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Edición #4501 |  Ecuador, miércoles, 22 de noviembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
urgente

Oposición no presenta articulados para ley de comunicación, son solo observaciones al acuerdo ético-político

2010-07-14 10:25:34
Documentos
6630

En eso consiste el documento de siete puntos entregado ayer

La oposición política de Ecuador, en la que se han agrupado los partidos y movimientos políticos contrarios al Movimiento Alianza País en la asamblea Nacional, no han entregado ninguna propuesta de ley alternativa, ni tampoco algún artículo específico que se incluya en el debate de la Ley de Comunicación. Su propuesta es un documento con observaciones al acuerdo ético-político alcanzado entre ellos el pasado mes de diciembre, y que fuera entregado a la prensa nacional ayer, cuyo contenido hoy exhibimos.

DESARROLLO DEL ACUERDO ÉTICO POLÍTICO SOBRE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN

 

Borrador, 13 julio 2010
Presentado para discusión de las bancadas y grupos políticos representados en la Asamblea Nacional

El 17 de diciembre de 2009, los representantes de las bancadas y grupos políticos suscribieron un Compromiso Ético Político (CEP) para afirmar su voluntad de aprobar una Ley Orgánica de Comunicación que garantice los derechos y las libertades, establecidos en la Constitución del Ecuador y los instrumentos internacionales vigentes. El presente documento no es un nuevo proyecto de ley; es un documento que analiza punto por punto cada uno de los artículos de dicho compromiso y propone un articulado alternativo y de consenso, sujeto a las observaciones y rectificaciones de todos los integrantes de la Asamblea Nacional, las bancadas y grupos políticos representados en ella, la ciudadanía y todos los actores de la comunicación en el país.1

El desarrollo de la Ley Orgánica de Comunicación debe partir del principio de supremacía de la Constitución establecido en el artículo 424 de la misma, según el cual, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento político. De igual forma, el artículo 425 establece que el orden jerárquico de aplicación de las normas tomará a la Constitución en primer lugar y luego a los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, las leyes ordinarias, etc. Empero, de acuerdo al segundo inciso del citado artículo 424, cuando en los tratados internacionales, ratificados por el Estado, se reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, éstos prevalecerán sobre cualquier otras norma jurídica o acto del poder público. Por tanto, el desarrollo de la ley deberá, de manera escrupulosa, acoger lo establecido en los tratados internacionales vigentes si es que aquello constituye una interpretación más favorable a la garantía de los derechos constitucionales. Adicionalmente, se debe tener presente que varios instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos y toda la jurisprudencia generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ser instrumentos firmados, ratificados sin reserva alguna y depositados por el Estado ecuatoriano en el año 1977, son de obligatorio cumplimiento para nuestro país. Por tanto, el gobierno del Ecuador declaró como obligatoria la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar o aplicar la CADH en todos los casos. Esto último es importante pues comprende las sentencias, opiniones consultivas y demás resoluciones y recomendaciones de la Corte, sobre diversos temas en los que se interpreta el alcance de la CADH.

I y II

PRIMERO: El ámbito de la Ley debe desarrollar las normas constitucionales establecidas en los artículos 16 al 20, 66 y 384 de la Constitución del Ecuador, en concordancia con los instrumentos internacionales suscritos por el país.

SEGUNDO.- Se debe garantizar la libertad de expresión sin censura previa y con responsabilidad ulterior, conforme lo establece la CADH en el artículo 13, numerales 1 y 2. Los límites democráticos a la libertad de expresión deben darse exclusivamente en los ámbitos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, salud pública, defensa nacional y orden público, conforme a lo establecido en el artículo 13, numerales 4 y 5 de la CADH, así como lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución del Ecuador.

ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20, 66 Y 384 DE LA CRE Y EL ARTÍCULO 13 DE LA CADH

ART. 16 DE LA CRE:

• Se reconoce el derecho de todas las personas, en forma individual o colectiva, a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción humana;

• Se reconoce el derecho al acceso a todas las formas de comunicación visual, auditiva y sensorial que permitan la inclusión de personas con discapacidad;

• Se reconoce el derecho a integrar espacios de participación en el campo de la comunicación.

ART. 17 DE LA CRE:

• Se establece que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y para ello garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y el igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas;

• De igual modo, dicha garantía implica el precautelar que la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas prevalezca el interés público.

• Se establece que el Estado facilite la creación de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, y el acceso a las tecnologías de comunicación e información, en especial, para las colectividades que no accedan a las mismas o tengan un acceso limitado.

• No permite el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

 

ART. 18 DE LA CRE:

• Se reconoce el derecho de todas las personas, en forma individual o colectiva, a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. En este punto se debe constatar que esta definición del derecho a la comunicación es restrictivo de la libertad de expresión al poner calificativos de veracidad, verificación, oportunidad, contextualización, pluralidad al derecho de las personas a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información. En contraste, la definición de la CADH es mucho más amplia y favorable para la aplicación de este derecho. A saber, la CADH, en su artículo 13, numerales 1 y 2, establece que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. Además, precisa que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores. Adicionalmente, la opinión consultiva (A5 1985) de la Corte Interamericana clarifica el alcance de este artículo y plantea: “No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor.” Por tanto, a base del artículo 424 de la CRE, puesto que la definición del derecho a la libertad de pensamiento y expresión contenido en el artículo 13 de la CADH, numerales 1 y 2, es más amplia y favorable para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y, en general, de derecho a la comunicación, que el que establece el artículo 18.1 de la CRE, debemos acogernos a la definición estipulada en el instrumento internacional mencionado.

• Se reconoce el derecho a acceder libremente a la información de carácter público, sin que exista reserva de información sino en los casos establecidos en la ley.

ART. 19 DE LA CRE:

• Se señala que la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, además de la promoción de la producción nacional independiente;

• Prohibición de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política, y toda aquella que atente contra los derechos.

ART. 20 DE LA CRE:

• Se garantiza la cláusula de conciencia a toda persona, el secreto profesional y la reserva de la fuente a comunicadores y periodistas.

ART. 66 DE LA CRE:

• Reconoce un amplio catálogo de derechos de libertad, entre éstos: el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a opinar y expresar libremente el pensamiento en todas sus formas y manifestaciones.

ART. 384 DE LA CRE:

• Dispone la creación de un sistema de comunicación social conformado por las instituciones públicas, la política y la normativa, y los actores privados y comunitarios que se integren voluntariamente;

• El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto a la libertad de expresión y los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los tratados internacionales;

• La ley definirá la organización, el funcionamiento, y las formas de participación ciudadana.

ART. 13.1, 13.2 Y 13.3 DE LA CADH:2

• Se reconoce una amplia definición del derecho a la libertad de pensamiento y expresión sin censura previa sino a responsabilidades ulteriores;

• Las responsabilidades ulteriores deberán estar fijadas en la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos y reputación a los demás, la protección de la seguridad nacional, orden públicos o la salud o la moral públicas;

• Prohíbe restringir la libertad de expresión por vías indirectas como el abuso de controles oficiales al papel de los periódicos, asignación de frecuencias, aparatos utilizados para difundir información o cualquier otro medio que impida la libre comunicación;

 

PROPUESTA DE ARTICULADO

Artículo.-. OBJETO.- La presente Ley tiene por objeto garantizar el ejercicio y la plena vigencia de la libertad de expresión y los demás derechos a la comunicación, y aplicar de forma efectiva y universal el libre acceso a la información pública y a las tecnologías de información y comunicación (TIC), reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales vigentes.

Artículo.- ÁMBITO.- Esta Ley es aplicable a todos los actores que hacen parte del ejercicio de la libertad de expresión y del proceso de comunicación, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en el ámbito privado, público y comunitario, comunicadores sociales y a las instituciones, actores, políticas y normativas que conforman el sistema de comunicación social.

PRINCIPIOS

Artículo.-. APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE COMUNICACIÓN.- Como parte del sistema de derechos humanos, la protección de los derechos de comunicación se regirá por los mismos de aplicación de derechos humanos establecidos en la Constitución y los instrumentos internaciones vigentes, especialmente, en aquellos que protegen la libertad de expresión y de pensamiento.

De acuerdo al artículo 424 de la Constitución, los instrumentos internacionales que reconozcan derechos y garantías de comunicación y libertad de expresión más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán por sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

Artículo.-. NO CENSURA PREVIA Y RESPONSABILIDAD ULTERIOR.- El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no está sujeto a censura previa, sino a las responsabilidades ulteriores, fijadas por las leyes civil y penal vigentes. Las responsabilidades ulteriores son únicamente las relacionadas con el respeto a los derechos y la reputación de los demás, la protección de la defensa nacional, el orden público y la salud pública.

La responsabilidad civil o penal que se produzca por el abuso en el ejercicio de los derechos de comunicación a través de la expresión de opinión es exclusiva de la persona que la produce y no podrá trasladarse al medio de comunicación que la difunde, excepto que dicha opinión exprese la posición oficial del medio.

El principio de responsabilidad ulterior se aplicará a través de las medidas menos restrictivas posibles, siendo, la vigencia de los derechos de comunicación, incompatible con la penalización de los llamados delitos de opinión. En ningún caso se podrá considerar como caso de desacato a la autoridad las expresiones, información u opinión que se crea que ofenden o insultan a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o a candidatos a ocupar cargos de elección popular.

 

Artículo… PREVALENCIA DE CONTENDOS INFORMATIVOS, CULTURALES Y EDUCATIVOS.- En la programación de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios se propenderá a otorgar prevalencia a contenidos con fines informativos, educativos y culturales. Bajo ninguna circunstancia, esta disposición podrá utilizarse como mecanismo directo o indirecto de censura previa a los contenidos difundidos por los medios de comunicación. La aplicación de este principio se orientará a la formación de una ciudadanía informada y deliberante, una opinión pública plural y al fortalecimiento de la democracia.

 

Loa medios de comunicación públicos, privados y comunitarios tendrán dentro de su programación contenidos de información, comunicación y educación para la salud. Dichos programas deberán estar orientados a reconocer los riesgos de las diferentes enfermedades y a promover estilos de vida saludables, para lo cual coordinarán sus contenidos con las entidades de salud pública nacionales y locales.

 

Artículo…. PROHIBICIÓN DE CENSURA INDIRECTA.- Queda prohibido el uso de restricciones o atribuciones estatales como controles oficiales para importación y comercialización de insumos como papel, equipos o cualquier aparato necesario para el funcionamiento de los medios de comunicación. Estos controles no podrán usarse como instrumentos de censura indirecta y su utilización se entenderá como la imposición de obstáculos al libre flujo informativo y, por ende, violación a los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión.

Artículo.-. IMPARCIALIDAD DEL ESTADO.- El Estado se abstendrá de impedir o restringir, directa o indirectamente, de manera abierta o encubierta, la libertad de las personas a expresar libremente su opinión, ideas, pensamientos, creencias políticas o religiosas, de cualquier forma que lo hagan o a través de cualquier medio de comunicación, en el marco del respeto de los principios democráticos.

El Estado no podrá establecer ningún referente oficial y obligatorio para el libre pensamiento y opinión de las personas, y deberá asegurar medidas de acción positivo para que los que los pensamientos y expresiones de grupos minoritarios no sean discriminados ante las opiniones y expresiones de la mayoría.

El Sistema de Comunicación Social se someterá al deber de garantizar plenamente los derechos de comunicación. Las políticas y normativa que hagan parte de este sistema se ajustarán al carácter laico del Estado ecuatoriano, sin buscar, por ningún medio, moldear o intervenir en la formación de la opinión pública ni en el proceso de definición de las preferencias y creencias políticas, religiosas y de cualquier índole de los ciudadanos, ni en el desarrollo de la actividad cultural.

Artículo.-. DEMOCRATIZACIÓN, PLURALIDAD Y DIVERSIDAD.- La construcción de un sistema democrático requiere de una participación diversa y plural en el debate público. Para ello, es indispensable la existencia de medios de comunicación, periodistas y comunicadores independientes, que puedan ejercer su profesión en libertad y sin coacción alguna, y de la más amplia incorporación de personas y pueblos al debate democrático.

Este principio es incompatible con cualquier forma de restricción a la libertad de expresión, con la existencia de monopolios y oligopolios, público o privados, en la propiedad de los medios de comunicación.

Artículo.-. PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN.- El proceso de búsqueda, producción, recepción, intercambio y difusión de información, mensajes, documentos, textos y expresiones, se regirá por principios de inclusión y participación, en todas sus formas y manifestaciones.

Artículo.-. PLURINACIONALIDAD, INTERCULTURALIDAD.- El Estado garantiza y promueve el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias como actores políticos en el ejercicio de los derechos a la comunicación; en una interacción justa; democrática, de cooperación, reciprocidad, solidaridad e igualdad de derechos, en el marco del respeto, reconocimiento, promoción y preservación de la diversidad de sus formas de vida, expresadas en sus símbolos, tradiciones, conocimientos, saberes, historias y aspiraciones como elementos básicos para asegurar el sumak kawsay o buen vivir y la unidad en la diversidad.

Artículo.-. TRANSPARENCIA Y MÁXIMA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- El flujo de información debe producirse con el máximo de transparencia y el mínimo de restricciones. El derecho al libre acceso a la información pública solo podrá limitarse por razones de defensa nacional, cuando dicha información se encuentre legal y debidamente calificada.

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES

Artículo.- DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN.- Toda persona, comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo tiene el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, producir, recibir, acceder, difundir expresiones, ideas, opiniones, informaciones de toda índole sin censura previa, directa o indirecta, con responsabilidad ulterior. Este derecho incorpora la libertad a escoger el idioma y el medio o el canal que mejor permita su expresión o difusión. En los procesos de comunicación se aplicarán criterios de veracidad, verificación, oportunidad, contextualización y pluralidad de la información. Estos criterios no implica la posibilidad de aplicar censura previa y la responsabilidad ulterior tendrá efecto únicamente para asegurar el respeto a los derechos y reputación a los demás, la protección de la defensa nacional, orden público o la salud pública.

Artículo.- DERECHO A LA RECTIFICACIÓN Y RÉPLICA O RESPUESTA.- Toda persona que se considere agraviada por informaciones falsas, infundadas o inexactas emitidas por personas a través de un medio de comunicación y/o por un medio de comunicación, tiene derecho a la rectificación y réplica o respuesta, en el mismo espacio u horario donde se difundió la información cuestionada. En el ejercicio de este derecho no podrá afectarse el secreto profesional y la reserva de las fuentes.

Artículo.- DERECHO A PROTECCIÓN ESPECIAL.- Por su importancia para promover y consolidar la democracia, se protegerá de manera especial la libertad de expresión y los derechos de comunicación en el caso de información y opinión sobre denuncias a violaciones de derechos humanos.

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios propenderán a garantizar el acceso a la comunicación de personas con discapacidad, ofreciendo en sus programaciones audiovisuales intérpretes de señas y opciones de subtítulos. Igualmente, se promoverá programaciones que faciliten el diálogo intercultural entre las diferentes culturas y pueblos del Ecuador y del mundo.

Artículo.- DERECHOS DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES.- Los periodistas y comunicadores, para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento, tienen el derecho a investigar sin restricciones, difundir libremente hechos de interés público y emitir sus opiniones sobre los mismos. Este derecho y sus garantías se extienden a la reserva de sus fuentes, apuntes y archivos, y a la difusión de informaciones disponibles en fuentes informativas extranjeras. Además, tienen el derecho a solicitar y recibir del Estado protección especial a su vida, seguridad e integridad personal y de sus familias en caso de que estén evidentemente amenazadas.

Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, que lo hacen en condición de dependencia laboral, tienen derecho a mantener sus opiniones políticas, religiosas e ideológicas, y a ejercer la cláusula de conciencia, sin que influya en el desarrollo de su trabajo y estabilidad laboral.

Artículo.- DEBERES DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES.- Las actividades de comunicación y periodismo, deben regirse por conductas éticas, búsqueda plural de las fuentes, deontología profesional, presentación de la diversidad de la realidad cultural y social de país, diferenciación entre opiniones e informaciones emitidas y por los instrumentos de autorregulación adoptados por sus medios de comunicación.

Artículo.- PARTICIPACIÓN Y AUDIENCIAS CIUDADANAS.- Lectores, radioescuchas y televidentes y otros tienen el derecho a ejercer, de manera individual o colectiva, una activa crítica a la labor de los medios de comunicación. Para ello, se reconocerán espacios deliberativos de la sociedad civil y audiencias ciudadanas que emitirán criterios indicativos, no vinculantes, sobre la calidad, formas y contenidos del proceso comunicacional.

DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo.- DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN.- El sistema de comunicación Social estará integrado por las instituciones y organizaciones públicas; las políticas públicas de comunicación; las organizaciones e instituciones privadas y comunitarias que voluntariamente se articulen al mismo; será un sistema abierto; y, operará con respeto irrestricto de los derechos humanos, en particular el de la comunicación, consagrados en la constitución y los instrumentos internacionales.

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN

Artículo.- POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN.- El Estado formulará políticas públicas de comunicación de manera participativa. Estas políticas trascenderán la coyuntura de los gobiernos de turno y promoverá el desarrollo pleno e integral de los derechos de comunicación consagrados en la ley, la Constitución y los instrumentos internacionales vigentes.

Las políticas públicas de comunicación tendrán una orientación fundamentalmente informativa. Podrán, igualmente, desarrollar y promover campañas de educación en diversos ámbitos y problemáticas nacionales. Se prohíbe que las políticas públicas de comunicación sean utilizadas como instrumento de proselitismo político o partidista o para la promoción personal de funcionarios, servidores públicos o instituciones públicas específicas.

Artículo.- POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO A LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.- El Estado promoverá el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos de comunicación de las personas con capacidades especiales. Para esto emprenderá en actividades de investigación y desarrollo de tecnologías de información y comunicación que resuelvan o aminoren sus problemas de comunicación.

Artículo.- POLITICA PÚBLICA PARA LA PROMOCION DE LA PRODUCCION NACIONAL Y PRODUCCIÓN NACIONAL INDEPENDIENTE.- El Estado, a través del Ministerio de Cultura, definirá una política de reconocimientos públicos e incentivos económicos para los medios de comunicación que superen el 25 por ciento de su programación con producciones nacionales de contenido cultural y educativo y, asimismo, con creaciones musicales de artistas ecuatorianos. Al menos un 50 por ciento de los recursos recibidos por los medios de comunicación por este concepto serán destinados a financiar proyectos de producción independiente nacional de calidad, a través de la convocatoria a concursos públicos. Con la finalidad de ejecutar esta política, el Ministerio de Cultura establecerá el Plan Nacional de Incentivos a la Producción Nacional.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

.- En un plazo no mayor a veinticuatro meses desde la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, se promulgará la Ley de Telecomunicaciones.

.- En un plazo no mayor a seis meses desde la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, las instituciones públicas deberán ejecutar las normatividad señalada en esta Ley.

III

TERCERO: La Ley Orgánica de Comunicación debe regular los tres subsistemas establecidos en la Constitución que son el público, privado y comunitario; desde un enfoque positivo.

El punto 3 del Compromiso llama a regular a los medios públicos, privados y comunitarios, lo cual requiere diferenciar conceptualmente sobre los elementos constitutivos de cada uno. Los medios privados, al ser entidades de derecho privado, son empresas de comunicación que siguen una lógica de mercado, de ahí que la publicidad privada sea su principal fuente de financiamiento, y, en cuanto empresas, se rigen además por la ley de Compañías.

Los medios comunitarios, siendo organizaciones de derecho privado, en propiedad y administración de instituciones académicas, organizaciones sociales y afines, responden a las demandas de comunicación e información de las mismas.

Los medios públicos son organizaciones de derecho público que, en cambio, deben satisfacer las necesidades de comunicación e información de la ciudadanía en su conjunto. Su misión trasciende las lógicas de comunicación de los medios privados y comunitarios, desarrollando los contenidos que requeriría la ciudadanía para fortalecer el espacio público y fortalecer los principios de la democracia. Así, la característica principal de los medios públicos es ajustarse a las necesidades de la ciudadanía y de lo público y ser controlados por los mismos. Igualmente, los medios públicos deben mantener una diferencia tajante en su misión y carácter, no solo autonomía, con otro tipo de medios como los estatales, en todos los niveles de gobierno o instancias del Estado. Éstos últimos tienen la misión específica de informar y comunicar a la ciudadanía los temas que sean interés específico de la institución estatal que los produce y difunde. Por ello es fundamental es no incluir dentro de la noción de medios públicos la categorización de los llamados “medios del sector público”.

Finalmente, el punto tercero del CEP establece la necesidad de regular al Estado como actor de comunicación. Esto implica desarrollar normas claras y precisas que regulen la publicidad y propaganda de las instituciones del Estado y el derecho a la libertad de expresión de los servidores públicos.

PROPUESTA DE ARTICULADO

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNITARIOS

 

Artículo….- AUTORREGULACIÓN.- Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, deben observar buenas prácticas, criterios éticos y mecanismos de autorregulación expresos y transparentes, a través del mecanismo que escojan por sí mismos y con base en procedimientos deliberativos y consensuados entre los directivos, comunicadores y periodistas que laboran en ellos. A través de sus páginas web, los medios de comunicación publicarán su normativa de autorregulación, así como también, la información sobre sus políticas editoriales e informativas, sus mecanismos para el trámite de la rectificación y respuesta o réplica, su estructura orgánica y la composición accionaria. En el primer trimestre de cada año, entregarán al Consejo Social de Comunicación el o los instrumentos de autorregulación determinados al interior del medio, el mismo que los analizará y podrá presentar recomendaciones al mismo.

 

Artículo….- TRÁMITE DE LA RECTIFICACIÓN Y RÉPLICA O RESPUESTA-. El derecho a la rectificación y réplica o respuesta es de aplicación obligatoria en los medios públicos, privados y comunitarios. Para ejercer el derecho a la rectificación y réplica o respuesta se seguirá el siguiente trámite:

1. La persona natural o jurídica, presuntamente afectada, deberá solicitar la rectificación, réplica o respuesta, por escrito, ante el medio de comunicación que difundió la información cuestionada, dentro de un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de la publicación.

2. El medio de comunicación tendrá un plazo de tres días, a partir del recibo de la petición, para atender el pedido. Si el medio o programa se difunde en un plazo superior a éste, deberá pronunciarse en la próxima edición, siempre que la solicitud haya sido entregada con la misma anticipación señalada.

3. La aceptación de la rectificación o réplica deberá ser comunicada al presunto afectado con 24 horas de anticipación a su ejercicio.

4. La negativa a la rectificación o respuesta o réplica deberá fundamentarse de forma escrita por parte del máximo personero y representante legal del medio de comunicación.

5. Si el peticionario quedare insatisfecho por rectificación insuficiente, negativa o ausencia de respuesta del medio a la solicitud en el plazo previsto, podrá ejercer las acciones constitucionales y legales correspondientes. En este caso el medio de comunicación podrá también, a través de la vía judicial, justificar la exactitud de la información que ha sido cuestionada.

6. Los medios de comunicación deben designar a una persona responsable para dar trámite a los pedidos de rectificación y respuesta.

7. En ningún caso, este trámite eximirá de las responsabilidades legales que hubiere lugar.

 

Artículo….- DEFENSORES DEL PÚBLICO.- En todos los medios de comunicación actuará un defensor del público, el mismo que representará el punto de vista de los usuarios de los medios, canalizará las sugerencias, críticas, pedidos y denuncias que reciba ante el medio de comunicación y formulará recomendaciones a sus directivos tendientes a realizar correctivos que atiendan los reclamos de la ciudadanía. Las quejas, denuncias y comentarios que reciba, así como sus recomendaciones, serán publicados en espacios de alta audiencia y visibilidad en los mismos medios de comunicación.

Artículo….-MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS.- Son personas jurídicas de derecho público, sin fines de lucro y con responsabilidad social, cuya programación y contenidos fortalecerán los valores de la democracia, la construcción de una ciudadanía participativa y crítica; con emisiones en las que las autoridades informen sobre su gestión y rindan cuentas y, los usuarios realicen contraloría social sobre la calidad, cantidad y precios de los servicios públicos; son, además, elementos dinamizadores de los procesos preventivos de seguridad pública, en todas sus áreas.

Su finalidad es informar, entretener, producir y difundir de forma prevalente contenidos culturales, informativos y educativos; fortalecer los derechos a la comunicación y la democracia; fomentar el acceso y la participación en la vida pública; y responder a las demandas de la ciudadanía en general, a través de una comunicación diversa y plural.

Se prohíbe expresamente que los medios de comunicación públicos actúen directa o indirectamente como un medio de propaganda o promoción de ninguna institución, autoridad o servidor público, así como también proselitismo o promoción de organización política alguna. En sus espacios de programación no podrán realizarse actos de auto promoción o de publicidad de su gestión.

Artículo…CREACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS.- La creación de cada medio de comunicación público requerirá de la promulgación de un acto normativo específico, el mismo que establecerá su estructura y regirá su funcionamiento, junto con las resoluciones de carácter general que dicte su Directorio. Los actos normativos de creación de estos medios de comunicación no podrán, en ningún caso, eximirles del cumplimiento de las normas previstas en esta ley. Por su naturaleza, no se sujetarán a lo previsto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Serán cogestionados por los sectores público y privado, a través de su respectivo Directorio, que se conformará de acuerdo con sus estatutos y esta ley.

Artículo….- DEL DIRECTORIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS NACIONALES.- Luego de expedido el acto normativo que cree un medio de comunicación público de carácter nacional, la Asamblea Nacional nombrará, a través de una Comisión Ocasional conformada por todas las fuerzas políticas, un directorio de cinco miembros, escogidos de cinco ternas que remitirán:

1. Un representante del respectivo nivel de gobierno;

2. Un representante de las instituciones culturales;

3. Un representante de los consumidores de los servicios públicos;

4. Un representante de los colectivos sociales de encargados de la prevención y gestión de riesgos; y

5. Un representante de la Academia.

Los directores durarán cuatro años en su cargo y se los designará a mitad del período presidencial para asegurar su independencia política del gobierno de turno.

Son atribuciones del Directorio las siguientes:

1. Dictar las políticas generales del medio de comunicación público;

2. Expedir la reglamentación interna del medio, incluyendo la de los procesos de contratación y administración;

3. Aprobar estrategias generales y políticas específicas para fomentar la producción nacional, la participación de cualquier persona, colectivo ciudadano, pueblo, comuna, comunidad o nacionalidad, en la programación del medio, a través de convocatorias abiertas, promoción de concursos, festivales, y otros; pudiendo inclusive cofinanciar la producción nacional que hubiere cumplido estándares mínimos de calidad exigidos en los respectivos procesos concursales;

4. Nombrar al Gerente General del medio de comunicación, y a los principales funcionarios administrativos, por sugerencia del Gerente General;

5. Conocer y aprobar los informes del Gerente General y de los Auditores Internos y Externos y realizar cuantas observaciones considere necesarias a los mismos; y,

6. Todas las demás que se les asigna a Directorios de personas jurídicas privadas, que sean necesarias para la administración transparente y eficiente del medio de comunicación.

 

Art… DEL DIRECTORIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS REGIONALES Y LOCALES.- Para los medios públicos regionales y locales, la estructura y su funcionamiento estarán definidos en el acto normativo de su creación, que será expedido por el gobierno autónomo descentralizado que corresponda y sus obligaciones y deberes serán los mismos que los de los medios públicos nacionales. La conformación de sus directorios le corresponderá a dicho gobierno autónomo descentralizado y sus atribuciones serán las mismas de los medios públicos nacionales, adaptadas por el gobierno autónomo descentralizado a la realidad política, económica y social específica.

Artículo...- DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos ciudadanos, así como a organizaciones sociales, culturales y educativas de la sociedad civil. Son organizaciones sin fines de lucro.

Tendrán fines sociales y culturales; gozarán de autonomía para construir y difundir contenidos, respetando los principios determinados en esta Ley.

Se prohíbe en los medios de comunicación comunitarios, la transmisión de contenidos político partidistas, con excepción de la publicidad electoral de campaña válidamente autorizada por el Consejo Nacional Electoral. No podrán realizar proselitismo político.

 

Su administración, dirección y gestión deben garantizar la representación de todos los miembros de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos, y grupos ciudadanos que los conformen.

Podrán financiarse a través de venta de sus producciones y servicios comunicacionales, publicidad comercial, donaciones, cooperación nacional e internacional y otros aportes. Los beneficios y excedentes económicos que generen los medios de comunicación comunitarios se reinvertirán en el propio medio, para su funcionamiento y sostenibilidad.

El Estado promoverá el funcionamiento de los medios de comunicación comunitarios a través de la asignación de líneas de crédito público, asistencia técnica y capacitación, entre otras.

Artículo….- MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS.- Son personas naturales o jurídicas de derecho privado con finalidad de lucro que cumplen funciones relacionadas con la comunicación social.

Artículo….- PROHIBICIÓN DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- Las instituciones del sistema financiero, incluyendo las compañías que hagan cabeza de un grupo financiero, no podrán ser propietarios de medios de comunicación, ni directa ni indirectamente, ni a través de interpuesta persona.

En caso de que una institución del sistema financiero llegare a adquirir acciones de un medio de comunicación en el proceso judicial o extrajudicial de ejecución de una deuda, deberá notificarlo inmediatamente ante el supervisor financiero. Si así ocurre deberá poner las acciones del medio de comunicación en un fideicomiso, cuya obligación principal será proceder a enajenar las acciones de dicho medio en un plazo máximo de un año contado a partir de su conformación.

Los supervisores financieros correspondientes determinarán la existencia de la infracción a esta norma y establecerán las sanciones correspondientes.

 

Artículo….- AUDIENCIAS, FRANJAS HORARIAS Y CLASIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN.- Los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, organizarán su programación de acuerdo con franjas horarias correspondientes a audiencias de televidentes y a la clasificación de su programación por contenidos. Iguales parámetros se aplicarán a la publicidad comercial difundida en los mismos.

 

Esta norma no se aplicará en el caso de sistemas de audio y video por suscripción cuya señal se produzca en el exterior; sin embargo los suministradores de estos servicios deberán informar directamente a sus clientes respecto a los contenidos y programación para que estos puedan adoptar las medidas correspondientes.

 

DE LAS CADENAS Y PIEZAS INFORMATIVAS DE LA INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo… OBJETIVO.- Las cadenas y piezas informativas de las instituciones del sector público, en todos sus niveles, tendrán como objetivo informar sobre:

1.- Planes, políticas, programas y proyectos;

2.- Programas educativos que promuevan valores y comportamientos cívicos en beneficio de la colectividad;

3.- Rendición de cuentas sobre el cumplimiento de ofertas electorales, planes y presupuestos realizados con la participación ciudadana;

4.-Programas educativos para enfrentar riesgos producto de la acción humana o de la naturaleza;

5.- Información sobre restricciones generadas por la ejecución de obras públicas; y,

6.- Aclaración documentada respecto a observaciones, críticas o comentarios realizados sobre la gestión pública.

Art… AUTORIZACIÓN Y REQUISITOS.- La emisión de cadenas y piezas informativas de las instituciones del sector público, en todos sus niveles, deberá ser autorizada por el titular de la institución y deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Plan de Comunicación acorde al Plan operativo anual de la institución;

2. Descripción y justificación de las campañas institucionales y comerciales que se pretendan llevar a cabo;

3. Propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos; y

4. Deberá sustentarse técnicamente la razón por la que una determinada entidad o dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar lugar a situaciones que privilegien injustificadamente a empresas de comunicación determinadas.

Artículo… LÍMITES DE TIEMPO PARA CADENAS.- Las máximas autoridades de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, podrán solicitar cadenas de radio y televisión en todos los medios de comunicación audiovisual de su circunscripción, por un tiempo que no podrá exceder los 10 minutos mensuales, excepto el Presidente de la República que podrá hacerlo hasta por 20 minutos cada mes. La transmisión de cadenas no podrá realizarse en los horarios que los medios de comunicación destinen a sus espacios informativos, excepto en casos de estados de excepción. Este límite de tiempo no será acumulable. Esta norma no aplicará en los casos de estados de excepción declarada.

Artículo… LÍMITES DE TIEMPO PARA PIEZAS INFORMATIVAS.- Las funciones del Estado podrán difundir piezas informativas en la forma de cuñas radiales, comerciales de televisión y otros, por un tiempo máximo de 15 minutos al mes en los medios de comunicación audiovisual, salvo el caso de desastres naturales, eventos graves, conmoción pública o cualquier otra calamidad de grave repercusión inmediata. En los casos del Ejecutivo nacional, que incluye ministerios, secretarias y demás organismos adscritos, y de los gobiernos descentralizados autónomos, el tiempo máximo para estas piezas informativas no excederá los 60 y 45 minutos al mes, respectivamente. Este límite de tiempo no será acumulable.

Artículo… APROBACIÓN PRESUPUESTARIA.- Los gastos de comunicación deberán estar claramente especificados en los presupuestos institucionales y serán aprobados por el órgano normativo y de fiscalización del respectivo nivel de gobierno.

Artículo… PROHIBICIONES GENERALES PARA CADENAS Y PIEZAS INFORMATIVAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO.- Las cadenas nacionales y las piezas informativas de las instituciones del sector público estarán sujetas a las siguientes prohibiciones:

1.- Las entidades y dependencias no podrán erogar recursos presupuestarios en beneficio de un candidato a cargo de elección popular o partido político alguno. Del mismo modo, no se podrá utilizar los colores de partidos o movimientos políticos en las cadenas y piezas informativos mencionados.

2.- Ningún servidor público de la entidad o dependencia que realice determinada campaña publicitaria podrá aparecer en las inserciones que se paguen en medios impresos, spots televisivos y radiofónicos, que se difundan, vallas o pancartas.

3.- En ningún caso se podrán utilizar como canales para descalificar, agredir, discriminar a personas naturales o jurídicas, o como instrumentos de propaganda política o ideológica.

4.- La contratación de espacios de publicidad de las instituciones del sector público no podrá utilizarse como medio de censura indirecta, ni servir para establecer preferencias o exclusiones a favor de determinados medios.

Artículo….- PROHIBICIONES ESPECIALES EN ÉPOCA ELECTORAL PARA CADENAS Y PIEZAS INFORMATIVAS.- En época electoral, desde el día en que se inicie la inscripción de candidaturas hasta la proclamación de los resultados electorales, se prohíbe las cadenas nacionales y publicidad oficial, salvo el caso de desastres naturales, eventos graves, conmoción pública o cualquier otra calamidad de grave repercusión inmediata. La obligatoriedad de rendir cuentas por parte de los servidores públicos solo podrá realizarse antes de la convocatoria a elecciones y luego de finalizado el proceso electoral.

Artículo… INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA.- Las entidades o dependencias de todos los niveles de Gobierno, deberán publicar los contratos de comunicación en su respectivo portal de forma mensual, con el informe detallado de los programas o campañas de comunicación efectuadas definiendo los medios escritos, radiales o televisivos contratados para difundir las campañas y los criterios que orientaron la selección. La asignación de los espacios para piezas informativas deberá realizarse a través de procedimientos transparentes que aseguren la distribución equitativa de estos espacios entre todos los medios de comunicación, distinguiendo entre medios nacionales y medios regionales y locales, según la naturaleza de la publicidad de que se trate.

IV y VII

CUARTO.- Se admite la necesidad de que exista un Consejo de Comunicación e Información autónomo e independiente del Gobierno y poderes fácticos. Sus funciones estarán orientadas a garantizar los derechos de los ciudadanos y fortalecer la comunicación; tendrá facultades de regulación administrativa, pero de ninguna manera podrá clausular o suspender administrativamente ningún medio de comunicación. En los casos en que las sanciones explícitas en las leyes así lo determinen, iniciará las acciones explícitas ante la justicia constitucional y ordinaria. En los casos de violación de los artículos 13.1., 13.2., 13.4., 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como lo dispuesto en el artículo 46, numeral 7 de la Constitución del Ecuador; administrativamente se podrá suspender los programas o mensajes que violen estos preceptos; estas resoluciones serán impugnables ante el órgano correspondiente.

SÉPTIMO: Debe existir un catastro o registro como una medida para transparentar el acceso a la información de los medios de comunicación, sin que, de ninguna manera, constituya una autorización de funcionamiento o su retiro impida el mismo.

ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 46, numeral 7 DE LA CRE Y 13.4 Y 13.5 DE LA CADH

ART. 46, numeral 7, DE LA CRE:

• Este artículo obliga al Estado tomar medidas para proteger a las niñas, niños y adolecentes de la influencia de mensajes que promuevan la violencia, la discriminación racial o de género.

• Las políticas públicas de comunicación priorizarán la educación y el respeto a la imagen, integridad y demás derechos de los niños, niñas y adolecentes y se prevé el establecimiento de limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.

ART. 13.4 Y 13.5 DE LA CADH:

• Acepta que los espectáculos públicos pueden ser sometidos a censura previa para la protección moral de la infancia;

• Establece límites democráticos a la libertad de expresión al prohibir la propaganda a favor de la guerra, la apología del odio nacional racial y religiosos que constituyan incitaciones a la violencia, u otras acciones ilegales en contra de personas o grupos, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

PROPUESTA DE ARTICULADO

PRINCIPIOS

Artículo.-. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES.- Los procesos de comunicación observarán el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, lo cual demanda el cumplimiento irrestricto de su derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, integridad, honor e imagen, y los demás específicos de su edad.

Artículo.-. NO PROTECCIÓN A EXPRESIONES DEGRADANTES.- El ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos de comunicación no protege, en ningún caso, a la propaganda a favor de la guerra, la apología del odio nacional, racial, religioso, sexista, político; o cualquier forma de incitación directa a la violencia, toxicomanía o de discrimen en contra de personas o colectivos.

Artículo.- LÍMITES DEMOCRÁTICOS AL EJERCICIO DEL DERECHO.- Quedan prohibidos y, por consiguiente, no están protegidas, única y exclusivamente, las siguientes expresiones, sea en los contenidos difundidos a través de los medios de comunicación, la publicidad comercial y oficial, los actos y eventos públicos o en cualquier discurso, opinión o información:

1. La propaganda para la guerra y el genocidio;

2. La incitación directa a la violencia, la toxicomanía y el sexismo;

3. Las expresiones o apología de odio nacional, racial, religioso y político;

4. La pornografía infantil y las prohibiciones especiales para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el proceso de comunicación, establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia; y

5. El uso de técnicas publicitarias engañosas, subliminales y elementos psicográficos que manipulen deliberadamente mensajes.

 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN

Artículo.- POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN EN LA LECTURA CRÍTICA DE LOS MENSAJES MEDIÁTICOS.- El Ministerio de Educación pondrá en vigencia las reformas curriculares correspondientes incorporando las asignaturas de lectura de imagen y crítica social a los mensajes mediáticos en los programas de educación básica.

DEL CONSEJO SOCIAL DE COMUNICACIÓN

Artículo...- DEL CONSEJO SOCIAL DE COMUNICACIÓN.- El Consejo Social de Comunicación (CSC) forma parte del sistema de comunicación previsto en la Constitución. Es un organismo público autónomo e independiente política, financiera y administrativamente, encargado de promover y proteger la plena vigencia de los derechos de comunicación; así como velar por el pleno ejercicio de estos derechos y los principios fundamentales contemplados en esta ley. Se regirá por un reglamento aprobado por la mayoría de sus miembros.

Artículo…- CONFORMACIÓN.- (OPCIÓN A) El Consejo Social de Comunicación se conformará con cinco representantes de la ciudadanía, guardando criterios de equidad de género, generacional, plurinacionalidad, elegidos en un proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral de colegios electorales conformados por catedráticos de las facultades de comunicación de las universidades públicas y privadas del país (tres representantes); los estudiantes de comunicación de las universidades públicas y privadas (un representante); y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia (un representante).

(OPCIÓN B) El Consejo de Comunicación estará conformado por:

 

a) dos representantes de los docentes de comunicación social acreditados como profesores titulares de las universidades públicas y privadas;

 

b) un representante de los gremios estudiantiles de las facultades de comunicación social de las universidades públicas y privadas del país;

 

c) un representante de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de la niñez y adolescencia;

 

d) un representante de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades designado a través de sus organizaciones representantivas;

 

El CONESUP será el organismo encargado de los procesos de designación de tales representantes para lo cual deberá expedir el correspondiente reglamento.

 

A excepción de los representantes de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades designado a través de sus organizaciones representantivas y de los estudiantes de comunicación, todos los miembros del Consejo Social de Comunicación deberán ser profesionales, con título de tercer nivel, en disciplinas vinculadas con la comunicación o periodismo, con experiencia mínima de 5 años en la práctica profesional en el área de comunicación. Serán designados para un período de seis años y no podrán ser reelegidos. De igual manera, no podrán haber ejercido un cargo público de libre remoción en los últimos tres años. Quienes se desempeñen como miembros del Consejo Social de Comunicación cumplirán esta función a tiempo completo y no podrán ejercer ninguna otra actividad lucrativa, salvo la docencia universitaria.

Artículo…- FUNCIONES.- El Consejo Social de Comunicación tendrá las siguientes funciones y atribuciones, las que las ejercerá de oficio o a petición de parte:

1. Promover el conocimiento de la ciudadanía y debate público sobre la vigencia y protección de los derechos de comunicación;

2. Vigilar que las instituciones públicas ejecuten las políticas que protejan y desarrollen los derechos de comunicación y pronunciarse, expresa y públicamente, en caso de que las instituciones competentes no adopten inmediatamente las acciones necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación de que trata esta ley;

3. Recomendar a las instituciones públicas la adopción de políticas que protejan y desarrollen los derechos de comunicación;

4. Vigilar que la Autoridad encargada de la Administración del Espectro Radio Eléctrico, asigne el uso de las frecuencias del espectro radio eléctrico, a través de procesos concursales, público, abiertos y en igualdad de condiciones;

5. Recomendar a la Autoridad encargada de la Administración del Espectro Radio Eléctrico la adopción de medidas específicas que eviten procesos de concentración de las mismas ni se generen prácticas monopólicas u oligopólicas;

6. Acudir a través del Secretario Nacional ante la Corte Constitucional para presentar demandas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos y cualquier acto administrativo violatorio de los derechos de comunicación;

7. Definir, con base en sustentos técnicos explícitos, parámetros de clasificación de la programación de medios audiovisuales y establecer la clasificación de categorías y género de los programas, edad de la tele audiencia y horarios de transmisión;

8. Vigilar el cumplimento de los horarios de programación definidos en el literal anterior;

 

9. Conocer, observar, aprobar y revisar permanentemente el Plan de Acción Multianual para Digitalización del Espectro Radio Eléctrico y vigilar su cumplimiento a través de la obligatoria presentación de informes anuales por parte de la Autoridad encargada de la Administración del Espectro Radioeléctrico relacionados con el avance de su cumplimiento;

 

10. Crear y mantener un registro o catastro con información sobre los instrumentos de autorregulación, dirección y cargos directivos de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. De ninguna manera, este catastro constituirá instrumento para autorizar o retirar la autorización de funcionamiento.

 

11. Imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a este Ley;

 

12. Nombrar a su Secretario Ejecutivo Nacional y a los Delegados Provinciales;

 

13. Aprobar el orgánico funcional de la Secretaría Ejecutiva que le presente el Secretario Ejecutivo Nacional; y

 

14. Publicar un informe anual sobre el estado de los derechos a la comunicación en el país en el que se especificará los casos de violaciones a derechos, faltas a las buenas prácticas del ejercicio periodístico, abusos al ejercicio de los derechos a la comunicación y libertad de expresión y omisiones en la publicación de información pública por parte de entidades del Estado. Un resumen de este informe será publicado y difundido obligatoriamente por todos los medios de comunicación.

Artículo….- NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL.- El Secretario Ejecutivo Nacional será nombrado por el Consejo Social de Comunicación, previo concurso de oposición y merecimientos en el que se calificarán los conocimientos y experiencia de los candidatos en materia de comunicación, periodismo, derecho constitucional y derecho de la comunicación, y más exigencias que señalen las normas reglamentarias que dicte el Consejo para estos fines. Los requisitos para ser Secretario Ejecutivo son los mismos que para ser nombrado Miembro del Consejo Social de Comunicación.

Son funciones, atribuciones y deberes del Secretario Ejecutivo:

1. Ejercer la representación legal del Consejo; presentar, en su representación, las respectivas acciones de inconstitucionalidad y otras, cuando éste así lo resuelva; y, realizar el seguimiento correspondiente de las mismas;

2. Organizar el funcionamiento administrativo, técnico y financiero de la Secretaría Ejecutiva;

3. Administrar los recursos humanos y materiales de la secretaría a su cargo;

4. Actuar como Secretario del Consejo Social de Comunicación recibiendo y trasladando las quejas, denuncias y requerimientos que se presenten ante este órgano;

5. Receptar los informes y requerimientos de los Delegados Provi

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