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Edición #4501 |  Ecuador, sábado, 18 de noviembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores

LA HORA (Quito) Violación en colegios: Judicatura reconoce 714 denuncias

2017-11-09 07:38:14
Sociedad
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Cifra corresponde a dos años analizados. Sin embargo, los familiares de las víctimas exigen respuestas

Entre 2015 y 2017 se han presentado ante la justicia 714 denuncias por delitos sexuales cometidos en el ámbito educativo, informó ayer el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Lo hizo durante su comparecencia ante la Comisión Aampetra de la Asamblea, integrada especialmente para investigar estos casos y proponer mecanismos de prevención y sanción.

Jalkh no especificó el estado de esos casos o en cuántos hubo sanciones, pero identificó los principales problemas para que las víctimas accedan a la administración de Justicia. Mencionó la ausencia de denuncia por miedo, la vergüenza y la auto inculpación de las víctimas, por lo que dijo que es necesaria la asistencia legal gratuita.

Otra barrera son los intereses de las instituciones donde se comete el delito, o de sus autoridades “que por conservar su buen nombre han ocultado los casos”, lo que genera responsabilidades penales, aseguró. Y algo más grave, la pérdida de evidencia que ocurre en la etapa pre procesal.

En el ámbito de la administración de la Justicia, informó que entre 2013 y 2017 se ha sancionado a 50 jueces, encargados de los procesos de delitos sexuales, por manifiesta negligencia, vulneración de derechos, no acudir a audiencias, retardo injustificado o error inexcusable.

El titular de la Judicatura propuso algunas medidas. Por ejemplo, que la denuncia no se quede en el ámbito administrativo, sino que, de manera simultánea, se presente en la Fiscalía. Además, considera que se deben ampliar las competencias de los fiscales para que dispongan de manera inmediata y directa las medidas de protección a favor de las víctimas. Con la normativa actual, el fiscal solicita la medida de protección, pero esto queda a criterio del Juez.

“Medidas que pueden ser el alejamiento del posible agresor de la víctima; la exclusión de la actividad que está realizando ese momento ese potencias agresor, es decir que deje ser profesor por el momento y que no sea reubicado”, especificó.

Las observaciones

Amparo Molina, vocera de las víctimas del caso Aampetra, cuestionó la labor institucional no solo de la Judicatura sino de otras instancias que han acudido a la Comisión. “Todas traen las presentaciones perfectas, bien armadas, con bases de datos perfectamente estructuradas. Pero, lamentablemente, permítanme decirles algo: se encuentran totalmente desconectados de la realidad”, dijo Molina.

Su esperanza es que cada institución presente en detalle lo que ha realizado en cada caso y no hablar en la globalidad. La representante de las víctimas aseguró que el problema pasa por que a pesar de que hay normativa, no se aplica. “En nuestro caso, falló absolutamente todo. No hubo una institución que nos abriera las puertas, que nos escuchara. No hubo responsabilidad de nadie”, aseguró.

Mientras, desde el lado de los asambleístas también hubo recomendaciones. Lourdes Cuesta (CREO) considera que, una vez que el condenado por estos delitos cumpla la sentencia, se debe hacer un seguimiento de sus actividades para que no pueda volver a reinsertarse en el sistema educativo o acercarse a la víctima. (HCR)

La panorámica general

De acuerdo con el informe del Consejo de la Judicatura, en el mapeo global de delitos sexuales contra niños y adolescentes a nivel nacional, entre 2015 y 2017 se han presentado 4.864 denuncias, se han judicializado 2.264 (47%) y se han resuelto 1.653 causas (73%).

En cuanto a sentencias, en este mismo periodo se han dictado 1.074. De ellas 253 han sido absolutorias y 821 condenatorias.

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