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Edición #4501 |  Ecuador, lunes, 11 de diciembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores

ESTADO ECUATORIANO DEBE PENALIZAR LOS DELITOS POR LA CODICIA CON EL NOTARIO (3ra Parte)

2005-12-02 09:37:02
Reportes y Reportajes
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Penas que deben imponerse van desde la multa hasta la prisión o reclusión

Lo del Notario de Machala José Cabrera Román está llegando a extremos graves. No siendo suficiente el que se hayan dado sospechas de usura, corrupción, falsa declaración de impuestos y evasión tributaria, debe añadirse que como resultado de las investigaciones que saltan como absceso purulento, hay una cadena de seis posibles delitos penales definidos, castigados por la justicia, y que también deben ser perseguidos y sancionados por el Estado Ecuatoriano.
ASOCIACION ILÍCITA

Partamos de la figura triste y mendicante que se quiere vender en el mercado de la piedad, en la que se han convertido las pantallas de televisión con el escándalo de la “tragedia de Machala”: “que se hicieron colectas entre familiares, entre grupos de soldados o policías, entre empleados de oficina, para lograr la cifra dorada de los $10 mil dólares y correr donde el Notario a poner a un elevado 10% mensual ese dinero”. Eso, justamente eso es Asociación Ilícita.

Muchos de ellos acudieron a utilizar a ciertas personas para “poner la plata a su nombre” y por ello, no constan, según palabras del diputado Guillermo Haro, muchos de los generales, coroneles, altos mandos militares, políticos prominentes. Es más, se denuncia, existió una cadena de “soldados tramitadores” que con módico 1% prestaron su nombre para cobrar la usura.

Dice el Código Penal, Art. 369.- Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida y añade el Art. 370.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de delitos que merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores de la asociación, sus jefes y los que hubieren ejercido en ella un mando cualquiera, serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor.

Quizás se quiera argumentar que no hay tal definición en la agrupación de personas, pero si el delito es calificado de usura, Art.- 583 del Código Penal, muchos de aquellos que se juntaron poniendo dinero lo ponían para el delito, pues están inmersos en este tema y debe ser revisada esa conducta delictuosa.. tiene la palabra la Fiscalía.

ROBO Y DESTRUCCIÓN DE BIENES

Ahora bien, enfrentados a la complicada situación de ser descubiertos en el ilícito, pero ante todo, la desesperación de recuperar el dinero, hizo que un grupo de militares procedan a organizar partidas de comandos armados integrados por soldados o policías bajo su orden, tomar un avión del Estado Ecuatoriano, de uso del Presidente, y luego, llegar hasta el sitio de la Notaría de Machala, y en forma desaprensiva procedieron a cometer los delitos de: allanamiento de propiedad privada, asalto, robo de dineros, intimidación con violencia al asistente del Notario para que se les pague las cuentas, saqueo de fondos.

Muy grave situación es la que provocaron con sus actos todos aquellos que el 11 de Noviembre de 2005, en la Notaría Segunda de Machala, con el tipo de conducta sancionada como Robo calificado, que se halla expuesto en una larga lista del Título X, Capítulo II, entre los artículos 550 AL 553 y demás innumerados, que se lo castiga con penas de prisión uno a cinco años y reclusión que van desde los tres hasta los treinta años, en casos de haber provocado la muerte de alguna persona.

Pero hay algo más:

El asalto a la Notaría y robo de sus bienes, dineros, papeles, documentos y demás, es considerado como un delito, el de destrucción de propiedad privada, y con afán de saqueo, lo que es castigado según el Art. 405.- que dice: “La destrucción o el detrimento de propiedades muebles de otro, ejecutado con violencias o amenazas, en una casa habitada o en sus dependencias, y concurriendo alguna de las circunstancias agravantes, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. La pena será de reclusión menor de seis a nueve años, si el delito ha sido cometido en reunión o en pandilla.”

CASTIGAR LA PROFANACIÓN
Las escenas que han recorrido el mundo, mostrándonos como una sociedad absurda que violenta las tumbas, profanando las mismas, recortando pedazos del cadáver sin justificación alguna, las afirmaciones de que “no es el cadáver, es una careta de plástico”, o la impactante actitud del individuo que patea el cadáver del Notario Cabrera y, en forma grotesca le grita “devuélveme mi plata desgraciado”, no pueden quedar impune: el Estado también tiene que perseguir ese tipo de comportamiento delictivo.

El artículo 401 del Código penal expone en su ordinal 3o.- “ En caso de destrucción o violación de sepulcros, para robar las cajas mortuorias, los objetos encerrados con los cadáveres, o el cadáver mismo, la pena será de prisión de tres a cinco años. Igual pena se impondrá al que cometa la infracción para aprovecharse de los materiales de la tumba destruida, o para satisfacer un acto de venganza.”

Dejar impune un delito equivale a cometerlo. La Fiscalía tiene que abrir una causa de investigación, recabar las pruebas, perseguir a los culpables y castigarlos.

SANCIONAR CON DUREZA EL MEGADELITO

Una de las acciones más censurables de todo este “megadelito” como le hemos denominado al escándalo, es pues que un grupo de uniformados tomaron un bien público, el avión del Presidente de Ecuador, dispusieron de fondos para cargar combustible, operar la nave, movilizaron personal de tropas y pusieron en sus manos armas y pertrechos para ir directamente hasta la Notaría el 11 de Noviembre, para “rescatar” su dinero.

Eso es violación de los deberes de funcionarios públicos, de la usurpación de atribuciones y de los abusos de autoridad, y está tipificado como tal en el Código Penal en el Art.- 270 y siguientes donde se especifica que “ Será reprimido con prisión de uno a cinco años el funcionario público, agente o comisionado del Gobierno, cualquiera que sea su empleo o grado, que hubiere requerido u ordenado, hecho requerir u ordenar, la acción o empleo de la fuerza pública contra la ejecución de una Ley o decreto ejecutivo, contra la percepción de un impuesto legalmente establecido, o contra la ejecución de un decreto, auto o sentencia judicial, o de cualquier orden emanada de la autoridad.

Es más, la condición de militares y, sobre todo, según el Art. 271.-'Si el requerimiento u orden ha surtido efecto, el culpado será reprimido con tres a seis años de reclusión menor', conjuntamente con el Art. 275.- “Fuera del caso en que la Ley fija especialmente las penas con que deben reprimirse los delitos cometidos por los funcionarios o empleados públicos, los que se hubieren hecho culpables de otros delitos que estuvieren encargados de prevenir, perseguir o reprimir serán sancionados con las mismas penas señaladas a estos delitos, doblándose el mínimo si la pena es de prisión, y aumentándose en dos años si es de reclusión mayor o menor”.

Todo esto, absolutamente todo, debe ser perseguido y castigado, y es obligación del Estado Ecuatoriano proceder tal como manda la ley.

MILITARES DEBEN SER CASTIGADOS POR SU LEY

En cuanto a los militares, pues por la condición especial de su fuero, ellos están señalados en la debida legislación y, se los debe encausar por lo siguiente:

Para empezar, según el Código Penal Militar, se establece en el Art. 106.- Serán sancionados con prisión de tres meses a dos años, los que violaren u ordenaren violar el domicilio particular.

Por otro lado, los uniformados deben ser sancionados por haber incurrido en las infracciones contra la existencia y seguridad de las Fuerzas Armadas, tal como lo dispone el Art. 108.- Los que atentaren contra la existencia o seguridad de las Fuerzas Armadas, por inexactitud en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, descuido, imprevisión, negligencia u otra causa voluntaria, en el servicio, serán sancionados con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años en tiempo de paz, y con reclusión mayor extraordinaria y expulsión de las Fuerzas Armadas, en tiempo de campaña.

Y aquellos que han afectado la honra pública de la institución pueden ser encausados como dispone el Art. 130.- Los actos inmorales que se cometieren, se sancionarán con tres meses a cinco años de prisión, según la gravedad de ellos. Si estos actos se verificaren con armas, en motín o complot, se sancionarán hasta con reclusión menor ordinaria.

Pero, aunque no se crea, en este caso, el que hayan incursionado los militares genera toda una cadena de violaciones del Código Penal Militar, que deben ser también encausados, y que podrían terminar en la baja de un sinfín de miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador.

Lea mañana: Las violaciones al Código Penal Militar y su aplicación que consecuencias puede tener (4 parte)

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