecho de la propiedad cuando la procedencia es ilícita”, afirmó, al tiempo de aclarar que esta acción se enmarca tanto en lo civil como en lo penal, es decir, el derecho penal investiga la procedencia del ilícito de los bienes y el derecho civil extingue la propiedad.

De su lado, Domingo Paredes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, dijo que esta ley es indispensable porque afianza el combate al delito organizado. Y el secretario nacional de Transparencia de Gestión, Alfredo Vera, manifestó que la eficacia del cuerpo legal para combatir la corrupción es indiscutible, por lo que “nosotros estamos convencidos, esperamos que lo ratifiquen los asambleístas y que lo aprueben”.
Patricio González

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