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Edición #4866 |  Ecuador, jueves, 20 de septiembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Ex Ministro Wilson Pastor niega perjuicio al Estado en negociación de campo Singue; acusa a Contraloría de emitir informes caducos y sin sustento técnico (AUDIO)

2017-11-21 07:17:00
Entrevistas
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Audio

Noviembre 20 - Wilson Pastor

Afirmó que Contralor Pablo Celi "tiene una consigna: donde esté Glas, glosa"

Wilson Pastor, ex Ministro de Recursos No Renovables, afirmó que la consiga que tiene Pablo Celi, contralor General del Estado Subrogante, es emitir glosas en donde el Vicepresidente Jorge Glas ha intervenido, especialmente, cuando fue Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. Al referirse al caso Singue, el ex funcionario aseguró que en la negociación no hubo ningún perjuicio al Estado ecuatoriano. "Cuando hay una sola oferta, hay que negociar la tarifa, no hay que imponerle a la compañía la tarifa, la oferta fue de USD$34 por parte de la compañía, se renegoció un dólar abajo, la Contraloría dice: debieron hacer un dólar más abajo", indicó, al tiempo de señalar que la entidad hizo un análisis sin fundamentos técnicos.

El ex Ministro afirmó que la Contraloría General del Estado está realizando 4 exámenes especiales al contrato en Eno-Ron, Ocano-Peña Blanca, golfo de Guayaquil y Machala Power.

“¿Qué tienen de común estos 4 procesos? Todos se relacionan a procesos en los cuales, directa o indirectamente, ha intervenido el Vicepresidente Jorge Glas cuando fue Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos”, detalló.

“La Contraloría me mete en esos problemas porque le llaman a Jorge Glas a esos problemas, así estamos 10 o 20 personas”, acotó el ex funcionario.

Detalló que el contrato de Singue “es porque Jorge Glas estuvo en el Ministerio de Sectores Estratégicos, Orron, igualmente, Ocaña-Peña Blanca, igualmente, el contrato del gas del golfo y Machala Power porque era Coordinador de Sectores Estratégicos”.

“Las determinaciones de responsabilidad administrativas, glosas civiles e indicios de responsabilidad penal se han activado vertiginosamente desde mayo del presente año, rompiendo los records de rapidez cuando los exámenes especiales se iniciaron hace más de dos años, un año, los hechos hace más de seis o siete años”, criticó.

Reveló, asimismo, que un factor común entre los procesos: todos están caducados, acotó Pastor, quien manifestó que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece el plazo de 180 días, desde el inicio de la orden de trabajo, para entregar el informe final.

“En el caso de Singue, Machala Power y Gas del Golfo están caducados, han pasado más de los 180 días”, dijo.

A criterio de Pastor, el problema de fondo, en el caso de Singue, se remite a que han activado el caso de forma rápida, cuyo informe del examen del especial estaba listo hace más de un año.

“El 12 de septiembre se inicia y termina el 1 de agosto de este año, está caducado, debieron hacer antes, la terminación del informe, de los 180 días. Notifican los resultados el 16 de mayo del 2017, hacen la lectura el 17 de julio del 2017, las respuestas las damos el 26 de julio del 2017 y dos días después el informe final de resultados, el 1 de agosto, se demoran dos días en revisar más de 300 páginas enviadas por nosotros con pruebas, notifican dos días después, 3 de agosto del 2017, las glosas de responsabilidad administrativa”, manifestó.

En relación a un supuesto perjuicio al Estado cuando se fijó la tarifa menor, Wilson Pastor manifestó que el costo calculado por la Contraloría surge 7 años después de los hechos.

“Se trata de un proceso de licitación, en la cual, cuando hay una sola oferta, hay que negociar la tarifa, no hay que imponerle a la compañía la tarifa, hay que negociar, acercamientos, la oferta fue de USD$34 por parte de la compañía, se renegoció un dólar abajo, la Contraloría dice: debieron hacer un dólar más abajo”, indicó.

Según Pastor, la conclusión de la Contraloría supuso un argumento técnico insubstancial: “Creer que el petróleo sale como cuando se abre un tanque, el petróleo sale conforme a las características del yacimiento en una forma exponencial, no se le puede sacar todo lo que tiene adentro en un periodo determinado”.

“Supongamos que la tarifa que la Contraloría ha dicho que es la que ellos creen, 7 años después, la correcta ¿cómo le pueden imponer a la compañía esa tarifa, si es la única oferta? Hay una alternativa: o la compañía no acepta y se va o la compañía acepta, nuestra tarifa, de un dólar abajo, la aceptó, de dos dólares abajo, tal vez, no lo hubiera aceptado, el perjuicio para el país habría sido enorme porque ese campo, que nunca produjo desde hace 15 años, generó USD$300 millones de ingresos, USD$150 millones para el Estado, USD$149 millones para la compañía”, detalló.

La Contraloría estableció que la adjudicación del contrato no procedía porque la oferta no cumplía con los requisitos establecidos en las bases de la licitación. Ante ello, Pastor mencionó que en tres ocasiones se rebatió lo dicho por la entidad.

“La Contraloría, ni en la glosa administrativa, ni en la civil, ni en la respuesta, ni en la ratificación de la glosa, da los argumentos que hemos puesto. Primero, el mapa catastral, que dice que tenía que ser aprobado por el IGM, ese campo ya tenía las coordenadas cuando era campo marginal, es el mismo mapa”, dijo.

“En segundo lugar, el instructivo no exige que haya el mapa antes de la convocatoria, sino durante la convocatoria, durante presentación de ofertas”, acotó.

“Tercero, este mapa es aprobado por el Instituto Geográfico Militar una semana después del inicio de la licitación, todo está en orden”, sumó.

Asimismo, recalcó que la única institución que podía calificar como operadora a DYGOIL era PETROECUADOR: “y la califica”, manifestó Pastor.

“Esta compañía invirtió más de USD$28 millones en el campo Víctor Hugo Ruales, durante 7 años fue operadora de PETROECUADOR, no toman en cuenta, descartan. Dicen que no tenía capacidad financiera la contratista, la contratista no solamente que pone la garantía del 20 por ciento de las inversiones, no solamente que da la garantía de seriedad de ofertas, sino que tiene dos cartas aval del Banco Santander, uno de los más grandes del mundo, y del Banco de México, no toman en cuenta”, subrayó.

Otra de las causas emitidas por la Contraloría es la relación que hacen de su hija, Silvana Pastor Tapia, en el proceso. Sobre el tema, Pastor explicó que la contratación se inicia el 26 de junio del 2012, “soy Ministro desde abril del 2010 hasta abril del 2013, el proceso dura 6 meses, hasta que adjudico el contrato, el 21 de marzo del 2012, se firma el contrato el 30 de abril del 2012”.

“Mi hija no trabaja en la compañía ni Gente Oil ni DYGOIL, la compañía negociadora, durante el proceso de negociación, que se fijan las condiciones de repartición de renta, del contrato, no es empleada de nadie ni de DYGOIL ni de Gente Oil, luego de la firma del contrato, por parte de la Secretaría de Hidrocarburos, a finales del 2012, mi hija ingresa en Gente Oil, compañía que no negoció el contrato, sino DYGOIL, era la socia financiera”, acotó.

Al momento se enviar los indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, “desaparece el asunto, pero siguen con las glosas administrativas, ratificando”, reveló Pastor.

“La glosa se basa en un supuesto de que teníamos que imponerle a la compañía reducir cuando estábamos negociando una tarifa, era la única compañía que había ofertado, es algo que está fuera de toda lógica lo que han presentado en la glosa administrativa y civil”, mencionó.

Manifestó que la compañía “invierte 5 veces más de la obligación, de USD 121 millones a 27 del contrato. Produce 7 mil barriles de nogal, de 1.200 a 1.300 que tenían que producir” y que el Estado se beneficia de “más de la mitad del contrato y, sin embargo, nos ponen una glosa por perjuicio para el Estado”.

Advirtió que el cálculo “está mal hecho por ellos” porque, según Pastor, han calculado “todas las reservas” y no con el 80%. “Cuando se produce petróleo no se logra sacar todas las reservas, siempre queda un pedazo que queda fuera del contrato y eso se toma en cuenta en la evaluación. Pero ellos creen que es un tanque, usted le abre, tiene 100 litros, a un litro por segundo, en tantos segundos se acaba el tanque”.

Sobre cómo sacan la lógica del beneficio, a pesar de que haya habido fallas desde el principio, Pastor recalcó que “en consideración de las inversiones, costos y gastos y la utilidad razonable. Esta última, es el resultado de un ensayo económico que se llama tasa interna de retorno. El equipo negociador saca 19,1% de rentabilidad y la Contraloría saca 19,2% de rentabilidad. Por una décima de punto, en 20 años de producción y que ha subido más de lo que se ha previsto, nos van a glosar por una décima de punto, tomando argumentos que no tienen ninguna base económica”.

Destacó que en todos los argumentos que ha dado la Contraloría “nosotros hemos desvirtuado la capacidad operativa, financiera” y les han entregado los elementos de descargo con elementos escritos, pero “nunca nos han respondido y eso está en todos los informes”.

Informó que la situación “se le va revertir a la Controlaría” porque van a examinar en la Fiscalía el proceso con expertos y peritos. “Solo aquí en el Ecuador se les ocurre pensar que uno tiene que imponer tarifas, no es un contrato de obra cierta a la que está acostumbrada la Contraloría, es un contrato con grandes incertidumbres, en las que tenemos una sola oferta y hay que negociarla”, afirmó.

Pastor explicó que en el caso DGC donde les han puesto una glosa de USD$90 millones, es “por no entregar documentos, pero los originales no nos entregan para presentarlos. Hasta ahora estoy pidiendo, pero no hay, se ha desaparecido y no nos entregan”.

Puntualizó que costó USD$90 millones terminar el contrato de DGC y USD$31 millones adquirir el Machala Power. “Desde 2011, en que se tomó el contrato, hasta la presente fecha, el beneficio al país según el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) es de USD$531 millones por haber ahorrado diésel y nos ponen una glosa en perjuicio”.

Reiteró que la inculpación está por no haber presentado documentos. “Ellos recibieron el informe de la consultora en base a la cual se hizo la evaluación para pagar el valor de mercado de esos contratos y eso está certificado”. Pastor aseguró que no le entregan los documentos de las glosas, “porque dicen que no me encuentran y les he dado 3 direcciones”.

En relación a porqué cree que todo esto fue apuntado en contra del vicepresidente Jorge Glas, insistió que “de la noche a la mañana, a partir de mayo, se concentran en Jorge Glas para sacar todo en donde ha estado como ex coordinador de sectores estratégicos y ahí estamos ministros y funcionarios”.

Enfatizó que Pablo Celi, contralor general del Estado subrogante, “tiene una consigna: donde esté Glas, glosa. Así lo han hecho en dos procesos y nosotros también estamos ahí”.

Por último, expuso que, a pesar de que en el procedimiento estaba caducado, se continúa porque “ahora pone el argumento de que los tiempos se cuentan en la fecha en que sucedieron los hechos, eso no es así administrativa y eso ya fue desvirtuado en varias resoluciones de la Corte Nacional de Justicia que desestimó esas glosas”.

(PAY) (PP)

 

 

 

 

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