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Edición #4866 |  Ecuador, viernes, 21 de septiembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
urgente

Gobierno de Ecuador tendrá que admitir que la ética no es “cuestión de un papelito”

2005-06-09 21:39:38
Análisis
3955

Ecuamex/fha

La salida del ministro Cordovez, tras un agrio debate deja una amarga lección: que en Ecuador, al Gobierno del presidente Alfredo Palacio le ha llegado la hora de responder al reto de la ética, demostrar que está dispuesto a cumplir con la misma ante la patria, o causarse a si mismo una grave y mortal herida y todo por no querer valorar que la norma constitucional y las leyes no son "cuestión de un papelito".
En Ecuador se pronuncia con frecuencia la frase: “La culpa no es del presidente sino de los que le rodean”, con lo cual se quieren justificar los males y conflictos que se dan en la nación, que tiene fama de ingobernable. El presidente de Ecuador Alfredo Palacio está acumulando frustraciones, con una velocidad impresionante, tanta como para sospechar de que una gestión de “topetazos contra las paredes” puede estrellar su gobierno contra el resentimiento popular acumulado, y la nación andina eleve aún más su estado de crisis, de la que no logra salir precisamente porque el régimen ubicado en el poder mantiene el mismo grado de corrupción y vicio de los que provocaron la salida de su antecesor el coronel Gutiérrez.

Cuando empezó el régimen, a pocas horas de haber posesionado a los ministros, el mandatario tuvo que soportar el cuestionante sobre la calidad de colaboradores que estaba escogiendo. La censura fue directa por el grado de “amiguismo” que demostraba en la selección de los cargos y la extraña presencia de varios personajes que “asomaban” a la vida nacional, a los tiempos, con huellas de servicio en gobiernos anteriores a quienes les acusaba su pasado.

A posteriori saltaron los conflictos por las formas como se habían ubicado a ciertos funcionarios, con procedimientos apresurados posesionó a seis ministros que violaron la Constitución de Ecuador encabezados por Antonio Parra Gil como Canciller, Wellington Sandoval en Salud, Pablo Rizzo en Agricultura, Ana Albán en Ambiente, Fausto Cordovez Chiriboga en Energía y Solón Espinosa en Defensa; ellos faltaron a la verdad en su promesa y no entregaron su Declaración Juramentada de Bienes, como mandaba la ley, en los plazos adecuados. Hubo necesidad del escándalo público para que los mencionados secretarios de Estado, enredados en sus versiones, traten de cubrir con apariencias lo exigido y ante el pedido de que no podían continuar por lo ilegal de sus actos recibieron una boya salvadora del presidente que los exculpó bajo el falso plazo de los 60 días dados por la Contraloría, que asumía el papel de cómplice de la irregularidad.

Ni un respiro bastó para que se acumulen las faltas encontradas. El escándalo de los deudores morosos, que constaban en la Central de Riesgos con calificación E (deudas perdidas e incobrables) empezó con un ministro de Energía, y como trató el tema con desdén ante la prensa, desató el dique de acusaciones hallándose el régimen en una maraña de posesionados en los cargos como “morosos” que iban sumando conflictos con acciones juramentadas ficticias ante notarios, declaraciones de insolvencia, juicios por estafa, quiebras bancarias, créditos impagos, ventas de bienes sospechosas, pagos de deudas de última hora y el grado extremo de tener que hallar al cercano colaborador del mandatario, su ex secretario particular cuando vicepresidente, Roberto Pinzón, con prontuario judicial y prisión en la penitenciaría del litoral.

Enfrentados al juicio de la opinión pública, los más visibles: el ex ministro Cordovez Chiriboga lo califico al conflicto como un problema por “un papelito”, mientras que el ministro de Gobierno Mauricio Gándara dijo que “habrá que presentar no más” la exigida declaración de bienes como si fuera poca cosa.

Quienes están hoy en el gobierno, en sus momentos de la más “forajida” oposición, acusaron -y con razón- al gobierno del coronel Gutiérrez de violar las leyes, de no respetar las normas, de atropellar la Constitución, de imponer gentes improvisadas, de carencia de honradez y de una especie de “hambre de empleos” que adolecía Sociedad Patriótica al hacerse cargo del gobierno en enero del 2003. Que grave vicio es no practicar lo que se predica, porque ahora en cambio se les acusa a los nuevos instalados en el poder que “llegaron con hambres atrasadas a pagar las deudas”. Si se quiere resumir el debate de los inicios de estos dos procesos de gobierno, son precisamente esas dos frases las que reflejan el feo espectáculo al que nos están sometiendo. Estan haciendo lo que criticaron; eso es no medir consecuencias de la ética y de lo ético y que le están ajustando tempranamente las cuentas al gobierno.

Es quizás el mayor conflicto en una sociedad que sus normas éticas no se vean reflejadas en el comportamiento de sus dirigentes. Que la respetabilidad por la Constitución y las leyes se vea soslayada por los mandatarios, que los funcionarios se tomen para si el derecho de minimizar lo que está escrito y les obliga para calificar de manera ridícula a un “simple papelito” justamente a esas normas, y creer que “eso se arregla” con un comportamiento corregido que no borra la infracción cometida.

La dimensión de la ética en el poder, ese factor del denominado “ethos político” manda al gobernante actuar con coherencia y no repetir los vicios que se ha censurado en público y en privado. Por eso no se ve como adecuado que desde el principal ministro del régimen se dé por solucionado el problema con el simple “habrá que presentar no más”, reduciendo de manera inapropiada al cuestionante como que de esa forma se soluciona.

No es noble ni digno para una nación que en uno de sus peores momentos el gobierno no sepa a quien escoge y que los deudores morosos le salten como “cadáveres del armario” al régimen, y más grave se vuelve el que sea el mandatario quien tenga que sorprenderse de los “prontuarios” de los que él mismo nombró, y que lance los “salvatajes” con falsos argumentos que aumentan el tamaño de la violación de las leyes.

Tampoco es aceptable que se finja indiferencia para evitar la exigencia de lo que dispone el derecho: que los ministros tienen que irse, porque su posesión fue ilegal, como nulos son sus siguientes actos, anulando lo que está haciendo el régimen. No ha sido beneficioso el tratar de defenderse con argumentos deleznables como aquel del ministro Gándara Gallegos que señala que “tanto él como el doctor Parra Gil ya sabían dos o tres días antes que iban a ser ministros”, porque ese argumento se convirtió en ofensivo a los que peleaban por el respeto a las leyes contra el gobierno, mientras los dos personajes corrían a la notaría a presentar su declaración para ponerse al día y posesionarse en sus cargos, sumando argumentos de lo ilegal y delictivo que significa la auto-declaración de conspiración según el Código penal. No respetar la ética y la ley siempre trae malas consecuencias.

Menos ayuda ha significado el que se busque ofender a los que han cuestionado estos deslices del régimen, o que se quiera enfrentar a la prensa bajo el supuesto apoyo del pueblo frente a “estos que me infaman”. Las palabras mal usadas se vuelven siempre en contra, como en el caso del secretario Cortez Castro, que tiene que irse por sus expresiones desaprensivas que trataron de justificar lo que estaba pasando como “una campaña montada para desprestigiar a los personajes del régimen”. Los hechos son suficientes como para acusar y nada se gana descalificando a los que denuncian.

Es doloroso aceptar verdades, como también lo es que se busquen en esas verdades las justificaciones a los errores pasados. Los posesionados - cuestionados del gobierno del presidente Palacio le han hecho tanto daño al régimen al haber aceptado ubicarse en los cargos con engaño, ya que a sabiendas de que tenían impedimentos legales aceptaron los nombramientos con trampa, esa es la verdad. Cuanto ha ofendido a la racionalidad del ecuatoriano que el coronel Gutiérrez use esa verdad con trampa para su beneficio propio y argumente que “me tumbaron porque les quería cobrar las deudas, y ahora llegaron para poder pagarlas desde el gobierno”; la ofensa no es por esas afirmaciones sino porque el régimen, con estos hechos y personas, le haya dado armas y le haga el juego al ex mandatario destituido para que se convierta de acusado en acusador.

El principal motivo para entender el porqué todo este grupo de descalificados han vuelto a rondar las esferas del poder, es debido a que en la nación ha imperado la impunidad y el olvido temporal.

Más de uno de los cuestionados del régimen ya estuvieron en algún cargo público, en más de un gobierno, con más de una camiseta política, y en esos días actuaron mal o bien, dejando huellas de su pasado. Dan la impresión de ser una especie de “reincidentes contumaces” que no se extingue fácilmente, por el contrario, de un régimen saltan a otro, aprovechan la desmemoria y actúan bajo la confianza ganada de que están en el poder que les garantizará actuar ilegalmente, total en el Ecuador se parte de la desmemoria hasta la política de los “hechos consumados”. En su momento pasaron y desfilaron por los medios de opinión cuestionando públicamente a quienes habían sido nombrados, atacando con dureza, arguyendo la inexperiencia como motivo para pedir su salida y de esa forma poder llegar aunque sea conspirando. Pues muchos de ellos rodearon al presidente Palacio, y le han causado el daño evidente que hoy apreciamos.

Visto está, con lo que estamos viviendo, que en Ecuador es la impunidad de los actos ilegales la que hace pasados obscuros, es la infamia burda la que nos ha vuelto unos contra otros, rescatando de un instante a otro la memoria dolida de quienes “Fueron, son y ahora quieren volver a ser” reafirmando la frase de que “no es el poder lo que corrompe sino lo que cuesta dejarlo”.

No puede seguir una nación con un sino de ser una sociedad que “dicta leyes que no cumple y crea instituciones que no respeta” el gobierno de Palacio tiene entonces el reto en sus manos, y es justo ahora, en este segundo.

Bastante respetabilidad ganó en segundos el mandatario al dictar la orden de que los deudores y posesionados ilegales tenían 48 horas para arreglar su situación, podrá perderla en segundos si sigue alargando la solución.

La opción que todavía tiene el régimen es iniciar su lucha contra su propia impunidad. Los ministros tiene que irse por haberse posesionado en forma ilegal, violando la constitución, los funcionarios deben irse por ser deudores morosos y haber violentado la ley, los secretarios y subsecretarios deben dejar sus cargos si han quebrado la norma jurídica.

Cuando dijimos desde Ecuadorinmediato.com, en una ocasión anterior, que los seis ministros tenían que renunciar, lo hicimos lanzando un reto moral anticipado, como una forma de prevenir el efecto de “bola de nieve” en el que se ha ido metiendo el gobierno en cuestión de días. Es válido entonces volver a repetir: tienen que irse, y el presidente tiene que sacarlos justo al inicio de su gobierno. No importa el número, porque de eso depende que su siguiente calificación sea valorada como respetable con el País y no con los “amigos”. Poner el ejemplo y sancionar con escarmiento es fundamental, porque ante la disyuntiva puede quedar como alguien que aceptó ser ético y moral, respetó las leyes, cumplió con las normas, o dejó impunes a los que llegaron a los cargos violando la ley para pagar sus deudas. El presidente Palacio sabrá si pasa a la historia como quien presidió un gobierno de valiosos o de tramposos.

Como se nota, el tema no era “cuestión de un papelito”. Las siguientes horas hasta llegar al lunes 13 de junio son cruciales. A fin de cuentas, este es el momento justo para quitarle argumentos a su antecesor y mas bien exponer la honorabilidad de sus palabras que “se ha reinstaurado en Ecuador la Constitución, la ley, la moral y la ética”.


FRANCISCO HERRERA ARAUZ Periodista, Politólogo, director del periódico Ecuadorinmediato.com, y la Agencia de Noticias Ecuamex.
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