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Edición #4501 |  Ecuador, domingo, 19 de noviembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores

EL TELÉGRAFO (Guayaquil) La Contraloría fijó una glosa contra Aguiñaga

2017-11-08 07:36:49
Política Nacional
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En 2010 el Ministerio del Ambiente adquirió 66 lotes para la construcción del parque Samanes, previo avalúo del Miduvi

La Contraloría del Estado confirmó la existencia de una glosa por el presunto pago excesivo en la compra de terrenos para la construcción del parque Samanes, en Guayaquil, cuyo valor es de $ 41 millones.

La responsabilidad civil recae en la asambleísta, Marcela Aguiñaga, quien en 2010 (año de la compra de los terrenos) era ministra del Ambiente. Con ella fueron notificados otros siete exfuncionarios. La compra de los 66 lotes se realizó al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por una cuantía de $ 48 millones

. La Dirección de Avalúo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) estableció un precio de $ 50 millones, pero la compra de terrenos en la urbe le corresponde al Municipio de Guayaquil. Según el estudio del cabildo porteño, el área comprada alcanza un valor de $ 7,1 millones. Para solucionar el tema, el anterior gobierno pidió un cruce de cuentas con el Issfa, a través del Ministerio de Finanzas ($ 41 millones), pero la Contraloría informó que esta acción no se ha realizado.

El organismo, la noche del lunes, emitió el informe en el que estableció una responsabilidad civil por $ 41 millones en contra de Aguiñaga. La asambleísta fue notificada sobre el valor de la glosa, al igual que la entonces delegada del Ministerio del Ambiente, Mercy Borbor; el exsubsecretario de Gestión Marina y Costera, Manfred Altamirano; la exdirectora nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente, Patricia Serrano; el exdirector general y representante legal del Issfa, José Noritz; y tres exfuncionarios.

Legisladora responde a glosa

La asambleísta Marcela Aguiñaga, en un comunicado advirtió que presentará las acciones que le asiste la ley, en contra de lo que consideró “esta ilegítima acción” de la Contraloría.

Aseguró que el organismo establece la glosa sin valorar sus argumentos, luego de un año y medio de iniciado el proceso, y de manera extemporánea; además ignora que la zona fue declarada área protegida, por consiguiente, de exclusiva competencia del Gobierno nacional. “La Contraloría se ha convertido en una herramienta de presión y persecución política hacia aquellos que defendemos el legado de la revolución ciudadana”, sostuvo.

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