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Edición #4866 |  Ecuador, domingo, 16 de diciembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Caso Refinería de Esmeraldas: 94 informes establecen glosas por USD$130 millones y 33 indicios de responsabilidad penal por USD$197 millones (AUDIO)

2018-01-01 07:04:00
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Febrero 14 - Pablo Cely II

Lo mejor de "El Poder de la Palabra" 2017

Pablo Cely, contralor General del Estado subrogante, reveló que, desde hace 4 o 5 años atrás, se viene inspeccionando el proceso de contratación de la Refinería de Esmeraldas. Se auditan 146 contratos, y se ha avanzado en 94 informes aprobados, de los cuales se desprenden glosas por USD$130 millones y hay 33 indicios de responsabilidad penal por USD$197 millones.

“La Contraloría no actúa en función a circunstancias, actúa en función a una planificación absolutamente sistemática que responde a un sistema que tiene un seguimiento, mecanismos de control interno, los auditores tienen que sostener sus conclusiones con evidencias documentadas, por esto podemos actuar como jueces de cuentas”, dijo.

“Estamos auditando 146 contratos”, señaló Cely, quien dijo que, de ellos, se ha avanzado en 94 informes aprobados.

“Aún falta una amplia investigación en Petroecuador”, admitió.

En los 94 informes existen glosas por USD$130 millones y hay 33 indicios de responsabilidad penal por USD$197 millones.

“En las implicaciones sobre todos estos ilícitos están funcionarios, ex funcionarios y contratistas, todos los casos que, en este momento, son de conocimiento de la Fiscalía se desprenden de los informes de la Contraloría General del Estado”, reveló.

“Sobrevaloración en costos unitarios, incrementos injustificados en presupuestos, resueltos mediante contratos complementarios, subcontratación durante el proceso de ejecución de obras sin autorización y, en algunos casos, en montos superiores al máximo legal, hay, en algunos casos, subcontrataciones por la totalidad de las obras, presupuestos referenciales sin soportes técnicos y económicos, multas no cobradas y falta de control de calidad y verificación de normas técnicas”, resumió Cely en el marco de las razones por las cuales la Contraloría observa la conducta de los personeros de Petroecuador.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/Radio sobre si la Contraloría contó con la cooperación de CAPAYA, Alex Bravo y el resto de involucrados, Cely respondió: “El proceso de Contraloría tiene etapas muy rigurosas en donde los investigados, no solamente que tienen la obligación de entregar la información, tienen también el derecho y la oportunidad para presentar los descargos que tuvieran”.

“Cuando notificamos el inicio de un proceso de auditoría, estamos abriendo una investigación donde todas las personas que son convocadas a ese examen no solo tienen el derecho, sino también la obligación de entregar la documentación pertinente, hay una norma legal, incluso, que sanciona con la destitución al funcionario que no entregue información a la Contraloría”, recordó.

Los involucrados tuvieron el tiempo suficiente para presentar los descargos, afirmó Cely, al tiempo de mencionar que después de la lectura del borrador de los informes tenían más tiempo para presentar información de descargo, pero no lo hicieron.

“Luego de la lectura del borrador de cada uno de estos informes, aún podían haber presentado documentación de descargo y no lo hicieron, por eso hay una conclusión con un informe que predetermina cuando un informe es aprobado por el Contralor del Estado”, explicó.

Remarcó que es allí en donde se entra a la etapa de predeterminación y aún entonces, si los funcionarios tuviesen algún elemento que descargar podían hacerlo, pero no se dio. Cely reiteró que la Contraloría ha cumplido con el debido proceso de manera rigurosa.

“No arribamos a resoluciones antojadizas, trabajamos en estricto apego a la ley y nuestras conclusiones se soportan en informes de tipo técnico, de equipos multidisciplinarios. En algún momento se mencionó que la Contraloría no tenía técnicos petroleros: la Contraloría tiene la capacidad para organizar equipos técnicos en todas las áreas que audita. Los equipos son multidisciplinarios y se organizan con flexibilidad, adecuados al tipo de investigación que hacemos”, dijo.

En este caso, insistió, han soportado todos los informes con evidencias técnicas y legales. Explicó además, que los informes penales que la Contraloría ha aportado a la Fiscalía tienen que ver, fundamentalmente, con dos tipos de delito: El mal uso de recursos públicos, que da fundamento para que la Fiscalía analice una figura jurídica de peculado. Y el incremento de patrimonio no justificado.

“Nosotros hemos realizado exámenes a declaraciones patrimoniales de funcionarios que, al evidenciar incrementos sin justificación, dan lugar a la tipificación de un delito de enriquecimiento ilícito. La Contraloría no es una instancia judicial, no le corresponde a tipificar el delito, sino que tiene que aportar con lo que ha hecho. Nosotros hemos informado dos cosas: Mal uso de recursos públicos e incrementos patrimoniales no justificados”, sostuvo.

(PAY) (JPM)

 

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