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Edición #4866 |  Ecuador, domingo, 27 de mayo de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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"Colegios de garaje": casas que se convirtieron en instituciones lucrativas

2012-02-09 20:31:00
Reportes y Reportajes
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En los últimos cinco años, 109 instituciones de bachillerato se crearon en Ecuador. Los particulares se incrementaron, mientras que los fiscales disminuyeron.

“Somos jóvenes. Nos gusta joder, pero también aprender algo”, destaca Javier. El estudiante de 17 años egresará este año y está seguro de que no podrá ingresar a una universidad por los bajos conocimientos que ha obtenido en el establecimiento al que pertenece.

En el sector de Santa Ana –en la Villaflora– se localiza una unidad educativa. La construcción tiene dos pisos, techo de tejas y mide 44 pasos de ancho y 30 de largo. Un patio se convirtió en cancha de fútbol y las habitaciones en aulas de clase.

El espacio de su colegio no le preocupa a Javier y menos a su compañero Rubén. “Lo que a mí me interesa es que me enseñen”, reclama el joven de 18 años. Ambos critican que lo que pagan mensualmente en su pensión no se invierta a favor de su educación. También manifiestan que los profesores no son buenos, las autoridades no se preocupan y el Ministerio parecería olvidar que debe regular estas entidades.

Muchos colegios con pobre calidad de educación, bajos costos, pequeños edificios y sin planificación previa se crearon en Ecuador debido a la falta de rectoría del Ministerio del ramo. El exsubsecretario de Educación y catedrático, Eduardo Puente, explica que este fenómeno se da por las políticas neoliberales que descuidaron a este tema en el país. “No se crearon colegios públicos en muchos lugares, entonces,  aparecieron estos colegios (de garaje) para tomar la demanda creciente”, señala.

Según el Archivo Maestro de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación (AMIE), en Ecuador se crearon 109 establecimientos de bachillerato en los últimos cinco años. En el trámite que se realiza en cada Dirección Provincial de Educación se debe presentar las características físicas, el número de profesores y estudiantes, junto con su oferta académica. Un supervisor constata si los datos son correctos y el departamento de Planeamiento se encarga de emitir el acuerdo de funcionamiento.

Los dueños de los colegios han alegado distintas circunstancias -sobre todo económicas- para, después de ser aprobada su institución, cambiarla de domicilio y hasta arrendar otro inmueble. También pueden reformar la malla académica, contratar profesores y equipos que suplan las necesidades para la institución, y así cumplir con el plan entregado a la Secretaría, indicó el jefe de Supervisión de la Dirección de Educación de Pichincha, Walter Pérez.

Para él, la ley de la oferta y la demanda sirve para que los padres no pongan a sus hijos en un colegio sin prestigio. “Si yo como padre de familia veo que mi hijo va a una institución educativa que no me brinda las condiciones adecuadas, sería mi decisión mantenerlo o retirarlo”, expresó Pérez.

Un colegio de la parroquia La Ecuatoriana funcionaba en las calles Capitán Rafael Ramos y Galo Plaza, en el año 2002. Luego pasó a la América y Bartolomé de las Casas, donde lleva casi siete años en un edificio  blanco de dos plantas con techo de teja, y un cerramiento del mismo color que oferta el servicio educativo, y que no tiene ni un patio para que los estudiantes se ejerciten. Pese a que cambiaron las condiciones con las cuales se creó, este establecimiento no puede ser clausurado por la Dirección Provincial ya que solo el Ministerio tiene tal competencia.

Luis Calles, director nacional de Regulación del Ministerio de Educación, señala que están terminando el diseño del Proyecto del Plan de Regularización y Categorización. Con esto se quiere tener control de la educación ofertada, con énfasis en los colegios particulares.

“Vamos a implementar el proyecto para elevar el nivel del procedimiento para la creación y sostenimiento de estas instituciones. Habrá un informe preliminar. Luego, según los auditores, se dará o no la autorización definitiva”.

Calles resalta que las políticas de educación pública del Gobierno hicieron que los usuarios se cambien al sistema fiscal, y así se cierren varios ‘colegios de garaje’, pero no por clausuras.

Para Rubén, esto no es así. Su colegio anterior, Hernest Hemingway, cerró por falta de estudiantes, posteriormente fue a otra institución privada. Pagó $120 por los tres uniformes, $60 de matrícula y paga $70 mensuales de pensión. Se queja que casi no hace nada y le molesta que no le impartan conocimientos. “Somos jóvenes. También queremos aprender. Nos están haciendo mucho daño porque mientras en otros colegios estudian, a nosotros nos dejan jugar futbol”.

El informe de la Junta Provincial Reguladora del Costo de la Educación Particular de Pichincha indica que en el colegio de la parroquia La Ecuatoriana –antes mencionado– cuesta $25, la matricula $50, la pensión $65 y el uniforme $90. Hay que sumar $15 por derecho de exámenes y $9 por arreglo de instalaciones.

Rubén pagó esos valores por un año de estudio y dice que hay otros colegiales que cancelan esa cantidad solo por cuatro meses. Un caso sucedió el 23 de enero. El estudiante aseguró que vio a un compañero nuevo que se cambió de otro colegio en medio del año lectivo. “Es que algunos que ya están jalados el año, vienen acá y pasan”, contó. En la fachada blanca del colegio de la Ecuatoriana, una gigantografía anuncia que las matriculas siguen abiertas, pese a que en julio próximo termina el año lectivo en el régimen Sierra.

ENTREVISTA

Milton Luna, coordinador nacional en Contrato Social por la Educación
La negativa imagen de los establecimientos educativos públicos provocó la creación de entidades privadas que se aprovecharon de la crisis educacional que vivía Ecuador desde los años 90. Debido a la falta de regulación, estos establecimientos privados empeoraron en sus servicios tanto físicos como intelectuales. Milton Luna, coordinador nacional de la ONG Contrato Social por la Educación, explica el origen y las consecuencias de este fenómeno.

¿Por qué aparecieron los denominados "colegios de garaje"?

En la década de los 90, por diversas circunstancias, hubo el deterioro de la educación pública del país y se incrementó la oferta educativa en el sector privado.

¿Qué pasó en esos años?

Se tomó una decisión política en donde el Estado desestimuló y dejó de responsabilizarse de la educación pública. Se redujo el presupuesto, lo que significó falta de material didáctico, junto con el pago y contratación de docentes. A esto se suma una serie de paros y huelgas frecuentes que el sindicato realizó frente a esa serie de políticas. Producto de estos actos se deterioró la imagen de la institución pública.

¿Cómo actuó la población en el campo educativo?

Los sectores medios debían buscar centros educativos para sus hijos. Muchos docentes crearon escuelas y colegios de todo tipo, o en algunos casos, los mismos padres fundaron una ONG para crear otros espacios de educación. A la vez, grandes corporaciones de tipo privado se aprovecharon del momento y vieron la ocasión para convertir a este servicio en un negocio.

¿Cuál ha sido la finalidad de aquellas instituciones privadas?

En las ofertas pequeñas y privadas, es muy probable que el tema este ligada a crear fuentes alternativas de ingreso para sus dueños.

¿Qué calidad de educación se brinda en aquellos establecimientos?

De referencia se tiene (educación) de la peor calidad. Muchas personas crearon establecimientos en sus casas, o en lugares improvisados. Hay reportes de condiciones terribles. También existe un buen sector de educación popular privada que es ofertada por la Iglesia, un ejemplo exitoso es el programa Fe y Alegría que posee buena infraestructura y presta un buen servicio.

¿Quién pierde más por las fallas que existen en estas instituciones?

El estudiante, el padre de familia, el país. Al estudiante le hacen fraude y le roban, y el padre de familia tiene que pagar los estudios. Esa educación no le va a servir para nada en un futuro.

¿Qué se podría hacer para enfrentar a estos problemas?

El propio sistema educativo debe tener una modificación sustantiva en temas de introducción de diversos modelos de interculturalidad, que contenga lo inclusivo, una educación más personalizada y que atienda a las inteligencias múltiples.

¿Y si la sociedad no exige cambios?

No cambiaría nada. Esto no es un asunto solo del gobierno, probablemente es el tema de mayor corresponsabilidad, porque deben involucrarse a fondo las familias, los medios de comunicación, la sociedad.  Los organismos seccionales deben cumplir un papel clave.

¿Se necesitaría la asignación de más recursos?

Es necesario más dinero, pero se necesita una mejor inversión que también incluya la formación a los docentes. Esto mejorará mientras se creen mejores propuestas, ideas, o modelos pedagógicos y de gestión educativa.

NOTICIA

En cinco años se cerraron 157 colegios fiscales de bachillerato en Ecuador

En los archivos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación se registra la disminución de instituciones públicas de educación desde el 2007 hasta el 2011.

El colegio Capitán Alfonso Arroyo, según el archivo del Ministerio de Educación, tenía 83 estudiantes en el 2004, y en el 2007 dejó de funcionar en Quito. A partir de esta fecha, 157 colegios más ya no constan en los registros de la Secretaría.

En otro sentido, las instituciones privadas con nivel educativo de bachillerato aumentaron a 1.522 en la última mitad de siglo. En el 2007 constaban 1.087 entidades particulares.

También se registran cuatro colegios fiscales que brindan educación especial, y 64 con el tipo de popular permanente.


Gabriel Vallejo, ex estudiante del colegio particular Francisco de Orellana, indicó que las autoridades cerraron el plantel. Quiso entrar al Instituto Nacional Mejía –en cuarto curso– pero las leyes del colegio lo impidieron. Por esta razón se inscribió en un nuevo instituto recién creado con una capacidad para 60 estudiantes. (DPV) y (BAV)

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