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EL DIARIO (Manabí) Hay más de 8 mil denuncias por supuesta corrupción

2011-05-17 08:04:00
Judiciales

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Hasta ahora ninguna ha sido sancionada todavía por los organismos de control

Son por lo menos 8.160 denuncias de presunta corrupción que se han presentado en el periodo gubernamental del presidente Rafael Correa. Hasta ahora ninguna ha sido sancionada todavía por los organismos de control.

Eso fue lo que plasmó la revista Vanguardia en su edición del 28 de febrero pasado y que ha servido de plataforma de lucha de asambleístas como Leonardo Viteri y Fausto Cobo, como del expresidente Lucio Guitérrez. La oposición en sí advierte que con una reestructuración de la justicia en manos del Ejecutivo promoverá la impunidad en este tipo de casos.

En fin, las denuncias se acumulan y el trabajo es lento. Entre el 2007 y 2010, la Contraloría reportó 727 informes con indicios de responsabilidad penal. Pero no hay registros sobre el destino de estos casos y si hubo sentencia o absoluciones, según la revista.

Mientras, en Manabí tampoco hay resoluciones ni sanciones en denuncias de supuesta corrupción investigados, casos que han salido a la luz pública, dice Viteri.

EN MANABÍ. En la fiscalía anticorrupción de esta provincia, el agente fiscal Adolfo Castro tramita una decena de denuncias de corrupción, casi todas por presunto peculado, excepto uno por enriquecimiento ilícito.

El retraso de los procesos, en términos generales, se debe a varios factores como que chocan las audiencias, los implicados piden cambios de día y hora, y las auditorías de Contraloría no se realizan, frenando el proceso. El asambleísta Leonardo Viteri ha denunciado que la demora se gesta en este organismo de control.

Entre los casos investigados en esta fiscalía consta el de la denuncia por presunto peculado en obras de encauzamiento en el cantón Bolívar.

Castro indicó que para el 25 de mayo está prevista la formulación de cargos dentro del proceso penal, que implica la apertura de una instrucción fiscal por 90 días.

Otro caso es en torno a la extinta Corpecuador, en el famoso juicio por presunto peculado en la construcción del puente El Ceibal.

Cuenta Castro que aún no se da la audiencia preparatoria de juicio, donde el juez valora si es factible la acción de un tribunal penal. Este proceso lleva por lo menos un año en el juzgado Séptimo de lo Penal.

A estos casos se suman, entre otros más, el del supuesto "negociado" entre algunos médicos con laboratorios médicos.

El Gobierno

El Presidente Rafael Correa ha señalado todo lo contrario. Manifestó que, durante su Gobierno, se combate la corrupción y se ha logrado la creación de instancias que anteriormente no existían, entre ellas, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión y el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP), este último considerado el segundo sistema de compras públicas más moderno y eficiente de América, solo superado por el de México, según él.

Considera que la tecnificación de varias instituciones dónde había corrupción, como el Registro Civil, "pero estamos claros que falta mucho por hacer".

Para el Presidente lo más importante es el cambio cultural que prima ahora en los ciudadanos, para aborrecer la corrupción.

Contrataciones que causaron dudas

También entró en inventario el proceso que se le siguió a una docena de contratos del municipio de Portoviejo para obras viales, donde se advertía, por parte del concejal Raúl Menéndez, un supuesto direccionamiento de las contrataciones a un grupo reducido, cuyos integrantes también habrían sido beneficiados por trabajos en la prefectura de Humberto Guillem, actual alcalde; sin embargo, este caso fue desestimado. El fiscal Castro dijo que no hubo pruebas acusatorias. Resaltó el caso de los equipos comprados con presunta irregularidad para el área de radioterapia del hospital de Solca, que fue denunciado por el asambleísta Leonardo Viteri.

En éste, el fiscal señaló que a pesar de haber pedido hace ocho meses una auditoria a la Contraloría, aún no se ha realizado este examen. Finalmente dijo que hay un caso nuevo, el de supuesto enriquecimiento ilícito de un funcionario de Contraloría de apellido Iturralde, por $170.000.

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