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Periodistas de revista Vanguardia reiteran su desacuerdo con cierre del medio

2013-07-01 11:30:34
Sociedad

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"Es como la muerte de un ser querido", dice Juan Carlos Calderón

Juan Carlos Calderón, director y responsable editorial de la revista Vanguardia, reiteró hoy que su equipo de periodistas no comparte la decisión empresarial de cerrar la publicación con el argumento de que la Ley de Comunicación impedirá su trabajo. "La redacción estaba consciente de las dificultades, pero estaba dispuesta a seguir peleando", expresó.

“Esto terminó feo, yo soy muy sincero en eso, siempre he sido sincero, terminó feo, terminó con líos laborales, terminó con polémicas, terminó con una postura de la empresa por el cierre que personalmente y a título personal, y también como consenso de la redacción no compartíamos, es decir, el argumento de que se lo hacía por la Ley, que fue el argumento que se nos dio a nosotros también”, dijo.

Señaló que no comparten el cierre del medio porque el equipo de periodistas “se ha fajado” al publicar controvertidos temas como el caso Duzac, y no aceptan que en momentos de una tormenta la mejor medida sea “hundir el barco con tripulación y todo”.

Calderón comentó que sobre la administración de Vanguardia "había muchos ojos" en temas laborales, que el medio sí pagaba a sus trabajadores los salarios correspondientes, y que le corresponde a la administración precisar temas como el número de ejemplares que se imprimían y la decisión de no sacar a circulación su último número.

En una entrevista para radio Democracia, sostuvo que los periodistas son “las víctimas colaterales” de esta situación.

Por su parte, en la edición digital de la revista Vanguardia, se publicó un editorial que aborda el tema de la definición de la comunicación como un servicio público, lo cual ocasionará que la información que se emita desde los medios de comunicación será "matizada, censurada, coartada, regulada, controlada".

El artículo, titulado "¿Servicio público?", es el siguiente:

“La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público”. Este es el artículo 71 del proyecto de Ley de Comunicación aprobado en la Asamblea. Según esta definición, que no consta en parte alguna de la Constitución, la comunicación es un derecho constitucional, un bien público y un servicio público.

Esta norma establece tres categorías jurídicas a un mismo concepto, lo cual es contradictorio. Un derecho constitucional de las personas no puede ser un servicio público. Servicio público es aquello que el Estado presta para satisfacer un derecho. Así lo aseguran importantes juristas como Jorge Zavala Egas.

Lo que se ha hecho es relativizar un derecho, para convertirlo en un bien público que pueda manejar, controlar y regular el Estado. ¿Pueden regularse la información y las noticias con la misma legitimidad con que pueden regularse el servicio de transporte público o los servicios bancarios?

El derecho de los ciudadanos a saber lo que hacen los gobernantes y las autoridades públicas es regulado como un servicio público que lo va a prestar el propio Estado. El derecho a la información y a la comunicación no es un derecho que nace del Estado sino del ciudadano. A cuenta de “proteger” ese derecho la Ley ataca la generalidad del derecho a la información y a la comunicación. Declarar a la comunicación como un servicio público tiene otras consecuencias: que los medios de información y los periodistas no sólo que pueden ser juzgados y condenados por una responsabilidad ulterior en la justicia civil y penal, sino que además son sujetos de responsabilidades y sanciones administrativas. La creación de un Superintendencia de Medios y de vigilancia de la información y del Consejo de Regulación, es el resultado de convertir a la comunicación en un servicio público. Solo así esta ley puede justificar que el Estado intervenga en un derecho intangible, que es considerado como tal a escala planetaria, menos –ahora– en Ecuador. ¿Cómo puede decirse que se defiende el derecho ciudadano a la información, cuando por acción de este proyecto esta puede llegar –si es que llega– matizada, censurada, coartada, regulada, controlada y, por esto mismo efectos, autocensurada? Esa es la gran paradoja de la ley.

Los periodistas de Vanguardia subieron a Internet el contenido de la edición No 398 de la revista, la cual ha sido difundido a través de las redes sociales.

 Al ingresar, se lee el siguiente mensaje: "El equipo de redacción cumple su compromiso con los lectores. Esta es la edición 398, la cual no circuló en su formato impreso, por decisión exclusiva de los directivos. Este es un aporte periodístico para que el debate y la libre circulación de ideas continúe en el Ecuador. Hasta pronto".

(RVD)/(DCH)

Con información de Radio Democracia y Revista Vanguardia

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