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Edición #4866 |  Ecuador, domingo, 22 de julio de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

Sentencia contra periodistas Juan C. Calderón y Cristhian Zurita (II Parte)

2012-02-08 08:35:00
Documentos
7658

Texto completo de la sentencia

Con el fin de poner en el debate nacional a este tema, procedemos a emitir el texto completo de la sentencia emitida por la jueza quinta de lo civil, Mercedes Portilla, en la demanda del Presidente Rafael Correa, contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristhian Zurita, autores del libro "El Gran Hermano". (segunda parte).-

copia notariada en 2 fojas del Registro Oficial, Edición Especial No. 2, del 24 de Abril de 2007, contentivo del Presupuesto General del Estado año 2007; copia notariada en 2 fojas del Registro Oficial  No. 46, Edición Especial del 21 de abril del 2008, contentivo del Presupuesto General del Estado año 2008; copia notariada en 2 fojas del Registro Oficial  No. 27, Edición Especial del 25 de enero del 2010, contentivo del Presupuesto General del Estado año 2009; copia notariada en 2 fojas del Registro Oficial  No. 28, Edición Especial del 28 de enero del 2010, contentivo del Presupuesto General del estado año 2010; copia notariada en 2 fojas del Registro Oficial  No. 108, Edición Especial del 19 de Enero del 2011, contentivo del Presupuesto General del estado año 2011; copia notariada en 12 fojas de la demanda por daño moral interpuesta por el Ab. Joffre Armando Campaña Mora, contra Rafael Vicente Correa Delgado, mediante la cual solicita que se le indemnice USD $ 5'000.000,00;  copia notariada en 12 fojas de la demanda por daño moral interpuesta por el Dr. Miguel Palacios Frugone, contra Rafael Vicente Correa Delgado, mediante la cual solicita que se le indemnice USD $ 10'000.000,00;  (267 al 474).- De fojas 506 del proceso la parte demandada adjunta al proceso el expediente del Editorial publicado en Diario El Universo el 21 de Octubre del 2011, en la sección Opinión, página 6, titulado “Daño moral y juramento diferido”.-

De fojas 521 al 548 consta todas las declaraciones juramentadas de bienes que ha presentado el Econ. Rafael Vicente Correa Delgado, así como también, las que ha presentado al inicio y al final de su gestión como Ministro de Economía y Finanzas, informes presentado por la Contraloría General del Estado; de fojas 551 al 554 consta el informe automatizado de tiempo de servicio del afiliado Correa Delgado Rafael Vicente, informe emitido por el Instituto ecuatoriano de Seguridad Social.- De fojas 562 al 609 consta copias certificadas emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.- De fs. 611 al 628 del proceso consta copias y contestaciones de los siguientes oficios N° 1511-JQCPS; 1497-JQCPS; 1493-JQCPS: 1514-JQCPS; 1496-JQCPS; 1516-JQCPS; 1493-JQCPS; 1512-JQCPS; 1517-JQCPS; 1494-JQCPS; 1510-JQCPS;1520-JQCPS; 1498-JQCPS; y, 1526-JQCPS, de fecha 8 de Noviembre del 2011, con las respectivas fe de presentación.- De fs. 633 al 653 consta copias certificadas de los roles mensuales de pago del economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República del Ecuador, comprendidos entre el mes de junio de 2009 hasta febrero del 2011, emitido la Secretaría de la Presidencia de la República del Ecuador.- De fs. 656 al 692 constan las copias de los oficios N° 1601-JQCPS; 1603-JQCPS; 1604-JQCPS; 1605-JQCPS; 1606-JQCPS; 1067-JQCPS; 1608-JQCPS; 1609-JQCPS; 1610-JQCPS; 1611-JQCPS; 1612-JQCPS; 1613-JQCPS; 1614-JQCPS; 1615-JQCPS; 1616-JQCPS; 1617-JQCPS; 1618-JQCPS; de fecha 14 de Noviembre del 2011; y N° 1686-JQCPS; 1687-JQCPS; 1688-JQCPS; 1689-JQCPS; 1690-JQCPS; 1691-JQCPS; 1692-JQCPS; 1693-JQCPS; 1694-JQCPS; 1695-JQCPS; 1696-JQCPS; 1697-JQCPS; 1698-JQCPS; 1699-JQCPS; 1700-JQCPS; 1701-JQCPS; 1702-JQCPS; 1703; -JQCPS, de fecha 18 de Noviembre del 2011.- De fs. 711 al 729 del proceso consta las impresiones certificadas de la edición correspondiente al 27 de agosto del 2010 de Diario Expreso de Guayaquil en donde consta que al economista Rafael Correa Delgado dijo: “Esas infamias la historia sabrá reconocerlas y sancionar a estos payasitos”.- De fs. 731 y 732 del proceso consta el Acta del juramento deferido rendido por el señor Economista Rafael Correa Delgado.- De fs. 751 del proceso el señor William Enrique Rodríguez Ortega se ha posesionado del cargo de Perito.- De fs. 761 al 827 del proceso constan copias de los oficios N° 1668 –JQCPS; 1669-JQCPS; 1670-JQCPS; 1671-JQCPS; 1672-JQCPS; 1673-JQCPS; 1674-JQCPS; 1675-JQCPS; 1676-JQCPS; 1677-JQCPS; 1678-JQCPS; 1679-JQCPS; 1680-JQCPS; 1681-JQCPS; 1682-JQCPS; 1683-JQCPS; 1684-JQCPS; 1685-JQCPS, de fecha 18 de Noviembre del 2011, con las respectivas fe de presentación;  1492; 1495-JQCPS; 1499-JQCPS; 1500-JQCPS; 1501-JQCPS; 1502-JQCPS; 1513-JQCPS, de fecha 31 de octubre del 2011, con las respectivas fe de presentación; 1704-JQCPS; 1705-JQCPS; 1706-JQCPS; 1707-JQCPS; 1708-JQCPS; 1709-JQCPS; 1710-JQCPS; 1711-JQCPS; 1712-JQCPS; 1713-JQCPS; 1714-JQCPS; 1715-JQCPS; 1716-JQCPS; 1717-JQCPS; 1718-JQCPS; 1719-JQCPS; 1720-JQCPS, de fecha 18 de Noviembre del 2011, con las respectivas fe de presentación.-

De fs. 913 al 1782 constan copias certificadas del Juicio Ordinario de Daño Moral No. 13-2007, que sigue el eco. Rafael Correa delgado en contra del Banco de Pichincha.- De fs. 1785 del proceso el señor Luis Alfonso Ortiz Narváez se ha posesionado del cargo de perito.- De fs. 1787 al 1793 consta la información de medición televisiva de las cadenas nacionales efectuadas los días sábados 18 de septiembre del 2010; lunes 28 de marzo del 2011 y domingo 3 de abril del 2011.- De fs. 1801 al 1802 del proceso consta copia certificada de la publicación en referencia al caso “Alvarado reta a debate a autores de El Gran Hermano”.- De fs. 1811 al 1976 del proceso consta el informe técnico de la transcripción de los CD's suscrito por el señor Doctor Luis Alfonso Ortiz perito designado por el Juzgado.- De fs. 1986 24000 del proceso constan copias certificadas del acta de sesión del directorio de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, en sesión efectuada el día lunes 19 de mayo del 2008.-

SÉPTIMO:   Los artículos 2231 y 2232 del Código Civil, indican que: “Las  imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito  de  una  persona  dan  derecho  para  demandar  indemnización pecuniaria,  no sólo si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral”, “En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta” (lo subrayado es de la suscrita Jueza). Partiendo de esta premisa legal, el economista Rafael Vicente Correa Delgado, ha presentado su demanda por reparación de daño moral, y alega que ha sido objeto de injuria y calumnia por parte de los demandados Juan Carlos Calderón Vivanco y Christian Gustavo Zurita Ron, debido a la publicación del libro “El Gran Hermano, historia de una simulación”, el mismo que le ha causado “una gran humillación, grave aflicción social y moral y desprestigio frente a todos los ecuatorianos y lectores en general”; afirma que el “libro a más de contener hechos falsos, menoscaba, hiere, mancilla [su] dignidad”; que “conscientes de sus falsas aseveraciones, [le] están imputando el cometimiento de varios actos ilícitos, entre otros, delitos contra la administración pública, prevaricato, abuso como funcionario público, violación a la Constitución, etc.”; que en las “págs. 18-19, [los demandados] dicen: “La cerca de mil hojas transcritas de esa reunión dejaron evidencia de cómo Rafael Correa tomaba la decisión personal de entregar el campo de Pungarayacu a la inexperta Ivanhoe Energy”, y en la “pág. 199, afirman: “El presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano”; que `todo el contenido del libro “el gran hermano”, escrito por los demandados Juan Carlos Calderón Vivanco y Christian Zurita Ron, es falso, humillante, injurioso y ofensivo, desde su portada hasta la página 460 y el índice´.-

Por su parte, ambos demandados en sus contestaciones a la demanda, expresaron lo mismo: que `negaban pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda´; que nunca se siguió alguna acción penal para declarar que las afirmaciones contenidas en el libro “El Gran Hermano” son maliciosas, delincuenciales o temerarias; que nunca se siguió contra los autores del referido libro juicio penal alguno relacionado con la publicación del mismo; que los párrafos que el actor considera lesivos para su moral son los contenidos en las páginas 18, 19, 72, 199 y 458 del libro “El Gran Hermano”, que por ello el juicio se circunscribe a determinar si los mismos constituyen un acto de naturaleza ilícita que ha provocado daño moral; que el libro “El Gran Hermano” es básicamente `el relato detallado y explícito de lo que consta en la investigación “Fabricio Correa El Holding”´, por lo que es `ilógico e inadmisible  racional y jurídicamente que el señor Rafael Vicente Correa Delgado le haya producido daño moral, no la publicación de Expreso, sino un libro publicado en Agosto de 2010´; que en el `desarrollo narrativo en el libro “El Gran Hermano”, se cumplen todos los presupuestos de veracidad de la información publicada: sustento documental de lo afirmado y una fuente fidedigna, seria y fiable como fue Fabricio Correa Delgado, hermano del actor Rafael Vicente Correa Delgado´; que la publicación de un libro es el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión que consagra el numeral 6 del Art. 66 de la Constitución de la República´ y demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Ecuador es signatario; que la publicación de un libro no puede considerarse un acto ilícito y que el contenido del mismo “debe ser juzgado de acuerdo a condiciones de veracidad, contraste, verificación e idoneidad de la fuente”; que por la cuantía demandada, parece que el actor lo que busca es enriquecerse; y que no se ha expresado en la demanda el nexo causal entre el supuesto hecho ilícito y los supuestos daños inmateriales sufridos por el actor.-

OCTAVO:  Por disposición legal, en los términos mencionados en el considerando segundo de este fallo, todo juzgador “para llegar al convencimiento sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones de las partes concernientes a la existencia de una cosa o a la realidad de un hecho, puede libremente acoger elementos de prueba aportados por el actor y, asimismo, desestimar elementos de pruebas aportados por el demandado. La apreciación de la prueba es una facultad soberana del Juez de instancia…” (R.O. No. 358 del 17 de junio de 2004, Pág. 30).- El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, da un concepto general del término daño moral: "Lesión que sufre una persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos, por acción culpable dolosa de otra. Estrago que algún acontecimiento o doctrina acusa en los ideales y costumbres de un pueblo, clase o institución" (Tomo III, Editorial Heliasta, Pág. 7, Buenos Aires, 1997).-

Partiendo de este concepto, se colige que la fuente del daño moral irrogado al actor es la obra titulada “El Gran Hermano”, cuyos autores son los demandados. Ellos han expresado que no existe “legítimo contradictor” dado que los hechos del libro son “básicamente” los publicados en Diario Expreso el 14 de Junio de 2009, y en dicho diario, el día siguiente, constan las declaraciones textuales que hiciera el Presidente de la República respecto a dichas “investigaciones” de Diario Expreso; que si no demandó a dicho medio de comunicación, menos puede hacerlo a los autores del libro “El Gran Hermano”, ya que contiene el `relato detallado y explícito de lo que consta en la “investigación periodística” titulada “FABRICIO CORREA EL HOLDING”´ que publicara el mentado diario guayaquileño. Al respecto, la Constitución de la República (Art. 66 numeral 23) garantiza a toda persona el derecho de petición; es un derecho humano universal que se desarrolla en la esfera de competencia de cada país mediante los llamados `derechos civiles´.

El ordenamiento jurídico ecuatoriano establece que “a nadie puede impedírsele la acción que no esté prohibida por la ley” (Art. 8 Código Civil); en ese mismo orden, el Código de Procedimiento Civil (Art. 66) indica que “demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo”, y el artículo 57 del mismo cuerpo de ley dice que “JUICIO es la contienda legal sometida a la resolución de los jueces”. Los demandados afirman que Diario Expreso publicó al día siguiente las declaraciones del economista Rafael Correa Delgado, con lo cual dicho medio habría cumplido con el imperio constitucional de “rectificación” contemplado en el numeral 7 del Art. 66 de la Constitución de la República. Por otra parte, en el supuesto que el contenido del libro “El Gran Hermano” refiera a la misma “investigación periodística” que efectuó Diario Expreso, éste acontecimiento por sí mismo resulta ser un nuevo hecho, con motivaciones y circunstancias diferentes a las del Diario, bajo la óptica y escrutinio exclusivo de los hoy demandados, tanto así que inclusive la referida obra contiene el título, fotografías y hasta autores (propiedad intelectual) diferentes. Por ello, la prueba de los demandados solicitada y aportada en sentido de demostrar la excepción de “ilegítimo contradictor” es inapropiada dado que el derecho a demandar del actor está protegido y correctamente dirigido por expreso mandado de la Constitución y de la Ley.-

NOVENO.- Por otra parte, sobre la excepción de “improcedencia de la acción” que deducen los demandados, dada la naturaleza del juicio –reparación de daño moral- no es necesario la existencia de una sentencia civil que `declare falso el libro o su contenido´ por cuanto “El daño moral “puro” es indemnizable por el hecho mismo que lo provoca, y debe responder aquel sobre quien recaiga la atribución legal de la ejecución de éste. Inclusive en lo concerniente a la prueba, hay la inversión del deber de probar el daño moral mismo, lo cual puede hacerse por la simple presunción de ser la consecuencia del hecho ilícito: corresponde al demandado demostrar su inculpabilidad” (Gil Barragán Romero: “Elementos del Daño Moral”, Pág. 104); además, el actor no persigue una condena de los demandados ni acusa el cometimiento de un delito (injurias), sino que busca la reparación por el daño extrapatrimonial –moral- causado por la publicación del libro “El Gran Hermano”. La prueba de los demandados referente a que no tienen causas penales por injuria en su contra ni propuestas por el actor, no desvanece los argumentos de la demanda ni la vuelve improcedente.- Adicionalmente hay que anotar que la acción de indemnización por daño moral no es prejudicial es decir, no depende de que previamente se hubiere iniciado o no un juicio penal por el hecho que motiva la acción de daño moral.-

Los casos de prejudicialidad, civil de penal o viceversa, son taxativos y fuera de los señalados en la Ley, no existen otros. Como expresó en su momento la ex Exma. Corte Suprema de Justicia en la jurisprudencia constante en la Gaceta Judicial serie XIII N° 12, Pág. 2828: “El Código Civil vigente al tratar en su Título XXXIII del Libro IV de los delitos y cuasidelitos, no establece en forma alguna como condición indispensable que haya como antecedente para la acción de daños y perjuicios una declaración judicial que decrete su pago, porque la Ley no prevé ni existe fundamento lógico. Nada hay en la doctrina ni en la jurisprudencia el que impida a la jurisdicción civil, el conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de culpa o negligencia aunque de ellos haya conocido también la jurisdicción penal en el aspecto que pueden ofrecer de delito o contravención, puesto que el juicio penal tiende a establecer si el hecho constituyó o no un delito, cosa distinta del pago civil de daños y perjuicios.” (Lo subrayado y resaltado en negrillas es de mi autoría).-

En el fallo de casación publicado en el Registro Oficial N° 958 de 3 de abril de 1996, el Tribunal Supremo se ha pronunciado así: “Conforme ha declarado esta Sala, la acción civil para obtener la indemnización por daño moral es independiente y no está supeditada al previo ejercicio de la acción penal; pues en la norma especial sobre el daño moral no se ha establecido esta prejudicialidad que, de haberla querido el legislador, la habría requerido expresamente…”(Lo resaltado y subrayado son míos).-

En el juicio N° 277-2006, Resolución N° 225-2007 – Juicio ordinario por daño moral propuesto por Sergio Garavito Carvajal contra Carlos Ochoa Quezada, publicado en la Gaceta Judicial N° 5 serie XVIII, página 1803 la Segunda Sala de lo civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia en el considerando sexto de su resolución, numeral 2 habla de la prejudicialidad y dice: “…2) La acción de indemnización por daño moral es independiente y no está supeditada al previo ejercicio de la acción penal; es decir no existe esta prejudicialidad.” (Lo subrayado y resaltado en negrillas es de mi autoría).-

La Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia en el fallo 287 del seis de julio del 2000, publicado en el R.O. 40 del 02 de agosto del mimo año y en la gaceta judicial XVII, N° 3, pp. 609-612, afirmó “Cuando el legislador, en el Art. tercer innumerado que se mandó a agregar a continuación del art. 2258 [hoy 2234] del Código Civil por la ley N° 171 promulgada en el R. O. N° 779 del 04 de julio de 1984, dijo que las indemnizaciones por daño moral son independientes por su naturaleza, de las que, en los casos de muerte, incapacidad para el trabajo u otros semejantes regulan otras leyes, no dijo ni podía decir que se deba indemnización por daño moral por acciones u omisiones lícitas, lo que dice es que la reparación del daño moral no se halla comprendida en la reparación del daño patrimonial que una y otra son obligaciones independientes entre sí, de tal manera que la suerte que corra la una no afecta a la otra por lo que, inclusive, puede reclamarse el daño moral aunque se haya satisfecho la indemnización patrimonial (……).”  (Lo subrayado y resaltado en negrillas es de mi autoría).-

En el Juicio N° 277-2006, Resolución N° 225-2007 – Juicio ordinario por daño moral propuesto por Sergio Garavito Carvajal contra Carlos Ochoa Quezada, publicado en la Gaceta Judicial N° 5 serie XVIII, página 1803 la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia en el considerando sexto de su resolución pedagógicamente explica los elementos del daño moral y la acción: “La doctrina y la jurisprudencia nos permiten establecer los siguientes elementos del daño moral y la acción:

1) daño moral es el que proviene de toda acción u omisión que lesiona los sentimientos, afecciones, las facultades espirituales o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad humana.

2) La acción de indemnización por daño moral es independiente y no está supeditada al previo ejercicio de la acción penal; es decir no existe esta prejudicialidad.

3) El daño moral no tiene  una manifestación externa y por ello no se requiere una prueba directa de la existencia de daño moral, sino  que es suficiente la valoración objetiva de la acción u omisión antijurídica que lo provoca.

4) El daño moral se ubica en el campo de la responsabilidad civil.

5) La acción civil por daño moral es contenciosas y declarativa, se debe sustanciar por la vía ordinaria.

6) La acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su representante legal. Más, en caso de imposibilidad física de aquella podrán ejercitarla su representante legal, cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. De haber producido el hecho ilícito la muerte de la víctima podrán intentarla sus derecho habientes, conforme a las normas de este código (Art. 2233 del Código Civil).

7) Las indemnizaciones por daño moral son independientes por su naturaleza, de las que, en casos de muerte, de incapacidad para el trabajo u otros semejantes, regulan otras leyes…” (Lo subrayado y resaltado en negrillas es de mi autoría). Por lo anotado se rechaza la excepción de “improcedencia de la acción”.-

DECIMO.- Respecto a la excepción de “falta de derecho del actor” porque la obra en sí no constituye ilícito alguno por cuanto constituye el ejercicio de la libertad de expresión, al respecto la suscrita jueza expresa que hay que establecer el límite preciso de la libertad de expresión del pensamiento, que comparte con la protección al honor, el carácter de derechos fundamentales de los hombres. Ese límite es la prohibición de obstruir o lesionar los derechos de otras personas. La libertad de expresión del pensamiento no es un derecho que elimine la antijuricidad de quien abusa del mismo, sino el derecho a expresarse  informar sin censura previa pero con responsabilidad si sus palabras o escritos exceden los límites de su propio derecho, lesionando el derecho de otras personas. El deber de “combatir y denunciar los actos de corrupción” que aluden los demandados como excepción, si bien es loable tal postura no les otorga a ninguna ciudadana o ciudadano el derecho de ofender o de efectuar imputaciones que no han sido verificadas por los diferentes organismos de control; de hacerlo, se estaría entrando en el umbral que deriva en un acto ilícito.

Por ello, dicha excepción de los demandados no destruye el derecho del actor para intentar la reparación de su honor, tanto más que el honor a más de ser protegido por la Constitución de la República del Ecuador es garantizado por normas internacionales, a saber: artículo 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que textualmente reza: “Art. 17.-1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques.”.- Numerales 1, 2 y 3 del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que afirma: “Art. 11. Protección de la honra y de la dignidad.- 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.- 2. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.- 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques.”.- Artículo 5 de la Convención anotada, artículo que a la letra dice: “Art. 5. Derecho a la integridad personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”.-

Cuarto: También se violenta la declaración universal de los derechos humanos que en sus artículos 12 y 29 que dictamina: “Art. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques.”.- “Art. 29, numeral 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la Ley con el único afán de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”.-

Quinto: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en sus artículos V y XXVIII establecen: “Art. V. Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar.- Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley, contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.”.- “Art. XXVIII. Alcance de los derechos del hombre.- Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”.-

DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto al “abuso del derecho por parte del actor” por cuanto lo que busca es enriquecerse, señalado como excepción por los demandados, la suscrita estima que una persona puede pretender una cierta cantidad dineraria al proponer su acción, empero, al tratarse de una demanda por reparación de daño moral, la cuestión debe ser determinada por el juzgador, de allí que puede o no coincidir con lo solicitado por el demandante dado que la ley no le impone la obligatoriedad de acoger íntegramente la cuantía solicitada. Al ser la “indemnización” un asunto subjetivo e inherente al juzgador, mal podría aceptarse que el actor busca enriquecerse utilizando a la justicia, resultando inapropiada la prueba referente a otros procesos -ajenos a éste- ya que la potestad de solicitar peticiones a las diversas autoridades judiciales es un derecho constitucional inherente a cada persona. Adicionalmente es necesario considerar el adagio popular de que la honra no tiene precio.-

DÉCIMO SEGUNDO: Deben analizarse además, los argumentos de los demandados efectuados en sus contestaciones donde tratan aspectos generales distintos a las excepciones. Estos aspectos refieren a que el actor debió demostrar el daño padecido, el sufrimiento físico y psíquico, la humillación, etc., que dice haber padecido y para ello los demandados solicitaron la exhibición de los documentos al actor referente a historia clínica, facturas de consultas psiquiátricas, sicológicas, etc., tendientes a que se compruebe el padecimiento o no del actor de la “angustia, ansiedad y sufrimiento físico” a partir del 19 de agosto de 2010. Si bien la parte actora no efectuó la exhibición, asunto que conforme a derecho significa que no existieron aquellos documentos solicitados, consecuentemente dicha prueba no ha podido ser valorada no como plena en favor de los demandados, por la sencilla razón de que el daño moral refiere a lo espiritual, a lo inmaterial, a aquello que solo la persona que lo sufre puede indicarlo, siendo innecesario que un profesional de la psiquiatría o sicología certifique tales padecimientos.

Por ello, a la luz de lo indicado en el Art. 162 del Código de Procedimiento Civil y a petición del accionante, se dispuso y efectuó el juramento deferido del economista Rafael Vicente Correa Delgado constante a fs. 731 y 732 de los autos. En dicha diligencia, y a las preguntas de la suscrita Jueza, el actor refirió que `el daño es incalculable´, que se lo `ha acusado de algo que no ha cometido´, que ello le ha `significado recibir por redes sociales suspicacias e insultos respecto a que no conocía de esos contratos´ [de su hermano con el Estado], que `más allá de ser un hombre público´ es `un ser humano, esposo, padre, hijo´, que lo único que tiene para dejarle a su descendencia es su honor, su reputación, y sus manos limpias, que por ello insiste en que el daño irrogado por los demandados al publicar más libros es incalculable, no obstante se debe cuantificar en diez millones de dólares de los Estados Unidos de América; que el daño moral ocurre por la afirmación de que él conocía de los contratos de Fabricio Correa Delgado, que ello significaría que debería ser destituido del cargo que ostenta, que sus hijos y su esposa que leen la injusticia de tales afirmaciones porque nada tuvo que ver en eso, los problemas familiares, su madre, amigos, miembros del Gobierno, etc., en fin, el hecho que se siembre dudas de la persona que lidera el proceso de cambio en el País, todo esto le ocasiona el daño moral, afirmó.-

En el Juicio N° 277-2006, Resolución N° 225-2007 – Juicio ordinario por daño moral propuesto por Sergio Garavito Carvajal contra Carlos Ochoa Quezada, publicado en la Gaceta Judicial N° 5 serie XVIII, página 1803 la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia en el considerando sexto de su resolución pedagógicamente explica los elementos del daño moral y la acción: “La doctrina y la jurisprudencia nos permiten establecer los siguientes elementos del daño moral y la acción: …/… 3) El daño moral no tiene una manifestación externa y por ello no se requiere una prueba directa de la existencia de daño moral, sino  que es suficiente la valoración objetiva de la acción u omisión antijurídica que lo provoca.”, de tal manera que a la juzgadora le toca dilucidar si la acción de la publicación del libro “El gran hermano, historia de una simulación” contiene o no elementos que afecten a la honra y reputación del actor de este juicio. En el caso que nos ocupa, de la lectura del libro en mención se verifica que sí existe permanente menoscabo  que afecta al actor, un profesional quien ha honrado a su país y fuera de el, en su buen nombre, prestigio, dignidad, derechos inmanentes de todo ser humano.-

DÉCIMO TERCERO.- Respecto a la prueba testimonial solicitada por los demandantes –Sr. Mario Francisco Avilés Sánchez (fs.188), Ing. Pablo Rafael Chambers Mejía (fs.190), Ab. León Eusebio Roldós Aguilera (fs.204 a 206), Econ. Martha Rina Victoria Bucaram Roldós (fs.217 a 221), Sr. Cesar Antonio Ricaurte Pérez (fs.262 a 264)- estas constituyen solo meras referencias sobre los hechos mas no su veracidad: a) Sobre la afirmación de que el señor Presidente conocía de los contratos de su hermano [Fabricio Correa Delgado con el Estado], la certeza de lo indicado por el Ing. Pablo Chambers Mejía, Coordinador de la Veeduría Ciudadana integrada para el efecto, no ha sido determinada, corroborada o afirmada por los organismos de control Estatales (entiéndase Consejo de Participación Ciudadana, Fiscalía General del Estado, etc.). Por ello, el informe de dicha Veeduría constante de fs. 562 a 610 de los autos, no puede considerarse prueba plena ya que ningún ente de control público ha confirmado o no la verdad de las conclusiones allí expresadas ni de su contenido. b) Sobre la empresa canadiense Ivanhoe y el campo Pungarayacu, como bien lo refieren los testigos Ab. León Roldós y Econ. Martha Bucaram, se ha presentado denuncia en la Fiscalía, y no consta en autos auto de llamamiento a juicio ni sentencia ejecutoriada que denote condena al actor,  por tal motivo, la presunción de inocencia del demandante se encuentra incólume. Por estas consideraciones, las pruebas solicitadas y proveídas a los demandados en el término respectivo no alcanzan el valor de prueba plena.-

DÉCIMO CUARTO: Al haberse presentado una reconvención en el presente juicio es necesario realizar un análisis somero de esta institución jurídica.-  Reconvención es un Instituto Jurídico por el cual demandada una persona ésta puede a su vez demandar dentro del mismo proceso al actor. Esta clase de procesos son los que en doctrina se denominan juicios dobles dado que en ellos los contendientes son recíprocamente demandantes y demandados y las pretensiones que ellos exhiben son resueltas en el mismo juicio por el titular del Órgano Jurisdiccional. Dado que la reconvención es una verdadera demanda contra el actor, los demandados pasan a encontrarse en la situación establecida en el Art. 69 del Código de Procedimiento Civil, de tal forma que su reconvención debía ser redactada de conformidad con este artículo y en especial con lo establecido en el numeral 3 que ordena insertar en el libelo los fundamentos de hecho y de derecho, expresados con claridad y precisión. En este sentido y al describir los fundamentos de hecho, los dos demandados afirman textualmente “A partir del lanzamiento del libro “El Gran hermano” efectuado el 19 de Agosto de 2009, el Presidente Rafael Correa ha calificado a los autores de  “El Gran Hermano”, en sus enlaces sabatinos que presentará en el término de prueba, de: “enfermos, payasitos, cucarachitas”. Además ha afirmado que los autores del libro eran políticos, no periodistas añadiendo que: “a estos gusanitos hay que impedirles que se conviertan en mariposas”.

En estos fundamentos de hecho no especifica de ninguna forma ni el lugar, ni la hora, ni el sitio en el que supuestamente fueron vertidas estas acusaciones, atentando al derecho a la legítima de defensa, pues el reconvenido no podría realizar ni alegaciones ni excepciones precisas al respecto, tampoco podría alegar prescripción por cuanto se desconoce la fecha de las imputaciones y no se puede medir el tiempo desde el cual se contaría para esta alegación, ni incompetencia en razón del territorio por cuanto no se especifica en donde fueron los enlaces sabatinos anotados, enlaces que dicho sea de paso se realizan en diferentes partes del país y no en un solo sitio determinado. De igual forma, los reconventores debían acatar lo dispuesto en el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil y por lo mismo demostrar conforme a derecho los hechos propuestos afirmativamente, hechos     que en el presente caso se tornaban imposibles probarlos por cuanto, al estar viciado el libelo de la reconvención por errores jurídicos insalvables, como es la ausencia del día, la hora y el sitio de los supuestos agravios, la prueba se tornaba irrelevante al atentar al debido proceso.- Por lo expuesto se aceptan las excepciones deducidas por el actor, tanto más que del estudio de los recaudos procesales no se constata que los demandados hayan probado lo afirmado en sus respectivas reconvenciones, por lo que, a más de lo anotado, por falta de prueba, se rechaza la misma.-

DÉCIMO QUINTO: El maestro Gil Barragán Romero, en su obra “Elementos del Daño Moral”, página 71, expresa que “Una de las formas de protección en los casos de agravio moral, consiste en la modificación de los principios de la prueba, dado que por su naturaleza corresponden a la íntima afección de la víctima, inaccesible para los medios probatorios corrientes, de manera que basta con acreditar la materialidad del ataque”. De autos consta agregado, dentro del término de prueba, el libro “El Gran Hermano”, donde se aprecia lo dicho en los fundamentos de hecho de la demanda y en la contestación de los demandados. La acreditación del daño moral, se deduce de la propia ley. Los incisos segundo y final del Art. 2232 del Código Civil, establecen que: “…Dejando  a  salvo  la  pena  impuesta  en  los casos de delito o cuasidelito, están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes.-

La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a prudencia del juez la determinación del valor de la indemnización atentas las circunstancias…” (Lo subrayado es mío). Esta disposición legal establece que pueden ser varias las causas del daño moral y una de ellas es el cometer `cualquier forma de difamación´ que `manchen la reputación ajena´ que provoquen en general `sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes´ y para ello el acto u omisión debe ser ilícito.

El Ab. Manuel Tama Viteri, en su obra “LA DEMANDA Prosas y reminiscencias” (Compañía Edilex S.A, Guayaquil, 2006, Pág. 672), por su sencillez y claridad en la explicación de lo que es “acto ilícito”, refiere a la obra “Estudios  sobre la responsabilidad Civil” de Arturo Acuña Anzorena, el cual reproduzco: “Integrando los diversos elementos que en disposiciones separadas del Código atribuye al acto ilícito, podría ser éste definido como el acto voluntario con cuya ejecución se viola una regla de derecho, sea deliberadamente, sea por culpa o negligencia y que, de producir un daño, obliga a su autor a repararlo.-

Destácanse, en esta definición, los dos principios fundamentales que integran el concepto de acto ilícito: en primer lugar, la violación de una regla de derecho, de una norma jurídica: elemento objetivo; en segundo lugar, que dicha violación corresponda a un acto voluntario del agente, vale decir, a un acto ejecutado con discernimiento, intención y libertad: elemento subjetivo… (Pág. 4)… Cuando la acción u omisión que trasciende la esfera de actividad del agente, obedece al deliberado propósito de exceder los límites objetivos de su derecho, en mengua de la integridad del derecho ajeno –dolo- su conducta constituye un delito; cuando la transgresión tiene por causa, no la intención de dañar, sino la falta de diligencia necesaria para evitar la violación, pudiendo y debiendo hacerlo –culpa-, el acto ilícito constituye un cuasidelito…” (SIC).- (Lo resaltado es de mi autoría) En el presente caso, se debe establecer cuál es la “regla de derecho” violada.

Al respecto, Gil Barragán Romero, en su obra antes referida, comenta: “Así por la consolidación de sistemas políticos que amparan con amplitud los derechos individuales; por la popularización de los medios de información colectiva y el acceso que a ellos tienen las personas, se ha elevado el nivel de cultura en la sociedad pero también ha sobrevenido como un resultado el abuso del derecho, para ofender… El derecho democrático a informarse de los negocios públicos y de opinar sobre los mismos, ha dado lugar a que se expresen juicios de valor que comportan injuria a servidores públicos.

Es explicable, por imperativo de los principios, que quienes ejercen funciones públicas se hallen expuestos a la crítica, pero algunas personas no comprenden que, de criticar a emitir agravios hirientes hay el trecho que va de la democracia a la delincuencia. Los agravios se dan casi siempre en la deformación maliciosa de los hechos de los funcionarios públicos, materia de los comentarios” (Pág. 144). (Lo resaltado es mío) La Constitución de la República en el Art. 66 establece que: “Art. 66.-

Se reconoce y garantizará a las personas:… 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual… 18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona…”; además en el Art. 18, expresa: “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir  información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”.

De estas disposiciones, se determina que el acceso a la información es un derecho constitucional reconocido al igual que el derecho al honor y al buen nombre, empero aquella, al menos, debe ser “veraz” (información cierta), “verificada” (información comprobada o confirmada), “contextualizada” (que la información sea considerada integralmente), “oportuna” (pertinente o acertada), “plural” (que se busque las impresiones de cada parte involucrada). Si la información no contiene alguno de tales elementos, se produce el “acto ilícito” porque se está transgrediendo la norma constitucional, la “regla de derecho”.

En los escritos de contestación de la demanda (fs. 73 y 92), en los numerales 23, consta el reconocimiento de ambos demandados en el sentido que para ellos la “fuente fidedigna, seria y fiable”, fue “Fabricio Correa Delgado, hermano del actor Rafael Vicente Correa Delgado”. Bien, hasta aquí se muestra un lado de los hechos; faltó la comprobación y pluralidad de la “información”; empero, al efectuar la afirmación constante en la Pág. 199 del Libro “El Gran Hermano”, de que “el Presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano”, los demandados invaden el umbral de lo ilícito, de la `norma de derecho´ y llegan a inferir daño a otra persona, el actor, por cuanto emiten juicios de valor y se erigen juzgadores sin tener tal calidad. De esa manera se afecta la honra y buen nombre del actor.-

El Art. 1453 el Código Civil, expresa que “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia” (Lo resaltado es mío).- “

La prueba de la lesión a bienes, derechos o intereses extrapatrimoniales, incluidos los personalísimos, es por su naturaleza innecesaria, otras veces es imposible o sumamente difícil de probar, el daño moral y su intensidad pueden no tener una manifestación externa, quedan en el fondo del alma y ni siquiera exige demostración… Por lo mismo, en la doctrina y en la jurisprudencia se ha concluido en que no se requiere una prueba directa de su existencia. El padecimiento se tiene por supuesto por el hecho antijurídico que lo provoca y es suficiente la valoración objetiva de la acción antijurídica. Para las lesiones del espíritu, rige el principio in re ipsa” (“Elementos del Daño Moral”, Gil Barragán Romero, Pág. 195).- Para el Dr. José Ricardo Villagrán, el daño, desde la óptica civil, “… es la generación de obligaciones a consecuencia del acto u omisión dañinos, y la forma de exigir el cumplimiento de esta obligación, sin necesidad de recurrir al campo penal ni esperar sus resoluciones.” (Libro “El Daño”, Pág. 2); “En cuanto al daño, es una forma de obligarse que tampoco depende de la voluntad de quien se obliga. Al manifestar “la voluntad”, no me refiero si hubo o no voluntad de causar el daño, pues esto, para efectos de indemnizar, resulta prácticamente indiferente. Debe quedar claro que a lo que me refiero es que no existe la voluntad de obligarse, como ocurre con el contrato. La generación de la obligación de ningún modo depende de la voluntad del individuo que ha causado el daño.

Por ejemplo, si rompemos un vidrio, estamos en la obligación de repararlo, sea que haya sido a propósito, o que hubiese ocurrido por accidente. Sea que queramos pagar por el daño o no” (Pág. 9, opus citate); “El daño a la moral es el que afecta la dignidad y buena fama del individuo. Podría en ocasiones apreciarse visualmente, y podría alterar la psiquis interna del individuo.-

Debemos entender que cualquier cosa, insisto, cualquier cosa, que pueda menoscabar la honra de una persona, o deteriorar la imagen que esta persona tiene ante la sociedad, es susceptible de indemnización” (Pág. 63-64 opus citate); “…no es lo mismo la imputación de un hecho cierto que la imputación de un hecho falso, pues lo segundo, en principio, causaría más daño” (Pag. 74 Op. Cit.).- La determinación del daño causado, debe establecerse acorde a las circunstancias del caso, atendiendo la condición del actor y la de los demandados, siendo la prudencia el principal factor para el juzgador, recordando que: el primero en el término de prueba, presentó documentación de los diferentes estudios cursados a nivel nacional e internacional, que es casado y tiene hijos, que ostenta el cargo de Presidente Constitucional de la República del Ecuador, que efectúa la proforma del Presupuesto General del Estado, que representó y representa al país en múltiples foros mundiales, entre otros; en cuanto a los segundos, ha quedado establecido que se imprimieron en total nueve mil ejemplares del libro “El Gran Hermano” en sus cuatro ediciones (fs. 733), que sin perjuicio de aquello han efectuado publicaciones y comentarios respecto al contenido del libro a nivel nacional e internacional, que es público y notorio que ostentan la calidad de periodistas, por tanto son personas preparadas en la materia en cuanto a la ética y respeto de los derechos ajenos que todo profesional debe tener.

Por último, debe tenerse en cuenta que la `prueba de la lesión a bienes, derechos o intereses extrapatrimoniales, incluidos los personalísimos, es por su naturaleza innecesaria, otras veces es imposible o sumamente difícil de probar; el daño moral y su intensidad pueden no tener una manifestación externa, porque quedan en el fondo del ser, del alma y ni siquiera exige una demostración: no haría falta la prueba del dolor de un padre que pierde el hijo esperado por mucho tiempo, el que ha de ser sostén de su vejez, para mencionar uno de los más crueles. El daño resarcible no se evidencia, como frecuentemente ocurre con los perjuicios patrimoniales. Por lo mismo, en la doctrina y en la jurisprudencia se ha concluido en que no se requiere una prueba directa de su existencia. El padecimiento se tiene por supuesto por el hecho antijurídico que lo provoca y es suficiente la valoración objetiva de la acción antijurídica.

Para las lesiones del espíritu rige el principio in re ipsa. La prueba del daño moral deberá ser la del hecho ilícito que lo ha provocado, el delito o un cuasidelito que han afectado a bienes jurídicamente protegidos, y el de la atribución del mismo al que causó el daño y los fundamentos para declararlo responsable´ (Ver: Gaceta Judicial, Año CIII, Serie XVII, No. 8. Página 2295, Quito, 17 de abril de 2002).-

Recordar que en un Estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro, las autoridades judiciales se implementan para garantizar la paz social mediante la aplicación de la Constitución y las leyes, de tal suerte que ningún derecho ciudadano sea menoscabado, y que en la presente especie ha quedado establecido que se ha producido daño moral por haberse afectado al honor, prestigio profesional, al  buen nombre del actor al ejercerse de una manera inconstitucional el derecho a la libertad de expresión y de información en la obra “El Gran Hermano”.  De otro lado, en nuestro sistema jurídico queda a prudencia del juez  el fijar el monto  de la reparación por daño moral, lo cual significa que lo hará aplicando las reglas de la sana crítica, y a su vez conduce a que estime que el monto máximo de la pretensión del actor, de la cual no puede exceder, es la que ha fijado en su demanda. Si la  demanda es obscura, en cuanto a la determinación del máximo de la pretensión del actor, el juez la ha de interpretar  de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo presente el papel que desempeña la fijación de la cuantía en nuestro ordenamiento Juridico.-

En definitiva, en los casos de demandas de reparación de daño moral, el actor ha de fijar  el monto máximo de su pretensión , y será la suma por él señalada la que determine el monto máximo o “techo de su pretensión” , sin que el juzgador pueda excederla en su resolución admisoria de la pretensión, sin embargo una vez que ha quedado consolidado su derecho para ser indemnizado, por la afrenta irrogada, por el hecho de habérsele perjudicado, en su honra, dignidad, buen nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera del el en la forma descrita en líneas anteriores, así como tener que defenderse por los hechos publicados en la obra “El Gran Hermano”; obligado a emprender en diferentes gastos, honorarios profesionales, y afectar su legitima vida de su hogar, en su entorno familiar, a nivel nacional e internacional, y las demás repercusiones de carácter personal y social, que evidencian en la especie, nada mas claro, la mancha a la reputación y el buen nombre del actor, resultando esto en un acto de desprestigio deshonra y humillación, un Daño Moral causado al actor de la presente causa por los demandados; del estudio metódico del expediente se encuentran presentes los presupuestos para que esta  acción tenga cabida, como la causalidad, antijuricidad e imputabilidad.-

En atención a todo lo anteriormente expuesto, y en aplicación de las reglas de la sana crítica y de la apreciación en conjunto de la prueba aportada por las partes litigantes; Por estas consideraciones expuestas y fundamentada en lo que disponen los artículos 2232, inciso tercero; 2233; y 2234 de Código Civil; 18, 40 del Código Judicial; 169, 76.1.4 de la Constitución de la República, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, desechándose las excepciones de los demandados y establecida la inexistencia de reconvención, se declara con lugar la demanda propuesta por el señor economista Rafael Vicente Correa Delgado en contra de los señores Juan Carlos Calderón Vivanco y Christian Zurita Ron, disponiéndose como Resarcimiento o Indemnización, a título de reparación del Daño Moral causado al actor y al pago de un millón de dólares de los Estados Unidos de Norte América que cada demandado pagara al demandante. Con costas.- En  Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica se regulan los honorarios de los abogados defensores del actor.- Adjúntese la contestación al oficio No.15921QCPS de fecha 14 de noviembre del 2011 y recibido el miércoles 01 de febrero del 2012.-NOTIFIQUESE. Dra. María Mercedes Portilla Jueza Quinta de lo Civil. CERTIFICA.- El Secretario.


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