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Edición #4501 |  Ecuador, miércoles, 13 de diciembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores

GOBIERNO ECUATORIANO RECAUDARÁ 1.600 MILLONES DE DÓLARES ANUALES CON NUEVO PAQUETE ECONÓMICO

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ANDES

Con el plan económico anunciado por el presidente Lenín Moreno se pretende recaudar unos 1.600 millones de dólares anuales, el 60% de ese total se generará por la lucha contra el contrabando y el resto por las medidas tomadas para evitar la evasión de impuestos o la implementación de aranceles a productos importados.

Así lo dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, en un conversatorio de medios realizado este jueves, junto con otras autoridades del sector económico. Durante su intervención señaló que las medidas económicas adoptadas se construyeron en base a cuatro dimensiones.

La primera de estas se corresponde con las iniciativas generadas en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, de las cuales el presidente ha tomado un 86% de propuestas, aseguró el Ministro y dijo que la intención es que el sector privado retome el papel que le corresponde en impulsar la dinámica de la economía nacional, que en los últimos años ha sido impulsada únicamente por el Estado.

La segunda dimensión está orientada al fortalecimiento de la dolarización, para lo cual se han implementado medidas como la Ley para incentivar el retorno de capitales y otros mecanismos que procuran que el flujo de divisas hacia el Ecuador se incrementen.

En la tercera dimensión están las propuestas del dignatario Moreno durante su campaña y que fomentan los beneficios sociales para quienes menos tienen como los planes “Casa para todos” y “Toda una vida”; y en la última dimensión están los esfuerzos para enfrentar los dos grandes males que afectan la productividad del país que son el contrabando y la evasión tributaria.

De la Torre resaltó que las medidas no generarán de ninguna forma un 'paquetazo' ya que no han incrementado el precio del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ni se han eliminado los subsidios al gas, gasolina, electricidad y otros servicios básicos, para no afectar el bolsillo de los ciudadanos.

“Hemos acudido a acciones muy concretas, muy bien diseñadas que nos generarán los espacios y recursos para poder enrumbar al Ecuador de manera sólida y consistente en la senda del desarrollo económico y del bienestar social”, aseguró De la torre.

Leonardo Orlando, director del SRI, coincidió con este último punto. “Son medidas que se alinean tanto a la Constitución como al Plan Nacional del Buen Vivir con criterios de inclusión, redistribución, justicia social, equidad y de un sistema tributario progresivo”, señaló.

Una de las principales medidas implementadas en su campo es la eliminación al anticipo del impuesto a la renta para empresas cuyas ventas anuales no alcancen los 300.000 dólares; que las microempresas establecidas dejarán de pagar el Impuesto a la Renta por sus primeros 11.290 de utilidad, mientras que los nuevos micro emprendedores no pagarán el Impuesto a la Renta (durante los dos primeros años de creada su empresa. También se eliminará el Impuesto a las Tierras Rurales para dinamizar al sector agrícola.

Anunció que entregarán a la Asamblea Nacional el paquete de reformas tributarias para que sean tramitadas. En este sentido, aseguró que será el presidente quien decida si se tramitan con carácter económico urgente o por la vía normal.

Ecuador pierde 2.200 millones de dólares por productos subvalorados

Para Mauro Andino, director del Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae), en este pliego de medidas económicas se encuentran tres ejes principales: defender el empleo, defender la dolarización y la lucha decidida contra el contrabando y evasión de impuestos.

Sobre el último punto señaló que la mayoría de productos que han sido enviados al Ecuador durante los últimos tres años están subfacturados, es decir, han sido declarados con un valor irreal, lo que ha causado que el país haya perdido cerca de 2.200 millones anuales.

“El 70% de productos que llegan al país importados vienen con valores de entre 1 y 5 centavos. Eso nos quiere decir que alguien nos está mintiendo a toda la sociedad, que no está actuando de manera honesta, que nos están defraudando a todos. Y también nos está diciendo que están ingresando productos de mala calidad y que pueden atentar contra la salud pública”, señaló Andino.

Otra de las medidas implementadas por el Senae será llevar al techo arancelario máximo a 375 partidas, que corresponde a productos de consumo de larga duración, es decir, que se compran una vez al año. A su vez se generarán mecanismos de disuasión para cambiar el comportamiento de aquellos que han querido defraudar al país, entre ellos se va a cobrar una tasa de interés de 10 centavos a los productos importados.

El rol de la Banca Pública

Rubén Flores, presidente del directorio del BanEcuador, señaló que entre los objetivos de la Banca Pública para la implementación de estas medidas económicas están: consolidar la inclusión financiera, facilitar el acceso y que el crédito se convierta en un facilitador para que la gente crezca.

“Buena parte de la Economía Popular y Solidaria no accede a los créditos formales, y el mandato es garantizar una mayor inclusión para lo cual se ha desarrollado el concepto de intermediación financiera que tiene tres componentes: los productos financieros, la confianza de la gente y el tema de los servicios no financieros”, señaló Flores.

Según el funcionario, unos dos millones de personas en el Ecuador generan sus propios recursos a través de sus emprendimientos productivos. “Lo que queremos es inyectarles recursos justamente para garantizar su reactivación productiva e incorporarles ya no solo en la formalización de la economía popular y solidaria sino de incentivarles para garantizar su aporte a la generación de empleo y producción”, aseguró.

BanEcuador además tiene el deber de financiar la demanda del plan “Casa para todos”, de la minga agropecuaria y de facilitar el ejercicio de los productos del Banco del Pueblo, que se enfoca al sector urbano popular. A esto se suma la responsabilidad de facilitar la transmisión y las transferencias de los subsidios de los bonos e incentivos que tiene el país, entre ellos el Bono del Desarrollo Humano.

 

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