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Edición #4866 |  Ecuador, viernes, 20 de abril de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

LA HORA (Quito) El sector público no garantiza una estabilidad laboral

2014-01-27 07:29:06
Notas Gremiales
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Muchos profesionales trabajan por contratos o ejercen cargos de libre remoción en el sector público

Según la Ley Orgánica del Servicio Público, los contratos ocasionales no pueden exceder de 12 meses y sólo en caso de necesidad del la institución se podrán renovar por un año más.

Esta normativa hace que cada año una gran cantidad de jóvenes funcionarios que ingresan al servicio público salgan de sus puestos o sean transferidos de una dependencia a otra.

Hace siete años, el grueso de los servidores públicos llegaba a 467 mil personas, pero según una publicación de hace tres meses de la Organización Mundial de Trabajo (OMT), la cifra llegaría a 580 mil a esa fecha, incluyendo a los empleados de los ministerios, maestros, policías, militares, trabajadores de los municipios y consejos provinciales, entre otros.

Alberto G. es uno de los funcionarios públicos que aún está en el limbo, su contrato está por concluir y por eso ingresó al Concurso de Méritos y Oposición para tratar de ocupar una plaza definitiva, pero sólo de cierto modo, pues la estabilidad ya no es una constante en el sector público.

“Por ahora sigo trabajando pero no sé qué pasará porque el concurso fue declarado desierto y hay que esperar una nueva convocatoria”, dijo al analizar la posibilidad de buscar un nuevo empleo, ya sea en el sector público o privado.


En la cuerda floja

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, asegura que uno de los problemas es que ya no se garantiza la estabilidad laboral en el sector. “Es hora de definir cuántos se quedan”, dijo al anotar que la única manera de que estos jóvenes puedan mantener el trabajo es ocupar un puesto vacante con la consecuente salida de personal que ocupa la partida necesaria y para evitar la creación de una nueva.

Aquí se aplican herramientas como el decreto 813, que consiste en la compra de renuncias obligatorias. De acuerdo a cálculos de García, desde la promulgación del decreto 813 han salido bajo este mecanismo más de 17.000 personas, sin razones contundentes.

“Se han detenido las salidas, no por ánimo de seguir botando a la gente, sino porque no hay plata para pagar las compensaciones”, enfatizó el dirigente gremial al recordar que incluso se ha determinado que estos rubros se paguen en bonos y no en efectivo.

El problema no es que los servidores públicos no quieran que haya personal nuevo. García asegura que existe mucho de ese personal que está muy bien preparado, pero reconoce que también hay quienes ingresaron por afiliación política y si bien, todos tienen derecho de trabajar, sostiene que debe definirse la estabilidad, pues se les ubica en una suerte de precarización.


Sueldos

Un problema que identifica García es que si bien ha crecido el número de servidores, la masa salarial se ha incrementado mucho más. El año pasado se destinaron alrededor de 8.500 millones de dólares para sueldos y salarios del sector público, pero esto no significó un aumento en lo que se percibe, pues desde hace dos años está determinado el congelamiento de los sueldos.

Sin embargo, asegura que los funcionarios considerados de libre remoción –ministros, viceministros, secretarios, asesores- tienen la posibilidad de acogerse a nuevas normas, por ejemplo, un sueldo adicional por eficiencia o un bono por vivienda cuando el funcionario no es natural de la ciudad donde labora, con lo que puede recibir hasta tres salarios mínimos, es decir 1.020 dólares adicionales como ayuda para vivienda.
“Seguramente por eso ha crecido la masa salarial”, se explica García al comentar que además hay exceso de consultores y asesores, que ingresan como funcionarios de libre remoción, muchos de ellos sin pruebas para su enrolamiento. Pese a esto, existe un acuerdo interministerial entre Finanzas y Relaciones Laborales que impide que las vacantes que se llenen a discreción de las instituciones. (ABT)


Paquete de austeridad

° Los beneficios que antes se encontraban en el servicio público van desapareciendo. Uno de ellos era la alimentación que se les proveía a los funcionarios, suspensión definida en agosto de 2013 y con aplicación desde el primero de enero de 2014. Se prevé que con el nuevo Código Laboral empiece la mensualización de los décimos tercero y cuarto sueldos, se elimine la jubilación patronal, dispensarios, transporte y se regule la entrega de uniformes.

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