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Edición #4866 |  Ecuador, lunes, 16 de julio de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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CASO JARRIN-AVC, CUANDO LOS CADÁVERES SALTAN DEL ARMARIO DE LA HISTORIA

2016-05-02 07:49:00
Análisis
11939

Por: Francisco Herrera Aráuz /Ecuamex

Esta semana en la sala penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, la jueza Silvia Sánchez dispuso que se vuelva a abrir uno de los tantos capítulos de la historia nacional que suelen esconderse, que se ocultan hasta lograr la impunidad sin fin. La Fiscalía presentó 37 elementos de convicción para acusar de la ejecución extrajudicial de Ricardo Arturo Jarrín Jarrín, líder del movimiento insurrecto "Alfaro Vive Carajo" para que se pueda juzgar todo un proceso de represión política cruel, que el Ecuador lo tiene escondido, hasta que ahora la ha saltado a su historia para enrostrarle la urgencia de sanción por los crímenes cometidos.

 La nación ecuatoriana, siempre tan joven y desmemoriada, desconoce que en los años 80´s del siglo pasado tuvo también su propia “guerra sucia”, con muertos, desaparecidos, crímenes de estado, torturas, ejecuciones selectivas y acción política del gobernante de turno, en ese entonces León Febres Cordero (1984-1988), que ahora está comenzando a aparecer y trata de ser sancionada, como la justicia penal internacional manda y ordena, porque así se deben tratar los crímenes de “lesa humanidad”.

UNA GUERRILLA QUE NO ENFRENTÓ, UN TERRORISMO QUE NO EXISTIÓ

Fue a finales de los 70´s que insurge dentro de la sociedad ecuatoriana, un proceso de la izquierda política que quiere lograr con la confrontación política la toma del poder. La generación de esos años, cuya mayoría promediaba los veinte, muy activos en la política, encontró en el ascenso del presidente Jaime Roldós la opción para creer en el cambio nuevo en el país, pero su temprana desaparición y la impunidad que ha rodeado al caso, agitaron la semilla de la violencia en ellos. Influenciados por las tendencias guerrilleras imperantes en América Latina, se buscó implantar en el Ecuador un proceso similar que lleve su propia base histórica, eligiendo a Eloy Alfaro como el modelo histórico a seguir.

Pero, pese a todo lo que se pueda especular al respecto, la citada guerrilla de “Alfaro Vive Carajo” no fue tal, porque no fue un proceso con raíces populares. Por el contrario, su liderazgo cupular estuvo integrado en su mayoría por jóvenes de la clase media acomodada de Quito, más un grupo de dirigentes de sectores sociales de la costa ecuatoriana, quienes se hicieron de armas y proclamaron su lucha con levantamiento armado, sin contar con un número elevado de fuerzas ni poder de fuego. No fue una guerrilla, no se consolidó nunca como tal, ni tuvo ningún impacto en la gran masa nacional, que estuvo ausente en todo momento del accionar de este grupo rebelde.

La experiencia demostró con el paso de los días que la sociedad ecuatoriana no aceptó a AVC porque no acoge a la violencia como forma de confrontación política, no al menos que sea por una causa motivada, como ocurrió en los siglos anteriores. Esta no fue la ocasión para que la gente siga a un grupo armado que le imponga sus ideas, y, es más, prefirió a la derecha oligárquica en votación masiva para que dirija los destinos de la nación ecuatoriana, así llegó al poder León Febres Cordero.

Analizando fríamente este proceso de insurrección de AVC, puede decirse también que no prosperó porque nació rechazado por la propia clase política. Fragmentados en la misma izquierda, enfrentados a los partidos de la tendencia como el FADI, MPD, Socialista y Partido Comunista, estos  nunca aceptaron a “Alfaro Vive Carajo” y su propuesta de lucha armada, la cual era rechazada con frecuencia desde los años 60´s, porque saltaban movimientos de tiempo en tiempo tras la onda de la revolución cubana y que los dirigentes de esa izquierda los consideraban “aventureros”.  Es más, los intentos guerrilleros en Ecuador anteriores a AVC fueron, en algunos casos, penetraciones o manipulaciones de la CIA para justificar su lucha contra el comunismo desatando la represión consiguiente contra los militantes de la tendencia.

Parece que motivados  por las experiencias de la guerrilla colombiana, en especial del desaparecido M-19, la exigencia de armas y recursos para financiar la insurrección movieron a AVC a caer en la estrategia equivocada de buscar financiamiento en el asalto a bancos y financieras, con el fin de lograr dineros que les permitan operar. Cayeron en el caso del robo de armas a la propia policía nacional, para, luego, en una escalada indebida, optar por el secuestro de personas acaudaladas como un banquero, así como otros golpes sistemáticos que les faciliten impacto a la opinión pública y los fondos económicos requeridos. De ese listado de actos delictuales se dieron enfrentamientos con las fuerzas policiales con saldo de víctimas entre los uniformados, que combatían de esa manera al delito. Digamos que, en buena medida, ese fue el paso ante la historia de AVC, una serie de actos cometidos en condición de delitos comunes sin justificación política alguna, al menos eso ha quedado ante la imagen de la gente.             

Pero, en verdad,  allí hay que reconocer con honestidad política, que en el grupo insurrecto había un alto sentimiento ideológico y político que les dio motivos para su lucha armada. Si, idealismo, había mucho idealismo y búsqueda de justicia social en Ecuador. A fin de cuentas, era una expresión de rebeldía de una generación que buscó en la “democracia en armas” su forma de captar el poder político y cambiar a una nación empobrecida, explotada y vilipendiada por una clase política que, en muchas ocasiones de esos días actuó contra su propio pueblo.

Vale entonces decir que AVC no fue una guerrilla como tal. Nunca tuvo ningún enfrentamiento armado  contra las fuerzas armadas ecuatorianas, ningún cruce de fuego, ningún combate militar entre combatientes contra soldados. Tampoco se le puede acusar de actos terroristas con impacto de víctimas, ni actos de terror colectivo que puedan dañar a la población en la búsqueda de provechos personales, religiosos o políticos. No se les puede acusar de ello.

Fue un movimiento débil. Tan frágil era su estructura que el estado ecuatoriano pudo capturarlos fácilmente y, a finales de 1983 en el gobierno de Oswaldo Hurtado, había logrado detener a casi toda la cúpula del movimiento insurrecto y, los tenía encerrados, juzgados y sancionados en el Penal García Moreno.  Hurtado Larrea se ratificaba constantemente en esta versión y le repetía a Febres Cordero, al censurar su represión excesiva.

La llegada al poder de León Febres Cordero (1984) significó la ratificación de lucha política de AVC, ya que eran ellos como grupo insurrecto los alzados contra el gobierno constituido. Fue el ex mandatario quien les dio esa categoría al castigarlos tan cruelmente, en buena medida por una polarización social –mayor que la actual- que dividió a los ecuatorianos y que desató la paranoia política  del ingeniero, que se sintió perseguido por este grupo y generalizó su reacción contra toda la oposición que le circundaba, muy especialmente contra la izquierda ecuatoriana por la que siempre sintió odio político, hallando entonces motivos y razones para desatar la represión contra los “comunistas anti patria” como los trataba.

La lucha contra AVC no fue mayor ni mayúscula. Es más, duró algo de menos dos años (1984-1986), tiempo en el que se descabezó a toda su cúpula, se liquidó a sus principales líderes, se anuló los potenciales focos guerrilleros y, se aniquiló a la pobre fuerza militar que se le había opuesto al régimen socialcristiano.

Sin embargo, al ex presidente siempre le afectó que el discurso de los jóvenes rebeldes cale en la gente y, destruya su proyecto político. La forma como se escaparon del penal los dirigentes de AVC, el secuestro de Nahím Isaías con mal final bajo sus órdenes, o el otro secuestro de su ex vocal ante el Tribunal de Garantías, Enrique Echeverría, tanto más como la toma de emisoras o de actos políticos, con ataques fuertes en su contra lo tenían humillado ante la opinión pública y fueron el caldo de cultivo para que el ingeniero disponga que esa lucha sea  su lucha contra la insurrección, y actuó en tal sentido.


LO DE FEBRES CORDERO CONTRA AVC FUE TERRORISMO DE ESTADO, FUE LESA HUMANIDAD

La represión de esos años en Ecuador fue cruel, sistemática, selectiva, terrorífica. Fue la imposición de una política de terrorismo de estado que se aplicó en forma constante y generalizada contra algunos segmentos de la  población ecuatoriana, a la cual se le dirigió en forma enceguecida una serie de acciones de persecución ilegal, indebida e injusta, creando una unidad policial especializada pero clandestina denominada “SIC 10”, que fue la encargada de ejecutar ese terrorismo en nombre del estado ecuatoriano.

Y aunque parezca extraño el gobierno de León Febres Cordero dejó testimonio por escrito de toda la represión desatada contra AVC. Si, tal como se lee, por escrito. La Comisión de la Verdad, creada en el actual régimen de Rafael Correa, pudo hallar en los arrumacos de papeles policiales, tras una intensa investigación, archivos completos de la unidad policial especialmente establecida para combatir a los insurrectos, ese SIC-10. Allí está toda la acusación contra ese régimen, escrita, ratificada en partes, en órdenes, en disposiciones generales, en  informes de novedades y resúmenes de las torturas graficadas en sus letras. Que vergüenza para la propia policía que aquello le haya tenido que ser arrebato para demostrar la mente enfermiza de agentes torturadores que redactaban sus miserias, esas que son ahora como la principal prueba de sus crímenes.

¿Qué crímenes?, ¿Qué lesa humanidad? Para empezar, la disposición de una política represiva de enfrentamiento a AVC difundió la tortura y ejecución extrajudicial o la desaparición de personas, en contra todos los miembros de este grupo rebelde. En todos los casos de los capturados que están vivos y, ahora dan su testimonio, fueron torturados física y psicológicamente. Todos fueron perseguidos en sus vidas posteriores, tanto en ellos como personas, como en sus familias, que eran parte numerosa de la sociedad ecuatoriana, especialmente de Quito o Guayaquil. Eso se puede hoy descubrir porque hay toda una historia cruel, oculta, callada, cerrada e impune.


¿Y por qué el caso de Arturo Jarrín es el principal acusador en esta historia nefasta?

Conocí personalmente a algunos de los comandantes de AVC, por ser compañeros de aulas unos, por estar cerca políticamente otros. De entre ellos conocí a Ricardo Arturo Jarrín Jarrín, el comandante máximo de AVC. Joven dirigente desde sus años estudiantiles del colegio La Salle de Quito, hizo liderazgo por su capacidad intelectual en las aulas de sociología de la Universidad Central, y luego se constituyó en el líder político de “Alfaro Vive Carajo” reconocido por sus compañeros y las organizaciones que lo respaldaron.

No fue un líder militar, por ello su organización no presentó en ningún momento un accionar de ese tipo bajo su mando y, tampoco era un hombre físicamente corpulento ni tenía tras de sí un pasado violento que lo muestre como un ruin. Sin embargo, en la policía como en el gobierno de LFC se le temía, y el temor a Jarrín se lo demostró en la saña con la que se le combatió, más por su inteligencia y talento, antes que por su fuerza. Por eso fue contra el que se dirigió la mayor persecución, al punto de poner precio a su cabeza.

De los dos años de enfrentamiento entre Febres Cordero contra AVC no se supo de Arturo Jarrín, pese a que, como se ha comprobado ahora por las investigaciones de la Comisión de la Verdad, el régimen había infiltrado profundamente a la organización insurrecta. Al parecer Jarrín nunca participo en las acciones en las que se vio envuelto AVC, pero era señalado insistentemente como el cabecilla de las mismas, acusación que resultaría injusta.

La dirección de Febres Cordero, su política pública de combatir a lo que él llamó terrorismo y la represión desatada, habían logrado desde inicios mismo de 1986 que se descabece a la cúpula de AVC. En ese año cayeron en forma sistemática, en supuestos enfrentamientos: Fausto Basantes, Gladys Almeida y Ricardo Merino, en lo que nunca fueron tales. Solo Hamet Vásconez, se había enfrentado contra la policía nacional. Por ende, Arturo Jarrín se había quedado solo, ya que otra parte de los dirigentes menores de “Alfaro Vive Carajo” estaba detenido en algunas cárceles del país. Por eso, en octubre de ese año decide salir de Ecuador.

En principio se sabe que pidió asilo a Cuba, que no le fue concedido. Luego el M-19 decide ayudarlo ya que esta perseguido muy de cerca por fuerzas de seguridad, pues, según versión comprobada de la Fiscalía de Ecuador, Arturo Jarrín tenía previsto viajar a Europa. Su traslado se inició por Colombia, luego iría a Panamá, Holanda y finalmente a Serbia.

El 22 de septiembre, Jarrín registró su salida en las oficinas de Migración de la Policía en Rumichaca.  Sin embargo, como estrategia de seguridad no cruzó ese día la frontera hacia Colombia, sino que se regresó a Quito para ultimar detalles del viaje, el cual finalmente empezó el 27 de septiembre de 1986.

El 7 de octubre, arribó a Panamá donde permaneció hasta el 24 de ese mismo mes. 

De lo que se conoce, aquí hay una cooperación internacional para delinquir, que habría surgido entre el gobierno de León Febres Cordero y el dictador Manuel Antonio Noriega, quien, según testimonio de un pesquisa panameño que identificó a Arturo Jarrín, y cuyo testimonio es ahora parte del juicio, mientras realizaba llamadas telefónicas internacionales fue detenido por un militar por orden del entonces presidente de Panamá. Luego Arturo Jarrín fue trasladado al aeropuerto de Tocúmen  y puesto a disposición de autoridades ecuatorianas.

Este detalle de Manuel Antonio Noriega es confirmado por una versión del ex vicepresidente Alberto Dahik, quien habría escuchado una conversación entre Febres Cordero y el dictador panameño. Por eso, años después, cuando fue enjuiciado políticamente por los socialcristianos él tuvo la valentía de enrostrarles este tema diciéndoles frontalmente que sus manos “estaban limpias y sin sangre”.

Al llegar a Quito, Jarrín fue llevado a Tambillo, al lugar conocido como Unidad de Policía Nacional 'La Remonta', en donde se encuentran las caballerizas de la Policía Nacional. Allí fue interrogado, y cruelmente torturado, según lo reveló la autopsia.

Según las investigaciones de Fiscalía, Arturo Jarrín  fue ejecutado extrajudicialmente en Carcelén, norte de la capital, la noche del 26 de octubre de 1986. Pero en ese entonces se difundió una información totalmente diferente a lo que ocurrió. Se dijo que hubo un enfrentamiento armado entre agentes policiales que patrullaban en el sector de Carcelén y Arturo Jarrín, quien se encontraba con otras dos personas.

La versión de la Policía es que, supuestamente, los uniformados les habían solicitado que se detengan, pero habrían respondido con disparos de arma de fuego. Entonces, los policías en su defensa también habrían disparado y en ese cruce de fuego habría fallecido Jarrín.

 

UN CADAVER QUE ACUSA, UNA CONDECORACIÓN QUE INCULPA

Pero, el mismo día del entierro, la madre de Arturo, doña Beatriz Jarrín ya denunció la ejecución extrajudicial de su hijo, por las huellas en su cuerpo, y es precisamente 30 años después que el cadáver de Arturo Jarrín es el principal acusador a sus torturadores y asesinos, así como de quienes ordenaron su ejecución y muerte.

En el proceso no se conoce ni se sabe si fue actuado ante la justicia de Ecuador, como tampoco por sus autoridades nacionales o internacionales. De su interrogatorio no hay ninguna referencia de actuación de un fiscal o juez, y menos de un médico legista. Es cruel que tras años de impunidad, solo allá en el 2012, por la exhumación de los restos pedida por la Fiscalía y realizada por un forense peruano, se determine las huellas de las crueles torturas a las que fue sometido.

El informe es desgarrador. Hay múltiples fracturas en su cuerpo por los golpes recibidos, huellas de quemaduras en los restos de piel examinados por la aplicación de puntos eléctricos del alto voltaje o por cigarrillos encendidos. T iene ocho impactos de bala y, esta parte es muy dura leerlo, una de las laceraciones de bala denotan que ingresó por la parte superior a la altura de la nuca, en una señal clara de ejecución con “tiro de gracia”. Es más, el forense presume que por la presumible trayectoria del proyectil, Arturo Jarrín fue victimado de rodillas, en una muestra cobarde de sus torturadores por la crueldad y saña con la que actuaron. Todo eso consta como huellas del crimen en un cadáver que acusa en silencio pero con firmeza.

¿Merecía un castigo Arturo Jarrín? Si, pero este no, como ningún ser humano se merece este tipo de castigos.  Si bien Jarrín se alzó en armas contra el estado nacional y cometió delitos penados por la ley, era precisamente ese el camino para sancionarlo. Es decir, se lo debía capturar y, como se lo hizo en el exterior, pues, extraditarlo legalmente, traerlo al país y abrir una causa judicial, juzgarlo y sentenciarlo con una pena que la legalidad ecuatoriana lo que se exige para quien viola el estado de derecho.

¿Cuál es el motivo entonces por el que la Fiscalía de Ecuador, y ahora la Corte Nacional de Justicia, reabran un proceso, después de 30 años de los hechos? Pues, porque aquí hay una serie de excesos en la acción del estado y sus agentes de la policía nacional. Son delitos como el secuestro, la extradición ilegal, el encarcelamiento en sitios no autorizados, la tortura, los castigos crueles e infamantes así como la mala utilización de aparatos de seguridad, agentes, armas, edificios policiales y personal institucional los que se usaron para llegar a este caso de ejecución extrajudicial, todo lo cual se constituye en un delito de lesa humanidad que envuelve a todos y cada uno de los que participaron en condición de autores, cómplices y encubridores del acto de victimación y asesinato de Ricardo Arturo Jarrín Jarrín.

La justicia ordinaria ha señalado a 13 personas como inculpadas en el hecho, de entre ellos a tres ex comandantes de policía, varios generales o coroneles, y hasta dos civiles que tenían la condición de asesores presidenciales de Febres Cordero.  ¿De dónde salieron esos nombres?, pues es increíble como el ego se pueda volver como el peor enemigos de quienes actuaron con tanta saña. Resulta que de los papeles encontrados y arrebatados al SIC 10 se halló un Decreto Reservado de fines de ese octubre de 1986, firmado por León Febres Cordero y Luis Robles Plaza, Ministro de Gobierno de ese entonces, en el que se los condecora justamente a algunos de este grupo por sus acciones contra el terrorismo, y de cuya condecoración habrían hecho gala varios de ellos como el premio por la ejecución de Arturo Jarrín. Vean como un reconocimiento a una conducta presuntamente delictiva termina siendo la mejor de las pruebas para inculparlos.

Esta es una historia que la nación no sabe, que se la ha guardado en forma indigna y que hoy sale a la luz porque siempre que hay delitos con el costo de vidas, los cadáveres suelen salir de los armarios de la impunidad para ser los más duros acusadores. (FHA)

Dr. Francisco Herrera Aráuz / Director General de Ecuadorinmediato.com 
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