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Patrimonio genético de waoranis se entregó a U. Harvard y 8 países, denuncia Defensor del Pueblo (AUDIO)

2012-07-20 08:57:00
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Julio 19 - Patricio Benalcázar

Patricio Benalcázar dijo que la muestra tomó Maxus y entregó al Instituto Coriell

El Defensor del Pueblo adjunto, Patricio Benalcázar, manifestó que es importante determinar por qué la empresa Maxus tomó muestras de sangre a pobladores waoranis y envió para investigaciones al Instituto Coriell y a la Universidad de Harvard. Indicó que es patrimonio ancestral, genético de un pueblo del Estado ecuatoriano y que este momento su ADN se encuentra en 8 países. Benalcázar dijo que al instituto Coriell llega ADN y sangre de un pueblo que no consintió la extracción de la sangre para el uso que se le está dando este momento.

“Entre los años 1990, 1991, voluntarios de la empresa Maxus que se encontraba en la zona de Orellana, por donde está el pueblo waorani, se acercaron con un médico y otros voluntarios más a extraer sangre, aduciendo a las comunidades huaoranis que estaban viviendo una situación de hepatitis que era frecuente en ese lugar, iban a darles atención de salud, y para eso era la toma de la sangre”, indicó Patricio Benalcázar.

“Nunca hasta la presente fecha se ha hecho ninguna intervención en este tema de salud, luego para estos años recientes, hablo del año 2010, conocedores del asunto, la Defensoría del Pueblo empezó a investigar con más detenimiento y se logró detectar por un propio informe del instituto Coriell en los EE.UU. con sede en New Jersey, de que ellos tenían muestras del ADN del pueblo huoarani, que fuera entregado a ellos, por parte de la Universidad de Harvard, y a la universidad le hizo llegar la Maxus”.

El instituto Coriell es un Instituto científico que hace estudios en materia de enfermedades, sin embargo, el tema es que llega ADN y sangre de un pueblo que no consintió la extracción de la sangre para el uso que se le está dando este momento.

“En este momento se está utilizando la sangre de los waoranis para hacer estudios de orden científico, pero obviamente, se ve mucho con actividades vinculadas a la salud que eventualmente con patentar determinados hallazgos investigativos y científicos puedan darse, pero es un patrimonio del pueblo waorani, y hoy por hoy, patrimonio genético del Estado ecuatoriano”, aseguró.

“Ese es un hecho que expresó la preocupación de la Defensoría porque se trata de derechos colectivos, tanto el consentimiento cuanto los derechos de orden cultural de por medio, y el patrimonio genético son protegidos por la Constitución como derechos colectivos, y como derechos de patrimonio genético del Estado ecuatoriano”, dijo.

Preguntado como descubre la Defensoría del Pueblo y cuáles son los avances, Patricio Benalcázar afirma que cuando la Defensoría el 19 de julio del 2010 conoce la denuncia sobre el tema, inicia las investigaciones y notifica a instancias del Estado responsables de estos temas, como el ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural, Secretaría de Pueblos, a las propias organizaciones indígenas waoranis, a la Conaie y a otras instancias, para requerir información de lo que conocían sobre la materia.

“En esa perspectiva recibimos el informe que preparó el propio Instituto Corierll, este instituto reconoce que tiene las muestras en sus registros biocelulares, y que las están distribuyendo en el mundo entero, hasta la fecha abril del 2010, el Instituto Coriell mencionaba que distribuyó las muestras de sangre a 8 países, Alemania, Italia, Japón, Canadá, Brasil, Singapur, la India, fueron los países que estaban recibiendo estas muestras”, señaló.

“El Instituto Cariell los distribuyó con fines de orden científico, para fines de estudios en enfermedades humanas, según sus propios textos en sus informes”.

“No hay que olvidar que el tema hepatitis es un asunto que no afecta como afecta a otras comunidades mestizas en el Ecuador, entonces es un asunto de interés científico saber genéticamente qué elementos están allí para que estos pueblos no sean afectados tan gravemente por la hepatitis”, afirmó.

“Ahí hay hallazgos de orden científico que están de por medio, sin duda habrá interés de patentar alguno de esos hallazgos, como el determinar las razones por las cuales el pueblo waorani no es afectado gravemente por la hepatitis, dijo el Defensor del Pueblo adjunto, Patricio Benalcázar, al ser entrevistado en “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio.

Patricio Benalcázar indicó que “todo tiene conexidad, lo primero es que no se podría haber sacado estas muestras de sangre de territorio ecuatoriano, sin que lo conozca y lo consienta un pueblo del cual proviene, segundo, tampoco no debieron haber salido porque esas son muestras de un ADN del patrimonio ancestral, genético de un pueblo del Estado ecuatoriano.

“Allí la intervención del Estado en esa época no fue la más adecuada, y un tercero, que tiene que ver con el tema, es justamente el uso que se pueda dar de esa información, y aprovechar de esa información para cuestiones de beneficio económico, comercial de otro tipo, no dudaré que es posible que se dé también con fines científico en el uso e investigación que se pueda hacer, pero eso es patrimonio del Estado ecuatoriano”, acotó.

Benálcazar dijo que “no hay que perder de vista un detalle que del 15 al 19 de noviembre del 2011 la Defensoría del Pueblo hizo una visita in situ para verificar con testimonios directos de la gente que fue extraída la sangre allá en el pueblo waorani, y en cerca de 20 testimonios que los tenemos documentados en el expediente, toda la gente dice que nunca nos informaron de que iban a hacer un uso como el que están haciendo hoy, siempre lo hicieron con la finalidad de atendernos en términos de salud, por la enfermedad que estábamos pasando en esa época”.

“Ahí estamos hablando de que se vulnera el derecho al consentimiento en esa década”.

Finalmente, afirmó que “aquí hay que plantear que la responsabilidad directa sobre los hechos recae en personas y en instancias concretas cuando hacia mención a la empresa Maxus, a la Universidad de Harvard y al Instituto Coriell, hacía mención de un proceso vinculado entre esas instancias eventualmente por la información que se levantó en la Defensoría, ahí hay una responsabilidad directa”.

“Habrá que valorar si estamos en condiciones legales para iniciar demandas contra estas instancias de acuerdo con la legislación Americana y los mecanismos que esta, como han pasado tantos años, es posible que haya prescrito, pero mientras no tengamos una constatación y un estudio serio mal podría adelantar algún criterio”, señaló. (SOA)

 

 

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