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Edición #4501 |  Ecuador, martes, 12 de diciembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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Abogado de Ecuadorinmediato: "Error administrativo, que no logra explicar alcalde Rodas, lo vuelve responsable de la acción u omisión que se produce" (AUDIO)

2017-09-29 07:51:00
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Septiembre 28 - Jaime Muñoz Aráuz

"Significa un absoluto irrespeto a las leyes, al convenio celebrado entre las partes", aseguró

Jaime Muñoz Aráuz, abogado de Ecuadorinmediato, se refirió a la audiencia de estrados solicitada por el Municipio de Quito ante el Tribunal Contencioso Administrativo, debido a la decisión de la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) de declarar culpable y responsable de censura previa al Alcalde Mauricio Rodas por sacar del aire al programa "El Poder de la Palabra" el 16 y 19 de mayo de 2014. "Esta diligencia tiene por objeto producir una inmediación entre las exposiciones verbales de los abogados de las partes y los jueces que conforman el tribunal; tienen la oportunidad de escuchar a viva voz, de manera directa, los argumentos de cargo y descargo".

Señaló que el Municipio de Quito, a través de su abogado, “impulsó, defendió, manifestó las posiciones fáticas del Municipio respecto a la resolución de la SUPERCOM en la cual declara responsabilidad del Alcalde de Quito en la censura previa respecto a las emisiones de Ecuadorinmediato con la Radio Municipal”.

En cuanto a los argumentos presentados por el cabildo, comentó que “alega que existe lo que denomina “error administrativo”. Se produce, a decir del Alcalde (Rodas), en cuanto una persona, un funcionario del Municipio de Quito, dispuso que no salga al aire la programación establecida. El Alcalde informa tanto verbalmente, según manifiesta en conversaciones telefónicas con el Director de Ecuadorinmediato, como por escrito, que esta situación se suspende debido a un error administrativo que no lo puede explicar”.

Acotó que el error administrativo que aduce el burgomaestre “se da porque alguna persona, sin su conocimiento o responsabilidad según manifiesta el Alcalde, suspende la emisión de ese programa (El Poder de la Palabra). Él lo suspende en dos oportunidades, tanto el día viernes como el lunes subsiguiente. Ante el reclamo y las explicaciones del caso, el Alcalde simplemente manifiesta que ese error administrativo, no lo logra justificar en ningún momento, ni debidamente en las comunicaciones del Municipio, ni en el proceso administrativo que se sigue en el Contencioso Administrativo”.

El jurista expuso que posteriormente se logra determinar, por versión del Alcalde Rodas, “que la persona que dio esa orden (de prohibir la transmisión del programa) es el señor Luis Beltrán, que en su momento se entendía iba a ser el Director de la Radio Municipal; y eso era la explicación o la justificación que en calidad de director de la radio municipal, decidía que programas salían al aire o si se mantenían los ya existentes”.

Ecuadorinmediato agotó todos los esfuerzos, concurriendo al centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, pero el Municipio de Quito no aceptó la mediación. Por ello, a posteriori, se presentó la denuncia ante la SUPERCOM. “Ante los hechos producidos, Ecuadorinmediato concurrió y activó el aparato judicial poniendo la correspondiente denuncia. Se ha respetado el debido proceso en la medida en que el municipio fue debidamente notificado en la persona del señor alcalde; el municipio actuó todas las pruebas, contestó la demanda, presentó las pruebas que ellos consideraron del caso y nosotros, como Ecuadorinmediato, procedimos a documentar, en forma debida, cronológica, los hechos que se han producido”.

Muñoz Aráuz sostuvo que “en un estado de derecho como el que vivimos, las resoluciones, sentencias judiciales o administrativas, deben estar investidas, entre otros requisitos formales, de una parte que es fundamental y que se denomina motivación. Es el ejercicio intelectual que hace el juez, el juzgador, respecto a los hechos denunciados, a las pruebas, que sería la parte material”.

“La motivación realiza este ejercicio de intercalar los hechos y fundamentalmente justificar adecuadamente, con base a la constitución y a la ley, por qué motivos la resolución condenatoria o absolutoria de ser el caso,  está debidamente fundamentada. En el caso de la resolución de la SUPERCOM, efectivamente analiza los hechos que se han descrito a este momento”, agregó.

Acerca de la posición de Ecuadorinmediato, dijo que “la defensa de Ecuadorinmediato radica en el punto de que la inexistencia documental justificada del famoso “error administrativo” que no lo logra explicar el alcalde y en consecuencia lo vuelve responsable de la acción o de las omisiones que se producen”.

Explicó que el Alcalde Rodas es responsable “porque hay un principio básico que se sintetiza en la siguiente frase: La autoridad se puede delegar, sin embargo la responsabilidad no. La persona que actuó, que ahora sabemos responde a los nombres de Luis Beltrán que en su momento se entendía que iba a ser el director de la radio municipal, entendemos que tenía la debida autoridad, diligencia, cumplía las órdenes del señor alcalde. Entonces a él, en esa situación, al permitirse disponer la no emisión del programa, estaba cumpliendo las órdenes de la alcaldía”.

El jurista señaló que el planteamiento que Ecuadorinmediato, en defensa de sus intereses, sostiene que, tanto Luis Beltrán y como el Alcalde Rodas, son responsables.

“No hay que perder de vista que existe un convenio que vincula a las partes para llevar adelante el programa “El Poder de la Palabra”, utilizando la Radio Municipal y la experiencia y patrocinio de Ecuadorinmediato, un convenio suscrito por ambas partes y renovado por segundo año, lo que produce un efecto vinculante”, anunció.

Además, explicó que en la administración pública todos los actos administrativos deben guardar la motivación, que en este caso, “si el Municipio de Quito, en su momento, quería dar por terminado el convenio para la producción y emisión del programa, debía realizar todo un proceso administrativo interno del Municipio con los debidos informes previos que justifiquen la emisión de una resolución administrativa, que debidamente motivada y notificada con el tiempo necesario a Ecuadorinmediato, hubiera producido el efecto válido de la terminación del convenio de producción”.

Sin embargo, Muñoz aclaró que “queda evidente que el Alcalde, asumiendo la responsabilidad, verbalmente termina el convenio y ante el problema que le produce Luis Beltrán, de la misma manera y de forma verbal le dice no ha pasado nada, le pido disculpas y regrese nomas, como si no ha pasado nada”.

“Esto significa un absoluto irrespeto a las leyes, al convenio válidamente celebrado entre las partes y el problema de fondo es la discrecionalidad que, en ese momento, manejó el Alcalde frente a ese problema”, afirmó.

Sobre las consecuencias que este problema trajo a Ecuadorinmediato, Muñoz mencionó que el programa ya tenía establecido un público a quien iba dirigida la programación y que dentro de esos espacios se necesitaba publicitar varias marcas.

“Al producirse esta terminación intempestiva, la consecuencia es que los anunciantes pierden el interés de seguir pautando en este programa, los ingresos bajan y como cualquier empresa, simplemente el declive es inminente”, expresó.

Sobre los argumentos que dio la Superintendencia de Comunicación, manifestó que, “dentro de la motivación de la resolución condenatoria, hace un análisis de afectación de los derechos comunicacionales que se producen en virtud de que el programa ya no era transmitido”.

Para Muñoz, esa afectación produce la resolución, que indica que se violentaron los derechos, tanto de la producción de Ecuadorinmediato como del público a quien va dirigido. “Debido a que la comunicación es un servicio público y nadie puede limitar, obstaculizar o impedir totalmente el acceso a la información en el medio de comunicación que nosotros elijamos”, acotó.

Recalcó que su pedido al Tribunal Contencioso Administrativo es que se ratifique la validez de la resolución administrativa que condena al Municipio de Quito por el rompimiento unilateral del convenio de producción.

Además, expuso que la Ley de Comunicación también establece que cuando existe un proceso sancionador, como es el caso, tiene la obligación de la reparación integral. “La reparación integral es un derecho que está contemplado en la ley, que permite, de alguna manera, subsanar aunque no completamente los daños sociales, económicos, de imagen, entre otros”, aseguró.

(AEH-PP)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio

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