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Edición #4866 |  Ecuador, lunes, 23 de abril de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Ramiro García: Fiscalía está jugando a favor de Jorge Glas; "No cumplió con su deber en la investigación", agrega Gonzalo Silva sobre entidad (AUDIO)

2017-12-16 08:58:00
Entrevistas
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Diciembre 15 - Gonzalo Silva y Ramiro García

Ambos coinciden en que hubo irregularidades en proceso por asociación ilícita por no haber iniciado causa por delitos como delincuencia organizada, cohecho o lavado de activos

El jurista Gonzalo Silva y el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, analizaron la sentencia dictada en contra de los procesados por asociación ilícita en el caso ODEBRECHT y el accionar de la Fiscalía General del Estado y de los acusadores particulares. Ambos coincidieron en que hubo varias irregularidades. Para Silva, muchas de ellas podrían ser consideradas para la nulidad de lo actuado, sin embargo, para García, pese a las inconsistencias, no existe causa para aquello. Consideraron que la FGE está "jugando políticamente" a favor del vicepresidente de la República, Jorge Glas, y no cumple con su deber de investigación.

Para Gonzalo Silva, la Fiscalía “no cumplió con su deber en la investigación, al extremo que hoy nos encontramos, luego de la resolución de la Corte, que recién dispónese que se investiguen 7, 8, 10 delitos”. “No se cumplió con el mandato que ellos dispusieron para la acusación del artículo 370 del Código Penal que decía: si la asociación ha tenido como fin la perpetración de delitos que merezcan pena de reclusión mayor, ¿cuáles son los delitos de reclusión mayor que han sido acusados y probados en la asociación ilícita? Ninguno porque están recién ordenándose que se investiguen”, respondió.

El jurista recalcó que el peculado y lavado de activos son considerados delitos con reclusión mayor. En el caso de concusión y cohecho están siendo investigados, pero afirmó que en las indagaciones no existe acusación particular en contra de Jorge Glas.

“He manifestado que hay un pronunciamiento social, van a conseguir la separación del señor Glas de la Vicepresidencia, el 3 de enero, que cumple los 90 días de ausencia. La Constitución establece que se fue, económicamente, sancionarles con una reparación integral incuantificable, pese a que está un monto expuesto, porque recién tendrán que probarse todos esos valores”, detalló.

De su lado, Ramiro García recalcó que, en el juicio por asociación ilícita, se probó la existencia de otros delitos, por ello, la Corte, en su sentencia, conmina iniciar otras instrucciones al Fiscal por estos hechos.

“Lo que sí nos queda el mal sabor de boca es que si Fiscalía se ha llenado la boca durante 17 días, que duró la audiencia de juzgamiento, hablando de que recibieron plata, cohecho agravado, además eran en cantidades importantes, enriquecimiento ilícito, aparte de esto todo fue a cambio de contratos en donde se perjudicaba a los fondos públicos, peculado, a través del tío, testaferrismo, mediante el sistema financiero, lavado de activos”, detalló.

“Por todo esto ¿cómo así acusa por asociación para delinquir? Procesa con el Código Penal anterior”, recalcó el jurista García, quien señaló que, de acuerdo con el razonamiento de la Fiscalía, el delito inició y terminó antes de la vigencia del Código Orgánico Penal Integral.

“Si había continuado en el tiempo, bajo el concepto del delito continuado, habría tenido que aplicarse la norma del Código Orgánico Integral Penal, que era delincuencia organizada, resulta que de la propia evidencia que presenta Fiscalía, videos y audios, seguían pidiendo plata en 2016, es decir, dos años después de que había entrado en vigencia el Código Orgánico Integral Penal”, explicó.

A criterio del abogado, no se debió aplicar el artículo 370 del Código Penal anterior, sino el 369 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a delincuencia organizada. “El artículo 360 del Código Penal anterior tenía dos incisos: el inciso primero, que es asociarse para cometer delitos graves, y el inciso segundo, que es asociarse para cometer delitos leves. Con el Código Orgánico Integral Penal este artículo se divide: el primer inciso se convierte en delincuencia organizada, que es constituir un grupo permanente para delinquir, para cometer delitos graves, con 7 a 10 años de pena, y la otra asociación ilícita, que es con 3 a 5 (años) de pena”, explicó.

Según dijo, lo que correspondía, en este caso, si hay evidencia de que el delito continuaba después de la entrada del COIP, era aplicar esta normativa. “Tenemos, de entrada, un error de Fiscalía”, recalcó García, al tiempo de explicar si se establece una asociación ilícita, primero, se establece la existencia de los delitos que se cometieron.

“Primero, establezco que ha habido, por ejemplo, narcotráfico, secuestro, sicariato, y, luego, establezco que todos estos delitos han sido cometidos por un mismo grupo de personas”, ejemplificó.

En la misma línea, Gonzalo Silva cree que la Fiscalía debió reformular cargos por parte de la Fiscalía, los acusadores particulares (César Montúfar y la Procuraduría General del Estado).

“Se le manifestó públicamente: requiere a la Fiscalía para que reformule cargos ¿por qué razón? Porque no era el delito de asociación ilícita el que correspondía al momento, sino el de delincuencia organizada, por cuanto, además, los delitos se expusieron, públicamente, que se habían efectuado estos hechos, a partir del 2010, 2014, que estaba vigente este Código, y desde el 2014 al 2016, en que ya ingresó el Código Orgánico Integral Penal, por consiguiente, tenía que someterse a la delincuencia organizada, no se lo hizo”, reprochó.

“Va a venir un desmadre completo”, vaticinó el jurista Silva; ya que, se iniciarán las investigaciones para 8 juicios, de los cuales, 2 requieren de la autorización de la Contraloría General del Estado (enriquecimiento ilícito y peculado).

“He manifestado y consta desde el 20 de octubre del año 2016, escrito presentado al Presidente de la Corte Nacional, diciéndole que la Corte se reúna y manifiéstese el Pleno de si es procedente o no continuar con este delito de procedibilidad de la Contraloría, que está limitando la acción de la Fiscalía General y que ahora reclama (el Fiscal Carlos Baca)”, insistió.

“Si para Fiscalía están demostrados todos esos delitos ¿por qué no ha iniciado instrucciones por esos delitos?”, cuestionó Ramiro García: “Resulta que tenemos 8 investigaciones previas, una investigación no es proceso ni juicio ni nada, es una fase pre procesal, que no constituye proceso, por lo tanto, el señor Glas no tiene otro proceso pendiente que este de asociación ilícita”.

“Fiscalía está claramente jugando, desde el inicio, del lado de los procesados, y, específicamente, del lado de Glas. Existiendo la evidencia del cometimiento de todos estos delitos, le procesa por el de menor cuantía, después de que existe evidencia de lavado de activos, peculado, enriquecimiento ilícito, que tienen penas de 10 años para arriba, le procesa en uno de 4 a 5 años, ahí claramente hay un favorecimiento”, indicó.

Asimismo, al existir la evidencia, según Fiscalía, del cometimiento de otros delitos, no inicia otro proceso contra Glas.

“La respuesta está en el 630 del Código Orgánico Integral Penal, es más, el abogado del señor Glas acaba de pedir la sustitución condicionada de la ejecución de la pena ¿cuál es el razonamiento que ellos quisieron? Este caso inició hace 5 meses, cuando la situación política todavía era diferente, empezaron a haber escaramuzas entre morenistas y correístas, pero no había el rompimiento de fuegos que existe hoy ¿qué es lo que pensaron? Vamos a procesar por asociación para delinquir, con el 370 de Código Penal anterior, y, luego, por favorabilidad le bajamos a 5 años, con eso cumplimos uno de los requisitos de la suspensión”, afirmó.

El otro requisito para suspender la pena es que no existan otros procesos pendientes: “Teniendo tanta evidencia del cometimiento de delitos, fuera del tema ODEBRECHT, teniendo informe de Contraloría con informe de responsabilidad penal en el tema del campo Singue no se inicia instrucción fiscal”.

“Quiere decir que Fiscalía, a propósito, no quiere iniciar instrucciones fiscales, con esto lo que está dando es la posibilidad que el señor Glas cumpla con todos los requisitos de la suspensión condicional de la pena, vamos a ver si el tribunal aplica este criterio de favorabilidad, que no debería aplicarse porque no corresponde. Le procesan al señor Glas por asociarse para cometer delitos graves, la nueva norma, correspondiente a esto, es delincuencia organizada, 7 a 10 años, por lo tanto, la nueva norma es más grave, la favorabilidad solamente procede cuando la nueva norma es más benigna”, agregó.

Posición que fue rebatida por el jurista Silva, quien recalcó que en el artículo 370 del Código Penal anterior, para cuando se perpetran delitos de reclusión mayor, hablan de tener una pena de 3 a 6 años, “todo esto se subsume en el 370”.

“No se puede reformar una sentencia por el mismo tribunal, lo que se puede pedir es una aclaración y ampliación ¿quién puede reformar la sentencia? El superior, si la suspensión condicional de la pena solo se puede solicitar y disponer, en primera instancia, no puede, una vez que se interponga el recurso de apelación, en la que, sin duda, se procesará la revista respecto a la favorabilidad y bajen de 6 a 5, ya no puede suspender la pena, si solicita la suspensión provisional de la pena, no le van a conceder”, detalló.

Al momento de interponer el recurso de apelación, la defensa de Glas puede fundamentar que se debe aplicar el principio de favorabilidad, reiteró.

“Si queremos aplicar el principio de favorabilidad tenemos que aplicar respecto del nuevo tipo penal con el mismo contenido material de conducta, es decir, delincuencia organizada, el nuevo tipo penal tiene una pena más grave, 7 a 10 años, por tanto, no cabe la favorabilidad”, explicó, de su lado, Ramiro García.

“En todo tipo penal se aplica solo la favorabilidad si es que la nueva norma es más benigna, si es que más gravosa, entonces, se mantiene la anterior ¿cuál es la interpretación que, desde mi punto de vista, es errónea, que quiere hacer la defensa del señor Glas? Tratar de asimilar el primer inciso del 370 con el actual 370, que es asociarse por cometer delitos leves, si en algo ha sido enfático Fiscalía ha sido en que toda esta asociación de personas ha cometido varios de los delitos más graves que establece nuestra codificación, por lo tanto, no cabe”, enfatizó.

Silva, desde su punto de vista, explicó que, si en el recurso de apelación que se interponga, los miembros que integren el Tribunal de Apelación, aprecian que se ha vulnerado principios procesales (que no se ha justificado la existencia material del delito y que las pruebas que se han presentado no son las suficientes como para sentenciar al procesado), se puede declarar nulidad o se puede conceder la apelación solicitada.

Sin embargo, dejó en claro, durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio, que si se procesa la favorabilidad que procede, ni el Segundo Mandatario ni ninguno de los otros sentenciados podrían beneficiarse por una suspensión condicional de la pena.

En cambio, para García, se han cometido irregularidades procesales, pero que no llegarían a una nulidad. “Creo que la prisión preventiva dictada contra el señor Glas y contra el señor Rivera es inadecuada. Contra el señor Rivera porque es una persona de la tercera edad y estaba además, con un grillete –cuyo informe policial decía que se lo sacaba y se lo ponía, pero no hay manera así que es mentira-“.

En el caso de Jorge Glas, mencionó, tenía como medida cautelar la prohibición de salida del país y la venía cumpliendo. “Es decir, solo se podría sustituir la prisión preventiva cuando hubiera la necesidad, misma que radicaría en que esa medida se está violando, Por ejemplo, ahí se tiene una violación de garantías del debido proceso, pero que no llega a nulidad procesal”.

En cuanto al caso de la acusación particular de César Montúfar, no está de acuerdo con que se la haya calificado porque “no cualquier persona puede llegar a decir: ‘yo soy acusador y en este caso son derechos difusos y por lo tanto los 16 millones de ecuatorianos podemos presentarnos a acusadores particulares’”, reprochó. Al tiempo de reconocer también que Glas pasaba con escoltas que lo cuidaban y se aseguraban de que no se fugue. “Era materialmente imposible que, con toda esa escolta se seguridad, se vuele. Creo que es una prisión preventiva ilegítima”.

Para llegar a una nulidad, la incorrección procesal debería ser de tal magnitud que vulnere el núcleo de garantías del debido proceso. “Yo creo que, en este caso, el permitir la intervención de un acusador particular que no tenía la calidad de tal fue incorrecto, pero no llega a una nulidad procesal, como tampoco, el haber declarado el abandono de la acusación particular de la Procuraduría por el atraso de 7 minutos de uno de sus abogados, Ahí, lo que correspondía, era aplicar una multa, pero no dejar en indefensión al Estado”.

Gonzalo Silva, de su lado, detalló que el nuevo COIP establece la posibilidad de tres clases de víctimas: la personal, la de representación de personas jurídicas y la representación de personas jurídicas del Estado. “Es decir, en el primer caso, puede presentarse la acusación particular o no hacerlo, pero no me resta el derecho para yo reclamar indemnización”.

El segundo, mencionó, es la representación legal de una empresa cualquiera y el tercero es el Estado porque son los dineros del mismo: El erario nacional, la plata pública; los que han sido vulnerados –“supuestamente”- y que tienen que mantenerse con una representación para un reclamo de la reparación integral. La representación se da por el Procurador General dl Estado.

“Yo he reclamado y lo he dicho públicamente que quien debió presentar personalmente la acusación particular era el Procurador (Diego García) más allá de que la Ley Orgánica de la Procuraduría establece la posibilidad de que pueda delegar, pero era él, era un asunto de connotación pública. Él tenía que demostrar sobre qué era lo que estaba acusando”, refutó.

El jurista reiteró que en el caso de Glas no se ha demostrado, ni siquiera, la partida de los delincuentes para que proceda la asociación ilícita. “Lo que se ha probado es que el uno es tío (Ricardo Rivera), el otro es sobrino. Abajo (desde Rubén Terán, Diego Cabrera, etc.), en cambio, existe otra connotación porque sí se reunieron, sí planificaron y sí ejecutaron, ¿no serán ellos los partícipes directos de una asociación ilícita?”.

“Y acá (caso Glas), ¿por qué no existe esta prueba?, ¿dónde está justificado?, en otro caso está justificado, pero ¿dónde está justificado que el señor Glas haya cogido un solo centavo, se haya beneficiado? Hablamos de millones de dólares, esa plata vino en cajas, se entregaron en la mano, en la casa, ¿en dónde le entregaron?, ¿en qué cuenta corriente? Esto tenía que haberse probado porque este es uno de los delitos más difíciles de probar porque son formales, es de peligro y de resultado. Si aquí no tenemos el resultado, ¿de qué clase de asociación ilícita me están mencionando?”, se preguntó.

Pero para Ramiro García, sí se ha probado el cometimiento de varios ilícitos. A su criterio, nadie pide una factura por coimas y nadie las recibe directamente. También se ha demostrado que a Ricardo Rivera, no solamente que le dieron dinero en efectivo, sino que también hubo depósito (US$5.5 millones).

“Se probó que este señor recibió una millonada de ODEBRECHT, que hablaba en nombre del señor Glas con ODEBRECHT, que el señor Rivera no tenía alguna relación contractual con la empresa para que se justifique el pago de esos dineros, que trabajaba directamente con el señor Glas y que no solamente con ODEBRECHT, sino con otros contratistas y personas naturales y jurídicas relacionadas al Estado, hablaba a nombre del señor Glas. En el testaferrismo no se puede pedir prueba directa de la recepción porque, justamente, lo recibe a través de otras personas”, precisó.

Para un mejor entendimiento, explicó: “El señor Rivera recibe la plata, ODEBRECHT señala que esa plata fue para el señor Glas y que se la entregaban a través del señor Rivera. Se ha demostrado que, efectivamente, el señor Rivera recibió la plata. Se ha demostrado que ODEBRECHT, efectivamente, recibió los contratos y los favores contractuales de parte de los sectores estratégicos”.

“La única persona que podía adjudicar esos contratos, a través de los ministros obviamente, quien estaba a cargo es el señor Glas. Eso es peculado, es cohecho. Aquí Fiscalía empieza por los pies y no por la cabeza porque primero debió haber procesado por esos delitos, pero sí es asociación ilícita cuando se demuestra que todas esas conductas delictivas se las ha realizado con un grupo de personas que, regularmente, ejercía este tipo de delitos”, puntualizó.

En cambio, en el dictamen de sentencia, no existe análisis probatorio, acotó García, pero explicó el porqué. “Cuando como juez, se hace la lectura de la sentencia, solo habla de la parte resolutiva. Entonces, no podemos pedir que en la formulación oral de la sentencia ya se haga un análisis probatorio completo. Por eso digo que esperemos a que nos llegue la sentencia por escrito y veamos qué razonamiento probatorio hace la sala, veamos qué pruebas y cómo las ha valorado, pero, desde mi punto de vista, ODEBRECHT reconoce y demuestra haber entregado el dinero y haber recibido favores contractuales”. Pero para Silva, no se ha demostrado que el Vicepresidente lo haya hecho.

“La persona que recibió la plata, ¿tenía algún nexo contractual que pueda justificar esa recepción de dinero? No y eso está demostrado. El señor Rivera no es que sea abogado o consultor de ODEBRECHT para que le paguen esa cantidad de dinero. ¿El señor tenía relación directa con el dominus, que es el señor Glas? Sí. El dominus, ¿realizó favores contractuales a la empresa a través de adjudicación indebida de contratos y de renegociación con opción de fondos públicos? Sí”, reflexionó García.

Por lo que alegó que lo que se estaría diciendo es que de lo que queda la duda es de, si es que Jorge Glas, “habiendo hecho todos los favores a ODEBRECHT” y habiendo su tío recibido tanto dinero, Rivera le pagó o no al Segundo Mandatario. “Yo creo que en esto existe doctrina, pero cualquier cantidad cuando se analiza el delito de testaferrismo porque no se puede demostrar el paso directo de la plata del tercero al dominus”.

Pero, si ODEBRECHT es el culpable, ¿por qué se lo sacó del juicio? Para Gonzalo Silva, supuestamente, se lo hizo por el principio del NON BIS IN IDEM. “La inobservancia de la Fiscalía se ha manifestado en el no haber iniciado la causa por delincuencia organizada y allí habríamos salvado algunos obstáculos que estamos discutiendo y que le ha dejado a la sala, en la potestad a ellos, de decir que investiguen eso. Entonces, no es que está probado, en el proceso, lo que se manda a investigar porque, de lo contrario, simplemente sacarían copias y se las darían al Fiscal para que solicite día y hora para la formulación de cargos. Manda a investigar, o sea, no existe estas supuestas evidencias, menos pruebas dentro de este proceso”.

Finalmente, para el Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, todo lo que ha presentado Fiscalía no ha sido investigado por esta entidad, sino recibido desde las administraciones de justicia internacionales, pero que dan lugar a que se inicien una serie de instrucciones fiscales. “El día de hoy veo que el señor Baca Mancheno dice que ha mandado a iniciar 10 investigaciones previas”.

“El problema es que pueden tener 100 investigaciones previas, pero hasta ahora no hay una instrucción fiscal. El único proceso que tiene el señor Glas es este de asociación ilícita, no más. Entonces, esto nos lleva a pensar que Fiscalía es una ineptitud tal que, teniendo todas las evidencias, no inicia la instrucción fiscal; o está jugando políticamente en este tema y no jurídicamente”, comentó, criterio con el cual Gonzalo Silva coincidió.

(PAY - JPM)

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