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Edición #4866 |  Ecuador, viernes, 22 de junio de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
urgente

DESTITUCIÓN: Consejo de transición no tenía atribuciones para cesar a Carlos Ochoa, según veeduría

2018-03-08 18:55:00
Política Nacional
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Explican que el anexo de pregunta 3 del referendo dice que pueden cesar a las autoridades elegidas por el Consejo cesado y Ochoa fue elegido por un Consejo anterior

Tras el cese de Carlos Ochoa como Superintendente de Comunicación, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en el marco de la veeduría que realiza a las acciones de este Consejo de Transición, aclaró que este Consejo no dispone de atribución para evaluar y cesar a las autoridades designadas por el Consejo de Participación entre 2010 y 2015, periodo en el que fue elegido Ochoa. Explican que en el anexo de la pregunta 3 del referendo se especifica que pueden "dar por terminado anticipadamente" el período de las autoridades designadas por el Consejo cesado; es decir el que actuó entre 2015 y 2018.

Este 7 de marzo, el Consejo de transición cesó en sus funciones al Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, después de que la Contraloría lo sancionara por el mal uso de recursos públicos mientras ejerció el cargo de director de Noticias del canal incautado GamaTV entre 2010 y 2013.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo realiza una veeduría a las acciones de esta institución y tras esta primera medida, presentaron sus consideraciones jurídicas y técnicas respecto de esta decisión.

Aclaran que “este cese no se relaciona con la atribución otorgada al Consejo Transitorio” en el anexo de la pregunta 3 del referendo, para “dar por terminado anticipadamente” el período de las autoridades designadas por el Consejo cesado (el que actuó entre 2015 y 2018). Tampoco se origina en las atribuciones y funciones que la Constitución y la Ley le otorgan al Consejo de Participación y al Consejo Transitorio.

Explican que de acuerdo con el anexo mencionado, el Consejo Transitorio no dispone de atribución para evaluar y cesar a las autoridades designadas por el Consejo de Participación entre 2010 y 2015. Establece además que cualquier “terminación anticipada de funciones” debe estar precedida por mecanismos de evaluación en los que se garantice “el debido proceso, con audiencia a las autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnación y participación ciudadana necesarios”.

(PP)

Fuente: Fundación Ciudadanía y Desarrollo

 

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