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Juan Francisco Guerrero: "Si se produce abandono de cargo, carecería de sentido continuar con un juicio político" en contra de vicepresidente Glas (AUDIO)

2017-12-27 07:35:00
Entrevistas
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Diciembre 26 - Juan Francisco Guerrero

Aclaró que ambos procesos pueden llevarse a cabo paralelamente, pero que Asamblea Nacional analizará cuál de los dos le generará un menor costo político

El constitucionalista y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito (USF-Q), Juan Francisco Guerrero, analizó el proceso de juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glas, así como una eventual declaratoria de abandono de cargo. A su criterio, ambas decisiones tienen claros tintes políticos, el segundo es más corto y sencillo; pero el segundo sería más conveniente para la Asamblea Nacional ya que evidenciaría un mejor trabajo de fiscalización.

“Se trata de una decisión con claros tintes políticos. Tanto el proceso por enjuiciamiento político como una eventual declaración de abandono de cargo, las deben realizar la Asamblea Nacional siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley. Es claro que un procedimiento de abandono es más sencillo y más corto. Sin embargo, desde mi punto de vista y a los ojos de la ciudadanía, seguramente a la Asamblea le favorecerá, le convendrá, llevar a cabo un proceso de enjuiciamiento político porque una censura y posterior destitución evidenciaría un mejor ejercicio de fiscalización que una simple declaratoria de abandono de cargo”, reflexionó.

Por lo que insistió en que más allá de los tiempos y las circunstancias, el Parlamento va a procurar de seguir adelante con el juicio político. Dejó en claro además, que las causales para este proceso en contra del Presidente y Vicepresidente de la República están claramente detalladas en la Constitución: Delitos contra la seguridad del Estado, delitos de lesa humanidad y los delitos en contra de la administración pública como cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, precisó que el proceso de asociación ilícita seguido en contra del Segundo Mandatario en estricto sentido jurídico no condiciona ni obstaculiza el enjuiciamiento político. “La Constitución es muy clara al manifestar que no se requiere un pronunciamiento penal previo para enjuiciarle políticamente al Presidente o Vicepresidente. Por lo que cuando se haga un ejercicio de análisis de juicio político tenemos que abstraernos de lo ocurrido en el proceso de asociación ilícita porque esta no es causal de enjuiciamiento político”.

“Más bien, si es que se da viabilidad a este proceso, debe ser por una de las causales anteriormente señaladas. En el presente caso, el pedido pretende demostrar la existencia de un supuesto cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, insisto: esta no es una declaratoria de responsabilidad penal, sino que es independiente de ella. Aquí estamos hablando de responsabilidad política en el cual el umbral probatorio es mucho más bajo y si bien existe presunción de inocencia, el nivel probatorio de estas causales no es el mismo que el penal y, al tratarse de responsabilidad política, implica un pronunciamiento político muy específico y adecuado”, puntualizó.

Al respecto, dijo, hay que señalar que el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional (CC) no implica que ya quedó demostrado que el Segundo Mandatario ha incurrido en alguna de las causales, sino que su pronunciamiento va enfocado en el aspecto de que las causales invocadas en la petición, efectivamente, corresponden a aquellas previstas en la Constitución para llevar a cabo un enjuiciamiento político. “Recién ahora, cuando el CAL remita el pronunciamiento de la CC a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, empezará la sustanciación del proceso en el cual, tanto proponente como enjuiciado, tendrán el derecho de exponer las pruebas de cargo y descargo”.

Según explicó, el objetivo, tanto del juicio político como de la declaratoria de abandono del cargo, es que “cese el funcionario en sus funciones”. No se tiene una consecuencia adicional –como antes existían en otras Constituciones en las que había una inhabilidad en el ejercicio del cargo-. En estricto sentido jurídico, mencionó, si se produce el abandono de cargo, carecería de sentido continuar con un juicio político porque se lo estaría llevando a cabo en contra de un funcionario que ya cesaría en sus funciones. “No tendría ningún efecto práctico el cese del mismo”, añadió.

Al respecto, recordó lo que sucedió con el excontralor Carlos Pólit. “A él se le inició un proceso, sin embargo, él renunció a su cargo, esa renuncia fue aceptada en su momento y, obviamente, el proceso de juicio político ya no continuó porque carecía de sentido llevar adelante este procedimiento para destituirle a un funcionario que ya cesó en funciones por otras de las razones previstas en la Constitución”.

Juan Francisco Guerrero argumentó que es por ello que dijo que hay una decisión política sobre la mesa por parte de la Asamblea Nacional. “Es decir, es claro que el Vicepresidente de la República va a cesar en sus funciones, lo que queda ahora por determinar es si esa cesación de funciones se va a producir por el abandono de cargo –que es por no haber ejercido sus funciones durante el tiempo establecido en la Constitución (más de 90 días)-, o por una destitución producto de un enjuiciamiento político”.

“Obviamente, los cálculos políticos están sobre la mesa y, seguramente, la Asamblea Nacional va a tratar de ver cuál de las dos decisiones es la que le va a generar un menor costo político”, señaló el constitucionalista durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Manifestó que la cesación de funciones por el abandono del cargo no es novedoso en el derecho constitucional ecuatoriano. Por ejemplo, la Constitución de 1998 preveía esta figura como una causal de cesación de funciones, sin embargo, no tenía un desarrollo significativo. “Recordemos que presidentes de la República –como fue el caso de Lucio Gutiérrez y Jamil Mahuad- fueron cesados en sus funciones a través de esta figura del abandono de cargo”.

“En ese entonces se discutía mucho de lo que implicaba el abandono del cargo. Algunos hablaban de que el abandono implicaba simplemente el dejar de ejercer sus funciones. En algún momento, en el caso de Gutiérrez se planteó, en cambio, que implicaba arrogarse funciones de otras funciones del Estado y abandonar la investidura del Presidente de la República y no ejercer las funciones para las cuales éste fue electo”, sostuvo.

Mientras que, en la Constitución del 2008 se procuró eliminar esa ambigüedad y establecer con claridad que el abandono del cargo implica un no ejercicio de funciones. “La omisión es consistente en no ejercer las funciones. La Carta Magna habla de que para que se configure esta figura el no ejercicio de funciones debe ser durante un lapso de tiempo de 90 días. Pero no determina el motivo ni regula la situación actual del Vicepresidente al estar privado de su libertad”.

“En caso de que se lleve a cabo eso, se tiene que sustanciar un trámite en la Asamblea Nacional, la misma que tiene que solicitar un dictamen de la CC para que confirme la existencia de un abandono del cargo y, en una sola sesión, con las dos terceras partes de sus integrantes, el Parlamento está en condiciones de declararlo”, expuso.

Sin embargo, precisó el constitucionalista, desde su punto de vista, la Ley de la Función Legislativa es muy clara ya que el abandono del cargo no opera de pleno derecho. “O sea, no es que el día de mañana, una vez que han transcurrido los 90 días, inmediatamente, el Presidente de la República puede enviar la terna. Creo que eso sería un error y una omisión porque, de acuerdo con la legislación vigente, lo que debe ocurrir es un pequeño procedimiento que implica una petición que se envía al CAL, el Consejo remite a la CC que luego emite un dictamen en tiempos muy cortos y, en una sola sesión, el Pleno lo conoce y puede declarar el abandono del cargo”.

Indicó que la declaración de abandono de cargo es un procedimiento que puede tomar alrededor de 10 a 12 días dependiendo de la agilidad de los distintos órganos, pero el enjuiciamiento político –en la etapa en la que se encuentra- no tomará menos de 20 días. “Por lo que si continúan de forma paralela los procedimientos, parecería lógico suponer que el abandono de cargo se va a producir antes de una eventual censura a través de un juicio político”.

“Lo que ocurre en los dos casos es que tienen que activarse dentro de la Asamblea Nacional. Recordemos que en el caso del enjuiciamiento político se presentó a mediados del mes de noviembre de este año, pero recién se activó a mediados de diciembre. Es decir, durante un mes, ese proceso estuvo en la congeladora”, puntualizó.

Y detalló que lo mismo puede ocurrir con una eventual declaratoria de abandono de cargo. “Habría que ver cuál es el tratamiento y la agilidad que le da el CAL porque si la decisión de la Asamblea Nacional es destituir al Vicepresidente lo más probable es que cualquier intento en el que se pretenda declarar el abandono del cargo sea obstaculizado o frenado de tal manera de que, en primer lugar, concluya un juicio político”.

Dejó en claro además, que incluso, podrían llevarse a cabo los dos procesos sin que el uno excluya al otro. Pero el punto sería que no tendría ningún sentido, si es que ya cesa en sus funciones el Vicepresidente, llevar a cabo el otro proceso en forma paralela. “Quizá lo único que se podría alcanzar sería el objetivo de carácter político. No es que son procesos excluyentes entre sí. No son procesos que condicionan o que, de una u otra manera, los nulitan. Se pueden llevar a cabo de forma paralela, pero no tendría un sentido práctico real si es que ya se declara el abandono de cargo, seguir con un enjuiciamiento político o viceversa”.

También fue enfático en señalar que el acudir a organismos internacionales, uno de los requisitos que suele exigir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el agotamiento de vías internas, por lo que para que estos entes lleguen a tener conocimiento de estos casos y que llegue a emitir un eventual pronunciamiento de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), todavía deben transcurrir varios años.

“Generalmente, esos pronunciamientos no tienen el propósito de restituir a las personas a los cargos ni tampoco suspenden los procedimientos internos, sino que muchas ocasiones, la reparación integral que ordena la Corte IDH suele circunscribirse a reparaciones económicas, disculpas públicas, promesas de no repetición de estos hechos. Pero, definitivamente el escenario de una eventual reclamación internacional no obstaculiza los procesos internos ni implica una potencial restitución de funciones al Vicepresidente”, explicó.

Llamó, sin embargo, a ser cuidadosos para evitar experiencias pasadas en que todos estos procesos que causan conmoción, sean respetuosos de las formalidades y del debido proceso. “Porque, caso contrario, más temprano que tarde, luego de algunos años, cuando haya bajado la marea política, si es que no se han llevado a cabo en forma adecuada los procedimientos internos, lo que va a ocurrir es que el Estado ecuatoriano pueda, potencialmente, ser condenado al pago de daños de indemnizaciones de daños y perjuicios por no haber procedido de forma correcta”.

“Por eso creo que es importante evitar apresuramientos indebidos, evitar muchas veces el tratar de responder, únicamente, a cuestiones políticas y llevar los procesos de forma transparente y ordenada, cumpliendo los plazos constitucionales y legales a efectos que, el día de mañana, no solo que se garantice el debido proceso, sino que, adicionalmente, no seamos objeto de decisiones que establezcan responsabilidad al Estado ecuatoriano”, finalizó. (JPM)

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