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Edición #4866 |  Ecuador, martes, 20 de febrero de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

EXPRESO (Guayaquil) La Contraloría ‘revive’ el caso Caminosca

2018-02-09 07:41:23
Política Nacional
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Entidad ve indicios de responsabilidad penal en ese expediente y en las preventas de crudo. Los informes ya están en la Fiscalía

La Contraloría General confirmó la presunción de posibles delitos penales en dos de los casos más escandalosos de corrupción, detectados en el Gobierno de Rafael Correa, y que involucran a la firma Caminosca y las preventas de crudo a Petrochina y Unipec.

Esos dos expedientes ya están en la justicia pero había una limitación en la investigación fiscal: no había un informe con indicios de responsabilidad penal. Ese documento abre la puerta para indagar, por ejemplo, presunto peculado o enriquecimiento ilícito.

Ayer, el contralor subrogante, Pablo Celi, dijo que “hay informes con responsabilidad penal en los dos casos”.

Este nuevo elemento podría sacar del letargo la investigación del caso Caminosca que, según los integrantes de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, “duerme en los laureles”. La semana pasada, ellos fueron hasta la Fiscalía para exigir respuestas. Esa entidad indaga el supuesto pago de coimas a cambio de contratos, denunciado por EXPRESO, en 2017.

Caminosca tuvo, al menos, 13 contratos con el Estado, la mayoría en los sectores estratégicos. Estuvo vinculada desde la construcción de carreteras hasta hidroeléctricas y el Metro de Quito. El contrato que objeta Contraloría tiene que ver con la ejecución del proyecto poliducto Pascuales-Cuenca, con Petroecuador.

El año anterior, la entidad de control determinó que la petrolera estatal “ha erogado un valor de 126,5 millones de dólares para viabilizar la construcción del citado proyecto por deficiencias en los diseños preparados por la consultora Caminosca S.A.”.

¿Cuáles fueron esas inconsistencias? Según el informe de auditoría, hubo errores técnicos que le costaron 41,2 millones. Actividades orientadas a cumplir normas técnicas y de seguridad implicaron un egreso de 10,6 millones. La subvaloración de cantidades de obra causó un perjuicio de 72,7 millones. Y, también fue necesario contratar estudios que garanticen la seguridad de las instalaciones del poliducto por 1,8 millones.

En agosto, estos “errores” le valieron a Caminosca una glosa por $ 126 millones, según reportes de prensa. Después se confirmaron los indicios penales.

El caso de las preventas de crudo es más reciente. Hasta la semana pasada, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, aseguró que no había indicios de responsabilidad penal. Por eso, él estaba indagando posible cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias o concusión. Incluso recibió la versión del expresidente Correa, el lunes en Guayaquil. Él, como contó este Diario, deslindó cualquier responsabilidad y aseguró que las preventas no causaron perjuicio al Estado.

Los denunciantes aseguran que el país perdió unos 2.000 millones de dólares con este mecanismo. La Contraloría acaba de ampliar el rango de investigación.

Los negocios de los Alvarado también serán revisados

Las cuentas de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel -dos de los funcionarios más cercanos al expresidente de la República, Rafael Correa- están al tope de las prioridades de los auditores de la Contraloría General. Ellos son investigados por dos vías.

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero, difundido la semana pasada, puso la atención en las finanzas personales de los dos exfuncionarios que en 10 años tuvieron ingresos por $ 2,2 millones en sus cuentas y 155 millones en una empresa.

La Contraloría intentará desenredar la trama de los negocios de las empresas vinculadas con los Alvarado. Según el contralor, Pablo Celi, se ha iniciado un conjunto de exámenes que abarquen “la totalidad de contratos de varias empresas con un conjunto de entidades a escala nacional” con el Gobierno central, pero también con gobiernos locales. Serán 14 empresas y 75 entidades públicas investigadas.

Esa revisión se suma al examen de sus declaraciones patrimoniales, desde 2011.

El otro frente que involucra a los hermanos Alvarado tiene que ver con su gestión en la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom). Un primer informe con responsabilidades penales, relacionado con la ejecución de los Enlaces Ciudadanos, ya fue enviado a la Fiscalía. Tiene que ver, explicó el contralor sin dar detalles, con contrataciones no justificadas, productos no recibidos en la forma adecuada e incluso con eventuales falsificaciones de documentos.

Las acciones de control, anunció el funcionario, se ampliarán considerando todos los contratos que “deberán ser auditados y las operaciones que la Secom ha realizado”.

Una larga lista de involucrados

La lista de altos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa involucrados en irregularidades o en posibles delitos sigue creciendo de mano de la Contraloría.

Pablo Celi, quien reemplazó a Carlos Pólit (prófugo en Miami por su presunta participación en la trama de corrupción de Odebrecht) en junio, le ha puesto rostro a las denuncias de corrupción.

Los últimos en unirse, como publicó ayer EXPRESO, son los exministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera que fueron glosados con $ 77,2 millones por haber pagado al IESS con bonos del Estado. Eso está prohibido por la ley.

En la lista de señalados por la Contraloría están desde el exvicepresidente Jorge Glas y el extitular del IESS, Richard Espinosa. Para ellos se pidió la destitución.

El exministro Iván Espinel y el secretario de la reconstrucción, Carlos Bernal, que fueron parte también de este Gobierno, renunciaron tras la difusión de informes que los vinculaban con irregularidades en el IESS y con recursos no justificados en su declaración patrimonial, respectivamente.

Está en trámite la destitución ordenada contra el superintendente Carlos Ochoa y la glosa emitida contra la exministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga.

Las cuentas de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel -dos de los funcionarios más cercanos al expresidente de la República, Rafael Correa- están al tope de las prioridades de los auditores de la Contraloría General. Ellos son investigados por dos vías.

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero, difundido la semana pasada, puso la atención en las finanzas personales de los dos exfuncionarios que en 10 años tuvieron ingresos por $ 2,2 millones en sus cuentas y 155 millones en una empresa.

La Contraloría intentará desenredar la trama de los negocios de las empresas vinculadas con los Alvarado. Según el contralor, Pablo Celi, se ha iniciado un conjunto de exámenes que abarquen “la totalidad de contratos de varias empresas con un conjunto de entidades a escala nacional” con el Gobierno central, pero también con gobiernos locales. Serán 14 empresas y 75 entidades públicas investigadas.

Esa revisión se suma al examen de sus declaraciones patrimoniales, desde 2011.

El otro frente que involucra a los hermanos Alvarado tiene que ver con su gestión en la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom). Un primer informe con responsabilidades penales, relacionado con la ejecución de los Enlaces Ciudadanos, ya fue enviado a la Fiscalía. Tiene que ver, explicó el contralor sin dar detalles, con contrataciones no justificadas, productos no recibidos en la forma adecuada e incluso con eventuales falsificaciones de documentos.

Las acciones de control, anunció el funcionario, se ampliarán considerando todos los contratos que “deberán ser auditados y las operaciones que la Secom ha realizado”.

La lista de altos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa involucrados en irregularidades o en posibles delitos sigue creciendo de mano de la Contraloría.

Pablo Celi, quien reemplazó a Carlos Pólit (prófugo en Miami por su presunta participación en la trama de corrupción de Odebrecht) en junio, le ha puesto rostro a las denuncias de corrupción.

Los últimos en unirse, como publicó ayer EXPRESO, son los exministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera que fueron glosados con $ 77,2 millones por haber pagado al IESS con bonos del Estado. Eso está prohibido por la ley.

En la lista de señalados por la Contraloría están desde el exvicepresidente Jorge Glas y el extitular del IESS, Richard Espinosa. Para ellos se pidió la destitución.

El exministro Iván Espinel y el secretario de la reconstrucción, Carlos Bernal, que fueron parte también de este Gobierno, renunciaron tras la difusión de informes que los vinculaban con irregularidades en el IESS y con recursos no justificados en su declaración patrimonial, respectivamente.

Está en trámite la destitución ordenada contra el superintendente Carlos Ochoa y la glosa emitida contra la exministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga.

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