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Edición #4501 |  Ecuador, miércoles, 13 de diciembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
urgente

LUCIO GUTIÉRREZ YA FUE DEMANDADO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

2006-03-07 16:19:10
Documentos
6496

CASO FUE PRESENTADO DESDE EL AÑO PASADO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Ecuadorinmediato.com puso en conocimiento del país que, el pasado 9 de junio de 2005, un grupo de abogados miembros de las cortes de justicia de Ecuador y defensores de derechos humanos, encabezados por monseñor Alberto Luna Tobar, dirigieron una petición al Fiscal de la Corte Penal Internacional, para iniciar la demanda contra el ex presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez Borbúa, acusado de delitos de lesa humanidad, como la represión contra Quito, por los hechos de abril de 2005, que terminaron con la democracia en Ecuador. Dicha demanda se halla en trámite, y ponemos nuevamente en conocimiento del país el texto completo de la misma, ya que se desconoce el destino que tuvo ante el organismo internacional penal, y que se actualiza con la liberación del coronel Gutiérrez en Ecuador.
El texto completo es como sigue:


República del Ecuador – Suramérica.
Mayo 2.005.


SEÑOR EXMO.
LUIS MORENO OCAMPO
FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL:


Nosotros: Monseñor Alberto Luna Tobar, Ex Arzobispo de la ciudad de Cuenca y Presidente de la Asamblea ciudadana de esa ciudad; y, Doctores: Miguel Antonio Arias, Juez Segundo de lo Penal del cantón Cuenca, Carlos Hernán Poveda Moreno, Juez Segundo de lo Penal del cantón Latacunga, Miguel Guambo Llerena, Juez Segundo de lo Penal de Chimborazo, Pablo Valverde, Juez de la Niñez y Adolescencia del cantón Cuenca, Doctor Patricio Arízaga Gudiño, Juez del Tribunal Penal de la provincia de Cotopaxi, Doctor Iván Granda, Funcionario Judicial del cantón Cuenca, Miguel Tenorio Ramón, Secretario Relator de la H. Corte Superior de Latacunga; todos los anteriores mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, excepto el primero de ellos por su condición de clérigo, hábiles cual en Derecho se requiere; al amparo de lo que dispone el artículo 13 literal a) y c) en relación con lo dispuesto por el artículo 15 del Estatuto de la Corte Penal Internacional; a usted atentamente exponemos y decimos:

PRIMERO.- ANTECEDENTES FACTICOS.

En el último trimestre del año 2004, la República del Ecuador empezó a vivir un proceso de inseguridad e inestabilidad político – jurídica, generado desde el 25 de Noviembre de 2004 con la cesación de los cargos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral; (ver anexo 1) ilegalidad que se consuma con la actuación compartida del ex Presidente de la República del Ecuador, coronel Lucio Gutiérrez, conjuntamente con una mayoría legislativa consecuente con fines de gobernabilidad, para lo cual no dudaron en ingresar a través de pactos antiéticos que aseguren la permanencia del gobernante hasta el final del periodo para el cual fue elegido, así como dotarle de todos los poderes, especialmente de aquellos que tienen un contrapeso funcional de equilibrio, característica esencial de un Estado Social de Derecho . Esta situación fue observada y cuestionada por diversas misiones que visitaron el Ecuador y que emitieron informes sobre la situación del país en esa época . (Anexo 2).

Estos hechos provocaron que paulatinamente diversas organizaciones populares de Guayaquil, Quito y Cuenca, se pronunciaran en contra del régimen, a través de asambleas ciudadanas y manifestaciones públicas de naturaleza pacífica, pidiendo el retorno al Estado Social de Derecho, la no ingerencia del Ejecutivo en los otros poderes del Estado; (anexo 3) y, que el Congreso Nacional actúe con independencia del Ejecutivo y revise las actuaciones inconstitucionales en que había incurrido a partir de noviembre del 2004.

Lastimosamente el Congreso Nacional no escuchó estos pedidos, por el contrario ratificó la complicidad con el Ejecutivo, evidenciando una concentración de poder, la que generó malestares y cuestionamientos, que incluso empezaban a sentirse en las filas de las Fuerzas Armadas.

La situación se agravó posteriormente con el arribo, en los primeros días de abril del 2005, de los ex presidentes de la República: Abdalá Bucaram, Gustavo Novoa y el ex vicepresidente de la República Alberto Dahik, en base a una resolución de nulidad de los juicios dictada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Guillermo Castro. Dichas resoluciones fueron emitidas contrariando el debido proceso, las normas de competencia y de procedimiento (anexo 4) y causaron repudio popular en diferentes ciudades del país provocando nuevas movilizaciones ciudadanas, como usted podrá apreciar en las notas periodísticas (anexo 5) que se anexan a esta demanda.

Las manifestaciones ciudadanas empezaron a tener mayor fuerza en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, cuando miles de personas entre los que se encontraban niñ@s, adolescentes, adultos, individuos de la tercera edad, estudiantes colegiales, universitarios, profesionales, amas de casa, incluso funcionarios públicos, etc., sin convocatoria alguna, comunicados a través de un medio de comunicación radial denominado “La Luna”, se auto citaban en diversos sectores de la ciudad para, todas las noches iniciar marchas hacia los edificios de la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y el Palacio de Gobierno, a objeto de expresar su disconformidad con las actuaciones de estos organismos y pedir, ya no sólo que se cese a aquellos que ocupan la calidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino también la salida del ex Presidente Gutiérrez, y la renuncia de los diputados del Congreso Nacional. Estas demandas siempre tuvieron las características de ser pacíficas y con dosis de singularidad, originadas por el conglomerado juvenil que participaba. Los integrantes de estas protestas asumieron el nombre de forajidos

Estas manifestaciones fueron repelidas brutalmente por miembros de la Policía Nacional, los mismos que utilizaron todo tipo de maniobras para dispersar a la población; no sólo se dispararon bombas lacrimógenas que impactaban en el cuerpo de las personas, sino que también hay constancia de que se dispararon armas de fuego (balas de goma) (anexo 6). Posteriormente el mismo ex Comandante de la Policía Nacional, declararía, que la orden para realizar este tipo de acciones, la recibió directamente del Jefe de Estado quien le indicó que impida que estos conglomerados humanos accedan a los lugares de gobierno.

Cabe destacar que en este sistema de represión por primera vez entró en acción un batallón antimotines entrenado en Francia y España para acciones antiterroristas. Este batallón denominado “Los Robocop” implementó acciones de emboscadas a los manifestantes, las que consistieron en dejar avanzar las marchas hasta determinados sitios y ahí emboscarlos por los cuatro costados, con abundante gas lacrimógeno.

A esto, también debe sumarse la aparición de grupos ciudadanos violentos de respaldo al gobierno, como el denominado “Cero Corrupción”, (anexo 7) del cual si bien se presentaba como una organización civil legal, no obstante realizaba acciones con gente armada. Este grupo tenía directamente la protección de la Policía Nacional. El líder de esta organización, Oswaldo Gallo, fue detenido por la Policía Nacional en virtud de denuncias de intentos de asesinato, allanamientos de domicilio, lesiones, heridas y otros actos vandálicos. Su aprehensión duró menos de veinte y cuatro horas, ya que el ex Presidente de la Corte Suprema del Ecuador, ordenó su inmediata libertad a través de una acción de amparo de libertad , la cual fue tramitada y resuelta sin tener el aval jurídico necesario. Este hecho evidenció, una vez más, el contubernio de las funciones del Estado, en el plan estratégico planteado por el poder Ejecutivo.

En este lapso, también se pudo observar otros ejes de colaboración a este plan perfectamente diseñado; así tenemos:

1.a.- Las labores realizadas desde el Ministerio de Bienestar Social por su Ministro y Subsecretario, Antonio Vargas y Bolívar Gonzáles, respectivamente, quienes valiéndose de recursos de programas de ayuda alimenticia, vivienda y otros, generaron un proceso clientelar por el cual sólo se podía acceder a estos programas bajo el condicionamiento de participación en acciones de respaldo al gobierno, considerando al ser humano, primordialmente pobre, como un bien mueble que debía trasladárselo a cualquier lugar del Ecuador, para hacer creer que el Mandatario tenía apoyo de los sectores menos favorecidos. De este método sistemático fueron objeto principalmente indígenas del sector andino y campesinos del litoral ecuatoriano;

1.b.-Se conoce ahora que la Agencia General de Depósitos AGD , cuyo titular fue el Ex coronel Carlos Arboleda, habría desviado fondos públicos, encubiertos en honorarios profesionales de recuperación de cartera vencida, para financiar a los grupos antes referidos; es decir en estas actividades debían participar todos los gestores ministeriales, obedeciendo como se aseveró antes, a un diseño perfecto, organizado desde las altas esfera de poder;

1.c.- Se conoce también que la cúpula policial utilizó a miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia para investigar todos los detalles de las personas que se encontraban en contra del gobierno nacional, llegando a actuar en persecuciones, amedrentamientos, atentados e intervenciones telefónicas . Esta elite policial debía acatar y recibir órdenes directamente desde el A1 quien conocía perfectamente de estos “movimientos”.

En base a todo este contexto, la capital de la República se convirtió en un territorio de confrontación al que, por un lado, se traían ciudadanos en apoyo al régimen, muchos de ellos empleados dependientes de la Presidencia de la Republica, y por el otro se mantenían las movilizaciones en contra del régimen, lo que llevó a enfrentamientos entre la población civil.

Ante esta situación el Gobierno Nacional, identificado ya como una dictadura, el Viernes 15 de Abril de 2.005, en horas de la noche expidió el Decreto Ejecutivo Nro. 20-52 , declarando el Estado de Emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito, dejando abierta la posibilidad para extenderse a otras ciudades, suspende las garantías constitucionales como las de reunión, asociación, libertad de expresión y otras; y cesa a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia originando una nueva intromisión en la Función Judicial. El Congreso Nacional del Ecuador en reunión extraordinaria del 17 de Abril de 2.005 dejó cesantes a los “Magistrados”, en una repetitiva intrusión frente a la Administración de Justicia.

La violencia política instaurada desde hace meses, estaría por llegar a su clímax el día 19 de Abril de 2004 en horas de la noche, cuando en las afueras del Palacio de Gobierno, fruto de la represión policial exagerada y desmedida, muere el periodista chileno Julio García, quien en su afán de salvar a un niño que se encontraba en estas manifestaciones, fallece por un paro cardiorrespiratorio, fruto de la asfixia producida por la utilización excesiva de gas lacrimógeno CS .

Este clima de alarma colectiva llegaría a término cuando el día miércoles 21 de abril de 2005, estudiantes secundarios salieron a las calles para bloquear la llegada de gente contratada para apoyar a Gutiérrez , siendo reprimidos nuevamente con gas lacrimógeno y balas de goma.

Otros enfrentamientos se registraron en el Valle de los Chillos (entrada oriental de Quito) con estas personas traídas desde las ciudades de Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas y otras zonas campesinas del litoral. Se debe destacar que esta acción redujo el grado de confrontación con los estudiantes en la ciudad, ya que de haber ingresado todo el contingente de apoyo al gobierno se hubiera producido cientos o miles de víctimas, ya que de las versiones e investigaciones que se conoce, aquellos venían armados con palos, cuchillos, machetes, pistolas, cartucheras, etc., con la sola finalidad de enfrentarse a los ciudadanos quiteños.

Aquellos que lograron ingresar a la capital se atrincheraron especialmente en las instalaciones del Ministerio de Bienestar Social, lugar desde donde produjeron a mansalva varios disparos a la multitud que protestaba en sus afueras, según se han recogido en videos y notas periodísticas . En el mismo día falleció otra persona que acudía desde una recinto campesino de la Costa que vino a “respaldar” al Gobierno, la misma que fue arrollada por un transporte militar.

En horas del medio día y primeras de la tarde, del 20 da abril, renuncia el Comandante General de la Policía General Jorge Poveda Zuñiga, advirtiendo que no podía seguir enfrentándose al pueblo pese a las directrices dadas por el Ejecutivo. Luego el Congreso Nacional destituyó al Presidente Gutiérrez y el frente militar procedió a quitarle su respaldo, con lo que el primer mandatario tuvo que abandonar su sede y trasladarse a la embajada en el Brasil hasta conseguir el asilo diplomático, del que goza actualmente y que le han otorgado por un período de cuatro años. Debe remarcarse que su huida fue propiciada y respaldada por agentes militares y policiales, quienes desoyeron mandatos legales que les impedían obedecer órdenes contrarias a su función.


SEGUNDO.- FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Con los antecedentes fácticos ya relatados podemos concluir que los actos encasillan en el delito de lesa humanidad que dice textualmente, en su artículo 7 numeral 1 literales a) y k) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.- “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato…K) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Presupuestos que pueden desarrollarse básicamente dentro de los siguientes lineamientos:

a) Plan sistemático de ataque a la población civil , precedente que significa que actos u omisiones reiterados en un lapso por medio de un estamento estatal o de grupo como política de su ejercicio, pero siempre atentado contra población civil; estos factores podemos analizarlos en los siguientes aspectos: a.1.- Ruptura del Estado de Derecho. En noviembre inicia el ataque gradual a la independencia de varias funciones del Estado, cuyos ejecutores son el Ejecutivo a través del Presidente de la República y el Congreso Nacional, iniciando su arremetida en el Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional, para finalmente, desencadenar en una convocatoria a un periodo legislativo extraordinario para destituir a la Corte Suprema de Justicia del Ecuador ; llenando estas vacantes con personas partidistas correspondientes a todos estos sectores, así inclusive lo afirmó en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor José Guerrero . Con estas actitudes impidió que los perjudicados con estas resoluciones no pudieran reclamar las ilegalidades cometidas, ya que las instancias en cualquier petición recaían en estos organismos, es decir prácticamente consolidaron la indefensión total, carente de tutela judicial efectiva. a.2.- Independencia Judicial, no contemplado como un alcance de estabilidad y carrera de jueces, sino como una verdadera garantía de ciudadanos que esperan para sí una justicia imparcial e independiente. a. 3.- Libertad de expresión y opinión, porque cuando se establece este mecanismo solapado y metódico desde los aparatos gubernamentales, eclosiona una conducta represora del Gobierno nacional, contrarrestando movilizaciones de ciudadanos, amedrentando a quienes reclamaban el retorno al Estado de Derecho. También podemos asimilar en este acápite los diversos mensajes publicitarios de cadenas de televisión donde se establecían pasajes que afectaban contra la libertad de pensamiento del ciudadano ecuatoriano, aparentando situaciones inexistentes, en desmedro de varias estaciones de radio y televisión, cuyos propietarios y conductores fueron amenazados no solo en sus vidas sino con el control de sus frecuencias –se presentaron varios proyectos de ley que intentaron realizar esta finalidad- . a.4.- Integridad física y libertad personal, que son parte del ser humano y ciudadano, sobre todo cuando existen planes bien diseñados para atacar, disparar al cuerpo con las bombas lacrimógenas y un enfrentamiento desequilibrado con las fuerzas policiales y militares ; producto de estas acciones a más de los atentados, se produjo la muerte del fotógrafo chileno Julio García y las víctimas heridas por estos actos. Incluso existió una gran cantidad de detenidos, los mismos que recuperaron su libertad con acciones de hábeas corpus ante el Municipio de la ciudad de Quito . a.5.- El atentado contra la dignidad del ser humano, capítulo aparte merece las actitudes del ex Ministro de Bienestar Social señor Antonio Vargas y de su Subsecretario Bolívar Gonzáles, quienes en planes bien orquestados y en flagrantes disposiciones demagógicas, convocaban reiteradamente a integrantes de organizaciones campesinas e indígenas, para planes de vivienda , servicios de agua, navidades adelantadas o simplemente el pago de unos cuantos dólares para que vengan a la ciudad de Quito con el objetivo de utilizarlas como manifestantes en apoyo del régimen. a. 6.-Seguridad Jurídica, elemento esencial de un Estado de Derecho que a partir del 25 de noviembre fue vulnerado por esta organización, statu quo que al mismo tiempo hasta la presente fecha no se ha solucionado, sino que al contrario ha empeorado, con un Tribunal Constitucional, Electoral y Suprema de facto que estuvo al servicio del Gobierno de Gutiérrez y que hasta la presente fecha, a pesar de haberse cambiado los nombres no se ha posibilitado una salida constitucional. Incluso el regreso del prófugo de la justicia Abdalá Bucaram, Alberto Dahik y Gustavo Noboa Bejarano, provienen de resoluciones judiciales de la Corte presidida por Castro Dager; situaciones que independientemente de su trasfondo político, constituyeron en evidentes ataques a los niveles racionales procesales penales. a.7.- Eliminación de garantías y derechos civiles, producto de la declaratoria del estado de emergencia suscrito el 16 de Abril de 2.005, que emitió el coronel Gutiérrez donde inclusive cesó en funciones a la Corte de Facto, abrogándose para si facultades exclusivas que no se consideraban indispensables y razonables, así como disposiciones vedadas para el ejecutivo y legislativo, sobre todo cuando este decreto permitía la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional con la consabida suspensión de garantías constitucionales. a.8.- Afección a Derechos Colectivos e intereses indígenas, que se plasmó desde la ruptura de la alianza política con la que accedió al mandato presidencial el coronel Gutiérrez conjuntamente con el movimiento indígena ecuatoriano, representado por la línea partidista denominada Pachakutik; a raíz de esta división se abandonó los cargos respectivos, especialmente ministeriales y otros de menor rango, pero lo más grave es que empezó a expedir decretos ejecutivos impidiendo que estos sectores asuman organizaciones gubernamentales que fueron creadas precisamente para su dirección, como es el caso del CODEMPE, PRODEPINE, DIRECCIONES INTERCULTURALES BILINGUES, etc, etc. Estos puestos fueron asumidos por personas que no tenían relación con las organizaciones étnicas y al contrario muchos de esos recursos fueron desviados presumiblemente para actos de corrupción.

b) Asesinato.- Queda demostrado por la muerte violenta del periodista chileno Julio García, situación doctrinaria que es indiferente al número de víctimas, sino que basta con una muerte en el contexto de ataque generalizado y sistemático. Debemos añadir también la pérdida humana de la mujer que vino desde el recinto del litoral a respaldar al régimen; sin embargo, estas actitudes pueden configurarse en términos globales en el campo técnico penal de delito frustrado, también de asesinatos, sino se hubiera impedido el ingreso de los protestantes oficialistas a la ciudad de Quito .

c) Actos inhumanos que causen daño.- Todos estos acontecimientos han generado sufrimiento, afección, daño corporal, espiritual en los ciudadanos que protestaron, ya que se calculan que aproximadamente son ciento cincuenta víctimas – mujeres, niños, adolescentes, ancianos, amas de casa, etc. - que fueron de forma inmediata afectadas por las represiones, pero además se cuentan con otra cantidad de heridos que inclusive han perdido órganos principales de su cuerpo. Como se analiza en la época que se encontraba el ex Presidente Gutiérrez asumiendo su Gobierno, fueron diversos grupos que sufrieron este plan sistemático, debiendo recalcar sobre todo las personas de escasos recursos económicos, los indigentes e indígenas.

Entonces podemos concluir que la directriz en este lapso fue perfectamente organizada, generalizada , planificada y ejecutada, atentando contra la población civil para conseguir un poder hegemónico que mantenga únicamente sus proyectos de gobernabilidad a favor de un sector determinado, para lo cual el conocimiento del ex gobernante fue característica esencial de estos sucesos.

TERCERO: IMPOSIBILIDAD DE JUZGAMIENTO AL CORONEL GUTIERREZ EN EL ECUADOR.

Debe analizarse desde las siguientes consideraciones:

3.1.- Colapso Total del sistema de Justicia en la República del Ecuador.

A partir de la resolución del Congreso Nacional del Ecuador del 8 y 9 de Diciembre de 2.004, el Ecuador entró en un desfase acentuado de descomposición del Estado de Derecho en lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia, máximo organismo que fue conformado de manera totalmente inconstitucional y arbitrario con claras intenciones partidistas y consignas predeterminadas que favorezcan a situaciones incluso personales, es decir, el servicio de la justicia especialmente penal estuvo secuestrado para incorporar acciones que cumplan los acuerdos de “gobernabilidad” de Gutiérrez y su mayoría institucional para permitirle acabar su mandato presidencial. Sin embargo en la nueva conformación de una nueva instancia legislativa, eclosionada por la agitación social especialmente de la ciudad de Quito se logra derogar la resolución del 8 y 9 de Diciembre y entrar a una “vacancia judicial” que significaba dar un tiempo prudencial para reformar toda la Administración de Justicia especialmente en la Corte Suprema, ya que por el caso sui géneris de los acontecimientos la solución a este intríngulis jurídico al que fue sometido por Gutiérrez y su alianza legislativa, únicamente preveía un camino político que debía violentar nuevamente otro golpe institucional; a esa época – 19 de Abril de 2.005 – y por decisión del Congreso Nacional que renovó un nuevo espacio y una nueva mayoría, se logra cesar en los cargos a los “Magistrados” de la Corte elegidos en Diciembre de 2.004, pero desde ese lapso el Ecuador dejó de tener una Corte Suprema de Justicia, por lo tanto situaciones de conocimiento por recursos de casación, actos de fuero en la justicia penal, trámites de competencia a esa instancia se encuentran paralizadas, más aún cuando la Fiscal General de la Nación Subrogante, Doctora Cecilia Armas, al calor de los sucesos el 20 de abril de 2.004 mientras de desataba la caída del coronel Gutiérrez, resolvió iniciar una indagación previa con una “orden” de detención provisional por considerar que los actos de esos días eran en ejecuciones flagrantes; interpretación extensiva y peligrosa, ya que los actos jurisdiccionales son de competencia exclusiva y excluyente de los niveles jurisdiccionales, pero al no existir Corte Suprema de Justicia con su Presidente –juez natural del Presidente de la República- y a la exigencia de una mayoría de ecuatorianos procedió la referida funcionaria a cumplir con dichas decisiones. Estas conductas incluso mantienen relevancia singular porque el proyecto que el Congreso Nacional del Ecuador remitido al Presidente actual de la República, Doctor Alfredo Palacio en una de sus disposiciones generales contemplaba la posibilidad de crear temporalmente dos salas de lo penal de este máximo organismo y elegir un Presidente interino, intención que violentaría el artículo 24 numeral once de la Constitución Política del Ecuador, que impide crear Tribunales de excepción, ya que la iniciativa es compensar y continuar con la investigación a Gutiérrez y analizar las situaciones procesales especialmente de Abdalá Bucaram, ventajosamente una vez que el Presidente de la República objetó parcialmente este proyecto, el Congreso Nacional con una nueva mayoría se allanó a este pedido y ventajosamente no se creó este tipo de órganos excepcionales o ad hoc.

El artículo 130 numeral 10 de nuestra Carta Magna exige que para el enjuiciamiento penal del Presidente de la República, se necesita de la petición oficial del Presidente de la Corte Suprema de Justicia – a quien le llega el conocimiento de un presunto ilícito, a través del Ministro (a) Fiscal General de la Nación- , organismo que procederá a evaluar la situación del requerimiento y ordenará si es del caso su procesamiento, incluso para la destitución del cargo se necesitaba un juicio político previo para que la autoridad ejerza su legítimo derecho a la Defensa. Estos requisitos previos evidentemente no se verificaron, lo que va a traer en el futuro anomalías que van a perjudicar notablemente las pesquisas que se intenten realizar, ya que precisamente en casos similares estas falencias fueron aprovechadas para catalogar a ex Presidentes como perseguidos políticos y cobijarse al amparo de asilos en otros países, pese a los graves perjuicios económicos que han realizado, siempre resultan indemnes y consolidan un estado de verdadera impunidad. No vemos ninguna predisposición de enmendar dichos errores sino que la clase partidista intenta distraer con otras resoluciones, tornando en un esquema de espíritu de cuerpo.

3.2.- Concesión de asilo político por parte del Estado Federativo del Brasil a favor del Coronel Lucio Gutiérrez.

Una vez que en la tarde del martes 20 de Abril de 2.004, el coronel Gutiérrez abandonara el Palacio Presidencial, éste fue a radicarse en la embajada del Brasil donde solicitó inmediatamente su asilo político, el mismo que fue concedido, motivo por el cual procedió a salir del país apoyado incluso por miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Militares. En un posible evento de solicitud de extradición, petición que fue reservada por el gobierno ecuatoriano al brasileño, esta figura de consecución de investigación se verá imposibilitada por la misma declaración del estado requerido, ya que al momento de conceder esta figura catalogó que el status del ex Presidente tuvo motivaciones esencialmente políticas, por esto incluso se le concedió por un periodo de cuatro años; actitudes que de conformidad al Convenio Interamericano de Extradición evitaría su juzgamiento en sede jurisdiccional nacional por la disposición expresa contenida en el artículo 4 numeral 4 de dicho tratado, que dice textualmente: “ Improcedencia de la extradición.- La extradición no es procedente:…4.- Cuando con arreglo a la calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política. El Estado requerido puede decidir que la circunstancia que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito sea calificado como político” .

Es decir, de inicio imposibilita su inmediación ante tribunales de justicia ecuatorianos, pero sobre todo caería en la impunidad todo lo relatado, ya que la investigación en este país únicamente se refiere a un homicidio, que inclusive catalogando con sus agravantes merecería una pena máxima de dieciséis años , delito que contempla el plazo prescripción de diez años, pero que al haber ejercido su defensa se rebajaría en ocho años; entendiéndose que esa época se vería beneficiada por el largo y tedioso trámite que Brasil da a estas condiciones, ejemplo Caso Alfredo Stroessner . La ventaja actual de un posible enjuiciamiento en este nivel es el de incorporar no la figura de la extradición sino de la de entrega inmediata, si es del caso la aplicabilidad de una medida cautelar de orden personal, dejando de lado la protección diplomática que pudiera tener el ex Jefe de Estado

3.3.- Ineficiencia de Legislación ecuatoriana para sancionar a crímenes de Lesa Humanidad.

La República del Ecuador firmó el Estatuto de Roma con fecha 7 de Octubre de 1.998 y ratificó el mismo el 5 de Febrero del 2.002, pero desde esa fecha hasta la actualidad nuestro país no ha gestionado a nivel Legislativo los diferentes proyectos de Ley que permitan compatibilizar las reformas necesarias para viabilizar este convenio internacional, como lo hizo en su debido momento el vecino país de Colombia; por lo tanto los actos de lesa humanidad conforme a los estándares internacionales no se encuentran tipificados en nuestro Código Penal , lo que impide realizar la persecución penal en sus circunstancias relevantes para desterrar la impunidad y ajustar en los niveles objetivos y subjetivos la conducta del coronel Gutiérrez.

Desde esta óptica de técnica jurídica penal se impone la necesaria intervención de la Corte Penal Internacional, ya que calificar simplemente como un asesinato u homicidio en cualquiera de sus formas, es simplemente encubrir la esencia de los actos del ex Presidente de la República del Ecuador, cuyas acciones fueron dirigidas esencialmente a verificar delitos de lesa humanidad.

3.4.- Inexistencia del desaforamiento previo del Congreso Nacional del Ecuador.

Situación ya descrita, por medio del cual se establece que la Fiscalía ecuatoriana no solicitó a través del Presidente de Corte Suprema del Ecuador, al Congreso Nacional para el enjuiciamiento penal en jurisdicción ordinaria, lo que en el futuro significará una aproximación a planteamientos de nulidad dentro del proceso penal, en situaciones similares a las que justificó las decisiones de Guillermo Castro para los casos Bucaram, Dahik y Novoa. Inclusive dependiendo de los espacios partidistas que eclosionan niveles de protección entre los congresistas, hace inviable una actuación justa y legal para permitir enjuiciamientos serios en Cortes despolitizadas, sobre todo cuando nuevamente una nueva mayoría domina al Ecuador y que lidera los sectores que antes de Noviembre generaron la crisis judicial.

Con estos antecedentes se colige que la justicia ecuatoriana atraviesa y permanecerá en un caos y colapso total, todavía por largo tiempo cuando inclusive se asegura que la vacancia judicial se prolongará durante seis meses más hasta la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia del Ecuador, pero sobre todo por lo ineficaz que significa de forma mediática enjuiciar las conductas descritas.



CUARTO.- PETICIONES.

4.1.- Al amparo de lo que dispone el artículo 15 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, solicitamos muy comedidamente se digne iniciar la respectiva investigación, de conformidad a la documentación que se le remite, así como podrá solicitar desde ya la respectiva colaboración al Ministerio Público del Ecuador, a través de la señora Ministra Fiscal General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Policía Técnica Judicial del Ecuador, Cruz Roja Ecuatoriana, Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas para Jueces, Fiscales y Abogados, Internacional Bar Association IBA, Magistrados Europeos por las libertades y Democracia MEDEL, Sociedad Interamericana de Prensa SIP, Organizaciones de Derechos Humanos regionales, Organización de Estados Americanos OEA, Presidencia de la República del Ecuador, Ministerio de Gobierno , demás entidades gubernamentales, de forma especial Ministerio de Bienestar Social, Asociación de Editores de periódicos, Asociación de radio y canales de Televisión del Ecuador;

4.2.- Una vez que haya complementado la información que en este momento usted dispone, se dignará presentar a la Sala de Cuestiones Preliminares el requerimiento necesario para que AUTORICE la investigación respectiva, que de acuerdo a lo relatado se constituye en un acto gravísimo no solo para la región sudamericana sino latinoamericana, ya que este mal ejemplo de impunidad puede convertirse en un esquema cotidiano de actuaciones gubernamentales. Este asentimiento de la Sala se lo hará sin perjuicio de de resoluciones sobre admisibilidad y competencia de la causa;

4.3.- Al amparo de lo que dispone el artículo 58 y 92 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y toda vez que existen sobrados méritos de investigación, usted señor Fiscal al momento en que proceda a pedir la autorización referida en el acápite anterior, se dignará también exhortar a la Sala de Cuestiones Preliminares la expedición de de ORDEN DE COMPARECENCIA al ex Presidente de la República del Ecuador, Coronel Lucio Gutiérrez Borbúa;

4.4.- Consideramos que los antecedentes relatados y sus circunstancias jurídicas expuestas, son motivos suficientes para la actuación de usted señor Fiscal, motivo por el cual apelamos a vuestro mandato de servicio a la justicia, para que en cumplimiento de su mandato universal no deje marginada la única posibilidad que tiene el Estado del Ecuador, para que impere el criterio de justicia y equidad para sancionar estos precedentes que han causado conmoción, a un pueblo pacífico como el ecuatoriano, y que a través de ello se fije un precedente que nos ayude a vivir en una sociedad justa con autoridades que no vulneren la seguridad, la paz y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.


QUINTO.- DATOS Y MÁS GENERALES DE LEY DEL DENUNCIADO.

Los nombres y apellidos del denunciado son: CORONEL del Ejército (Servicio pasivo) INGENIERO LUCIO GUTIERREZ BORBUA, de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, de profesión ingeniero comercial, domiciliado actualmente en la ciudad de Brasilia , República Federativa del Brasil en su condición de asilado político. Esta señalización e individualización se lo hará sin perjuicio de establecer otras responsabilidades en mandos militares, policiales, gubernamentales y civiles que llevan consigo vuestra investigación.

SEXTO.- IDIOMA OFICIAL.

Al amparo de lo que dispone el artículo 50 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, este documento se lo remite a usted señor Fiscal, en idioma Español por ser lengua oficial de la institución supranacional de justicia a la que pertenece, así como ser vuestro idioma de origen.

SEPTIMO.- JUSTIFICACION Y CALIDAD DE ESTADO.

El artículo 118 de la Constitución Política del Ecuador dispone textualmente: “Enunciación.- Son instituciones del Estado: 1.- Los organismos y dependencias de las funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial…” , en igual sentido el artículo 198 Ibídem señala: “Organos.-Serán órganos de la Función Judicial : …2.- Las Cortes, tribunales y juzgados que establezcan la Constitución y la ley…”. En este entorno es indispensable recalcar que la labor de los jueces y funcionarios judiciales en general no solo se circunscribe a una actitud burocrática y pasiva, sino a un compromiso de verdadero reivindicación de Derechos Humanos que aseguren un convivir social democrático, así lo determina finalmente el artículo 3 numeral 2 Ibídem: “Deberes del Estado.-Son deberes primordiales del Estado:…2.- Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social…6.- Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción…”.

En general, los funcionarios públicos infrascritos mantenemos para sí la representación el Estado en virtud de ejercer jurisdicción actualmente y al consagrar para nuestro patrimonio los deberes predeterminados en la Carta Magna, que ahora pueden única y exclusivamente efectivarse en el plano de actuación de la Corte Penal Internacional.

Adjuntamos nuestros nombramientos respectivos.

OCTAVO.- COMUNICACIÓN AL SECRETARIO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

Al amparo de lo que dispone el artículo 13 del Reglamento de Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, copia de esta denuncia también se le hará conocer al Doctor Bruno Cathala.

NOVENO.- NOTIFICACIONES.

Las notificaciones de las resoluciones que se expidan dentro de este trámite, las recibiremos oficialmente en los correos electrónicos: [email protected] , [email protected] , [email protected], [email protected], [email protected] , [email protected], así también a la siguiente dirección: Juzgado Segundo de lo Penal de Cotopaxi, H. Corte Superior de Justicia de Latacunga, Avenida Amazonas y Padre Salcedo, Segundo Piso. Ecuador – Suramérica.

Suscribimos conjuntamente con la Doctora Gina Benavides, delegada del INREDH , Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, con matrícula profesional número 5296 del Colegio de Abogados de Pichincha, con dirección electrónica: [email protected] , [email protected]


Anexamos documentos de sustento hemerotécnicas y otros.

Atentamente,





MONSEÑOR. ALBERTO LUNA TOBAR.
EX ARZOBISPO DE LA CIUDAD DE CUENCA Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE CUENCA.








DR. CARLOS POVEDA MORENO. DR. MIGUEL ANTONIO ARIAS.
JUEZ 2 DE LO PENAL DE COTOPAXI. JUEZ 2 DE LO PENAL DEL AZUAY.













DR. MIGUEL GUAMBO LLERENA. DR. PABLO VALVERDE ORELLANA.
JUEZ 2 PENAL DE CHIMBORAZO. JUEZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.








DR. PATRICIO ARIZAGA GUDIÑO. DR. IVAN GRANDA.
JUEZ DEL TRIBUNAL PENAL DE COTOPAXI. FUNCIONARIO JUDICIAL.








DR. MIGUEL TENORIO RAMON.
SECRETARIO RELATOR DE LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LATACUNGA.







DRA. GINA BENAVIDES LLERENA
ABOGADA INREH.


c.c. Dr. Bruno Cathala. Secretario de la Corte Penal Internacional.
P.O. Box 19519, 2500 CM The Hague, The Netherlands. Maanweg 174; 2516 AB The Hague, The Netherlands.

Adjuntamos: cinco ejemplares.

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