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Edición #4866 |  Ecuador, miércoles, 15 de agosto de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

Reducción de IVA al 10% y eliminación de ISD, entre sugerencias de otro ‘Foro de economía alternativa y heterodoxa’ a Gobierno

2018-01-24 16:16:40
Economí­a
1803

Agrupación considera que Ecuador necesita un cambio de modelo de crecimiento infinito hacia uno de sustentabilidad integral

Son 10 las personas que conformaron un nuevo Foro de Economía denominada ‘Alternativa y Heterodoxa’. Desde su punto de vista, el Ecuador necesita un cambio de modelo de crecimiento infinito hacia uno de sustentabilidad integral "y no un mero maquillaje fiscal de disminución del gasto público y de reducción de impuestos con ajustes salariales tan practicados en el pasado con resultados desastrosos". Por lo que, entre las sugerencias dirigidas al presidente de la República, Lenín Moreno, se encuentra la reducción del IVA al 10% y la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) además de desarrollar a la agricultura y reactivar al sector productivo.

A continuación, exponemos de forma textual, la carta enviada por este Foro al Jefe de Estado:

Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa

 

 

Carta Abierta

al Gobierno del Lcdo. Lenin Moreno Garcés

 

 

Propuestas  alternativas y heterodoxas para el

programa económico de gobierno: 2017-2021

 

Exmo. Sr. Presidente de la República:

 

Vivimos momentos de transiciones históricas importantes. Aquellos procesos que definieron la economía y las sociedades en el siglo XX, se están transformando radicalmente en el siglo XXI. El nuevo siglo es de la sociedad de la información, de ciudadanos en red, y de una economía de post-escasez. En el siglo XXI la economía solo puede ser válida si se complementa y se integra con la política social, con la democracia y con los esfuerzos por mitigar y adaptarse al cambio climático. Mientras en el siglo XX la economía era una esfera separada de la sociedad, y tenía sus propias prioridades, en el siglo XXI la economía y la política económica, solamente pueden ser coherentes para la sociedad si fundamenta una política social inclusiva, democrática, transparente y vinculada a la sociedad de la información, y que la proteja de los efectos de la especulación financiera y de las relaciones asimétricas entre naciones.

En el siglo XX, a nivel económico, podía hablarse de responsabilidad, disciplina y estabilidad fiscal, de equilibrios macroeconómicos, de productividad, de competitividad, entre otros conceptos, y podía pensarse en una política económica de forma independiente de sus consecuencias sociales y de sus impactos en la naturaleza y en el cambio climático. En el siglo XX se pensaba que si se arreglaba la economía de acuerdo a ciertos preceptos de austeridad fiscal y se proponía el crecimiento desde mecanismos de mercado, entonces los problemas estructurales de las sociedades podían solucionarse. En el siglo XXI, esa visión está cambiando absolutamente. Los gobiernos que se sintonizan con el futuro y con sus sociedades, ahora comprenden que la política económica es cada vez más una política social, institucional y ambiental. Ahora está demostrada la naturaleza ideológica que corresponde a intereses concretos de grupos de poder cuando se habla de economía sin considerar sus consecuencias éticas, sociales, institucionales, políticas, además de  sus efectos sobre el cambio climático.

Queremos proponer, Sr. Presidente, desde una visión estrictamente académica y sustentada en un marco teórico heterodoxo de la economía y, además, desasida de una estrecha visión fiscalista y de corto plazo, una serie de propuestas de política económica esbozadas con criterios de equidad, redistribución de ingresos, estabilidad institucional y transparencia, que permitan transitar hacia una economía de post-escasez, de justicia social y mitigación de los problemas ambientales más urgentes.

 

En primer lugar, queremos manifestarle que hemos analizado la propuesta económica realizada por su equipo económico, y encontramos que puede ser caracterizada de la siguiente manera:

 

  • El programa económico es coherente con las propuestas gubernativas y  mantiene sindéresis con las expresiones del Presidente de la República que reconoce el ambiente de crisis, recesión económica, desempleo y sobreendeudamiento público. Adicionalmente, los conceptos del programa económico se mantienen en coherencia con la planificación cuatrianual de la Secretaría Nacional de Planificación. Esta afirmación la hacemos por el compromiso asumido por las autoridades económicas de alejarse de las prescripciones del ajuste macrofiscal.

 

  • Sin embargo, el programa macroeconómico establece una distancia metodológica y pragmática con la conducción económica del anterior gobierno, al cual se le reconocen sus virtudes, sobre todo en inversión pública, pero se mantiene una dinámica propia al incorporar como eje central la inversión social. En consecuencia, advertimos que el eje programático de su gobierno pasa de la inversión pública en infraestructura, que caracterizó al anterior gobierno, a la inversión social en las personas y bajo el enfoque de ciclo de vida, equidad y responsabilidad ambiental.

 

  • El programa económico llevado hasta el momento no contiene medidas de ajuste económico, a pesar de la insistencia de algunos sectores, porque las autoridades económicas han advertido que impulsarlo tendría un alto costo para el conjunto de la población. El programa económico reconoce los problemas de la economía, pero al mismo tiempo plantea además una distancia con las propuestas de ajuste –como es de su conocimiento practicadas desde 1982 hasta el año 2005, y que provocaron recesión, desindustrialización, pobreza, concentración del ingreso y deterioro ambiental. Empero, observamos que es necesario un esquema renovado de reactivación económica sin ajuste económico.

 

  • Advertimos que existe desde su gobierno un real compromiso por la reinstitucionalización a partir de la transparencia, la honestidad, el combate a la corrupción y en la necesidad de rendición de cuentas de los ciudadanos. A nivel económico, ahora se reconoce el rol de las instituciones y consideramos que una sociedad con instituciones consolidadas permite un mejor entorno económico.

 

  • El programa económico reconoce, además, que entre los principales problemas del país se pueden identificar los siguientes: (1) Una urgente necesidad de ampliar la liquidez de la economía -por cuanto no se dispone de política monetaria con moneda propia y ello plantea una restricción a toda propuesta económica, por lo que es lícito establecer nuevos mecanismos que apuntalen dicha liquidez; (2) Una débil vinculación entre la política fiscal y fomento a la producción y la generación de empleo que se expresa en el crecimiento económico sin empleo; (3) Existe una desvinculación entre la política fiscal, el sistema universitario y el sistema productivo, por lo que es necesario activar mecanismos permitan integrarlos coherentemente; (4) Inexistencia de un mercado interno dinámico que pueda absorber la producción agregada interna, de allí que es necesario ahondar en políticas redistributivas; (5) La desigualdad y la concentración del ingreso existente impiden tener una sociedad más justa a la vez que se convierten en incentivos para la salida y fuga neta de capital; (6) Desgraciadamente subsiste aún una política económica orientada más al ciclo político y al “efecto monumento”, que a la resolución de los problemas estructurales, si bien se privilegia la infraestructura pero no se la articula con políticas institucionales y de largo plazo, esto se expresa, por ejemplo, en la inexistencia de políticas agrarias de carácter estructural; (7) Una despreocupación por los efectos sobre el cambio climático de la política económica y los costos asociados a la huella ecológica de las industrias extractivas; (8) un excesivo endeudamiento público que se convierte en una presión adicional a la balanza de pagos, a la capacidad de liquidez del gobierno y a la liquidez interna y que debe ser resuelto de manera urgente; (9) una desarticulación de la banca pública de desarrollo que puede convertirse en un poderoso instrumento para la sociedad del Buen Vivir; (10) Un sector financiero desarticulado de la producción a pequeña escala y con tasas de interés que no posibilitan la reactivación económica.

 

 

Con base a ese análisis, nos permitimos sugerir como concepto central de la política económica, lo siguiente:

 

 

Reactivación económica con equidad, sustentabilidad y justicia social

 

 

Este concepto nos ha permitido realizar una discusión y un debate sobre las políticas económicas que podrían llevar adelante la propuesta de reactivación de la economía con enfoque social y cuidado ambiental.

 

No queremos profundizar en conceptos y en debates sobre las diferencias económicas y sus posibles efectos en la sociedad, sino más bien proponer medidas concretas, pertinentes, coherentes y orientadas a proteger a la sociedad y conseguir la reactivación. Son medidas que han sido sopesadas, evaluadas, discutidas, y consensuadas luego de un profundo debate académico e intelectual. Cada una de las medidas económicas que nuestro Foro le propone Sr. Presidente, tiene su correspondiente estudio técnico-instrumental, su justificación teórica, y su aval econométrico.

 

Con base a ello proponemos a Ud., y a la sociedad ecuatoriana el siguiente Plan Emergente de Reactivación económica.

 

 

1.- Políticas de liquidez, fortalecimiento de la dolarización y seguridad jurídica

 

1.1. Renegociación de la deuda externa:

En virtud del peso que tiene sobre la economía el pago del servicio y del capital de la deuda pública, consideramos fundamental que se pueda conformar de la forma más inmediata posible un Equipo renegociador de la deuda externa (renegociación de la deuda emitida en bonos en los mercados privados de capital (cambios en los cupones), deuda multilateral (sobre todo FLAR y CAF) y deuda bilateral –en especial la deuda bilateral con China); que pueda re-estructurar tramos de la deuda y pueda aliviar su peso en el presupuesto fiscal.

 

Proponemos que con los recursos que puedan ser liberados de este re-perfilamiento y re-estructuración de la deuda pública, pueda conformarse un Fondo de Estabilización Económica y Monetaria.

 

Proponemos que se envíe una propuesta de ley reformatoria al Art. 124 de la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, que cambie la regla macrofiscal del límite del 40% del PIB como baremo de la deuda pública, y que en su defecto se establezca como límite de endeudamiento la capacidad de pago del país y la relación del servicio de la deuda y el pago de amortización de la deuda sobre el PIB.

 

1.2. Renegociación de contratos de servicios petroleros:

Apoyamos las gestiones que está realizando el Ministro de Hidrocarburos, y consideramos que es posible una renegociación: (i) de los contratos de prestación de servicios petroleros por su alto costo; y, (ii) de la venta anticipada de petróleo con Petrochina, PTT International Trading de Tailandia y Unipec.

 

1.3. Ley de retorno de capitales y cambio del ISD:

Consideramos que con esta propuesta de ley se puede establecer un programa de incentivos tributarios y mecanismos de inversión y seguridad jurídica para los capitales que retornen al país e incluir en ese mecanismo a aquellos procesos de inversión interna.

 

Proponemos la transformación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), en un encaje bancario de 10% para todo depósito en el exterior que supere los 10.000 USD. En virtud de que es un encaje se lo devuelve cuando se realice la repatriación de capitales. Con los recursos que genere este encaje, proponemos la creación del Banco para Exportaciones e Importaciones del comercio exterior ecuatoriano. Este banco

 

1.4. Sistema de pagos diferenciados con la UE

Proponemos establecer un mecanismo de pagos diferenciados con la UE, para que se utilice el EURO en las transacciones globales y evitar los costos de transacción asociados a la apreciación del dólar americano en el comercio internacional.

 

1.5. Dinero electrónico:

 

1.5.1. Creación del Fondo de Estabilización Económica y Monetaria:

Proponemos la creación de un Fondo de Estabilización Económica y monetaria con los recursos que provengan de la renegociación de la deuda externa pública. El Fondo tendría como principal función macroeconómica el respaldo a todas las transacciones de dinero electrónico o medios electrónicos de pago. El Fondo puede crearse con Decreto Presidencial y al amparo de lo que se establece en la Ley Orgánica Monetaria y Financiera y la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas. Este mecanismo le daría seguridad a la población de que los mecanismos electrónicos de pago que empiecen a circular tienen pleno respaldo monetario.

 

Conjuntamente con ello proponemos las siguientes iniciativas:

 

1.5.2. Suscripción de convenios para el uso del dinero electrónico con las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 y 2 de la Economía Popular y Solidaria, y con los bancos pequeños del sistema financiero nacional. El Banco Central actuaría de interfaz y asumiría los costos de transacción del sistema, por cuanto el Código Orgánico Monetario y Financiero le faculta el manejo del Sistema Nacional de Pagos.

 

1.5.3. Apoyo desde la Junta de Regulación Monetaria y Financiera a las monedas locales y los circuitos de intercambio local y comercio justo: convenios de liquidez para operaciones de ventanilla y mercado abierto, cubiertas con el Fondo de Estabilización Económica y Monetaria con la Economía Popular y Solidaria y las cooperativas del sector. Apoyo a los bancos comunales y su incorporación al Sistema Nacional de Pagos.

 

1.5.4. Establecer sistemas de compensación y liquidación tributaria a través del dinero electrónico o de los medios electrónicos de pago (todo pago de impuestos vía dinero electrónico tiene una compensación tributaria).

 

1.5.5. A partir del segundo trimestre del año 2018 los pagos del Bono de Desarrollo Humano se realizarán con dinero electrónico.

 

1.5.6. Establecer requerimientos a los GADs. para el uso de cuentas que faciliten el dinero electrónico, sobre todo para el pago de los impuestos territoriales.

 

2.- Sector fiscal: Política fiscal orientada a la reactivación productiva, la equidad y la transparencia.

 

 

2.1. Ingresos fiscales

 

2.1. Reducción del IVA al 10%:

Proponemos esta medida porque permite la reactivación productiva. En todos los modelos macro-econométricos y simulaciones matemáticas realizadas, hemos constatado que la disminución de los impuestos al consumo inyectan liquidez a la economía que permiten la reactivación comercial y productiva en el corto plazo. Esa reactivación provoca mayor volumen de transacciones comerciales que causan, asimismo, una mayor recaudación tributaria. Esta medida implica, además, mayor justicia tributaria porque el impuesto al consumo (IVA) es regresivo y su disminución favorece a los sectores más sensibles socialmente. Esta medida forma parte de las medidas económicas de protección social a los sectores más vulnerables.

 

2.2. Ley “Robin Hood”:

Para comprender el alcance de esta propuesta, es necesario comprender que existe una disparidad importante entre los impuestos directos (que gravan el ingreso) y los indirectos (que gravan el consumo). En el año pasado, los impuestos al consumo representaron el 38,5% de los ingresos tributarios, mientras que los impuestos que gravan la renta representaron el 25,9% de los ingresos tributarios de ese año. Sin embargo, la base de datos del SRI de los grandes contribuyentes, señala la existencia de 206 grandes grupos económicos que tuvieron ingresos en el año 2016 de 57.818 mil millones de dólares (cerca del 58% del PIB de ese año), y que pagaron por impuesto a la renta la cantidad de 1.321,7 millones de USD. Su contribución del impuesto a la renta representó el 36,3% de lo que en ese año se recaudó por impuesto a la renta. Por ello, cuando se estima la distribución del ingreso, se constata que las remuneraciones de trabajadores participaron del 37,2% del PIB del año 2016, mientras que la remuneración al capital, medida por Excedentes brutos de Explotación, alcanzó el 53,4% del PIB del año 2016. Las distorsiones del pago de impuesto a la renta de los grandes grupos económicos son tan fuertes que el 53% de ellos pagan una cantidad menor al 2% de sus ingresos como impuesto a la renta, mientras que el 15% de ellos pagan más del 4% de sus ingresos como impuesto a la renta. Hay empresas como Holdingdine que pagó el 0,45%, La Fabril con el 0,67%, mientras que otras como Herdoíza Crespo pagaron el 9,2% de sus ingresos como impuesto a la renta. Para corregir esas distorsiones se propone una Ley de contribución del impuesto a la renta de los grupos económicos identificados por el SRI, y que metafóricamente la hemos denominado: “Ley Robin Hood”. Esta ley permitirá corregir la distorsión en la contribución del impuesto a la renta entre los mismos grupos económicos y pretende situar un promedio de recaudación de alrededor del 4% de los ingresos de los grupos económicos más importantes; por ejemplo, si se incrementa una contribución promedio del 4% de su ingreso al grupo de empresas que pagan menos del 4% se tendría una recaudación adicional de  1.125 millones de USD.

 

2.3. Reingeniería en el gasto en nómina:

 

2.3.1. Es necesario corregir la distorsión salaria provocada por el nivel jerárquico superior del sector público (12% del empleo público) que absorbe el 20% del gasto corriente en nómina.

 

2.3.2. Es necesario establecer la homologación en todo el sector público incluyendo los gobiernos autónomos descentralizados (hay grandes disparidades y asimetrías en la remuneración de alcaldes y prefectos).

 

2.4. Es necesaria una reingeniería en el gasto corriente, especialmente en los gastos en consultorías, viajes, comunicación, y transporte.

 

2.2. Gasto fiscal orientado a la justicia social, la equidad y la reactivación

 

2.2.1. Gasto fiscal orientado a la justicia social:

 

2.2.1.1. Planteamos el reconocimiento de la deuda con el IESS y devolución del aporte estatal del 40% para las pensiones jubilares. Se establecerá un programa de pagos y se podrá utilizar el dinero electrónico y el Fondo de Estabilización Económica y Monetaria.

 

2.2.1.2. Consideramos que se puede proponer al IESS como el eje del Sistema Nacional de Salud y se puede proponer la convergencia del MSP y el IESS para la atención primaria en salud y un sistema de aseguramiento general en un esquema parecido al utilizado por Costa Rica, esto permitiría una mejor calidad de gasto, y una mayor cobertura, además que se inscribiría directamente con su propuesta de política social y del plan “Toda una vida”. Es necesario recordar que si se suman los presupuestos en salud del IESS y del MSP se tendría una cantidad muy cercana al 10% del PIB.

 

2.2.1.3. Se propone la Ley de Carrera Sanitaria para el personal de salud en el Ecuador que otorgue racionalidad al gasto e inversión social en el sector salud.

 

2.2.2. Gasto fiscal orientado a la equidad:

 

2.2.2.1. En el caso de aprobarse la “Ley Robin Hood” puede incrementarse hasta en  un 75% el BDH y transformarse en: Ingreso Mínimo Universal (IMU). Se puede relacionar el IMU con el sistema de aseguramiento general y el sistema de Economía Popular y Solidaria. El Ingreso Mínimo Universal, como Transferencia Monetaria Condicionada, estará vinculada a la lucha contra la desnutrición infantil, la deserción escolar y el embarazo adolescente.

 

2.2.2.2. Los recursos de la “Ley Robin Hood” pueden financiar el Programa de Inversión Social: “Toda una Vida” (1.125 millones USD), y transversalizar la política social con la política fiscal.

 

2.2.3. Gasto fiscal orientado a la reactivación:

 

Dentro de las medidas de reactivación económica al mediano y largo plazo, como Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa proponemos las siguientes medidas que consideramos prioritarias:

 

2.2.3.1. Fortalecimiento del mercado interno:

Producción

a. Creación del sistema de Banca Pública para el Buen Vivir con la convergencia de: BanEcuador, el Banco del Pacífico y el BIESS.

b. Apoyo a las MIPYMES: a través del establecimiento de una sola tasa de interés que finalice la segmentación crediticia y que establezca una sola tasa de interés que sea convergente con las tasas de interés internacionales.

c. Establecer un convenio con Con-Quito (Municipio de Quito), para replicar la experiencia de empleo territorial con los GAD’s y establecer líneas de crédito para proyectos de jóvenes emprendedores con apoyo de la Banca Pública para el Buen Vivir.

 

2.2.3. Déficit fiscal:

 

2.2.3.1. Sobre el déficit fiscal se ha estructurado un discurso eminentemente ideológico que no considera el hecho que, en realidad, el déficit fiscal es una herramienta de política fiscal que tiene sus costos pero también sus oportunidades. Por ello proponemos el establecimiento del sistema de compensación del déficit fiscal con la ejecución presupuestaria a través de la emisión de mecanismos de seguros de ejecución presupuestaria bajo el formato de SWAPs, y bajo un esquema parecido al de los derivados financieros[1].

 

 

 

3. Políticas de reactivación productiva

 

Proponemos las siguientes medidas de reactivación productiva:

 

3.1. Creación del sistema plurinacional de Banca Pública para el Buen Vivir (convergencia normativa del BIESS, BanEcuador y el Banco del Pacífico).

- Como apoyo al sistema se puede proponer la creación del Banco de la Mujer, y el Banco del Estudiante (para crédito educativo y becas), sin que ello signifique más burocracia sino operaciones de ventanilla y una arquitectura institucional específica.

 

3.2. Creación del Fondo de Colateral y Garantías para MIPYMES (el Fondo puede respaldarse con líneas especiales del Fondo de Estabilización Económica y Monetaria (dinero electrónico y medios electrónicos de pago), y con acuerdos con la banca multilateral de desarrollo.

 

3.3. Creación del Fondo para Inversión de riesgo para primeros emprendimientos (se puede pensar en la creación de este fondo con el apoyo de la banca multilateral).

 

3.4. Reducción de costos de transacción para actividades empresariales y productivas (ley de simplificación tributaria para actividades productivas).

 

3.5. Reducción de costos de conectividad (a través del fortalecimiento de la empresa de telecomunicaciones y una agenda de “conectividad para todos”).

 

3.6. Establecimiento del Programa Primer Empleo a través de compensaciones tributarias a las empresas que contraten empleo joven.

 

3.7. Pacto ambiental por los derechos a la naturaleza (sería interesante replicar la experiencia de El Salvador y Costa Rica en materia de gran minería metálica y a cielo abierto).

 

3.8. Sistema de compensaciones tributarias a las empresas que inviertan en I+D+I. De allí que se debe realizar una alianza público privada, que cuente con la participación de las universidades del país para la producción de ideas plausibles en proyectos alternativos de producción y consumo.

 

3.9. Impulso estratégico y selectivo al sector turístico (a base de los emprendimientos de pequeña y mediana escala) que por su potencial, seguramente en un futuro, se convertirá en un sector estratégico fundamental ya para el incremento de divisas, como en su efecto dinámico sobre la población más pobre. Esto debe darse con una alianza estratégica con los GADs, direccionando el gasto de inversión de infraestructuras a las prioridades. No puede ser posible que los lugares de mayor afluencia turística carezcan de agua potable o alcantarillado.

 

3.10. Apoyar a la EPS, formulando e implementando políticas que impulsen formas de complementariedad o “competencia cooperativa” en el sector financiero popular y solidario: mejorar la política de fondeo para el otorgamiento de crédito productivo, incentivar el “trabajo asociativo autogestionado”, así como la constitución de redes de EPS, el “mercado público” y una adecuada regulación del sector empresarial privado respecto a la compra y oferta de bienes y servicios provenientes de la EPS. También es importante aplicar para la EPS los mismos incentivos que tiene el sector empresarial privado respecto al acceso a subsidios iniciales, al crédito y exención de tasas e impuestos, e implementar programas de fortalecimiento de capacidades con enfoque de EPS. 

 

 

3.9. Políticas agrarias

 

Proponemos las siguientes medidas que consideramos emergentes:

 

3.9.1. Realización del Censo Agropecuario, indispensable para establecer una reforma estructural del agro.

 

3.9.2. Establecimiento del sistema plurinacional de almacenamiento, comercialización y sistemas de precios agropecuarios (para evitar los procesos de monopsonio y las cadenas de intermediación).

 

3.9.3. Establecimiento del sistema de seguros para siembra, cosecha, poscosecha y comercialización para pequeños y mediano agricultores.

 

3.9.4. Establecimiento de un programa de subsidios directos a la pequeña producción agrícola, sobre todo a aquella orientada a la soberanía alimentaria.

 

3.9.5. Establecimiento de un programa de agroecología como sustento del desarrollo local, para lograr no solo la seguridad sino plenitud alimentaria y conseguir una producción limpia de agro tóxicos que son los que realmente están ocasionando los problemas de salud de la población. Además, propiciar un acuerdo de sustentabilidad agraria para evitar el uso de agro tóxicos en la producción ya existente. Exigir paralelamente mediante una nueva legislación que penalice el uso de venenos químicos en la producción de alimentos de consumo masivo.

 

3.9.6. Acuerdos para reconocer la autogestión comunitaria del agua y su uso prevalente para la soberanía alimentaria.

 

3.9.7. Conformación del Banco de Semillas (para cumplir con el precepto constitucional que establece la prohibición de transgénicos).

 

3.9.8. Conformación del Fondo para compras de tierras y reforma agraria integral.

 

 

4. Políticas de sector externo

 

4.1. Políticas de sustitución de importaciones para los bienes de la canasta de alimentación (vinculada con las políticas agrarias).

 

4.2. Políticas de exoneración de aranceles para el sector de ciencia y tecnología.

 

4.3. Moratoria de importación de vehículos livianos a combustión interna y liberalización de importaciones de vehículos híbridos y eléctricos.

 

4.4. Políticas de apoyo a los pequeños y medianos productores de cultivos para la agroexportación.

 

5. Cambio Climático, Agua y Bioeconomía

 

5.1 Los efectos del Cambio Climático nos obliga, como sociedad y como país, a adoptar políticas coherentes de adaptación y mitigación (alineadas con los ODS) en varios campos clave: conservación de la biodiversidad, energías renovables, agua y bioeconomía.

 

5.2 Consolidar la política pública de biodiversidad basada en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030 y en una agenda nacional de investigación en biodiversidad, pero con un respaldo económico y decidido de parte del gobierno nacional, por ejemplo, a través de la financiación de la investigación básica y aplicada por parte del SENESCYT.

 

5.3.  Por consiguiente, consideramos implementar una política pública de uso y aprovechamiento de energías renovables principalmente solar y geotérmica, de las que en el país existe una gran disponibilidad y muy baja utilización, lo que facilitaría la transición a una economía resiliente y baja en uso de carbono que es el modelo seguido por las economías con mayores niveles de bienestar como Holanda, Noruega, Alemania, Bélgica, Islandia.

 

5.4 Asimismo, proponemos consolidar la política pública de gestión y conservación del agua cruda principalmente en las zonas de recarga hídrica como páramos y bosques primarios, que son las auténticas fábricas de agua. Se debe modernizar, tecnificar y fortalecer presupuestariamente a la Secretaría del Agua y al Ministerio del Ambiente para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones de entes rectores.

 

5.5 Creemos que se debe consolidar la política pública de dotación de agua potable y saneamiento para lo cual se debe ampliar y proporcionar suficientes recursos económicos a programas como el de Agua Segura y Saneamiento para todos, que ayuden a cubrir principalmente las brechas de dotación y calidad de agua potable y saneamiento entre sector urbano y rural en el país. Resulta emergente invertir en depuración de aguas residuales para reducir la contaminación hídrica y los costos asociados a la misma. Se debe fortalecer principalmente al Banco de Desarrollo del Ecuador como ente financiador y facilitador de asistencia técnica a los GAD (pequeños y medianos) para mejorar la capacidad de endeudamiento, que en la actualidad es limitada por deficiente gestión financiera y comercial.

 

 5.6 Asimismo, proponemos el fomento de la bieconomía entendida como una economía basada en el consumo, la producción y transformación sostenibles de recursos biológicos incluyendo los desechos generados en los procesos productivos impulsando una verdadera economía circular. Promover un política pública transversal de apoyo a las iniciativas empresariales de pequeña, mediana y gran escala ya sean públicas, privadas o comunitarias basadas en el uso sustentable de la biodiversidad (Ecuador es un país megadiverso), y apoyadas en los principios de la economía popular y solidaria conocidas como bioemprendimientos y bioindustrias con alto valor agregado y tecnológico.

 

 

En definitiva proponemos un cambio al modelo de crecimiento infinito hacia uno de sustentabilidad integral y no un mero maquillaje fiscal de disminución del gasto público y de reducción de impuestos con ajustes salariales tan practicados en el pasado con resultados desastrosos.

 

Consideramos, Sr. Presidente, que este podría ser un programa mínimo que contribuya a mantener su visión de política social inclusiva y democrática, y que se aleja definitivamente de toda prescripción fiscalista que piensa que al resolver los equilibrios fiscales con la reducción del gasto público se resuelven los problemas estructurales del país. El país cuenta con usted Sr. Presidente, y con su voluntad de crear una sociedad más justa, más transparente, más democrática, más participativa  y protectora de la naturaleza, sustento de las generaciones actuales y futuras.

 

 

 

 

 

Atentamente,

 

Por el Comité Organizador del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa

 

Pablo Dávalos, PhD. en economía, profesor PUCE

Fidel Márquez, Ph.D. en economía, rector ECOTEC

Jaime Gallegos Ph.D. en economía, profesor PUCE

Pablo Chafla, Ph.D. en economía, profesor PUCE

Jorge Granda Mg.. en economía, profesor Universidad Central

Miguel Ruiz Ph.D. en economía, profesor ESPOL

Alex Remache Mg.  En economía, UASB

Olmedo Farfán, Ph D © en economía, Director Investigaciones UTEG

Marco Romero, Ph D en economía UASB

Danilo Albán, economista PUCE

 

(JPM)

Fuente: Carta de miembros de Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa



[1] El promedio de ejecución presupuestaria de los últimos diez años es menor al 80%. Los recursos no ejecutados se transfieren al año siguiente en función de la programación cuatrianual de las finanzas públicas, pero el déficit fiscal se calcula con el supuesto de una ejecución presupuestaria del 100%. Se propone que el Banco Central emita Certificados de Programación Fiscal por un monto igual al déficit fiscal. Esos certificados pueden ser emitidos bajo el esquema SWAP (canasta que combina varios productos), y con la metodología de los derivados financieros, y contemplarían un seguro de ejecución presupuestaria, es decir, se activarían cuando la ejecución presupuestaria empiece a superar el 90% (en razón del tamaño del déficit fiscal). Los certificados bajo el esquema SWAP se respaldan en el Fondo de Estabilización Económica y Monetaria. Al final del año, los recursos no ejecutados del presupuesto fiscal compensan los SWAPs. emitidos y se anulan mutuamente.

 

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