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Edición #4866 |  Ecuador, martes, 11 de diciembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

6.720 empleados públicos se tienen que ir este 2005

2005-01-02 08:19:41
Notas Gremiales
2349

El Gobierno espera bajar, del 36 al 31%, el gasto corriente en sueldos / Diario Expreso

La reducción de personal se aplicará en 69 entidades públicas, según explica Ramiro Espín, director de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres). Juntas, estas agrupan a 42.000 servidores públicos, de los cuales saldrá el 16%, aunque en Salud y Educación el número de desenrolados será menor. Parte del ahorro que se obtenga financiará la homologación salarial.
La oficina del director del Senres, Ramiro Espín, es amplia. De las paredes cuelgan cuadros de los talleristas. A un costado, en un anaquel de libros, destaca una enciclopedia jurídica. Igual que cuando fue gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Espín trabaja con una computadora portátil. Sobre el escritorio no hay fotos, ni adornos. Dos celulares, uno al lado de cada mano, se turnarán con el teléfono fijo para interrumpir la entrevista. El diálogo con este Diario se realizó el miércoles a las 18:00. A esa hora, la mayoría de funcionarios se había marchado, pero Espín continuaba despachando.

La extensión en el horario se entiende: poner en orden el sistema salarial en el sector público no es sencillo. Amable, contesta con paciencia las preguntas. Sustenta sus frases con cuadros y documentos. Ingeniero comercial de profesión, ha aprendido a manejar con versatilidad las leyes. De hecho, las cita en sus declaraciones.

REDACCIÓN QUITO

Las entidades del Estado tenían plazo hasta el jueves para entregar la información sobre sus niveles de salarios, ¿cuántas entregaron la documentación?
Este proceso está decidido. La supresión de partidas está definida en dos etapas: la primera es la entrega de la información básica de todas las instituciones. Esto va a permitir que se haga un análisis para determinar el cupo que cada entidad del sector público debe tener, para saber exactamente con cuántas partidas se quedan y cuántas se suprimen. A nivel macro, este plazo se vencía el miércoles 29, pero a pedido de un porcentaje importante de instituciones hemos dado un nuevo plazo hasta el martes 4 de enero.

¿No entregaron la información?
No entregaron, claro.

¿Cuántas lo hicieron?
No tenemos contabilizado eso todavía, pero estamos en ello. Algunas instituciones nos han indicado que no alcanzaron a capturar toda la información y que les va a tomar más tiempo. Entonces les hemos dado un plazo adicional hasta el martes.

¿Qué tipo de información se solicitó?
Se les dio un formato en donde se incluía una información básica de cada servidor público, su partida presupuestaria, nombres y escolaridad, unidad donde trabaja, años de servicio, número de cédula, remuneración mensual unificada y remuneración anual unificada. Esto está clasificado en función de: los que son funcionarios de libre remoción, los que son de planta, y los que están en comisión de servicios. Esta información la tienen todas las unidades de Recursos Humanos de esas entidades.

¿Cuántas entidades debían entregar esta información?
Son 69 entidades.

¿En qué se diferencia esta información de la que fue levantada por el Ministerio de Economía?
Mucha de la información que estamos pidiendo no existe ni en el Ministerio de Economía ni en la Senres. Entonces, lo que hemos hecho es que esta información sea validada con ciertos campos que no tenía. Economía no tiene, por ejemplo, escolaridad ni otros parámetros...

Los datos que estamos pidiendo les van a servir a las propias instituciones. Lo importante es estandarizar la información.

¿Cómo se logrará esto?
A través de medios magnéticos. A las 69 entidades se les entregó un software inicial de captura. Esto sirve para que cada institución responsable del proceso determine cuántas personas serán separadas de sus trabajos. Para ello se utilizan parámetros técnicos establecidos por la Senres. Esto es: metodología, políticas, estándares, herramientas instructivos, etc.

Con esto la Senres influye en esta parte del proceso.
Se están emitiendo estas instrucciones para lograr estandarizar el proceso. Que no sea subjetivo ni tampoco una definición “a dedo” entre quién se queda y quién se va. Con esto procuramos hacer un mecanismo técnico y transparente de supresión de partidas y de determinación de qué servidores públicos deben quedarse en función de los parámetros técnicos.

¿Cuáles son esos parámetros?
El primero tiene que ver con la remuneración. Todos aquellos que están sobre la escala de remuneración unificada. Ellos tienen la posibilidad de salir. El siguiente factor es la escolaridad. Dependiendo del nivel de remuneraciones o del grado en donde se encuentra ubicado el servidor público, tiene ciertos requisitos de escolaridad. Entonces, aquel servidor que cumple o que se acerca más a ciertos estándares o requisitos tiene más opción de quedarse.

Hay funcionarios que se encuentran en el proceso de obtención de un título,...
No es un proceso de voluntarios. Acá se mide el interés del Estado o de la institución pública. Por consiguiente, esa entidad define estos parámetros para quedarse con el mejor recurso humano. Esa es la idea.

¿Cuándo se establecieron estos parámetros?
Es un proceso que ha requerido tiempo del Senres. La próxima semana, cuando las entidades públicas entreguen la información, se les va a dar un software con estos parámetros. Estos les van a ayudar a tomar decisiones de manera más rápida. Es la institución la que decide quién sale, pero con los parámetros que la Senres les da. Esa es una ayuda para evitar que se hagan listas aplicando la subjetividad.

Pero, ya se habla de un margen de tolerancia del 10%.
Es un margen para que expresamente un comité pueda decidir qué persona puede quedarse en la institución.

¿Por quiénes está conformado ese comité?
Por la primera autoridad o un delegado y dos autoridades más que son designadas por la propia autoridad principal. Es un comité máximo de tres que en función de las necesidades que hay en cada una de las unidades determinará qué personas que estaban seleccionadas para salir pudieran quedarse.

¿Por qué solamente 69 instituciones?
Son todas las que están dentro de la administración central.

Pongamos ejemplos.
Todos los ministerios y las entidades adscritas a estos.

¿Por qué no están las entidades autónomas?
Porque la resolución del Congreso para la utilización de 100 millones de dólares determina que ese dinero va a servir para las indemnizaciones. No se lo podrá utilizar para el cierre de partidas de las entidades autónomas. Así lo resolvió el Congreso. Entonces, nos hemos enfocado en esta primera etapa en este tipo de entidades.

¿Cómo se llegó a determinar que eran 69 entidades las que entraban en esta ley?
No es la ley la que determina qué entidades son las que están en la administración central amparados en la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Entonces hemos hecho una investigación global y hemos determinado que son aproximadamente 42.000 servidores públicos los que están amparados bajo esta normativa.

¿Están las FF.AA. y la Policía?
Está la Policía en cuanto tiene personal que está amparado por la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Por ejemplo en Educación no están incluidos los maestros, pero sí están los administrativos; en Salud, los médicos no están, pero definitivamente los de nivel administrativo sí están.

Usted habló de etapas , ¿qué viene después?
Lo que hacemos con la información que nos entregan es, internamente, un proceso que nos ayuda a definir un porcentaje de reducción por institución. Aproximadamente la reducción de personal va a ser de un 16% promedio. En sectores como la Salud o Educación, el personal desenrolado será menor.

Pero, en Educación hay problemas de migración,...
Esa es una segunda etapa. La primera es la supresión de partidas por dos motivos: una por una parte técnica que definitivamente hay un exceso de servidores públicos en general, en la otra se verán los casos específicos. La idea es llegar a tamaños adecuados para que la masa salarial frente al gasto total sea un porcentaje no tan alto como ahora. Esto permitirá mandar a inversión esos recursos.

¿De cuánto será la reducción en gasto corriente, a través de la masa salarial?
Específicamente, el Gobierno central está ocupando un 36% del gasto total. La idea es lograr una reducción a un 30 ó 31%. En cuanto al monto de masa salarial que tenemos en exceso hay que ir puliendo ese exceso. Esa es la parte técnica, la otra es la que se requiere recursos para la homologación. Entonces con la salida del personal esos valores van al fondo que va a servir para pagar desde el 1 de enero a los servidores públicos que entran ya a la escala salarial de remuneración unificada.

¿Con esos recursos se va a empezar la homologación?
La homologación es para todos los servidores públicos desde el 1 de enero. Esto cuesta 30 millones de dólares al año.

¿Las 69 entidades van a la escala de 14 grados?
Todo el mundo tiene que ir a la escala de 14 grados.

Y eso ¿solo cuesta 30 millones?
No. Primero todas las entidades del sector público deben manejar la escala de 14 grados. Por consiguiente, ubican a quien gana menos en su nueva remuneración. Por ejemplo, en el grado uno -que va a ser de 300 dólares a partir de enero- si hay servidores públicos que ganan menos de ese valor, pasarán a ganarlo automáticamente. Eso es lo que cuesta 30 millones anuales durante cinco años.

¿En el primer año van a entrar solamente los empleados que ganan hasta 300 dólares?
No, todos. Desde la escala uno a la 14. Todos se homologan. Significa que quien gana menos tiene que ganar igual; y para el que gana más, se mantiene su remuneración tal cual estaba.

¿Por qué entonces el proceso requiere de cinco años?
Porque para homologarse, en el grado uno, por ejemplo, el sueldo debe llegar a 390 dólares mensuales. Entonces, en el primer año va a 300 y va subiendo cada año de tal manera que llega al quinto año al valor previsto. Esto sucederá en el 2009.

Y, ¿de cuánto serán los aumentos anuales?
Este aumento es del 30% en los cinco años. Estamos hablando de un 6% anual de incremento. Varía según el segmento. En los primeros escalafones de la escala el alza es del 6%, en los intermedios del 5%, y en los altos un 4% anual. Esto es lo importante. ¿El grado más alto es el del Presidente de la República?

No en esta escala, hay otra. La del nivel jerárquico superior. La de las autoridades que va del 1 al 9. El Presidente tiene el grado 9. Es un grado que se mantiene. Es el mismo sueldo de ahora. Esa remuneración no se homologa. Actualmente gana unos 8 mil dólares mensuales.

¿Cuando se habla de los 300 dólares para los empleados se refiere a un sueldo básico o a una remuneración unificada?
Es la remuneración mensual unificada. En ese valor no hay bonos ni extras. Eso está prohibido por la ley. A esa remuneración se unieron todos los bonos, compensaciones, etc. Eso se unificó y se eliminó. Se terminó en diciembre del 2003. Se lo consolidó y se llegó a un valor unificado.

Entonces, ¿cómo son las contribuciones al IESS?
De acuerdo con lo dispuesto por el Congreso, se mantienen los aportes patronal e individual en el porcentaje que se pagaba hasta diciembre del 2003. Esto va a durar hasta el 2006.

¿A partir del ese año se incrementará?
Se va a incrementar proporcionalmente. De acuerdo con lo aprobado por el Congreso.

¿Qué pasa con la información que se levante en la fase 1?
Habrá un cruce con el sistema de pagos interbancario, que es el que determina realmente si una persona está cobrando y que está en rol de pagos. También un cruce con el Registro Civil, porque a veces hay cierto tipo de inconsistencias.

Ahora bien, ¿qué pasa si la información entregada es falsa?
La ley determina que es peculado y eso significa que quien dé información falsa irá a la cárcel.

Si hay irregularidades o falsedades, notificaremos a la Contraloría y al Ministerio Fiscal.
Esa comprobación es solamente posible si es que hay auditorías en el sitio.

Exactamente, lo vamos a hacer. Una de las funciones importantes de la Senres es el control.

¿Cuál es el límite máximo de indemnización que pueden recibir los funcionarios?
De acuerdo a como está definida la ley, son mil dólares anuales con un tope máximo de 30.000. Pero aún es necesario que el Procurador responda una consulta en la que pide se aclare si son mil dólares por cada año en el servicio público o en la entidad de la cual sería separado el trabajador.

¿La Senres propuso al Presidente una escala para los sueldos de los gobiernos locales?
En el ámbito de acción de la Senres incluye a los organismo seccionales. Se ha analizado y emitido un informe técnico en el sentido de que alcaldes y prefectos tienen que estar inmersos en la escala de remuneraciones mensual unificada para el nivel jerárquico superior. En ese sentido, ya emití una resolución previo el informe favorable del Ministerio de Economía, a efectos de determinar el grado de remuneración de alcaldes y prefectos de todo el país .

¿Cuándo siguen las otras entidades autónomas?
El poner en orden al sistema de remuneraciones es un proceso.

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