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Edición #5231 |  Ecuador, viernes, 18 de octubre de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores
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ECUADOR AQUÍ SE VIVE EN UN ESTADO DELICTIVO DONDE "NO HAY PRUEBAS"

2019-06-24 19:05:00
Análisis
11300

Por: Dr. Francisco Herrera Aràuz exclusivo para www.ecuadorinmediato,com

Queda para la historia que el gobierno del presidente Lenín Moreno y las funciones del estado ecuatoriano que nos gobernaron, abusaron del poder con un proceso nefasto de "falsificación" de la justicia, usada para perseguir a sus excompañeros, y que el odio político fue el justificativo para reprimir a los opositores llenándolos de infamias, acusándolos sin pruebas, violentando el derecho de presunción de inocencia. Si, la historia registrará a este tiempo como el de un "estado delictivo", cuyos funcionarios propiciaron delitos y destruyeron la institucionalidad como la legalidad de la nación.

 

ECUADOR AQUI SE VIVE EN UN ESTADO DELICTIVO DONDE "NO HAY PRUEBAS"

  

Queda para la historia que el gobierno del presidente Lenín Moreno y las funciones del estado ecuatoriano que nos gobernaron, abusaron del poder con un proceso nefasto de “falsificación” de la justicia, usada para perseguir a sus excompañeros, y que el odio político fue el justificativo para reprimir a los opositores llenándolos de infamias, acusándolos sin pruebas, violentando el derecho de presunción de inocencia. Si, la historia registrará a este tiempo como el de un “estado delictivo”, cuyos funcionarios propiciaron delitos y destruyeron la institucionalidad como la legalidad de la nación.

La peor frase que definirá ante la historia ecuatoriana al gobierno del presidente Moreno se pronunció esta tercera semana de junio/2019 en forma lapidaria, por dos veces y con toda la crudeza para señalarlo como culpable al régimen “morenista”.  Esa, pronunciada por los jueces del tribunal penal de Pichincha al conceder el Habeas Corpus  al ciudadano sueco Ola Bini, que dijo: “No hay pruebas que lo acusen” por lo que su detención, procesamiento e inculpación ante la justicia ecuatoriana era totalmente ilegal.  Irónico, pero, al mismo tiempo, el ministro de Energía Carlos Pérez García, tras acusar a los asambleístas ecuatorianos de tramitadores de cargos y tráfico de influencias en las empresas eléctricas del estado, dijo la misma frase para no dar los nombres de los inculpados: “No tengo pruebas con que acusar”, rayando de esa forma en la impunidad que se protege a este gobierno que acusa a los demás de corrupción mientras que disfruta de ella en sus actos.

 

Ese acusar sin “pruebas” es el acto más oprobioso en el que incurre un ser humano, sea ante la justicia como ante la opinión pública. Es acudir a la más miserable de las conductas humanas para justificar su sed de odio, venganza o traición al otro o a los demás. Pero, si es la parte condenable de una persona, es cruel y por lo tanto mucho más grave que lo haga un gobierno, que le convierta a la justicia en su instrumento vil para infamar al ciudadano, y logre encarcelar a las gentes sin motivo ni razón. Es una canallada constante esa forma de gobernar, es la tiranía más mísera e indigna.

 

Para llegar a este acto infamante se han tenido que conspirar contra las leyes y las personas, se han forjado procesos, se han “montado” casos y supuestos indicios, se han inventado acusaciones y promovido figuras del delito, todo con el fin de acusar y perseguir con saña a sus opositores, en un principio su amigos y socios que les llevaron al poder. Para eso, han usado el gobierno para manipular a la justicia, han generado tendencias acusatorias de opinión pública que presionen sobre jueces y fiscales bajo el pretexto “del dedo que apunta cada vez más cerca de usted”, para así lograr encarcelar a los correistas y convertirlos en forma cínica como  “presos por las circunstancias”. Y, sobre todo han falsificado la justicia, con casos de escándalo sonado, pero que cada vez más se vuelven su contra porque acusaron sin pruebas, pero lograron linchar mediáticamente a los inculpados, y ahora no hay reivindicación que sirva porque callan en forma culposa y cómplice de sus crímenes de lesa legalidad y justicia.

 

Vean lo que estamos viviendo como nación en este tiempo de 2 años y mes.

El régimen morenista se estrenó con el caso de Jorge Glas. Bastó una crítica severa del exvicepresidente, que con carta pública le descubrió al mandatario el proceso de privatización en el que le metería al Ecuador, para que este lo acuse. Renegó de su binomio, negó que lo haya escogido, le mandó a la cárcel y logró que se monte un proceso judicial en su contra. Los jueces, Jurado, Flores, con el fiscal Baca Mancheno hicieron y deshicieron de la justicia, olvidaron el debido proceso, rompieron códigos y leyes y, de manera sospechosa dictaron sentencia en un caso en el cual hasta la fecha “No hay un delito del que se acuse a Glas, y “No hay pruebas” para acusarlo”.  Ahí tienen una víctima presumiblemente inocente, que ensucia la imagen del gobierno de su compañero Lenin Moreno Garcés y su paso por la historia con una traición supina.

 

El caso Balda, que con su visión distorsionada del derecho de víctima, es usado para la persecución al expresidente Rafael Correa. El debido proceso es dejado de lado, los inculpados en delito se vuelven delatores y en forma por demás cínica logran ser usados acusar a los demás de lo que ellos hicieron. Al parecer de manera hábil se forjó el proceso, tal como lo reconoce por otro lado y por otra causa el abogado Felipe Rodriguez, que mira escandalizado esta forma ilegal del actuar de la justicia. La jueza Daniela Camacho, que al parecer ha sido asignada como la única de la corte para juzgar todas las causas contra el correismo, sonríe complacida cada vez que dicta sentencia contra Correa Delgado a quien lo toma como su enemigo principal y lo convierte en víctima de su odio político.

 

Los hermanos Alvarado, promovidos a la condición de autores intelectuales de las derrotas de la oposición política de derecha con su hábil manejo de la comunicación y publicidad, prontamente son acusados “de lo que sea”.  No se acepta recurso alguno en contra de Fernando, al que se le rechazan todas las legalidades del caso y este fuga; mientras tanto, al otro, a Vinicio Alvarado ni siquiera se lo acusa, simplemente, otra vez la jueza Camacho sonriente dicta prisión en su contra, lo que otro tribunal tiene que determinar su libertad porque “No hay pruebas”.

 

El caso de Carlos Pareja Yanuzelli “Capaya” es digno de sumar a esta lista de miserias. Con toda la pompa se lo trajo en agosto/2017, por acuerdo del presidente Moreno, el presidente de la Asamblea, José Serrano encabezó el espectáculo de interferencia para falsificar a la justicia, logrando la traída del detenido por corrupto Supuestamente era para aportar una cooperación eficaz. Con el paso de los años, “Capaya “lanza una serie de cartas de denuncia en las cuales deja entrever que todo esto fue forjado desde el gobierno, con las complicidades del legislativo y la fiscalía. Delitos van, delitos vienen, el Ecuador se olvida pronto de estas trafasías.

 

El papel de la Fiscal Diana Salazar se vuelve cada vez más cuestionable. Elegida sin los méritos exigidos para un cargo de esos, con una nota de 10/20 en su examen de conocimientos de ciencia penal, sin el tiempo suficiente de carrera judicial apropiado, sus actuaciones dan pábulo a que cada vez se dude más y más de una actuación impresentable, hasta entre los que hicieron posible su elección.

 

El proceso por caso “arroz verde” contra Pamela Martínez se llena de falsos con los famosos cuadernos, en los cuales se mezcla con facilidad acusaciones de donativos de campaña cuantiosos, cifras millonarias de dinero en efectivo que nadie sabe dónde se guardaron o como se entregaban inmensas sumas de billetes en sobres, todo sazonado con “oraciones y súplicas al buen Dios”.  Lo increíble es que para la Fiscal Salazar es suficiente para acusar a otros correistas, logrando el encarcelamiento de Alexis Mera y las cautelares de Maria Duarte, inculpados del delito de Concusión. Otra vez, “No hay pruebas”¸  igual se les acusa, -otra vez, oh coincidencia – la jueza Daniela Camacho interviene sonriente para acoger el pedido fiscal. Pasan los días y no se puede probar la concusión y, en un acto que nulita a la justicia, la doctora Salazar procede a la reformulación de cargos, “porque concusión no ha sido”,  sinó otros más basados en el cuaderno, y le aceptan. Total, la Fiscal Salazar da la impresión de permitir este juego de la “justicia falsificada” al que se entregan entre todos, gobierno y función judicial, todos en un solo atado de ilegalidades.

 

Lo de Julián Assange y Ola Bini no puede ser peor. Al australiano le arrebatan el derecho de asilo, destruyendo así una institución del derecho internacional, dejando en tela de duda la actuación de la diplomacia ecuatoriana, a la que ahora les saltan acusaciones en la prensa internacional de haber espiado a Assange y vendido su material a chantajistas españoles. Eso es un delito. Lo otro es más grave, el inculpar a las personas por “ser amigo de Julián Assange”,  que es lo que pasó con el programador informático sueco Ola Bini.

 

En forma presurosa al ministra Maria Paula Romo, otrora defensora de los derechos humanos y la honra de las personas, llamó el 11 de abril /19 a la prensa tumultuosa para acusar al sueco de “haber hackeado las cuentas informáticas del estado” Bini es capturado ese día en el aeropuerto de Quito acusado de complicidad con Ricardo Patiño, al que persiguen con saña y le obligan a fugar de Ecuador, mientras ella lanza al aire como prueba el “haber visitado 11 veces a Assange”. Su detención es ilegal; el proceso para variar “falsifica a la justicia” y la jueza Yadira Arroyo, le niega la fianza en forma insultante “Porque no hay delito del cual acusarlo”; el presidente Moreno finge desconocimiento y se justifica en que “Todo lo sabe María Paula”, ella tampoco le acusa de algún delito y mancha con deshonra su presencia política al atropellar la presunción de inocencia de Ola Bini. Total, pasan 70 días en la cárcel sin justificación alguna y los jueces del Tribunal de Pichincha deben ordenar su libertad por “No hay pruebas” con lo cual se demuestra el manejo infamante del régimen y la justicia ecuatorianos. Quedamos señalados ante el mundo por tanto oprobio.

 

El régimen tiene ministros o funcionarios que actúan como falsarios, que salen a ofender a todo aquel que se les pueda plantar en contra. Así, Andrés Michelena e Iván Granda con Santiago Cuesta hacen ese grupo que ataca sin motivo ni razón, destruyendo la honra como dignidad de las personas. El caso SECOM en el que logran la prisión de los hermanos Carlos y Marco Bravo Segovia, por actos administrativos de los que Michelena debe responder; lo de los “18 testaferros de Correa” que acusó públicamente Granda y que hasta ahora no presenta ningún caso; o las acusaciones de Santiago Cuesta en frecuentes duelos verbales de acusaciones de grueso calibre con Fernando Villavicencio solo ponen a vista de todos un comportamiento ilegal e ilegítimo con el que usan y abusan del poder como de la justicia. Y de paso, cierran Ecuadorinmediato.com, en forma abusiva, y cuando se les reclama reconocen que “No hay pruebas”, que vergüenza ajena siente uno ante tan triste papel gubernamental

 

Ahora bien, si el gobierno acusa con la ayuda y “cooperación eficaz” de la gran prensa ecuatoriana, cuenta también con su silencio a la hora de analizar su propio caso de corrupción de los #INAPAPERS, cuyo dedo señala directamente al entorno presidencial, a la familia Moreno-Gonzales, a su esposa, sus hijas, su hermano, sus amigos, los socios de su hermano y demás yernos agnados y cognados. Ahí la Fiscalía no tiene prisa, no hay acusación pronta y el lavado de manos es más que evidente para no juzgar lo que podría ser un presumible delito que los envuelve a todos. Aquí “Aunque haya pruebas” no hay juzgamiento y peor sanción. Justicia Falsificada es lo que hay, es lo que da la tierra, y peor si esto ha sido “un acto entre privados” como diría en forma taurina el Secretario Juan S. Roldán.

 

La Asamblea Nacional es un pozo de iniquidades, en las cuales se destituyen presidentes por infiltraciones de sus propias palabras que son de complicidad con los inculpados de la justicia, o son términos insultantes y ofensivos a la ética legislativa, que en boca de una mujer se oyen sucios. Se evidencian actos de coima, soborno o chantaje con el escándalo de los “diezmos” que cuentan con la sanción discriminatoria de “algunitos no mas”, no a todos los 19 señalados asambleístas de la patria. Hay acusaciones de falsificación contra el Asambleista Fernando Flores (CREO), que la asamblea finge demencia para tratar y el partido co-gobernante con Moreno Garcés disimula hasta la impunidad insaciable. Todo va para peor, traiciones van traiciones vienen, y para asegurar la gobernabilidad el gobierno es chantajeado por los asambleístas, a los que va y en su cara les dice el Ministro Carlos Pérez García, que viven traficando cargos. La corrupción es mutua, tanto de los que fueron a pedir como del funcionario público que tenía que denunciar esto a la justicia, porque se entiende que fue más de uno. Otra vez el “No hay pruebas” insultante trata de arreglarlo todo y dejar en el olvido este nuevo acto delictivo.

 

Más aún, el caso del contralor auto-sentado, impuesto a la fuerza, como es el caso de Pablo Celi de la Torre, da muestras del comportamiento delictivo del gobierno en el manejo del estado. Está en el cargo un individuo que rompió su propia destitución, que actúa ilegalmente como juez de cuentas sin respaldo alguno, que cuando se le pide el nombramiento exhibe un documento que en forma presunta actúa  “nombrándose el mismo”.  Y el gobierno lo respalda, le permite y le protege al tiempo de haber generado una decisión con la manipulación a los transitorios para blindarlo en su cargo hasta el 2022. Aquí viene lo infamante del manejo de la justicia, desaparecen los documentos de la destitución de Celi, enjuician a la Subcontralor Sabet Chaumon, y en el juicio vuelven a desaparecer las copias de esa acción totalmente legal y le sentencian a quien debía estar legalmente el cargo como Contralora. Han hecho todo por encubrir a Celi, ni siquiera han convocado a concurso o evaluar al Contralor, y el Ecuador ha tenido que soportar este delito de usurpación de funciones, todo porque No hay las pruebas” que destituyan a Celi de Torre. Oprobioso para la clase jurídica tanto cinismo delictivo.

 

Al final, este paso por la historia del gobierno ecuatoriano en este tiempo es solo digno de ser calificado como el de un gobierno chantajeado que actúa así por estar involucrado en un comportamiento irregular, traicionero, al que “algo le saben”. No. No puede ser que convivamos en un estado cuyo sistema de gobierno delinque, haciendo un énfasis en el orgullo propio, “No nos merecemos un estado delictivo, en el cual las funciones del estado delinquen para encubrirse entre ellas”.  ¿Será que toleraremos con indiferencia que en Ecuador se falsifique la justicia, se sigan cobrando víctimas por odio político y la patria se ensucie cada vez más con este proceso infame? Usted tiene la respuesta. (FHA).

 


ECUADOR CONVIVE EN UN “ESTADO DELICTIVO”

 

Queda para la historia que el gobierno del presidente Lenín Moreno y las funciones del estado ecuatoriano que nos gobernaron, abusaron del poder con un proceso nefasto de “falsificación” de la justicia, usada para perseguir a sus excompañeros, y que el odio político fue el justificativo para reprimir a los opositores llenándolos de infamias, acusándolos sin pruebas, violentando el derecho de presunción de inocencia. Si, la historia registrará a este tiempo como el de un “estado delictivo”, cuyos funcionarios propiciaron delitos y destruyeron la institucionalidad como la legalidad de la nación.

La peor frase que definirá ante la historia ecuatoriana al gobierno del presidente Moreno se pronunció esta tercera semana de junio/2019 en forma lapidaria, por dos veces y con toda la crudeza para señalarlo como culpable al régimen “morenista”.  Esa, pronunciada por los jueces del tribunal penal de Pichincha al conceder el Habeas Corpus  al ciudadano sueco Ola Bini, que dijo: “No hay pruebas que lo acusen” por lo que su detención, procesamiento e inculpación ante la justicia ecuatoriana era totalmente ilegal.  Irónico, pero, al mismo tiempo, el ministro de Energía Carlos Pérez García, tras acusar a los asambleístas ecuatorianos de tramitadores de cargos y tráfico de influencias en las empresas eléctricas del estado, dijo la misma frase para no dar los nombres de los inculpados: “No tengo pruebas con que acusar”, rayando de esa forma en la impunidad que se protege a este gobierno que acusa a los demás de corrupción mientras que disfruta de ella en sus actos.

 

Ese acusar sin “pruebas” es el acto más oprobioso en el que incurre un ser humano, sea ante la justicia como ante la opinión pública. Es acudir a la más miserable de las conductas humanas para justificar su sed de odio, venganza o traición al otro o a los demás. Pero, si es la parte condenable de una persona, es cruel y por lo tanto mucho más grave que lo haga un gobierno, que le convierta a la justicia en su instrumento vil para infamar al ciudadano, y logre encarcelar a las gentes sin motivo ni razón. Es una canallada constante esa forma de gobernar, es la tiranía más mísera e indigna.

 

Para llegar a este acto infamante se han tenido que conspirar contra las leyes y las personas, se han forjado procesos, se han “montado” casos y supuestos indicios, se han inventado acusaciones y promovido figuras del delito, todo con el fin de acusar y perseguir con saña a sus opositores, en un principio su amigos y socios que les llevaron al poder. Para eso, han usado el gobierno para manipular a la justicia, han generado tendencias acusatorias de opinión pública que presionen sobre jueces y fiscales bajo el pretexto “del dedo que apunta cada vez más cerca de usted”, para así lograr encarcelar a los correistas y convertirlos en forma cínica como  presos por las circunstancias”. Y, sobre todo han falsificado la justicia, con casos de escándalo sonado, pero que cada vez más se vuelven su contra porque acusaron sin pruebas, pero lograron linchar mediáticamente a los inculpados, y ahora no hay reivindicación que sirva porque callan en forma culposa y cómplice de sus crímenes de lesa legalidad y justicia.

 

Vean lo que estamos viviendo como nación en este tiempo de 2 años y mes.

El régimen morenista se estrenó con el caso de Jorge Glas. Bastó una crítica severa del exvicepresidente, que con carta pública le descubrió al mandatario el proceso de privatización en el que le metería al Ecuador, para que este lo acuse. Renegó de su binomio, negó que lo haya escogido, le mandó a la cárcel y logró que se monte un proceso judicial en su contra. Los jueces, Jurado, Flores y   , con el fiscal Baca Mancheno hicieron y deshicieron de la justicia, olvidaron el debido proceso, rompieron códigos y leyes y, de manera sospechosa dictaron sentencia en un caso en el cual hasta la fecha “No hay un delito del que se acuse a Glas, y “No hay pruebas” para acusarlo”.  Ahí tienen una víctima presumiblemente inocente, que ensucia la imagen del gobierno de su compañero Lenin Moreno Garcés y su paso por la historia con una traición supina.

 

El caso Balda, que con derecho de víctima reclama el mencionado ciudadano, es usado para la persecución al expresidente Rafael Correa, el debido proceso es dejado de lado, los inculpados en delito se vuelven delatores y en forma por demás cínica logran ser usados acusar a los demás de lo que ellos hicieron. Al parecer de manera hábil se forjó el proceso, tal como lo reconoce por otro lado y por otra causa el abogado Felipe Rodriguez, que mira escandalizado esta forma ilegal del actuar de la justicia. La jueza Daniela Camacho, que al parecer ha sido asignada como la única de la corte para juzgar todas las causas contra el correismo, sonríe complacida cada vez que dicta sentencia contra Correa Delgado a quien lo toma como su enemigo principal y lo convierte en víctima de su odio político.

 

Los hermanos Alvarado, promovidos a la condición de autores intelectuales de las derrotas de la oposición política de derecha con su hábil manejo de la comunicación y publicidad, prontamente son acusados “de lo que sea”.  No se acepta recurso alguno en contra de Fernando, al que se le rechazan todas las legalidades del caso y este fuga; mientras tanto, al otro, a Vinicio Alvarado ni siquiera se lo acusa, simplemente, otra vez la jueza Camacho sonriente dicta prisión en su contra, lo que otro tribunal tiene que determinar su libertad porque “No hay pruebas”.

 

El caso de Carlos Pareja Yanuzelli “Capaya” es digno de sumar a esta lista de miserias. Con toda la pompa se lo trajo en agosto/2017, por acuerdo del presidente Moreno, el presidente de la Asamblea, José Serrano encabezó el espectáculo de interferencia para falsificar a la justicia, logrando la traída del detenido por corrupto Supuestamente era para aportar una cooperación eficaz. Con el paso de los años, “Capaya “lanza una serie de cartas de denuncia en las cuales deja entrever que todo esto fue forjado desde el gobierno, con las complicidades del legislativo y la fiscalía. Delitos van, delitos vienen, el Ecuador se olvida pronto de estas trafasías.

 

El papel de la Fiscal Diana Salazar se vuelve cada vez más cuestionable. Elegida sin los méritos exigidos para un cargo de esos, con una nota de 10/20 en su examen de conocimientos de ciencia penal, sin el tiempo suficiente de carrera judicial apropiado, sus actuaciones dan pábulo a que cada vez se dude más y más de una actuación impresentable, hasta entre los que hicieron posible su elección.

 

El proceso por caso “arroz verde” contra Pamela Martínez se llena de falsos con los famosos cuadernos, en los cuales se mezcla con facilidad acusaciones de donativos de campaña cuantiosos, cifras millonarias de dinero en efectivo que nadie sabe dónde se guardaron o como se entregaban inmensas sumas de billetes en sobres, todo sazonado con “oraciones y súplicas al buen Dios”.  Lo increíble es que para la Fiscal Salazar es suficiente para acusar a otros correistas, logrando el encarcelamiento de Alexis Mera y las cautelares de Maria Duarte, inculpados del delito de Concusión. Otra vez, “No hay pruebas”¸  igual se les acusa, -otra vez, oh coincidencia – la jueza Daniela Camacho interviene sonriente para acoger el pedido fiscal. Pasan los días y no se puede probar la concusión y, en un acto que nulita a la justicia, la doctora Salazar procede a la reformulación de cargos, “porque concusión no ha sido”,  sinó otros más basados en el cuaderno, y le aceptan. Total, la Fiscal Salazar da la impresión de permitir este juego de la “justicia falsificada” al que se entregan entre todos, gobierno y función judicial, todos en un solo atado de ilegalidades.

 

Lo de Julián Assange y Ola Bini no puede ser peor. Al australiano le arrebatan el derecho de asilo, destruyendo así una institución del derecho internacional, dejando en tela de duda la actuación de la diplomacia ecuatoriana, a la que ahora les saltan acusaciones en la prensa internacional de haber espiado a Assange y vendido su material a chantajistas españoles. Eso es un delito. Lo otro es más grave, el inculpar a las personas por “ser amigo de Julián Assange”,  que es lo que pasó con el programador informático sueco Ola Bini.

 

En forma presurosa al ministra Maria Paula Romo, otrora defensora de los derechos humanos y la honra de las personas, llamó el 11 de abril /19 a la prensa tumultuosa para acusar al sueco de “haber hackeado las cuentas informáticas del estado” Bini es capturado ese día en el aeropuerto de Quito acusado de complicidad con Ricardo Patiño, al que persiguen con saña y le obligan a fugar de Ecuador, mientras ella lanza al aire como prueba el “haber visitado 11 veces a Assange”. Su detención es ilegal; el proceso para variar “falsifica a la justicia” y la jueza Yadira Arroyo, le niega la fianza en forma insultante “Porque no hay delito del cual acusarlo”; el presidente Moreno finge desconocimiento y se justifica en que “Todo lo sabe María Paula”, ella tampoco le acusa de algún delito y mancha con deshonra su presencia política al atropellar la presunción de inocencia de Ola Bini. Total, pasan 70 días en la cárcel sin justificación alguna y los jueces del Tribunal de Pichincha deben ordenar su libertad por “No hay pruebas” con lo cual se demuestra el manejo infamante del régimen y la justicia ecuatorianos. Quedamos señalados ante el mundo por tanto oprobio.

 

El régimen tiene ministros o funcionarios que actúan como falsarios, que salen a ofender a todo aquel que se les pueda plantar en contra. Así, Andrés Michelena e Iván Granda con Santiago Cuesta hacen ese grupo que ataca sin motivo ni razón, destruyendo la honra como dignidad de las personas. El caso SECOM en el que logran la prisión de los hermanos Carlos y Marco Bravo Segovia, por actos administrativos de los que Michelena debe responder; lo de los “18 testaferros de Correa” que acusó públicamente Granda y que hasta ahora no presenta ningún caso; o las acusaciones de Santiago Cuesta en frecuentes duelos verbales de acusaciones de grueso calibre con Fernando Villavicencio solo ponen a vista de todos un comportamiento ilegal e ilegítimo con el que usan y abusan del poder como de la justicia. Y de paso, cierran Ecuadorinmediato.com, en forma abusiva, y cuando se les reclama reconocen que “No hay pruebas”, que vergüenza ajena siente uno ante tan triste papel gubernamental

 

Ahora bien, si el gobierno acusa con la ayuda y “cooperación eficaz” de la gran prensa ecuatoriana, cuenta también con su silencio a la hora de analizar su propio caso de corrupción de los #INAPAPERS, cuyo dedo señala directamente al entorno presidencial, a la familia Moreno-Gonzales, a su esposa, sus hijas, su hermano, sus amigos, los socios de su hermano y demás yernos agnados y cognados. Ahí la Fiscalía no tiene prisa, no hay acusación pronta y el lavado de manos es más que evidente para no juzgar lo que podría ser un presumible delito que los envuelve a todos. Aquí “Aunque haya pruebas” no hay juzgamiento y peor sanción. Justicia Falsificada es lo que hay, es lo que da la tierra, y peor si esto ha sido “un acto entre privados” como diría en forma taurina el Secretario Juan S. Roldán.

 

La Asamblea Nacional es un pozo de iniquidades, en las cuales se destituyen presidentes por infiltraciones de sus propias palabras que son de complicidad con los inculpados de la justicia, o son términos insultantes y ofensivos a la ética legislativa, que en boca de una mujer se oyen sucios. Se evidencian actos de coima, soborno o chantaje con el escándalo de los “diezmos” que cuentan con la sanción discriminatoria de “algunitos no mas”, no a todos los 19 señalados asambleístas de la patria. Hay acusaciones de falsificación contra el Asambleista Fernando Flores (CREO), que la asamblea finge demencia para tratar y el partido co-gobernante con Moreno Garcés disimula hasta la impunidad insaciable. Todo va para peor, traiciones van traiciones vienen, y para asegurar la gobernabilidad el gobierno es chantajeado por los asambleístas, a los que va y en su cara les dice el Ministro Carlos Pérez García, que viven traficando cargos. La corrupción es mutua, tanto de los que fueron a pedir como del funcionario público que tenía que denunciar esto a la justicia, porque se entiende que fue más de uno. Otra vez el “No hay pruebas” insultante trata de arreglarlo todo y dejar en el olvido este nuevo acto delictivo.

 

Más aún, el caso del contralor auto-sentado, impuesto a la fuerza, como es el caso de Pablo Celi de la Torre, da muestras del comportamiento delictivo del gobierno en el manejo del estado. Está en el cargo un individuo que rompió su propia destitución, que actúa ilegalmente como juez de cuentas sin respaldo alguno, que cuando se le pide el nombramiento exhibe un documento que en forma presunta actúa  nombrándose el mismo”.  Y el gobierno lo respalda, le permite y le protege al tiempo de haber generado una decisión con la manipulación a los transitorios para blindarlo en su cargo hasta el 2022. Aquí viene lo infamante del manejo de la justicia, desaparecen los documentos de la destitución de Celi, enjuician a la Subcontralor Sabet Chaumon, y en el juicio vuelven a desaparecer las copias de esa acción totalmente legal y le sentencian a quien debía estar legalmente el cargo como Contralora. Han hecho todo por encubrir a Celi, ni siquiera han convocado a concurso o evaluar al Contralor, y el Ecuador ha tenido que soportar este delito de usurpación de funciones, todo porque No hay las pruebas” que destituyan a Celi de Torre. Oprobioso para la clase jurídica tanto cinismo delictivo.

 

Al final, este paso por la historia del gobierno ecuatoriano en este tiempo es solo digno de ser calificado como el de un gobierno chantajeado que actúa así por estar involucrado en un comportamiento irregular, traicionero, al que “algo le saben”. No. No puede ser que convivamos en un estado cuyo sistema de gobierno delinque, haciendo un énfasis en el orgullo propio, “No nos merecemos un estado delictivo, en el cual las funciones del estado delinquen para encubrirse entre ellas”.  ¿Será que toleraremos con indiferencia que en Ecuador se falsifique la justicia, se sigan cobrando víctimas por odio político y la patria se ensucie cada vez más con este proceso infame? Usted tiene la respuesta. (FHA).

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