Donaciones
EL PERIÓDICO INSTANTÁNEO DEL ECUADOR
Donar
Conozca más
Edición #4501 |  Ecuador, miércoles, 18 de octubre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores

ESTADO ECUATORIANO TIENE QUE CASTIGAR A LOS CODICIOSOS DEL NOTARIO (1 parte)

2005-11-30 20:55:55
Reportes y Reportajes
6560

Usura, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción, son entre los diez delitos a juzgar

La famosa afirmación de que "nadie delinque ante notario" se acaba de caer en Ecuador, ya que con el aparecimiento de un disco duro revelador, entregado a Ecuavisa, el Estado Ecuatoriano está obligado por las leyes a iniciar una acción penal impresionante, para que se castigue a los 32.781 ciudadanos involucrados en un "megadelito" por su codicia de ganar dinero fácil, en el escándalo de las cuentas del Notario José Cabrera.
Esta circunstancia que se enfrenta por primera vez en el país es un conjunto de acciones ilegales, infracciones, delitos e irregularidades administrativas cometidas. Todas estas acciones están establecidas y tipificadas como violaciones a las siguientes leyes: de Régimen Tributario, del sistema financiero, de Enriquecimiento Ilícito, de Lucha Contra la Corrupción, del Código Penal, del Código Civil, de Leyes y Reglamentos Militares, de Control de los Fondos y Bienes del Estado; y todas ellas ameritan su persecución.

Para poder enfrentar todo este “megadelito” cometido por los involucrados en el hecho, el Estado Nacional tiene que mover todo el aparato legal del país, y un conjunto de instituciones deben cumplir sus obligaciones, de entre ellas: la Función judicial, en todos sus estamentos, el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, la Comisión Anticorrupción, la Justicia Militar, las Cortes Policiales, y aunque parezca increíble hasta la Interpol, que deben activar inmediatamente los mecanismos de investigación, con el consiguiente desembolso de recursos y personas, para llegar a sancionar a la cadena de actos irregulares cometidos por quienes cayeron en la codicia con el Notario.

El Estado Ecuatoriano está obligado por ley a perseguir las violaciones a la ley de todo ciudadano en el país, bajo las debidas consideraciones y derechos constitucionales, siendo una exigencia a todos los funcionarios públicos el actuar para enfrentar y castigar dicho comportamiento ilegal.

No se puede alegar que no se conoce quienes son responsables del “megadelito”, porque el aparecimiento del disco duro de los movimientos del Notario Cabrera, entregado a Ecuavisa el pasado jueves 18 de Noviembre, donde constan los 32.781 prestamistas al notario Cabrera, son identificados con nombres y apellidos, con cédulas, direcciones, teléfonos, montos de la entrega del dinero y valores calculados de intereses, por lo que ahí ya se puede determinar con precisión las relaciones directas con el principal delito cometido y sus debidas implicaciones.

Por ello es que suena a criticable desde todo punto de vista los justificativos de algunos de los perjudicados por su codicia, bajo el concepto de que “no he cometido ningún delito”, cuando es evidente que hay una lista de colección de los mismos, y es censurable el querer explicar que “medio mundo conocía” sobre este tema, cuando el conocimiento de la ley es obligación de todo ciudadano y su ignorancia no exime de culpa a nadie.

Bajo ese mismo argumento el Estado Ecuatoriano va a tener que enjuiciar a todos y cada uno de los señalados, precisamente por tener que cumplir la ley, sin excepción alguna.

Así:

El primer punto a definir es el delito principal, y luego los delitos accesorios, así como las condiciones de quienes son inculpados para determinar su fuero y el grado de responsabilidad.

Para este caso, el debate se dirige hacia la calificación del delito colectivo de Usura, en el que supuestamente habrían incurrido todos los implicados en haber entregado dinero de su parte al notario Cabrera.

Según el Código Penal, en su Libro II De los Delitos en particular, en su Título X, de los delitos contra la propiedad, en el Capítulo VIII, señala sobre la Usura y de las casas de préstamo sobre prendas, que – de acuerdo con el Art. 583.- “Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se estipula un interés mayor que el permitido por ley, u otras ventajas usurarias”. Tal delito, por lo que manda el Art. 584.- Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de dieciséis a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que se dedicare a préstamos usurarios. Y; por el Art. 585.- Será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de treinta y uno a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que encubriere, con otra forma contractual cualquiera, la realidad de un préstamo usurario.

El destacado jurista Héctor San Martín, ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia, en una exposición pública sobre el tema señala quiénes son los “chulqueros” (usureros): “Son los que conscientemente o engañados por la habilidad del notario financista, confiaron sus recursos a tasas de rendimiento prohibidas por la ley y, a todas luces agiotistas, resultarían los que, al cabo de 10 meses, recuperaban el capital invertido. Quienes así obraron tendrán que asumir las duras consecuencias de su actual realidad, así como asumieron las utilidades desmedidas en su momento y no pretender, una vez más, endosar al Estado y por ende a todos los ecuatorianos, el pago de sus errores y de su ambición”.

Por ello, si hay un delito que perseguir es el de los préstamos usurarios que los “inversionistas” le daban a Cabrera, ellos iban a poner su dinero a un altísimo interés prohibido por la ley. Será la Fiscalía la que determine aquello.

Pero, entonces, salta la primera gran interrogante: ¿Qué origen tenían esos dineros? Es sabido que los controles en los bancos mandan a averiguar a quien tiene para depositar de un solo golpe una cifra mayor a los 10 mil dólares. Por ello, el Notario Cabrera aceptaba esos valores superiores.

Todos quienes entregaron dineros, en condición de prestamistas al Notario Cabrera, deben justificar en forma exacta, directa de dónde salieron cantidades superiores a los 10 mil dólares. Es especialmente dudoso que policías con sueldos de 80 y 100 dólares asomen con montos muy altos en condición de depósitos. Es extremadamente sospechoso que militares con salarios que no rebasen los 300 dólares tengan una cifra mayor a los 100 mil dólares.

¿Porqué esta exigencia que debe ser perseguida por el Estado Nacional? pues porque se asume, según las investigaciones del diputado Carlos González, que esos dineros no tienen un origen legal, en la mayoría de casos.

Unos pueden ser asumidos como parte del lavado del dinero, delito que ya es perseguido en Ecuador, otro es porque podrían ser los dineros de la corrupción, las coimas, los sobreprecios, los chantajes, el peculado, los sobornos o los pagos subrepticios de la contratación pública. Hay todos los motivos para sospechar que ese era un “dinero sucio” que se lavaba fácilmente en el sistema del Notario.

Otro es el conflicto bancario o de los créditos obtenidos en el sistema financiero nacional, ya que muchos de quienes tenían recursos accedieron a esos préstamos, y desviaron el crédito hacia otros objetivos, lo que es complicado frente a la ley, así como al propio sistema productivo, porque han provocado daños a la economía nacional.

Frente a ello, por ley, tanto la Superintendencia de Bancos, El CONSEP y la Comisión Anticorrupción tienen que intervenir con urgencia para averiguar de donde salieron esos dineros, quien y como los obtuvieron cada uno de los depositantes que entregaron al Notario, en el listado hay cifras exactas, por ahí debemos empezar.

Y aquí la acusación es grave, porque parte desde que la Superintendencia de Bancos que recibió el reporte, el año pasado, de varios bancos, que le anunciaron que suspendieron las cuentas del Notario José Cabrera, por sospechas del origen de sus bienes. Ese era el momento para intervenir frente a un acto irregular, sospechoso. No lo hicieron, y dejaron pasar la oportunidad de sancionar y prevenir un comportamiento perjudicial a la mayoría de los perjudicados. El Superintendente Maldonado no le advirtió al CONSEP, no le previno a la Fiscalía, como tampoco a la Comisión Anticorrupción, como era su obligación.

La justicia sanciona ese acto tipificado de “comisión por omisión”, según la Ley de Instituciones Financieras, en su 121, que señala, lo que está directamente relacionado con el Art.- 12 del Código Penal, que señala que: 'No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo”.

Como se puede apreciar, esa es la punta del iceberg, porque aquí hay más violaciones a la ley, que el Estado Ecuatoriano tiene la obligación de perseguir y castigar, dejando de lado el quejido lastimero de “pobrecitos inversionistas de 10 mil dólares para arriba”, que incurrieron en una conducta delictuosa.

LEA MAÑANA: El Estado tendrá que cobrar impuestos a esta codicia de los prestamistas del notario. (2da parte)

@Ecuamex /2005

Comentarios

Liberación de responsabilidad y términos de uso:

El espacio de comentarios ofrecidos por EcuadorInmediato, tiene como objetivo compartir y conocer sus opiniones, por favor considere que:

  • El contenido de cada comentario es responsabilidad de su autor, no representa ninguna relación con EcuadorInmediato.
  • Usamos la plataforma Disqus para identificar los autores de cada comentario, de tal forma que podamos crear una comunidad.
  • Todo comentario que atente contra la moral, buenas costumbres, insulte o difame será eliminado sin previo aviso.

Este espacio es suyo por favor utilícelo de la mejor manera.