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Edición #4866 |  Ecuador, miércoles, 26 de septiembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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ECUADOR IMPAVIDO ANTE DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE LA NACIÓN

2018-04-09 19:00:00
Análisis
8405

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com

En Ecuador se han producido una cascada de hechos, resoluciones, decisiones de estado y hasta llamados a las urnas, todo para acabar con todo lo que hizo el régimen anterior de gobierno, el de Rafael Correa Delgado y, al amparo de esta tendencia de opinión, la nación vive un autentica demolición de sus instituciones. Lo indebido de esto es, que cuenta con la actitud indiferente de la gran mayoría que no actúa ni dice nada, en acto de tolerancia cómplice que nunca sabe cómo termina y si sufrirá las consecuencias de lo permitido.

 

Bien se dice que “Si quieres que no se sepa la verdad, forma una comisión. Si no quieres responsabilidades ni responsables nombra encargados que nunca las asuman”.  Lo dicho se está aplicando a rajatabla desde el pasado 24 de mayo de 2017, tanto que el cuadro dirigente para el manejo del estado, en su gran mayoría es encargado, mientras entre el griterío de algunos, se logra ocultar las verdades tanto como tapar las verdaderas razones por las cuales se están dando muchos hechos en la política nacional.

 

Miren ustedes como se conduce la nación en este momento: La vicepresidencia de la república saca a Glas y es encargada a María Vicuña; la función legislativa está presidida por un reemplazo del titular Serrano nombrando a Elizabeth Cabezas; el contralor Pablo Celi es subrogante en abuso de funciones de el mismo y de Pólit; el procurador Rafael Parreño está ahí en reemplazo; el Fiscal del Estado Carlos Baca pronto será destituido y, como también ha sido reemplazada Tania Romero que sería su lógica sustituta, el Consejo de la Judicatura se ve obligado a consultar ¿Cómo se da la subrogación en el ministerio público?; y como si fuese poco, la nación entrega por voto popular la fiscalización y juzgamiento de los funcionarios públicos a un consejo transitorio nombrado “a dedo”, el cual ordena parar todo proceso ordenado de concursos de méritos para la función judicial. El remate de todo este relajo se expone en la legislatura donde se legisla con comisiones especiales, demostrando la intolerancia que se tienen entre los mismos asambleístas. Para colmo, en una tensa situación de frontera se aduce que las fuerzas armadas están semidestruidas como justificativo para sus fallas en la operación en el terreno.

Una de las acusaciones mas críticas y duras contra el régimen anterior ha sido que el correismo dejó des institucionalizando al Ecuador, y por ello, se han adoptado medidas que buscan acabar con ese correismo. Sin embargo, lo más ilógico es hacer lo que el gobierno, la clase política dirigente y la oposición han hecho, actuar con violación a las leyes, violentar normas y procesos, sacar de los cargos a las personas, usurpar funciones aunque sea destruyendo documentos públicos,  arrogarse poderes que no se les han dado, afectar a la moral de las personas acusándoles de todo tipo de delitos, faltas o inmoralidades abusando para ello de los micrófonos y pantallas de los medios de comunicación privados y públicos, donde se calumnia e injuria con su complicidad manifiesta. Es decir, ellos si están des institucionalizando al Ecuador, ¡Ellos!

 

Qué tipo de institucionalidad existe en una nación donde se violentan las leyes o se conducen las causas judiciales en forma irregular, como en el caso del exvicepresidente Jorge Glas. El tema es delicado, porque todavía los jueces, el fiscal y quien funge de acusador no explican: ¿Qué delito cometió el exmandatario? Y, peor aún: ¿Qué pruebas han presentado contra Glas?  No hay respuestas, y el caso comienza a tomar dimensiones internacionales porque el diputado chileno Hugo Gutiérrez viene a exponer una verdad lacerante en el país. “A Jorge Glas se le acusa de un delito que no existe en la justicia penal ecuatoriana”, mientras el propio Papa Francisco expone una muy delicada posición favorable al reo al enviarle un rosario y sus plegarias. Simbólicamente hablando, el protocolo vaticano, tan estricto como es, se expresa de esta manera como un llamado de atención a la nación entera porque siente que ahí hay una injusticia.

 

La institucionalidad en una nación se mantiene bajo el estado de derecho, al amparo de la constitución y, con el estricto cumplimiento de las leyes a las que estamos sometidos gobernantes y gobernados. Si bien la voluntad popular es la norma fundamental para gobernar, no se puede llamar a que Ecuador vote con sufragio propio -como ocurrió el 4 de febrero de 2018 – para violentar esa constitución y las leyes. Lo diré una y otra vez, la consulta popular nunca tuvo informe de control constitucional, violó la constitución y la ley, por lo tanto, los efectos de un acto ilegal desde su origen son ilegales en su totalidad. Estamos viviendo eso.

Después de asistir a un espectáculo dantesco, que nos viene ofreciendo la legislatura desde el pasado 14 de mayo del año pasado, con retorno a la excresencia misma de la corrupción el de las mayorías móviles, con “hombre del maletín” y el manejo de cuotas de poder incluido, bien se puede decir que la Asamblea Nacional se ha constituido en el centro de la destrucción de la institucionalidad de la nación. Que detestable es la política sin ética.  Mirar como se negocia en la legislatura y se violentan las normas y leyes como su propia ley orgánica legislativa, es motivo de cuestionante duro y serio: ¿Para qué sirve una Asamblea Nacional, que se reúne para violentar las leyes del País?, lo digo por todo, por los nombramientos, acuerdos, destituciones, amarres, ententes legislativas, el pacto de los baños, la destrucción de las comisiones, el boicot intolerante entre ellos para impedir las reuniones legislativas y la conformación de cualquier comisión especial que sirve para todo menos para respetar a la sociedad nacional.  ¿Es eso un manejo institucional del estado? No, mil veces no.

 

El manejo de las entidades de control es un campo de ilegalidades e irregularidades que empiezan por la forma como se adueñó del cargo el contralor subrogante Pablo Celi de La Torre. Nombrado legalmente por Carlos Pólit desde el 2014 como su segundo al mando, Celi operó junto al cuestionado funcionario, salpicándole a él las acusaciones de corrupción en lo que sean por presunta acción u omisión, en inculpaciones de los condenados como Carlos Pareja Yanuzelli o Alex Bravo, que señalan al subrogante como parte de la trama de corruptelas alrededor. El pasado 26 de mayo de 2017, el todavía actuante Contralor Carlos Pólit Fagionni, antes de salir de su puesto dispone en forma totalmente legal la destitución de Pablo Celi, con perfecta capacidad legal para hacerlo, porque el fue la autoridad nominadora. Días después, por medio de las redes sociales, Pablo Celi de La Torre asoma en un video destruyendo el documento público en el que constaba su destitución ante funcionarios públicos que le conminaban a dejar su puesto. Celi se hizo del cargo y se quedó con el apoyo y reconocimiento del gobierno de Lenin Moreno, expresado en la voz de la ministra de Justicia, Rossana Alvarado y, del presidente de la Asamblea, José Serrano. ¿Qué tipo de institucionalidad se respeta cuando un funcionario público, cometiendo un prtesunto delito penado en el COIP, destruye documentos públicos y desobedece las normas y leyes? Respuesta: Ninguna, Ninguna.

 

Lo grave son los efectos cuando se irrespetan las leyes. Quiero que esto sea una seria advertencia desde la sociedad: No pueden los ex funcionarios de gobierno que actuaron en la década de la revolución ciudadana acusar de persecución política a las auditorías de la Contraloría General del Estado. Ellos tienen que responder por sus actos en el ejercicio de sus funciones, esa fue la responsabilidad legal y moral que tienen por cumplir. Y por eso mi preocupación, porque indigna mirar como el contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre pueda haber contaminado de ilegalidad a todas esas auditorías y otras decisiones, resoluciones o actos legales que firme o disponga, por lo espurio de su nombramiento, ya que los auditados pueden alegar que eso lo dispuso alguien que no actúa de manera legal en su cargo. Violentar las leyes es atentar contra la institucionalidad de la nación, contravenir las normas es destruir el estado de derecho. Lo hemos visto entre todos y no se rechaza hasta la fecha en que pongo estas letras.

 

Es demencial mirar el comportamiento de la función judicial en estos últimos tiempos. Sean las cortes de justicia o la fiscalía, bajo la lógica de acabar con el correismo se comienza por cambiar los delitos, ya que los que antes se acusaba hoy han desparecido. En los juzgados jueces y fiscales se cierran los juicios que se tramitaban sin argumento legal alguno, o más bien por los acuerdos políticos que se acuerdan entre gobierno y fuerzas políticas enjuiciadas. El escándalo de Odebrecht no le culpa a la empresa privada corrupta, los pases policiales tienen cada vez mas culpables inocentizados por artes de las fiscalías, los del 30S fue un juego de niños de la policía, y Maute sale libre por presunción de presiones inexplicables, mientras que a Rodas se le elimina toda culpa y sospecha en el Metro de Quito pese a intensas investigaciones, por el voto legislativo en favor del régimen que logra sanear las causas en favor del alcalde de Quito, incluida la oprobiosa demora del Tribunal Contencioso Administrativo en el caso de Rodas contra Ecuadorinmediato. Cada causa reprobada, cada providencia controvertida, cada inocencia no justificada que se proclama, así como cada sentencia sospechosa, van directamente contra la institucionalidad y el derecho en Ecuador y todo esto revuelve en sus propias miasmas violatorias a lo actuado en esa justicia oprobiosa, que se niega a ser sancionada por haber cometido el error inexcusable.

 

 El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, mejor conocido como la “Junta de Notables” es de los que fueron nombrados a dedo sin ningún proceso de selección como manda la constitución para estos casos, ese ha acelerado con mayor rudeza esta des institucionalización de la nación. Violó el debido proceso en el caso de Carlos Ochoa; violentó el derecho al trabajo y persiguió a los empleados del CPCCS por ser parte del régimen anterior; violenta el derecho a la defensa de los destituidos y, finalmente ahora, por los excesos verbales del doctor Julio Cesar Trujillo, se deben parar todos los concursos de selección de la judicatura para nombrar jueces y fiscales, porque todos son mañosos echando la honra de las personas a una especie de escombrero moral.  No importa a quien se haya seleccionado, si fue totalmente justo o legal el proceso, si la honestidad de esas gentes fue probada y comprobada, tanto como sus conocimientos. No, en la boca del doctor Trujillo, todos fueron mañosos, por lo que todos deben irse, y mas aun impedir que mas de 11 mil ciudadanos ecuatorianos apliquen su derecho de participación. No.  Hay que impedir que concursen porque los cargos -los apetecidos cargos- están ya predestinados a la cofradía de las ong´s, o a los amigos de la autodenominada comisión anti corrupta. Pronto se verá a que dama nombran de fiscal, o a la otra de procuradora, pronto, pronto. Todo eso es inaceptable, todo afrenta a la ley y la constitución y termina con las instituciones, y eso lo han hecho y lo hacen ellos, los actuales, los impolutos… ellos, ellos.

 

Después de este memorial de agravios uno solo atina a preguntarse ¿Por qué no hay ningún reclamo, reacción o protesta de la ciudadanía? Si es tan evidente el abuso de la clase política y la violación de los derechos es tan grosero ¿A qué se debe tanta la impavidez?  Preocupa que este tema de la institucionalidad del Ecuador no conste en el discurso opositor, menos en el oficial, que mas bien debería reconocer culpas. ¿Por qué la prensa tan cuestionadora y presunta defensora de los derechos ciudadanos, no dice nada, ni critica, no cuestiona o denuncia?  Mas, y mas grave es que hay la sensación de ignorar los efectos legales que podrían generar sanciones o perjuicios a todo el estado al ser reclamados por quienes se sientan que violentaron sus derechos, en una especie de patear adelante lo que significa proclamar la impunidad para las responsabilidades que tienen quienes han fomentado esta destrucción de la nación.

Hace unos días, a manera de una tenue reacción de uno, alguien me increpó para exigirme que le diga ¿Qué hacer? Mi respuesta no puede ser mas dura y directa: es cuestión de cada persona, no puedo yo recomendar un comportamiento colectivo a lo que debe hacerse desde cada individualidad. Sin embargo, bien hago en decirlo, advertirlo, denunciarlo y dejar constancia para la historia, porque para mí, como para muchos, el reclamo empieza por la conciencia que se debe hacer frente a lo que estamos viviendo, y no dejar pasarlo con indiferencia ecuatoriana, total Si no quieres que violen tus derechos, no permitas que violenten el de los demás” (FHA)

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Dr. Francisco Herrera Araúz es Director General de Ecuadorinmediato.com
Ecuamex Agencia productora de contenidos editoriales para @ecuadorinmediato.com 2018
*Encuestas Marzo 208 Informe Confidencial, Opinión Pública Ecuador y Cedatos
Fuente fotos.  Ecuadoruniversitario.com/jassdq19.blgspot/ transitonaranjal.gob.ec/  Ecuadorinmediato.com Archivo

 

 

 

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