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Edición #4866 |  Ecuador, sábado, 21 de abril de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

CONGRESO DE ECUADOR RECHAZA NUEVAMENTE REFORMA POLITICA

2006-01-03 19:26:10
Ecuador en la prensa mundial
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Agencia Efe

El proyecto de reforma política propuesto por el Gobierno de Ecuador recibió hoy un nuevo revés del Congreso, que la rechazó tras anunciar su oposición frontal a la instauración de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna.
El Congreso rechazó, con 68 votos de 80 diputados presentes, la propuesta del Gobierno, al considerarla improcedente y porque, según los diputados, se incumplieron los procedimientos legales para la presentación de proyectos de reforma política.

El presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, que convocó para hoy una sesión extraordinaria del Parlamento con el único fin de analizar su propuesta, fracasó en su sexto intento en dos meses para instalar una Constituyente con plenos poderes.

El jefe del Estado, que ha mantenido un intenso pulso político con el Congreso, también pretendía reformar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo que también ha rechazado en dos ocasiones la convocatoria de referendo sobre la Constituyente.

Palacio propuso que, a continuación del artículo uno de la Constitución, se inserte un texto que diga: 'El pueblo de Ecuador es el depositario del poder constituyente. En ejercicio de dicho poder se puede convocar una Asamblea o Convención Nacional Constituyente, con el objeto de redactar una nueva Constitución'.

Además, el gobernante propuso que en el artículo 209, sobre el TSE, se precise que el organismo 'se integrará con siete vocales principales y sus respectivos suplentes, en representación de la ciudadanía', eliminando el actual sistema en el que el Parlamento designa a los miembros del organismo del sufragio.

Con la presencia de 80 de los cien legisladores que forman el Parlamento unicameral, el Congreso clausuró después de tres horas y media la sesión convocada por Palacio, pese a que algunos diputados habían propuesto suspenderla, por considerar que el proyecto del Ejecutivo era inconstitucional.

El legislador socialdemócrata Guillermo Landázuri, que fue uno de los que consideraron inconstitucional el proyecto, dijo que, 'seguramente, el Jefe del Estado quiere hacer más tensas las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo' con este proyecto.

Además, Landázuri coincidió con varios de sus colegas que han expresado su temor de que la propuesta del Gobierno pretenda extender la permanencia en el poder del presidente Palacio, cuyo mandato debe concluir el 15 de enero de 2007.

Si ello ocurriera, advirtió Landázuri, la situación en Ecuador podría llegar a 'límites de confrontación, inseguridad y, eventualmente, de violencia'.

Jorge Guamán, diputado del Movimiento indígena Pachakutik, calificó como una 'cortina de humo' la propuesta de Palacio, para desviar la atención de la opinión pública sobre otros asuntos de interés nacional.

Según Guamán, con esa actitud, el Gobierno pretende tapar su decisión sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, al que se oponen diversos sectores sociales.

Asimismo, el diputado indicó que, con esa 'maniobra', el Gobierno quiere tapar la demanda de anulación de un contrato con la compañía petrolera estadounidense Occidental (Oxy), acusada por la Procuraduría y la empresa estatal Petroecuador de incumplir el convenio de explotación de crudo en la Amazonía ecuatoriana.

El Gobierno, por su parte, rechazó esas acusaciones e insistió en que su propuesta sólo busca entregar al pueblo la posibilidad de buscar soluciones a la crisis institucional que afecta al país.

El secretario general de la Administración (ministro de la Presidencia), José Modesto Apolo, dijo que el proyecto gubernamental pretende devolver al pueblo su derecho a ser consultado, así como lograr la despolitización del Tribunal Supremo Electoral, ahora dominado por los partidos tradicionales.

Además, el Gobierno acusó al Congreso de resistirse a llevar adelante las reformas constitucionales que la población reclama para tratar de solucionar la crisis política que le afecta desde hace más de una década.

Un estudio difundido hoy por la empresa Lexis SA, especializada en información jurídica, señaló que el Congreso ha impedido en los últimos siete años el trámite de casi un centenar de proyectos de reformas constitucionales.

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