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Edición #4866 |  Ecuador, viernes, 21 de septiembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

De la Espriella quiere que Colombia se adelante y demande a Presidente Correa ante Corte Penal Internacional

2009-07-08 10:14:47
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3963

En el texto de la demanda se encuentra fijado ese objetivo

En un texto muy similiar a la denuncia contra Gustavo Larrea y Jose Chauvín, el abogado Abelardo de la Espriella, acusa de similar delito de "terrorismo internacional" al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, pero; el objetivo de su petición ante el Fiscal de Colombia es que esa nación se adelante a cualquier otro tipo de acción ante la Corte Penal Internacional que pueda plantear el Ecuador. Eso se desprende del texto de su documento presentado hoy por la Revista Semana, que se está difundiendo en la web y que trata de explicar los motivos por los cuales el abogado colombiano ha denunciado al Ecuador, a su presidente y a los ex funcionarios.

En consideración a la importancia del texto, hemos procedido a publicar el mismo tal cual aparece en la edición por internet de la revista Semana, este miércoles 8 de Julio.

CODIGO: F-RP-02

                                                                                                                                                                VERSION: 01

                                                                                                                                                                        FECHA: 12/02/07

Bogotá D.C., julio de 2009

 

 

 

Doctor

MARIO IGUARÁN ARANA

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

E.                S.                D.

REFERENCIA: RATIFICAR LA       SOLICITUD PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CONTRA RAFAEL VICENTE CORREA (PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR).

 

                           

 

 

 

ABELARDO DE LA ESPRIELLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 11.004.242 de Montería y Tarjeta Profesional número 111.289 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de ciudadano colombiano le solicito, de la manera más respetuosa, presentar denuncia formal ante la Corte Penal Internacional contra RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO (Presidente de la República del Ecuador), de acuerdo a las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas que pasan a exponerse a continuación:

 

I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS.

 

1. El día veintinueve (29) de febrero de 2008 se presentó una operación militar del Ejército Nacional Colombiano en territorio ecuatoriano, cuyo saldo fue la muerte del líder guerrillero LUIS ÉDGAR DEVIA SILVA, alias “Raúl Reyes”, segundo en el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

 

2. De dicha operación militar, además de la baja del citado guerrillero, se obtuvieron sendas pruebas de incursión y mantenimiento de operaciones clandestinas en Ecuador por parte de las FARC.

 

3. Entre otras pruebas, fueron encontrados computadores de uso privativo y personal del guerrillero “Raúl Reyes”, que contenían cartas, documentos, comunicaciones e informaciones, que posteriormente fueron puestas en conocimiento de la opinión pública por el señor Director de la Policía Nacional, General ÓSCAR NARANJO.

 

4. Tales pruebas (que fueron evaluadas pericialmente por miembros de la INTERPOL) vienen a demostrar las indistintas y estrechas relaciones existentes entre las FARC y los gobiernos de la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. Pueden sintetizarse dichos hallazgos, de la siguiente manera:

 

a. Carta de enero 18 de 2008[1], escrita por alias “Raúl Reyes” y dirigida al Secretariado de las FARC, del siguiente tenor:

 

(…)

 

2) Atendimos visita del ministro de Seguridad del Ecuador, GUSTAVO LARREA, en adelante JUAN, quien a nombre del presidente CORREA trajo saludos para el camarada MANUEL y el Secretariado. Expuso lo siguiente:

 

i) El interés del Presidente de oficializar relaciones con la dirección de las FARC por conducto de JUAN.

 

ii) Disposición de coordinar actividades sociales de ayuda a los pobladores de la línea fronteriza. Intercambio de información y control de la delincuencia paramilitar en su territorio.

 

iii) Está dispuesto a cambiar mandos de fuerza pública de comportamiento hostil con las comunidades civiles de la zona, para lo cual solicitan nuestro aporte con información.

 

iv) Ratifican su decisión política de negarse a participar del conflicto interno de Colombia con apoyos al gobierno de URIBE. Para ellos las FARC son organizaciones insurgentes del pueblo con propuestas sociales y políticas que entienden.

 

v) Preguntan si políticamente nos interesa el reconocimiento de beligerancia. Comparten los planteamientos de Chávez en este tema.

 

vi) Demandarán al Estado y gobierno de Colombia ante la Corte Internacional por los dañinos efectos de las fumigaciones del Plan Colombia.

vii) El próximo año cancelan la licencia gringa sobre la base Manta.

 

Se proponen incrementar sus relaciones comerciales y políticas con Asia: China, Vietnam y Corea del Norte principalmente.

 

viii) Su programa de gobierno se orienta a la creación de las bases socialistas, para lo cuan dan especial importancia a la Asamblea Nacional Constituyente.

 

ix) Ofrecen su ayuda en la lucha de las FARC por el intercambio humanitario y las salidas políticas. Tienen claro que URIBE representa los intereses de la Casa Blanca, las multinacionales y las oligarquías, lo consideran peligroso en la región.

 

x) Solicitan de nuestro jefe y del Secretariado un aporte que impulse su gestión a favor del canje, que puede ser entregarle al presidente CORREA el hijo del profesor MONCAYO o algo que permita dinamizar su labor política.

.

xi) Darían documentación y protección a uno nuestro, para que adelante en su país trabajo de relaciones, que en su criterio debe ser discreta por riesgos de una captura o asesinato por parte de agentes de URIBE.

 

xii) Dejamos establecidas formas de comunicación y la posibilidad de volver a vernos en uno o dos meses para darles seguimiento a los temas y profundizar más sobre ellos”.

 

b. Carta de febrero 28 de 2008[2], escrita por alias “Raúl Reyes” y dirigida al Secretariado de las FARC, donde se lee:

 

2) Resumo reciente conversación con emisario del presidente CORREA:

 

i) Solicita conversar personalmente con el Secretariado en Quito, Ofrece garantías y transporte desde la frontera hasta el lugar de encuentro.

 

ii) Espera nuestra respuesta en el menor tiempo posible, indicando fecha.

 

iii) Nos pregunta si queremos hacerlo apoyado en los militares o en su ministro de seguridad estatal.

 

iv) Desea hablar con las FARC del acuerdo humanitario, la política de fronteras, la solución política, Íngrid y el papel de CHÁVEZ. Desea establecer coordinaciones con nosotros sobre la frontera binacional.

 

v) Quiere explicar los propósitos del Plan Ecuador con el que pretende contrarrestar los dañinos efectos del Plan Colombia, que aplicará en la línea fronteriza.

 

vi) Para el Plan Ecuador nos piden cursos de organización de masas para nativos de la frontera. Los que luego serán encargados por el gobierno de coordinar con las FARC el trabajo fronterizo. Con la ventaja de que una gente de ésta es parte del Partido Clandestino o participan del Comité Binacional orientado por el Frente 48.

 

vii) Insiste en su interés de contribuir con el intercambio de prisioneros, para lo cual pide la liberación del hijo de MONCAYO u otro prisionero”.

 

5. Por último, es menester dejar claro, tal y como se hizo en el acápite anterior, que el relato fáctico acá expuesto está soportado por el informe de la INTERNATIONAL POLICE – INTERPOL –, intitulado “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia”, presentado a la opinión pública y al Gobierno Nacional en el mes de mayo del presente año[3]. De igual manera, las demás evidencias y material probatorio que especifica dicho informe en torno a las relaciones, contactos y acercamientos existentes entre las FARC y el Gobierno Ecuatoriano.

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

 

1. EL DELITO DE TERRORISMO COMO ATENTATORIO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

 

El fenómeno del terrorismo, si bien tiene un correlato en nuestra legislación penal interna (artículos 144 y 343 de la Ley 599 de 2000), no ha gozado de amplio desarrollo a nivel de la legislación internacional. No obstante, en aras de protección de la población civil, los convenios de Ginebra y sus protocolos incluyen el rechazo y desaprobación al fenómeno del terrorismo por todas las partes de un conflicto.

 

Así, el artículo 13 del Protocolo II, título II del Convenio de Ginebra sobre la protección de la sociedad civil en tiempo de guerra, prohíbe los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. Esta disposición comprende no sólo los actos dirigidos contra las personas, sino también los actos contra las instalaciones que puedan provocar colateralmente víctimas (por ejemplo, los ataques por parte de las FARC desde Ecuador a territorio colombiano).

 

Cabe destacar que los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil constituyen una forma particular de terrorismo y son objeto de una prohibición específica dentro del citado artículo 13, pues los ataques destinados a sembrar terror son una forma de agresión particularmente condenable. Se ha tratado, desde hace tiempo de prohibir este tipo de ataques, cuya práctica es corriente y que infligen sufrimientos particularmente crueles a la población civil. Así las cosas, con las ventajas políticas y jurídicas hasta aquí plasmadas, es incuestionable el tratamiento realizado por el DIH, y a su vez, por la Corte Penal Internacional. En conclusión, no se sale de lo jurídico, por medio de una interpretación exegética y teleológica, que si bien el Estatuto de Roma no consagra dentro de su competencia el juzgamiento del Delito de Terrorismo, por integración de normas y tratados internacionales sobre la materia (como el reseñado Convenio de Ginebra – Protocolo II), en especial, sobre el ataque y la puesta en estado de zozobra a la población civil, es permitido acudir a instancias judiciales internacionales como la Corte Penal Internacional con el fin de juzgar crímenes de terrorismo, tanto a sus autores como a partícipes.

 

2. COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN EL PRESENTE CASO. DELITOS IMPUTABLES.

 

El numeral 1º del artículo 5º del Estatuto de Roma (ratificado por Colombia mediante Ley 742 de 2002) define sobre qué delitos tiene competencia la Corte Penal Internacional[4] (en adelante Corte Penal Internacional). Dentro de éstos, para el caso que nos atañe, resaltan los crímenes de lesa humanidad, que han venido siendo cometidos por las FARC desde antaño, como lo son el ataque generalizado o sistemático a población civil[5] (numeral 1º, artículo 7º), el asesinato (numeral 1º, literal a.), el traslado forzado de población[6] (literal d.), la encarcelación u otra privación grave de la libertad física (literal e.), y la desaparición forzada de personas[7] (literal i.).

 

En subsidio, también podrían enrostrarse al señor RAFAEL CORREA (de igual modo, a título de partícipe) otros crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, como lo son los de guerra en conflicto no internacional, consagrados en el numeral 2º, literal c) del artículo 8º del Estatuto de Roma[8], a saber: el homicidio y lesiones personales en todas sus formas, los tratos inhumanos y degradantes (como a los que se vio sometida ÍNGRID BETANCOURT y la mayoría de los secuestrados en poder de las FARC) y la toma de rehenes (ídem que el anterior). Como ha sido de conocimiento público, se ha intentado maquillar la connivencia que ha existido entre el señor Presidente del Ecuador con las FARC en tratándose de la retención y privación de libertad de los secuestrados, haciéndola pasar por intenciones y fines humanitarios.

 

Como es obvio, todo depende del aspecto probatorio, como lo son las notas de prensa y el informe de INTERPOL, entre otras, con el fin de corroborar la aquiescencia del gobierno ecuatoriano a través de su Presidente y su Ministro de Seguridad en los ataques (desde territorio del Ecuador) de las FARC a tropas y población colombiana, con el correlativo estado de zozobra, desplazamiento de dicha población, muertes, lesiones de los mismos, así como lo relacionado con el secuestro de civiles y militares colombianos, sometidos a vejámenes humanitarios y la toma de rehenes que ello podría constituir. Todo esto, con la omisiva permisividad de las autoridades civiles y militares del Ecuador, tal y como quedó de presente en los exámenes hechos al computador de alias “Raúl Reyes”[9].

 

Por último, también debemos dejar claro que los delitos de Rebelión, Menoscabo a la Integridad Nacional, así otros como el de Lavado de Activos, Receptación o Enriquecimiento Ilícito de Particulares, no pueden ser perseguidos dada la reseñada inmunidad del Presidente. No obstante ello, puede investigarse a otros miembros del gobierno ecuatoriano, como actualmente lo está haciendo la Fiscalía General de la Nación, a saber: MARÍA AUGUSTA CALLE miembro de la Asamblea Constituyente del Ecuador y el político y ex candidato presidencial IVÁN MARCELO LARREA, hermano del ministro de seguridad GUSTAVO LARREA.

 

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

 

El Estatuto de Roma consagra sólo tres modalidades o eventos en los cuales puede acudirse a la competencia de la Corte Penal Internacional (artículo 13 y subsiguientes), es decir, quiénes poseen la legitimación por activa en la presentación de una denuncia formal a la CORTE PENAL INTERNACIONAL, que son, a saber:

 

a. Cualquiera de los Estados parte del Estatuto pone en conocimiento de la CORTE PENAL INTERNACIONAL alguno de los crímenes objeto de su competencia[10].

 

b. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), remite al Fiscal de la Corte Penal Internacional, una situación en que parezca haberse cometido cualesquiera de los citados crímenes.

 

c. El Fiscal de la CORTE PENAL INTERNACIONAL, de oficio, abre investigación por cualquiera de los delitos sometidos a la competencia de la Corte, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 15 del Estatuto[11].

 

III. PETICIÓN.

 

Con base en lo anteriormente expuesto, no puede cualquier persona natural, motu proprio, incoar la acción ante la CORTE PENAL INTERNACIONAL, toda vez que carece del primer presupuesto procesal, cual es la legitimación activa, ni otro de aquéllos como lo es la capacidad para ser parte en el proceso. Por ello, es necesario que Usted, como Fiscal General de la Nación, al ser parte del Estado colombiano (el cual es, a su vez, parte en el Estatuto), presente la respectiva denuncia ante la CORTE PENAL INTERNACIONAL, en caso de considerarlo jurídica y políticamente viable.

 

Del señor Fiscal General de la Nación, con distinción y respeto,

 

Atentamente,

 

 

 

 

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

C.C. 11.004.242 de Montería

T.P. 111.289 del C.S.J.



[1] Nota de prensa. Revista Semana. Edición Extraordinaria. Marzo 4 de 2008. P. 10 y 11.

[2] Nota de prensa. Revista Semana. Edición Extraordinaria. Marzo 4 de 2008. P. 13.

[4] Artículo 5º, numeral 1º. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

a) El crimen de genocidio;

b) Los crímenes de lesa humanidad;

c) Los crímenes de guerra;

d) El crimen de agresión.

[5] Artículo 7º, numeral 2º, literal a): Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

[6] Ídem. Literal b): Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

[7] Ídem. Literal i): Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

[8] Artículo 8º, numeral 2º. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra":

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:

i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;

ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

iii) La toma de rehenes.

[9] Nota de prensa. Revista Semana. Edición Extraordinaria. Marzo 4 de 2008. P. 10 y 11, donde se expresó la voluntad del gobierno ecuatoriano en ser permisivo con las actividades de las FARC en la frontera:  “Disposición de coordinar actividades sociales de ayuda a los pobladores de la línea fronteriza. Intercambio de información y control de la delincuencia paramilitar en su territorio; Está dispuesto a cambiar mandos de fuerza pública de comportamiento hostil con las comunidades civiles de la zona, para lo cual solicitan nuestro aporte con información”.

[10] Artículo 14. Remisión de una situación por un estado parte:

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