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Edición #4866 |  Ecuador, lunes, 24 de septiembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Por ley, Corte Constitucional está obligada a controlar consulta popular, asegura Virgilio Hernández (AUDIO)

2017-12-09 08:55:00
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Diciembre 08 - Virgilio Hernández

Alerta que "si se conculca derecho de Alianza PAIS a participar en campaña por el No en 3 preguntas de consulta popular, igual haremos campaña"

El exasambleísta y exconsejero de Gobierno, Virgilio Hernández, ratificó que Alianza PAIS acudirá a "todas las instancias que esta malograda institucionalidad nos deje de tal forma que buscaremos y, oficialmente, también acudiremos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que pueda autorizar nuestra participación en la campaña por el No en tres preguntas": la que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la reelección (postulación) indefinida, y la derogación de la Ley de Plusvalía. Además, citó el artículo 127 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con la cual la Corte Constitucional está obligada, automáticamente, a realizar el control de la consulta.

Aseguró que esa fue la decisión que se tomó en la Convención Nacional del pasado 3 de diciembre, por lo que se opondrán a la pregunta que “busca concentrar el poder de tres funciones del Estado en manos del Presidente de la República”, que es el cuestionante número 2. Además, se opondrán a la interrogante sobre la reelección, “que tiene nombre y apellido y que es, básicamente, dirigida a Rafael Correa”.

“Hago notar un hecho, que además, fue conversado con las autoridades, tanto prefectos como alcaldes. Si se mira con atención, la fecha de la convocatoria que se ha realizado -y a la cual vamos a presentar una apelación (que ya fue entregada ante el TCE a las 10h00)- está planteada para el 4 de febrero. Si está propuesta para esa fecha, obviamente, hasta que se hagan las modificaciones en el Código de la Democracia va a llegar medio año, con lo cual las reglas –que tienen  que estar definidas un año antes de las elecciones del 2019, no van a incluir ni alcaldes ni prefectos”, reveló.

Es decir, los alcaldes y los prefectos sí podrán reelegirse. “Esto es lo que les ofrecieron a algunos a cambio de su apoyo. Esto es lo que algunas de las autoridades nos han señalado. Ellos sí van a poder reelegirse y, en cambio, se está buscando proscribir de la política a quien fue uno de los artífices del cambio y la transformación. Por lo tanto, nosotros nos opondremos también a esa pregunta”.

También lo harán con la que tiene que ver con la derogación de la Ley de Plusvalía “que es, básicamente, un acto simbólico de rendición del poder Ejecutivo ante los grandes grupos empresariales que siempre señalaron que esta ley les era incómoda. No porque haya afectado en los últimos tres años –puesto que la normativa tiene un año de vigencia-, sino porque es un símbolo para estos grupos de poder”.

“Nosotros acudiremos ante el CNE, plantearemos nuestros argumentos para ser inscritos, de lo contrario, acudiremos también al Tribunal Contencioso Electoral ante el cual vamos a presentar una apelación a la convocatoria que realizó el día de ayer el CNE porque no cumple el requisito fundamental que establece la Constitución, el Código de la Democracia que es el dictamen previo de constitucionalidad”, expresó.

A pesar de que su intención es inscribirse para participar por el No en esas tres preguntas, existe otro grupo de AP que ya lo hizo para realizar campaña por el Sí en todas las preguntas. Ante aquello el exfuncionario advirtió: “Como se está manejando políticamente, si se conculcaría el derecho de nuestra organización igual nosotros vamos a desarrollar campaña y la realizaremos, básicamente, con el apoyo y la fuerza de la militancia y apelando también a la ciudadanía para que, en un ejercicio reflexivo, pueda mirar la magnitud de lo que se está preguntando y por qué se evitó el dictamen de constitucionalidad”.

“Nosotros, durante esta semana, le hemos pedido –en reiteradas ocasiones a través del bloque legislativo, del propio movimiento- a la Corte Constitucional que plantee y que exhiba si es que, efectivamente, concluyeron o no los plazos para el dictamen porque, de ser así, quedaría en cuestión gran parte de las decisiones que se han tomado en el último año: más de 2.200 casos se dictaminaron de acuerdo a ese reglamento de sustanciación, por lo que podrían ser repudiados y podrían quedar inválidos más de 1.200 actos que se ha realizado como Estado”, lamentó.

Si bien es cierto, continuó, se establecen unos términos para el dictamen, es el reglamento el que señala cuándo se deben contar los días, a partir de qué día se deben contra los 20 para poder determinar si es que vencieron o no los plazos. “Le hemos pedido esa certificación a la Corte. Esta decisión arbitraria puede poner fuera al país del marco constitucional en el que solo la CC puede determinar qué es y qué no es constitucional”.

“Todas estas cosas le diremos al pueblo ecuatoriano. Le diremos que es una consulta ilegítimamente convocada porque no cumple con los requisitos constitucionales, le diremos la gravedad que significa que una sola persona pueda concentrar todas las funciones del Estado, además, que se reforme la Constitución atentando a atribuciones que solo son de la Asamblea y, de la misma forma, que a través de esto, incluso, se pretenda controlar la CC que más allá de estas atribuciones; le queda debiendo al país”, recriminó.

Alegando que no solo le debe por no haberse pronunciado y haber permitido esta maniobra, sino por haber actuado inapropiadamente luego de que el Ejecutivo estableció los decretos  de convocatoria. “Debió haber sido la Corte –y aún lo puede hacer porque el 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional les obliga al control automático de las consultas populares. De tal manera que la CC aún tiene la posibilidad de reunirse frente al país y cumplir su labor”.

A su criterio, la CC es el único organismo que “no debe temer” a hacer un control de la consulta ya que la ley les obliga. “El artículo 127 les obliga a que realicen el control automático de las consultas populares. El CNE, en este momento, no puede destituir a nadie por sí mismo. La Constitución del 2008 cambió la naturaleza de la Función Electoral ya que antes era Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tenía dos atribuciones: llevar adelante los procesos  electorales, pero además dirimía todo lo que tenía que ver con los asuntos electorales. Era una sola institución”.

“A partir de la Constituión del 2008 hay dos instituciones: El CNE y el TCE, por lo que todas las decisiones del CNE pueden ser apeladas ante el TCE, de tal forma que tenemos que decirle a los señores magistrados de la Corte y a todos, que hay que quitarles el miedo y hay que informarles que ellos, ahora, tienen como misión fundamental organizar el proceso y que, de todo lo que tiene que ver con lo litigioso, se encarga el TCE”, reflexionó.

Y cuestionó que, como actualmente se actúa al margen de la Constitución y de la ley, con  actuaciones arbitrarias, se puede interponer acciones ante el TCE. “Esta decisión que podría tener de interferir en el proceso electoral y, por lo tanto, destituir o establecer un año de suspensión de los hechos políticos, no se lo puede hacer por aplicar los recursos que se encuentren en la ley o por cumplirla. Este momento, los magistrados de la CC tienen que demostrar la validez de un órgano de esta naturaleza”.

“Por ende, deben aplicar lo que dice el artículo 127. Si ya no dijeron nada sobre que se violente el artículo 104 que obliga a que cada una de las consultas tiene que ir al dictamen de constitucionalidad. Si no cumplieron lo que dice el 184 del Código de la Democracia –que son absolutamente categóricos y establecen que en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo- tienen que aplicar lo que les manda a hacer la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 127”, sentenció.

Hernández precisó que tienen 10 días para realizar ese control automático, por lo que, a partir de ello, deberán corregirse “la serie de inconstitucionalidades” que se establecen en la consulta popular y de las que la CC tiene claro conocimiento. “Se han hecho esta serie de arbitrariedades porque, cuando se presentó el dictamen por parte de la jueza Tatiana Ordeñana y este se filtró, se pudo ver que la  CC estaba corrigiendo algunas graves inconstitucionalidades que tiene la convocatoria a la consulta popular”.

Ricardo Patiño, presidente encargado de AP, también es afectado por esta decisión, comentó, por lo que es por ello que presenta esta apelación. “Esa convocatoria es inconstitucional y no cumple con los requisitos mínimos que establece la propia Constitución y la propia ley para la convocatoria a consultas populares”.

“El CNE –que puede recibir impugnaciones- como el TCE están obligados a actuar las 24 horas del día de todos los días del proceso electoral que ha sido convocado de manera inconstitucional. Al momento en el que el CNE lo hace, ya nos faculta para presentar la apelación al TCE”, añadió el militante de Alianza PAIS durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/radio.

Desde el Gobierno y el ente electoral, la consulta “va porque va”. Para el exconsejero, es lamentable que, incluso desde el CNE, se actúe de manera ilegal. “Lo curioso es que lo que permite esta actuación prorrogada es esta consulta que no la realizó el expresidente del CNE, sino el Secretario General de la Presidencia”.

“¿Cómo así el Secretario General de la Presidencia convoca o se preocupa y establece una comunicación formal –porque ya no cuidan ni las formas- al Procurador para preguntarle cuál es la situación de los miembros del CNE y, por supuesto, el Procurador establece una comunicación diferente a la que había hecho en el caso del superintendente Pedro Páez y también de la señora del CPCCS”, recirminó.

Por lo tanto, argumentó, el CNE está actuando de manera ilegal ya que esta prórroga, lo único que demostró fue un claro pacto con el Gobierno y un reparto. “Por un lado, se pactó la convocatoria inconstitucional a la consulta popular, a cambio de un nuevo reparto en el CNE, eso es lo que parecería. Está actuando, por ende, de forma inconstitucional y está llevando adelante este proceso de consulta de forma inconstitucional”.

“Nosotros seguiremos actuando, buscando que se nos reconozca nuestros argumentos en derecho, pero sobre todo, apelando a la ciudadanía. Diciéndole que no permitamos que ahora se busque controlar, a través de la consulta, todas y cada una de las funciones del Estado porque eso acaba con la democracia. Con la derogatoria de la Ley de Plusvalìa lo único que se hace es caso a los grupos de poder , pero se afecta el derecho a la vivienda e, incluso, al gobierno, que le será más caro poder cumplir con su ofrecimiento de 325 mil viviendas”, refutó.

Agregando, finalmente: “Seguiremos señalándole y planteándole a la ciudadanía nuestros argumentos y yo creo que va a haber una sorpresa. La ciudadanía está más consciente de los objetivos políticos que tiene esta consulta y, por ende, creo yo que va creciendo esta indignación ciudadana que se verá reflejada en el momento de las urnas”. (JPM)

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