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Edición #4866 |  Ecuador, miércoles, 17 de octubre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Ante posición de CIDH y OEA, expertos piden que Corte Constitucional se pronuncie urgente sobre consulta popular (AUDIO)

2018-02-08 07:41:00
Entrevistas
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Audio

Febrero 07 - Juan Francisco Guerrero, Salim Zaidan y Marco Navas Leiva

Concuerdan en que situación es preocupante para Estado ecuatoriano

Los constitucionalistas Juan Francisco Guerrero, Salim Zaidan y el consultor internacional Marco Navas Leiva se refirieron al pedido de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte IDH y sobre el informe preliminar de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Guerrero y Navas coinciden en que no se sobrepasó el plazo en el que la Corte Constitucional debía emitir su criterio, Zaidan asegura que sí existió un dictamen ficto. No obstante, los expertos coinciden en que tras los pedidos legales y las dudas que se tejen alrededor del proceso electoral lo más óptimo es que la Corte Constitucional se pronuncie.

Juan Francisco Guerrero calificó como “preocupante” la resolución de la CIDH, aunque admitió que no ha tomado por sorpresa la decisión por la “carencia de un dictamen expreso por parte de la Corte Constitucional previo a la consulta popular”, pues, según dijo, la falta del documento “era peligroso”.

“Más allá de los efectos jurídicos, podría generar cuestionamientos respectos a la legitimidad del proceso de consulta popular”, indicó.

Considera que ante el mundo, Ecuador no ha quedado bien, por tanto, cree que la situación es compleja.

“Es lamentable que ahora, una vez que concluyó el proceso electoral, tengamos que evaluar los resultados de la consulta popular en función de si se han violado o no se han violado los derechos de personas”, señaló.

Guerrero precisó que todavía no se han adoptado medidas provisionales en el marco del Sistema Interamericano, por el contrario, lo que existe es una petición por parte de la Comisión hacia la Corte, que deberá ser evaluada.

“Desde mi punto de vista, espero que la petición no sea aceptada porque, en caso de que fuese aceptada, nos veríamos en una situación muy delicada porque la decisión adoptada respecto de la pregunta 3 no podría ejecutarse, el pronunciamiento popular, respecto del cual muchos se permiten señalar que es la voz de Dios y que es absolutamente irrefutable, quedaría evidenciado que, en una democracia, es fundamental la existencia de mecanismos contra mayoritarios que eviten que las mayorías violen los derechos de las minorías”, mencionó.

De su lado, Salim Zaidan coincidió con que la situación es “complicada”, sin embargo, considera que “sí existió un dictamen ficto, que está contemplado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es el origen del problema”.

“Sí contamos con dictamen, un dictamen favorable, a consecuencia de la negligencia de la Corte Constitucional que no respetó el plazo previsto para su pronunciamiento”, indicó.

A su criterio, el proyecto de enmiendas no restringía derechos ciudadanos porque “terminar anticipadamente los periodos de los consejeros no puede ser visto como una afectación de derechos”.

“Sin embargo, la Corte Constitucional no se pronunció en el tiempo debido y la consecuencia que determina la ley es que se tiene ese dictamen como favorable, no especifica qué tipo de dictamen (de vía, procedimiento o contenido de consulta) de tal manera sí me parece que tenemos un dictamen favorable”, mencionó.

Mientras tanto, Marco Navas Leiva aseguró que lo que está ocurriendo en el país se origina por un “inexistente proceso de transición de un gobierno del mismo partido a un gobierno posterior del mismo partido”.

“Este inexistente proceso de transición serio, sólido y coherente nos trae absolutamente a lo que estamos viviendo, más allá de lo jurídico, que se puede hacer todo tipo de discusiones, el momento que está atravesando el Ecuador con el pronunciamiento de la OEA y de la CIDH es grave”, acordó.

Dijo que existe una alta probabilidad de que la consulta popular, especialmente, en la pregunta 3, “se caiga”.

“El informe de la OEA lo deja claro, estamos muy preocupados porque no hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional y solicitamos que lo haya, en ese sentido, si le está diciendo un organismo internacional (OEA-UNASUR), le está planteando absolutamente todo ello, la CIDH también, lo está diciendo: hay una preocupación porque no hubo absolutamente ningún tipo de pronunciamiento, más allá de cuestiones internas, de que nos fuimos del plazo o no nos fuimos del plazo, hay un organismo internacional que lo está diciendo”, mencionó.

Si el Gobierno no quiere aceptar, ya es problema del Gobierno, dijo Navas Leiva, quien recordó que el Estado ecuatoriano estuvo de acuerdo con la llegada de la misión de la OEA al país.

“Aquí hay un serio cuestionamiento de la legitimidad de toda la consulta, puntual, en la pregunta 3, estamos enfrentando, como país, desde el punto de vista de la legitimidad de una decisión interna, pero también desde el punto de vista de estar presentes en el contexto internacional ¿por qué la OEA plantea esto? Porque hay la Carta Interamericana, no podemos dejar de lado el origen de la consulta: definir si la misma es constitucional o no es constitucional”, acotó.

Juan Francisco Guerrero explicó que la Constitución estipula que todo proceso de consulta popular debe contar con un dictamen de la Corte Constitucional.

“El tema del dictamen ficto, tácito de constitucionalidad es una cuestión que no está prevista en la Constitución, sino que está prevista en la ley, el único caso en el cual existe un dictamen ficto de constitucionalidad en la Constitución es respecto de la creación de regiones autónomas y distritos metropolitanos, no está previsto en ningún otro escenario este dictamen ficto”, aclaró.

A más de analizar el tema del reglamento, Guerrero cuestionó si la ley pueda establecer dictámenes fictos en materia de constitucionalidad.

“No creo que una cuestión técnica, como es la constitucionalidad de una norma, pueda convertirse, mutarse por el mero paso del tiempo, una pregunta, una norma, si es inconstitucional, va a seguir siendo inconstitucional, independientemente de cuántos días, meses o años transcurran, es un error legislativo haber incorporar esa figura”, exteriorizó.

Por otro lado, recalcó que existe un reglamento que se ha cuestionado en la forma en la cual se contabilizan los plazos. Según dijo, la normativa fue hecha para que la Corte Constitucional no incurra en retraso en plazos establecidos en la ley.

“Lo que me molestó es que recién esto se visibilizó a partir de la consulta popular, quienes estamos en el día a día, en el ejercicio constitucional, sabíamos que hay procesos que duran dos años, tres años, cuatro años y que con las interrupciones establecidas en el reglamento nunca la Corte entraba en una moratoria y no pasaba nada”, sostuvo.

Jurídicamente la única forma en la cual, en Ecuador, se puede “caer la consulta popular” es, a través de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, añadió Guerrero, sin embargo, añadió que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que enmiendas y reformas introducidas en la Constitución, a través de consulta popular, si bien pueden ser demandas en su constitucionalidad, solamente puede ser demanda por cuestiones de procedimiento, pero a partir de su convocatoria.

“La ley no permite que la Corte Constitucional haga una revisión del procedimiento previo a la convocatoria, debemos recordar que el dictamen ficto fue una cuestión que se produjo antes de la convocatoria”, afirmó.

Igualmente, recordó que existe pendiente una demanda de inconstitucionalidad, por pedido de varios asambleístas, a la convocatoria a la consulta popular, y que todavía no ha sido admitida a trámite.

“La Corte Constitucional consideró que, al haberse iniciado un periodo electoral, el admitir o procesar esa demanda hubiese podido ser una interferencia por parte de la Corte Constitucional del proceso electoral”, sostuvo Guerrero, quien expuso que la demanda de inconstitucionalidad “es la gran oportunidad que tiene la Corte Constitucional de cumplir con las recomendaciones que se hace en el informe preliminar de los observadores de la OEA y darnos un pronunciamiento expreso sobre el contenido de la consulta”.

El constitucionalista Salim Zaidan concuerda en que la Corte Constitucional tendrá la oportunidad de avalar la consulta popular “sin que el pronunciamiento cubra el dictamen ficto que se produjo a consecuencia del transcurrir de los 20 días sin pronunciamiento”.

“Sí hay un problema en torno a implementar la recomendación de expertos de la OEA, que, en su informe preliminar, dice: la misión considera que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si es que hubiera contado con el pronunciamiento expreso de la Corte”, leyó y sostuvo que el problema de fondo, cuando se dé el pronunciamiento de la CC no va a poder incluir el asunto del dictamen “en todo caso, en algo soluciona el que ya admita a trámite, conozca y resuelve esa demanda de inconstitucionalidad”.

Mientras que disiente en cuanto a lo dicho por Guerrero acerca d la disposición del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse, en caso de no hacerlo, se tiene el dictamen como favorable.

“Esa disposición legal se presume constitucional hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no sea expulsada del ordenamiento o demandada su inconstitucionalidad (…) lo que no sucede con la disposición reglamentaria del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional que establece que la forma de contabilizar los plazos es aplicando la figura de la impulsión judicial, la forma curiosa en la que justifican las demoras es congelando los plazos”, detalló

“Los 20 días podían transformarse en 20 meses. Ese reglamento es ilegal y podía ser inaplicado, la Corte, hace rato, tenía que aplicar eso”, comentó. Al tiempo de detallar que un reglamento puede ser inaplicado por ilegal, sin embargo, una disposición legal no puede ser inaplicada por inconstitucional. “Esa es la gran diferencia que existe entre esos dos asuntos”, añadió.

De su lado, Marco Navas Leiva lamentó que lo político haya superado al derecho, por lo que el informe de la misión de observación de la OEA y la petición de la CIDH, son las consecuencias de este accionar.

“Era más obvio que esta consulta popular se iba a dar. Definitivamente, el escuchar un audio de la Corte Constitucional en el cual cuatro de sus cinco miembros le piden a su presidente que se exprese, y a un Presidente aduciendo que están dentro de los plazos, ahí están las consecuencias”.

“Hay una necesidad, y más con una consulta de esta naturaleza, de legitimación del Gobierno, incluso. Con ese pronunciamiento hasta las personas que estaban en contra de la consulta se hubiesen quedado sin piso, pero no se dio. El resto son cuestiones e interpretaciones legales del uno y del otro lado que, en algún momento, se van a dirimir”, precisó.

Sin embargo, mencionó que si no se tiene claro que lo político ha superado radicalmente al derecho y allí están las consecuencias, más allá de los problemas que se tengan que afrontar deben tomar en consideración que la legitimidad de este proceso está en duda. Fue enfático en señalar que los resultados del triunfo del Sí con un 63% son claros, por lo cual es lo único que no es refutable.

“La voluntad popular se respeta y está dada en las urnas. Eso está trastocado por unos procedimientos que no fueron observados y ahí chocamos. El pueblo soberano plantea esto, los procedimientos no se dan. Y el argumentario de ‘la voz del pueblo, la voz de Dios’, no cabe, sino la realidad fáctica de que la consulta popular fue ganada por el Presidente de la República, el proceso fue bien hecho porque no hay vicios de fraude, hay legitimidad, pero no hay la parte jurídica que me permita decir eso”, sostuvo.

Mientras que, para Guerrero, la Corte Interamericana va a tener que conocer el fondo de la controversia. “Estas medidas provisionales solicitadas en cualquier ámbito internacional, nacional o local son cuestionables porque una eventual suspensión indefinida de los efectos de la consulta equivale a un pronunciamiento de fondo. Más bien un pronunciamiento de ese tipo deberíamos esperar de una sentencia de fondo de la Corte IDH, eventualmente”.

“Habría que ver cómo se plantea una posible acción ante el Sistema Interamericano porque, en principio, revisa la violación de los derechos de las personas. Entiendo que, actualmente, el Sistema Interamericano se activó desde el punto de vista de una petición presentada por algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, explicó.

Alegando, además, que lo que podría derivar, inclusive, como ya ha ocurrido, es que si se implementa la consulta popular y la causa en el Sistema Interamericano continúa, se determine que la destitución que se realice a estos integrantes sea violatoria de sus derechos y que aquello, más que generar que se deje sin efecto la consulta, se tendría que indemnizarlos por una “destitución arbitraria” y violatoria de derechos.

“Lamentablemente, el Sistema Interamericano es de largo plazo, sus decisiones no son a corto plazo y muchas veces lo que ocurre es que los platos rotos de las decisiones arbitrarias que se producen el día de hoy la terminan pagando otros. Un poco puede ser cómodo para los gobiernos de turno que no tienen mayor problema en dilatar un proceso al Sistema porque saben que cuando se dicte una sentencia y tenga que ejecutarse una decisión, ellos ya no van a estar en sus funciones”, expresó.

Zaidán, de su lado, puntualizó que las medidas provisionales se caracterizan por su temporalidad, es decir, tienen que ser limitadas en el tiempo. El artículo 76, numeral 6 del reglamento de la CIDH le faculta solicitar a la Corte IDH este tipo de medidas. En este caso, desde su punto de vista, la Comisión rehuyó a dictar medidas cautelares porque ha considerado que es un asunto sensible.

“Ha sido tan cuidadosa al solicitar estas medidas a la Corte que habla en condicional, es decir, expone que ‘se habrían, se podría, eventualmente’. O sea, no ha hecho un juicio de valor a pesar de que ha sido el solicitante. Eso es curioso porque se entiende que el solicitante, si remite este pedido, es porque está convencido de que hay una situación de amenaza de violación a los derechos y, en este caso, ni siquiera la Comisión está convencida”, evidenció.

También se pide que se abstenga de destituir a los actuales miembros y el que lo haga “es una medida que carece de efecto temporal” y debería estar atado con el periodo de duración de algo, mencionó. “Si es que le conectamos con el periodo de duración del proceso ante la Comisión Interamericana y ante la Corte, estamos fregados. Son siete años de duración de esta medida provisional”.

“A pesar de que hay pésimos precedentes en el Sistema de medidas que han durado más de 10 años, creo que sería absurdo y colocaría en una situación de inestabilidad total al país si es que se prolonga tanto la duración de una medida provisional. Es imprecisa la medida que se solicita de que se abstenga de destituir. Para mí, la está llevando a la Corte a un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto”, señaló.

Argumentando además, que sí es posible que la Corte Interamericana deje sin efectos jurídicos los resultados de una pregunta, en particular, de la consulta popular. “El problema central es el origen y eso también implicaría que la Corte interprete el derecho interno y no lo puede hacer. Entonces, la Corte Interamericana, como órgano judicial del Sistema Interamericano, no puede interpretar disposiciones de derecho interno, no puede valorar la constitucionalidad de la convocatoria a la consulta popular, tiene que limitarse a verificar si es que existe o no violación de derechos protegidos por la Convención Americana sobre DD.HH.”.

“Es un asunto tan complejo que la Corte Interamericana tiene el gran reto de no abstraerse del contexto social y político, creo que es el punto de partida. No abstraerse de la cuestión procedimental, pero cuidando de no entrar en valoraciones interpretativas de derecho interno porque no lo puede hacer y, finalmente, un tema de derechos que no fue expresamente solucionado por la Corte Constitucional porque es la que debió haber dicho que ninguna de las preguntas restringe derechos”, indicó.

El problema está, reiteró, en que, como no existe un dictamen expreso, no hay un criterio que sustente aquello. Salim Zaidán recordó también que la CC está integrada por personas que “le han seguido el juego” a actores políticos y que no tienen una reconocida trayectoria en el ámbito constitucional, entonces no se sabe qué esperar de la CC. “No han actuado en derecho, han incumplido sus propias reglamentaciones”.

“En este instante es lo que van a tener que hacer, se les está pidiendo. Independientemente de lo que pase, de los juicios de valor que se les pueda dar a los actores. Le está diciendo un organismo del Estado, al máximo organismo de control constitucional que se pronuncie. Eso es todo. Estén o no aliados al régimen anterior, a un partido político, a quien sea, pronúnciese. En consecuencia, la pregunta es, ¿Por qué no se pronunciaron antes? Porque si lo hacían antes, aquí no pasaba nada”, reflexionó Navas.

A su criterio, allí se tiene dos componentes: un Ejecutivo que obvió a la Corte Constitucional, o una Corte Constitucional que “le siguió el juego” al actor político. En ese punto, la disyuntiva es clara: “pronúnciese, diga lo que tenga que decir: pregunta 2, 3 y 6 o toda la consulta, es constitucional, sí o no y por qué”. Con ese dictamen, añadió, el Ecuador tendrá el escenario para conocer el resto.

Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, una de las grandes deudas que tiene la CC es que una vez que el Presidente de la República convocó a la consulta popular, con su interpretación de que había existido un dictamen ficto, siempre se esperó que el organismo emita algún tipo de pronunciamiento.

“Recordemos que cuando se emite la convocatoria del Jefe de Estado, la Corte ya estaba llamada para conocer el informe de la jueza Tatiana Ordeñana (quien sustanció el caso) para emitir algún tipo de pronunciamiento. Lo lógico era que la Corte se reúna y, frente a las circunstancias, se pronuncie en cualquier sentido, pero emita su criterio. Aquí lo que hemos tenido es un problema severo de institucionalidad porque le hemos tenido a la CC en un silencio absoluto, como un espectador pasivo, cuando debía ser el principal actor de este proceso”, reprochó.

Ese pronunciamiento, entre otras cosas, debe emitir una opinión, un análisis o una respuesta al respecto de la jueza que sustanció, opinó. En cambio, para Zaidán, es un asunto complejo porque lo que existió es parte del control previo de constitucionalidad, siendo un proceso distinto al actual que se tendrá que sustanciar, que es el posterior.

“Ese control posterior no cubre todos los elementos que estamos discutiendo, sin embargo, creo que la Corte Constitucional va a tener que pronunciarse. La irresponsabilidad de la Corte es que dejó convocada una sesión y después no dio ninguna otra explicación, sino que esperó a que el Primer Mandatario y el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúen con el procedimiento, pero nunca se pronunció sobre ese informe”, lamentó.

Reconociendo que existen esos audios filtrados, pero que no son parte del proceso y no tienen validez jurídica, por lo que, en este caso, la Corte Constitucional le debe mucho al país y a los ciudadanos en el sentido de que tiene que pronunciarse. “Creo que la CC debe dejar de ser complaciente con los poderes de turno. O sea, este organismo no tiene jefe, el jefe de la Corte no es el Jefe de Estado, no es el Presidente de la República, es la Constitución, es el garante supremo de la Constitución”.

“Creo yo que la Corte tiene que pronunciarse e, inclusive, para avalar constitucionalmente, lo realizado hasta hoy y, sobre todo, para darle tranquilidad a los organismos del Sistema Interamericano de que aquí se ha actuado en derecho”, acotó en declaraciones para el programa "El Poder de la Palabra" de Ecuadorinmediato/Radio.

Con este criterio coincidió también Marco Navas, quien aseguró la única opción que tiene la CC, es pronunciarse. “No solamente tiene la obligación, es la comunidad internacional la que le pide, es toda la sociedad la que le dijo que dé un criterio. El problema en el que está metido el Ecuador es tremendamente fuerte”.

(PAY-JPM)

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