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Edición #4866 |  Ecuador, martes, 16 de enero de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Quito entrega su Mandato Constitucional (Documento)

2008-02-27 08:19:05
Documentos
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Documento discutido con amplitud entre sectores sociales será entregado a la ANC

Tras dos semanas de amplia e intensa discusión entre una infinidad de sectores sociales, que reunieron a más de cinco mil personas, y una apreciable participacioón a través del blog del Municipio de Quito, la capital de Ecuador entregará este miércoles 27 de febrero, en un acto solemne, su Mandato constitucional, con 13 puntos de consenso, considerados como posiciones de Quito para el futuro del País, para que el mismo sea dirigido hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Por considerar de alta importancia para el debate nacional, entregamos en exclusiva a los lectores de Ecuadorinmediato.com, el presente documento del Mandato.
PROPUESTAS DE LA ASAMBLEA DE QUITO
PARA LA NUEVA CONSTITUCION.

Presentación

La Asamblea de Quito reunida desde el día miércoles 13 de Febrero de 2008 intercambió criterios acerca de los temas constitucionales más importantes a ser considerados por la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Montecristi con el propósito de elaborar una nueva Constitución Política del Estado. Para ello contó, como documento de base, al preparado en mayo del presente año, por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, denominado “Una Constitución para el siglo XXI” y que fue producto de una consulta con diversos sectores barriales, profesionales, académicos, sindicales y empresariales. Igualmente, se adoptó como referencia al “Compromiso de Quito”, documento que resume el acuerdo logrado en el encuentro “Los gobiernos subnacionales y el régimen territorial en la nueva Constitución” convocado por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador.

UN ANTECEDENTE: LA CRISIS

El Ecuador ha pasado una de las peores crisis de su historia, la que debe constituirse en una oportunidad para revertir las desconfianzas ciudadanas y gubernamentales, que afectan a la producción y a la creatividad. La crisis política, que ha llevado a quebrantamientos democráticos, se sobrepasará solamente con un nuevo sistema político honrado y eficiente. La crisis social basada en exclusiones de diversos tipos será superada con redistribución del ingreso y creación de empleo.

LA VISION DE PAIS

El Ecuador aspira a ser un país justo y moderno, dentro de la sociedad del conocimiento, cuyo futuro debe basarse en la solidaridad social, la equidad territorial, la sustentabilidad ambiental, la competitividad y la paz. Para lograrlo proponemos que la nueva Constitución Política del Estado diseñe instituciones para una convivencia ciudadana con garantía de los derechos, participación eficaz en las decisiones públicas y confianza en nuestros representantes y en los organismos de control de la gestión pública. Especial importancia concedemos a la organización de los territorios y del sistema económico, para que podamos recibir buenos servicios, producir más, participar de los beneficios, y vivir en paz y con seguridad.


1. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

La soberanía reside en el pueblo, cuyo ejercicio da origen a la autoridad. La ciudadanía es el origen del mandato popular y al mismo tiempo acata a la autoridad. Los derechos de los ecuatorianos son exigibles y demandan garantías estatales. Todos los ciudadanos son sujetos de la protección y estímulo estatales.

El Ecuador es diverso pero único. Su unidad está formada por las distintas vertientes regionales y étnico-culturales que lo conforman.

El Estado es laico, garantiza la libertad de credos y de conciencia, y está estructurado por un equilibrio de funciones públicas.

La Constitución debe asegurar al pueblo ecuatoriano el goce pleno de su libertad política y ampliarla a la economía y a la sociedad.

El pueblo se organiza a través de un Estado de derecho democrático, pluralista, participativo e intercultural, agente activo del desarrollo, que preserva la identidad de la nación.

La Constitución debe poner las bases jurídicas para la vigencia plena de la democracia de representación, enriquecida por la participación ciudadana y el control social de la gestión pública.

Deben tomarse medidas para erradicar por todos los medios la posibilidad de que se establezcan regímenes autoritarios.

El énfasis al fortalecimiento del Estado debe ponerse en el mejoramiento del capital humano y del capital social. Un Estado fuerte no es el que tiene un gobierno fuerte sino el que tiene una ciudadanía activa y militante.

Las inequidades que afectan al Ecuador son sociales, económicas y territoriales, y tienen relaciones de causa y efecto; por lo tanto, la solidaridad que permita la superación de esas inequidades deberá ser atendida a través de los territorios.

2. DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES

2.1. De la Equidad de Género

Es importante que se conserven en la nueva Constitución los derechos adquiridos, impulsando su progresividad, igualdad y no discriminación, precautelando posibles retrocesos. Se asume la independencia del Estado y de las decisiones ciudadanas de cualquier influencia religiosa o dogmática.

El Estado reconoce a las distintas formas de organización de la familia.

El Estado garantizará una vida libre de violencia de género e intrafamiliar, especialmente en lo que tiene que ver con la protección efectiva a las víctimas y la prevención impulsada desde los sectores de educación, salud, comunicación, entre otros.

Es también deber del Estado proveer de información y los medios necesarios para que las personas puedan tomar decisiones sanas y responsables sobre su salud sexual y reproductiva.

Se buscará la paridad entre hombres y mujeres en la representación política y en la designación.

El Estado asume la institucionalidad para la igualdad de las mujeres creando políticas que garanticen su exigibilidad.

2.2. De los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos

El Estado debe reconocer las formas ancestrales de gobierno de los pueblos originarios, las que deben estar armónicamente insertas en el Estado; deben tener vigencia en sus territorios y orientarse hacia el establecimiento de una institucionalidad intercultural.

La interculturalidad debe concebirse y aplicarse en el más amplio sentido de respeto a los derechos humanos de los diferentes integrantes de la comunidad.

Los derechos colectivos deben partir del reconocimiento histórico de una nación pluricultural, multiétnica y de los pueblos como nacionalidades; la personería jurídica como organizaciones indígenas o como pueblos indígenas y la necesidad de pluralismo jurídico como usos y costumbres, para la solución de conflictos, siempre que no atenten contra los derechos humanos y la organización del Estado.

2.3. Del Derecho a la Educación

Es derecho de todos los ecuatorianos el acceso a la educación en todos sus niveles como un medio para igualar las oportunidades en su realización individual y colectiva.

El Estado debe garantizar una educación laica bajo principios de obligatoriedad, universalidad, inclusión y equidad social.

Deberá ponerse énfasis en la interrelación de los niveles educativos, así como en sus roles y responsabilidades con la sociedad.

Deberá orientarse por la demanda conforme a la planificación estratégica del sector y ser administrada bajo los principios de subsidiaridad y complementariedad por todos los niveles de gobierno.

La educación debe apoyar la formación de una ciudadanía activa, responsable y participativa.

La calidad de la educación deberá ser medida con protocolos y estándares nacionales.

El nivel superior de la educación deberá ser el elemento fundamental en los procesos de investigación y desarrollo que apoyen a la productividad y competitividad del país.

El sistema educativo nacional debe superar la exclusión digital; garantizar los sistemas comunitarios de educación; y, el control de los padres y la sociedad sobre la calidad de la educación.

2.3. Del Derecho a la Salud

Es derecho fundamental e inalienable de todos los ecuatorianos el acceso a servicios de salud de calidad durante todo el ciclo vital.

El Sistema Nacional de Salud debe orientarse a la prevención.

Es deber del Estado, con sus diversos niveles de gobierno, universalizar la provisión de servicios públicos básicos de calidad tales como el agua potable y el alcantarillado.

La seguridad alimentaria es un derecho de todos los ecuatorianos.

Derechos sexuales y reproductivos que garanticen a las personas la toma de decisiones libres y responsables sobre su cuerpo, salud, vida sexual y reproductiva.

El presupuesto para la prestación de los servicios de salud pública debe establecerse en función de la demanda.

Debe institucionalizarse el seguro universal de salud, con normativa central y ejecución en los niveles regional, provincial o local según sea el caso.

El Estado reconocerá las formas ancestrales de atención en salud y promoverá la atención integral de salud comunitaria.

Asimismo se establecerá un sistema integral y específico de salud para poblaciones vulnerables.

Se reconoce al deporte y la recreación como derecho de la comunidad y como deber del Estado.

2.4. Del Derecho a la Participación Ciudadana

Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, mediante su intervención directa en la definición de políticas públicas; en el establecimiento de prioridades en la atención a las necesidades de la población; en la elaboración de planes, programas y presupuestos participativos; y, en la auditoría social del cumplimiento de la gestión de los mandatarios de elección popular y de los demás funcionarios públicos.

2.5.- Del Derecho a la Vivienda

El Estado garantizará la igualdad de oportunidades para el acceso a la vivienda para todos los ecuatorianos en condiciones dignas y adecuadas dentro de un hábitat social saludable y seguro.

2.6.- Del Derecho de la Población Migrante

El Estado garantizará los derechos humanos y la protección integral de las personas y familias emigrantes, inmigrantes, desplazadas y refugiadas tanto en el país como en el exterior. Los niveles subnacionales de gobierno pueden promover políticas de estímulo al retorno de migrantes. El Estado asume que todo ecuatoriano ejerce la nacionalidad ecuatoriana al retornar al país.

2.7.- Del derecho de los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, discapacitados y GLBT.

El Estado reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos de los jóvenes, en especial su acceso al empleo y a la formación y capacitación continuas.

Se asegura el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un Sistema de Protección Integral y a la consulta sobre temas que afectan a sus vidas.

Existirá un Sistema de protección para adultos mayores, mendigos e indigentes que entre otros temas asegure la salud, nutrición, cuidado diario, protección social.

El Estado reconoce los derechos colectivos de las personas discapacitadas, en especial su acceso al trabajo.

El Estado reconoce la diversidad sexual, combate el discrimen y la violencia, y reconoce sus derechos humanos.

3. DEL RÉGIMEN POLÍTICO

El sistema presidencialista ha dado pobres resultados a lo largo de la vida de la República.

Debe establecerse un sistema mixto de gobierno, que pueda lograr un equilibrio y complementariedad funcional entre el Congreso y el Ejecutivo, que ponga fin a las reincidentes pugnas de poderes sin afectar las atribuciones presidenciales más importantes y que recupere la función básica del Congreso como escenario de la negociación política en base a mayorías, coaliciones y/o bloques.

4. DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

El Parlamento tiene como misión esencial e imprescindible, representar la soberanía nacional mediante las funciones de legislación y fiscalización.

Las principales funciones del Parlamento deben referirse a la iniciativa legislativa, formación de la Ley, leyes orgánicas, legislación de urgencia, veto presidencial, juicio político, informes, designaciones, consideración del presupuesto nacional, leyes impositivas, instrumentos internacionales, contratación de empréstitos, planes nacionales, amnistía e indulto.

Es conveniente que la Constitución contemple la bicameralidad en la Función Legislativa.

Los diputados serán electos por circunscripciones electorales territoriales, mediante listas plurinominales, en representación de intereses de conglomerados poblacionales.

Los senadores, tanto de origen provincial como nacional, representarán los intereses de la totalidad de la nación.

Una solución para mejorar la situación actual, puede ser la elección de los congresistas en la segunda vuelta electoral.

5. DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

Debe mantenerse la elección del Presidente de la República en un sistema de segunda vuelta electoral.

Las principales funciones presidenciales, además de las que ya constan en la Constitución actual, deberán ser: presidir un Consejo de Estado; contar con iniciativa exclusiva en leyes relativas a competencias nacionales; y, presentar al Congreso criterios de evaluación de la calidad del gasto público y de control. Estas atribuciones permitirán mejorar la calidad de la gestión y, en ningún caso, producir nuevos desequilibrios entre Funciones del Estado.

La subrogación temporal del Presidente de la República queda establecida en el Vicepresidente o en su ausencia, en el Presidente del Congreso. En caso de ausencia definitiva del Presidente de la República, asumirá interinamente el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Presidente del Tribunal Supremo Electoral convocará inmediatamente a elecciones presidenciales.

6. DE LA FUNCION JUDICIAL

La nueva Constitución debe asegurar la completa independencia de la Función Judicial.

Para combatir la judicialización de la política la Constitución debe asegurar la ninguna ingerencia de los partidos en la justicia ecuatoriana.

Para evitar la politización de la justicia se debe crear un Sistema autónomo de profesionalización, establecer normas claras para el funcionamiento de los gremios judiciales.

El personal de las Fuerzas Armadas y la Policía deben someterse a la jurisdicción civil.

7. DEL SISTEMA ELECTORAL

La nueva Constitución debe lograr un sistema electoral legítimo, estable, representativo y técnicamente fiable.

Los Tribunales Electorales deben salir del control de los partidos políticos. Sus miembros deben ser nombrados por concurso y se constituirá la carrera de funcionarios electorales, de modo que se transformen en una burocracia especializada y al margen de la influencia partidaria.

Debe establecerse además la prohibición del nepotismo en los partidos políticos y en las listas de elecciones, así como normas para la conformación de las listas sobre la base de méritos y concursos.

Para asegurar una gobernabilidad democrática sustentable es indispensable la reforma de las normas que rigen el sistema de partidos políticos asegurando la vigencia de la democracia interna y estableciendo barreras que impidan la formación de empresas electorales. Igualmente debe establecerse un sistema mixto, público y privado, de financiamiento de los partidos, sujeto a una severa contraloría pública y social. Los movimientos políticos deben someterse a las mismas exigencias que los partidos.

8. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL

La administración pública es una sola para todos los niveles de gobierno. Se basa en los mismos principios y regulaciones, y busca los mismos resultados de transparencia y desempeño.

Debe crearse la Función de Control que incorpore a la Contraloría General del Estado, Superintendencias, Tribunal Electoral y Constitucional y otros, cuyos miembros deben ser nombrados previo concursos transparentes, sometidos a la auditoría social. Estos organismos también están sujetos a la rendición de cuentas.

Los funcionarios, empleados y trabajadores deben ser de carrera, libres de presiones políticas y sujetos a estrictos reglamentos de administración del recurso humano.

La dependencia laboral de funcionarios, empleados y trabajadores públicos debe establecerse en la comunidad. La contratación colectiva pública debe revisarse protegiendo al trabajador del mismo modo que a la comunidad.

Debe liberarse al sector público de las inadecuadas regulaciones de la actual Ley de Contratación Pública, simplificándola y diseñando sistemas más ágiles, eficientes e imparciales de control.

9. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y AUTONOMÍAS

9.1. De la autonomía y la descentralización

El proceso autonómico debe contribuir al progreso del conjunto del país, provocar la (re)inserción de los territorios para un desarrollo nacional equilibrado, que incluya la solidaridad inter e intra territorial, la reconstitución de la formación social territorial, un eficaz y transparente sistema de representación política, y la provisión eficiente de servicios públicos.

Debe reconocerse la jerarquía de la nación sobre los restantes niveles de gobierno; la solidaridad para la superación de la inequidad social y territorial; y, la coordinación y colaboración entre niveles de gobierno como una responsabilidad pública.

Para corregir las disparidades territoriales del país, la Constitución deberá reconocer las diferencias objetivas, como territorio y población, el grado de desarrollo alcanzado por las provincias, distritos y cantones, tanto como sus capacidades económicas y administrativas.

La Constitución debe definir con precisión los objetivos, finalidades y competencias del Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales, Distritos Metropolitanos, Gobiernos Municipales, Juntas Parroquiales y Circunscripciones Territoriales Indígenas y Afroecuatorianas.

La pertenencia a un sistema autonómico es determinada libremente por las respectivas comunidades.

Los niveles de gobierno previstos para el país son: Nacional, Provincial, Distrital, Municipal, Parroquial y Circunscripciones Territoriales Indígenas y Afroecuatorianas.

La autonomía debe entenderse como el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Constitución y la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

Debe, adicionalmente, estudiarse la unificación de la administración provincial en un solo organismo que permita la vinculación de la provincia con el Estado y permita la ejecución efectiva de las competencias del nivel intermedio.

El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos

Las competencias encomendadas a las entidades locales, deben ser plenas y completas, dentro del principio de la subsidiaridad. No pueden ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional, más que dentro del ámbito de la Ley. Sin embargo, el ejercicio de las competencias debe ser responsable, por lo que debe estar sujeto a rendir cuentas sobre la gestión.

9.2. Competencias Distritales

El Distrito Metropolitano forma parte del Régimen descentralizado y del Sistema Autonómico. Constituye una unidad subnacional con un nivel de gobierno para una jurisdicción caracterizada por su concentración urbana y por las características regionales que le son propias.

Es una unidad subnacional cuya conformación autónoma en materia fiscal, tributaria y administrativa se asimila al Régimen Municipal y en materia política y legislativa, al Régimen Provincial.

Los territorios de los Distritos son los de los Municipios que han optado por esa calidad y los territorios de los Municipios conurbados que expresen su voluntad de pertenecer al Distrito. Las competencias distritales provendrán de la suma de las competencias provinciales y cantonales.

9.3. Recursos Provinciales y Distritales

La Constitución y la Ley determinarán los impuestos provinciales y distritales que, junto con las tasas por servicios y otros tributos, conformarán sus ingresos propios.

Las provincias y los distritos contarán con su propio dominio tributario en el marco de lo dispuesto por la Constitución y la Política Fiscal.

Los gobiernos autonómicos podrán retener porcentajes de los impuestos nacionales de conformidad con el costeo de las competencias adicionales que asuman.

Adicionalmente, los distritos metropolitanos dispondrán de los recursos municipales señalados por la Constitución y la Ley.

9.4. Criterios Fiscales

Las cuentas nacionales y los presupuestos nacional y subnacionales deberán territorializarse. La evaluación del gasto público deberá efectuarse además con criterios territoriales.

Deberá eliminarse toda forma de transferencia discrecional de fondos nacionales.

Los gobiernos autónomos provincial y distrital deben disponer de una vía de recurso jurisdiccional a fin de asegurar el libre ejercicio de sus competencias y del respeto a los principios de autonomía consagrados en la Constitución y en su legislación.

9.5. Compensación Territorial y Redistribución Social

La protección de las unidades subnacionales económicamente más débiles, reclama la adopción de procedimientos de compensación.

Existirán dos fondos para la búsqueda de la equidad: el Fondo de Compensación para la corrección de los desequilibrios territoriales, y el Fondo de Solidaridad Social para la eliminación progresiva de las disparidades sociales medidas por ingresos y servicios.

Mediante estos Fondos, también se otorgarán estímulos nacionales vinculados a la evaluación del desempeño y capacidad de generación de ingresos propios ligados al cumplimiento de los fines de cada nivel de gobierno.

9.6. Mancomunidades

Las provincias y los municipios podrán asociarse en mancomunidades con objetivos de desarrollo. Estas mancomunidades podrán dar base a la integración de regiones de desarrollo.

9.7. Potestad Legislativa

Las organizaciones subnacionales, autónomas o no, tienen la capacidad legislativa para normar el ejercicio de sus competencias y atribuciones. En determinados casos, como la expedición de estatutos autonómicos, los que deberán ser refrendados por la legislatura nacional.

Las normas expedidas por la legislatura sobre los gobiernos subnacionales deberá enmarcarse en las normas constitucionales y el margen de discrecionalidad que puedan tener los cuerpos legislativos subnacionales, deberá estar normado por las leyes de la materia.

9.8. Criterios Adicionales

Las entidades autónomas deben ser consultadas, a su debido tiempo y de forma apropiada, a lo largo de los procesos de planificación y de decisión, para todas las cuestiones que les afectan directamente.

10. DEL SISTEMA ECONÓMICO

La nueva Constitución debe diseñar las instituciones de un modelo económico de gestión mixta, que implique acuerdos y coordinación público-privados, que busque el desarrollo humano sostenible, logre el empleo, crecimiento y equidad, que se base en criterios de eficiencia y logre una articulación externa justa.

La actividad económica debe orientarse a través de la asignación de recursos por el mercado, dentro de claras regulaciones, límites e instrumentos de corrección establecidos por el poder público.

El Estado debe orientar y promover el desarrollo y la competitividad, corregir y complementar al mercado, ejercer actividades económicas de interés público, regular relaciones sociales y económicas, delegar la gestión de áreas de su propiedad, reconocer derechos económicos y coordinar las actividades económicas.

En la Constitución deben establecerse los ámbitos de dominio estatal, la propiedad pública inviolable, el derecho estatal soberano sobre bienes precisos, la utilidad pública y la exploración y explotación delegables, los contratos de aprovechamiento sostenible de recursos, las contraprestaciones económicas de la explotación, la industrialización y las garantías de aprovechamiento de recursos.

El desarrollo de la economía ecuatoriana debe cuidar que no se deteriore el medio ambiente y considerar la sostenibilidad de los recursos en guarda de los derechos de las futuras generaciones.

La economía ecuatoriana debe ser conducida hacia la redistribución eficaz de los frutos del progreso como condición indispensable para combatir la pobreza y para disminuir la brecha entre los que más tienen y los que tienen poco o nada. Un modelo económico redistributivo dinamiza el consumo y reclama más producción de bienes y servicios.

Toda política pública, económica y social debe producir nuevas fuentes de trabajo, facilitar diversos emprendimientos de autogestión y de empleos bien remunerados.

En los órganos de alta dirección de las empresas públicas deben participar los usuarios, para defender los intereses de los reales dueños de las empresas públicas que son los ciudadanos. Las relaciones con los trabajadores de las empresas públicas deben estar sujetas a un régimen democrático especial.

El Presupuesto General del Estado y las Cuentas Nacionales deben territorializarse y transparentarse. Las asignaciones no pueden ser objeto de presiones de los gobiernos subnacionales.

El sector agropecuario y forestal debe recibir la atención prioritaria del Estado.

Se establece la garantía del acceso a la tierra a los campesinos pobres.

El Estado garantiza la propiedad que cumple función social, económica y productiva.

Se buscará la erradicación de la pobreza rural, la regulación de la colonización, la regulación de la relación entre los entornos agrarios y las urbes, y la eliminación del latifundio improductivo.

El Estado garantiza la inversión nacional y extranjera productiva para el consumo interno y la exportación.

11. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Es conveniente que la Constitución establezca un Sistema Nacional de Planificación, formado por el sistema central y los subsistemas territoriales de planificación que permita la existencia de políticas de Estado de mediano y largo plazo, continuidad en el proyecto nacional, una evaluación de desempeño de niveles de gobierno y una adecuada orientación del desarrollo.

12. DE LA SEGURIDAD

Debe introducirse el concepto de seguridad humana, referido a las amenazas contra el desarrollo. Debe ponerse énfasis en la Seguridad Ciudadana como una competencia concurrente con las fuerzas civiles y los demás actores del desarrollo económico y social.

La fuerza pública coadyuvará en el cumplimiento de metas del desarrollo nacional, sin menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas. Debe precisarse, además que la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, que tiene como misión fundamental garantizar el orden público en las competencias asignadas al nivel nacional, bajo la supervisión, evaluación y control de las autoridades específicas a la especialidad de la acción policial.

Una importante innovación debe ser el reconocimiento de Policías Territoriales a cargo de los niveles subnacionales de gobierno, los cuales podrán mantener las ya existentes u organizar policías civiles nuevas dependientes de ellos, bajo su supervisión y control, con misiones de control público para el cumplimiento de las leyes y ordenanzas de modo que garanticen la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, las normas y las competencias de esos niveles de gobierno. El mando de estas Policías Territoriales se establecerá en sus normas de creación dentro de las jurisdicciones territoriales.
Las Fuerzas Armadas deben ser las responsables principales de la defensa civil a cargo de la gestión de riesgos y de defensa ante los desastres naturales.

13.- DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
La participación ciudadana y la descentralización son los fundamentos de la lucha contra la corrupción. Los gobiernos subnacionales y la ciudadanía deben ejecutar prioritariamente la obligatoriedad de la rendición de cuentas auxiliados entre otros instrumentos por el acceso a los medios de comunicación y a la información.
La administración pública debe destacar a los entes u órganos locales que vele por el cumplimiento de las estrategias contra la corrupción, en concurrencia con los representantes ciudadanos responsables fiscalizadores de la rendición de cuentas.


Fuente: Asamblea de Quito.

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