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Edición #4501 |  Ecuador, martes, 12 de diciembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores

EXPRESO (Guayaquil) El 146, el desafío entre los médicos y el COIP

2014-07-30 07:43:20
Notas Gremiales
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Los profesionales de la salud se preparan para futuros eventos legales con la vigencia de la nueva Ley Penal - Juristas analizan el escenario y las propuestas

El próximo 10 de agosto, el país conmemorará 205 años del Primer Grito de Independencia y lo celebrará con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). La doctora Martha Materón no es ajena a esa emancipación. Ese día, ella colgará el mandil en el quirófano, para dedicarse por entero a su consultorio particular.

Dejará de realizar cirugías para evitarse problemas en lo que respecta al artículo 146 de la nueva ley Penal, que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. Se trata de uno de los articulados que causó polémica durante el debate del COIP; y, aunque la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución interpretativa que limita su aplicación, médicos como Materón prefieren no correr riesgos por situaciones fortuitas que pueda presentar un paciente y generarle a ella un proceso penal o una demanda civil.

CAMBIOS DE FORMa. El abogado Julio César Cueva cree que después del 10 de agosto, la relación paciente-médico debe cambiar. "Tiene que dejar de ser informal, como muchas veces sucede, para pasar a ser formal en términos de la información que el paciente proporcione al médico".

Entonces, el cambio deberá iniciar con el registro o almacenamiento de la información y todo lo que tenga que ver con recetar, dosificar, etc., para efectos de si surge un problema, exista el respaldo probatorio suficiente para el médico, dice Cueva. "A veces, el paciente le miente a la familia que piensa que no es tan grave su situación... y cuando no sale (vivo) del quirófano termina en una denuncia en la Fiscalía".

El abogado Fernando Yávar Umpiérrez, exvocal del Consejo de la Judicatura de Transición, advierte un escenario no tan favorable para los profesionales de la salud.

Primero, explica, "creemos que no hay suficientes peritos acreditados en el Consejo de la Judicatura en todas las ramas de la Medicina".

Otro de los puntos que observa son los protocolos médicos que, según indica, no están completos ni actualizados. "Y eso evidentemente es un riesgo. Esto ha hecho que algunos médicos decidan que, a partir del 10 de agosto, no operen".

alto riesgo. La mayoría de los casos que han sido denunciados son por intervenciones quirúrgicas. No hay cifras exactas, pero se estima que -anualmente- la Fiscalía de Guayaquil recibe un promedio de 60 escritos por presunta negligencia de profesionales de la salud.

Por ejemplo, en lo que va de este año, la fiscalía quinta de Garantías y Personas indaga tres casos que tienen que ver con la actividad médica: dos con muertes y uno por lesiones. Los tres se han producido durante y posterior a intervenciones quirúrgicas.

El fiscal Enry Bazurto, coordinador del Sistema de Atención Integral (SAI) de la Fiscalía, señala que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía se han esmerado en prepararlos respecto a la mala práctica profesional y todo lo que enmarca el COIP, para poder llevar adelante una investigación en ese sentido.

El Colegio de Médicos del Guayas (CMG) y el gremio en general, también están tomando acciones para defender su postura ante eventuales demandas que puedan surgir a partir del 10 de agosto. "Hemos estado hablando con intermediarias (aseguradoras internacionales) que puedan solventar la defensa... de Guayas y quizás del país", dice el doctor Francisco Vera, presidente del CMG.

El gremio no descarta a las aseguradoras nacionales. Pero busca un plan atractivo no solo en la defensa penal, civil, administrativa y gremial, sino además, en lo científico y académico y con una prima lo más baja posible. Tienen propuestas de entre 100 y 200 dólares, mensuales.

Una de las propuestas nacionales la brindan Cueva y Yávar. Ambos se han unido con otro jurista para dar asistencia y patrocinio legal a los médicos a través de un servicio prepagado denominado Projusticia Médica, en Quito y Guayaquil. El costo va desde los $ 5 hasta los $ 25 mensuales.

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