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Edición #4866 |  Ecuador, miércoles, 17 de octubre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Ecuador ha sido condenado al pago de USD$1.342 millones en resoluciones arbitrales por TBI (AUDIO)

2018-01-01 07:07:00
Economí­a
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Mayo 09 - Cecilia Olivet

Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017

Cecilia Olivet, presidenta de la Comisión Auditoria de los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), explicó en qué consistió el informe presentado al Presidente de la República, Rafael Correa, sobre los acuerdos internacionales. Según detalló, "firmar un tratado lleva 5 minutos, pero salirse del mismo, por más de que se denuncie al minuto siguiente de firmarlo el país queda atado 10 o 15 años". En cuanto a cifras, Olivet señaló que Ecuador ha sido condenado en las cortes internacionales por un monto que llega a los USD$1.342 millones, a ello se suma el valor de USD$156 millones, invertido en bufetes de abogados para su defensa, lo que da un total de USD$ USD$1.498 millones.

La Comisión Auditoria fue creada en el 2013, a través de un Decreto Ejecutivo del Presidente Rafael Correa, “a la luz de que había preocupación por los Tratados de Protección de Inversiones, el impacto que estaba teniendo en el país”.

“Una falta, en ese momento, de estudio en profundidad, de análisis de los costos-beneficios de estos tratados firmados, principalmente, durante la década de los 90, habrían traído al país”, comentó.

Esta comisión es única en el mundo, destacó Olivet, ya que, si bien ha habido proceso de revisión de estos pactos en otros gobiernos del mundo, “nunca fue hecho por un grupo de personas, una comisión de carácter ciudadana”.

“Siempre fue un proceso interno del Gobierno o del Estado como tal, es la primera vez que se incorpora a la Comisión o al proceso de revisión del sistema de protección de inversiones de un país a miembros no gubernalmentales en la cantidad que tuvo esta comisión, 9 de 12, viniendo de diferentes países con diferente expertis”, expresó.

Asimismo, comentó que el alcance de la comisión era informar y recomendar sobre los acuerdos.

“Las recomendaciones no son vinculantes”, sostuvo, al tiempo de mencionar que el análisis se hizo sobre los 27 TBI que están en vigencia, pese a que Ecuador firmó 30.

“También sobre el sistema de arbitraje y los casos y también, y esto es lo que le hace especial, la relación entre los Tratados de Inversión Extranjera Directa y el modelo de desarrollo del país”, contó.

En cuanto a las conclusiones del informe, Olivet mencionó que la principal recomendación de la comisión fue la renuncia (retiro) de los 16 tratados que todavía están vigentes.

“Cada uno de estos tratados tiene una cláusula que permite a cualquier de los dos estados que firmen el tratado, retirarse del mismo, entonces, por medio de esta cláusula, el Gobierno de Ecuador tiene el derecho soberano de retirarse de estos tratados, darle fin, lo que no quiere decir que se acaben inmediatamente”, acotó.

Estos tratados, además, tiene la particular, según dijo, de que cuando una parte se retira, el pacto sigue vigente, denominado “cláusula zombi”.

“Cuando el tratado muerte, la protección sigue viva por 5, 10, 15, 20 años, dependiente del TBI”, comparó.

Firmar un tratado lleva 5 minutos, pero salirse del mismo, por más de que se denuncie al minuto siguiente de firmarlo, el país queda atado 10 o 15 años, insistió Olivet, quien explicó que la comisión analizó si las promesas de desarrollo económico o de inversiones que iban a llegar a Ecuador se materializaron.

“Bajo esa teoría es que se firman esos tratados, principalmente, en los 90, de los hallazgos más claros que surgen es que no, los TBI firmados por Ecuador no ayudaron y no fueron determinantes en la atracción de inversión extranjera directa”, acotó.

Olivet comentó que, por ejemplo, Brasil, México y Panamá, que son las principales naciones de donde viene la inversión a Ecuador, ninguno tiene TBI con el país.

“De los 7 grandes inversores que invierten en Ecuador, solo el 23 por ciento de estos tienen TBI, hay datos muy contundentes que muestran esa falta de correlación”, detalló.

También se encontró que, no solamente no contribuyeron al desarrollo, “sino que lo menoscabaron”.

“La Constitución, particularmente, del 2008, varios de sus artículos mandatan al Estado a regular la inversión extranjera para que cumpla un papel positivo en la consecución del Plan de Buen Vivir, por otro lado, tenemos TBI con cláusulas que son totalmente pro inversor, que, en realidad, erosionan las capacidades y las competencias del Gobierno para regular esa inversión, cuando el Gobierno intentó regular esa inversión, siguiendo el mandato constitucional, empezaron a caer las demandas”, acotó.

En cuanto a este último tema, Olivet comentó que en el periodo 2006-2015, del actual Presidente de Ecuador, son los años en los que se presentan el 71 por ciento del total de las demandas de Ecuador, que son, en total, 26.

“Eso muestra claramente que fueron las medidas tomadas, sobre todo, en las áreas de explotación petrolera, minera, suministro de electricidad, donde se tomaron medidas para retomar control soberano de esas áreas, es en donde se llegó a la demanda”, acotó.

Olivet reconoció que los inversores, basados en los TBI, se “saltaron” las cortes nacionales y llevaron los casos a la justicia internacional.

“El inversión empieza un caso, dice: he sido tratado injustamente, quiero demandar al Gobierno, entonces, se inicia una demanda, para eso puede ir al CIADI, que es el tribunal arbitral del Banco Mundial o también a otros centros alrededor del mundo, se convoca a un panel de 3 árbitros, son individuos que no responden a nadie, son contratados por hora, con amplios conflictos de intereses, con un sesgo pre inversor”, detalló.

En un 87 por ciento de los casos, el tribunal asumió responsabilidad y jurisdicción para avanzar en el caso, que significa que el caso se extienda por 2, 3 o 4 años; en estos casos, los árbitros siguen cobrando USD$3.000 por día por ese tiempo.

“Se ha gastado USD$156 millones en pagos a bufetes y árbitros en el periodo de los casos, solo para responder a las demandas”, comentó.

Al ser consultada en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/Radio sobre cuánto ha significado la aplicación de los TBI en condenas, sentencias o resoluciones de arbitrajes en contra de Ecuador, Cecilia Olivet respondió: “USD$1.342 millones, eso es lo que se ha pagado hasta este momento, más los USD$156 millones, suman USD$1.498 millones”.

“Es muy difícil dimensionar qué significan, con ese dinero, aquí, en Ecuador, se habría podido haber aumentado el presupuesto de salud en 60 por ciento, educación el 31 por ciento, o se podría haber construido para 239.000 familias”, sumó.

26 demandas han sido evacuadas, pero quedan 10 más abiertas, contó Olivet.

“Vemos que es como una espada de Damocles, no se sabe cómo se van a resolver los casos, el monto de lo que demandan los inversores está pendiente, es un pasivo pendiente en el Presupuesto, eso asciende USD$13.400 millones, o sea, 52 por ciento del Presupuesto General del Estado del 2017”, informó.

(PAY)

 

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