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Edición #4866 |  Ecuador, lunes, 20 de agosto de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
urgente

PDDHE asegura que no se configuran requisitos de extrema gravedad y de irreparabilidad en decisión de CIDH (DOCUMENTO)

2018-02-08 17:05:00
Política Nacional
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Documentos

Además, mostró su malestar por celeridad con la que actuó este organismo internacional

La Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos (PDDHE) emitió un comunicado sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de pedir medidas provisionales a tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En primer lugar, aseguran que “en ejercicio de su derecho constitucional a expresar la opinión política, el pueblo ecuatoriano se pronunció el 4 de febrero de 2018 mediante un referendo y consulta popular transparente acerca de 7 preguntas que hacen relación a importantes temas de la vida nacional en aspectos institucionales y de desarrollo”.

Por ello, este ejercicio de la soberanía popular tiene vigencia inmediata y debe ser canalizado, unos casos, mediante reglamentación jurídica y, en otros, a través de políticas públicas.

Sobre la decisión de la CIDH, la PDDHE expresa que “no se configura el requisito de extrema gravedad por cuanto el referendo y la consulta popular se enmarcan en la vigencia del Estado de Derecho en el Ecuador. El procedimiento observado para su convocatoria, está dentro de los límites de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que, si la Corte Constitucional no resuelve respecto de las preguntas de consulta y referendo, dentro del término de veinte días, se entenderá que ha emitido dictamen favorable”.

Por lo tanto, exponen que hubo un control constitucional previo favorable en el marco de la legislación vigente. “Cada una de las preguntas tuvo una formulación específica e independiente dentro de su campo tendiente a conseguir cambios institucionales e instrucciones específicas expresadas por el mandato popular”.

Además, “la futura reglamentación del trabajo de evaluación del Consejo de Transición, debe ajustarse, como la propia Comisión reconoce, para garantizar el debido proceso y criterios objetivos de evaluación. La CIDH no puede determinar extrema gravedad sobre la base de supuestos inciertos y algo que al momento no existe”.

La Plataforma sostiene que la CIDH basa, nuevamente, sus argumentos en supuestos inciertos para establecer la configuración del requisito de urgencia, ya que el Consejo Transitorio establecido en los anexos de la pregunta tres no ha sido aún designado ni posesionado por la Función Legislativa “y menos aún se ha desarrollado normativa que establezca cuáles serán los parámetros por los cuales se evaluaría o destituiría a las actuales autoridades de control”.

“El razonamiento de la CIDH para establecer la configuración de este requisito no puede limitarse a los efectos inmediatos del proceso de consulta, esto es la sola destitución de los actuales miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues de esta manera se estaría inobservando todas las implicaciones alrededor de la pregunta realizada. Es necesario señalar también que el Estado ecuatoriano cuenta con instituciones legales y judiciales que, de ser el caso, podrían declarar la ilegalidad o inconstitucionalidad de dichas normas”, acota el comunicado.

Asimismo, según la PDDHE, tampoco se configura el requisito de irreparabilidad. “La CIDH afirma que al implementarse el resultado del referendo “se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir.”

Explican que el anexo de la pregunta 3, aprobado el pasado 4 de febrero, establece una posibilidad, no una obligación. “El Consejo de Participación Ciudadana de Transición, evaluará a las autoridades de control en funciones y podría declarar la terminación anticipada de sus períodos. Una vez más, la CIDH no puede determinar irreparabilidad sobre la base de supuestos inciertos, más aún cuando en la Constitución continúan plenamente vigentes los procesos de destitución de autoridades, así como que los miembros del Consejo Transitorio son sujetos de juicio político por parte de la Asamblea Nacional”.

“Nuestra expresión recoge un contundente reconocimiento de que el ejercicio nacional soberano del pronunciamiento popular de febrero se enmarca en la vigencia plena de los derechos humanos, en especial civiles y políticos, y de los instrumentos internacionales suscritos por Ecuador. Asimismo, en que acogemos legítimamente la causa del pueblo ecuatoriano para reformar a sus instituciones”, puntualiza el documento.

Finalmente, la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos mostró su malestar por la “sorprendente celeridad con la que la Comisión Interamericana ha actuado. Durante la última década los defensores de derechos humanos hemos acudido al Sistema Interamericano frente a las permanentes violaciones en manos del Estado ecuatoriano y sus autoridades. Los pedidos de medidas cautelares, así como las peticiones de casos, han sido tramitadas durante varios meses y años, y en más de una ocasión incluso han quedado sin respuesta por parte del más alto organismo de derechos humanos de la región”.

(AEH)

Fuente: Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos

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