Fausto Camacho califica al concurso de conformación del Consejo de Participación Ciudadana como “el punto de quiebre del pasado con el futuro porque hoy nace un procedimiento mediante el cual desapareció ese grandísimo poder para designar producto de la acción legislativa que a su vez significaban los acuerdos políticos-legislativos legítimos o no”.

“Eso desapareció, eso ya no hay más y entonces ahora resulta que ya no es el predestinado o el seleccionado ahora puede ser perico de los palotes el que participe en el concurso y gane”, comentó.

El vocal del CNE precisó que la entrega de la lista de los concursantes que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social “no puede ser topada”, pues el nombramiento de los integrantes debe hacerse de acuerdo con el orden en que fue dado al Legislativo.

“No es que de esos 14, la Asamblea puede variar el orden, el primer puesto se definió por sorteo una vez que las dos mujeres mejor puntuadas tenían 90.5 puntos, esto hizo necesario un sorteo donde la señora Ordeñana quedó en primer lugar (…) y la señora Miranda es la tercera consejera principal, cuatro consejeros es el señor Pachala, quinto consejero es la señora Banegas, sexto el señor Cedeño y séptimo principal la señora Rivera”, dijo.

Luego de ello, de acuerdo con la ley, los integrantes tienen cinco días, luego de la posesión, para organizarse y nombrar tanto al presidente como al vicepresidente que regirá el organismo.

Fausto Camacho dejó en claro que el Consejo Nacional Electoral únicamente es el órgano del Estado que ejecuta la norma de la Constitución y la ley, “es decir, no tiene capacidad para discrecionalmente tomar decisiones por sí y ante sí”.

“Lo que hicimos, una vez que se expidió la ley, fue expedir un reglamento porque en la ley se señala la obligación de que el Consejo Nacional Electoral expida el reglamento, caso contrario, no lo hubiéramos hecho, como esa ley nos daba esa capacidad reglamentaria, lo hicimos”, mencionó.

El primer paso que se dio para iniciar con este proceso fue el llamado para que todos los sectores y actores sociales intervengan en el transcurso de la evaluación de ese reglamento.

“El señor asambleísta Bucaram, el señor asambleísta Páez, el señor Jorge Ortiz, los señores que han cuestionado todo este proceso nunca nos hicieron llegar una sola observación o los demandantes que están en la Corte Constitucional demandando inconstitucionalidades, encabezados por el señor Medina López, con mucho gusto que lo hagan, que ejerzan su derecho, sin embargo, hago caer en cuenta eso”, sostuvo.

En el caso del postulante David Rosero, a quien se lo acusó de haber falsificado documentos, Camacho enfatizó que Rosero presentó tres documentos que en realidad corresponden a un solo curso que había realizado.

“Una certificación del presidente de la OCLAE que dice que el señor ha participado en un congreso en Brasil pero parte de la misma acreditación, el señor adjunta la credencial, esa que uno suele ponerse en el pecho y que le entregaron en blanco, según él, y él la llena, pone su nombre, y lo mismo hace en un certificado de ese mismo evento pero no se dice a la opinión pública de que hay un documento en un papel mimbreado, con la firma del señor presidente de la OCLAE, pero adicionalmente tampoco se dice lo que es verdad, eso a ese señor no le significó un solo punto”, aseveró.

En cuanto a Carlos Vera Quintana, quien adeudaba las alícuotas del condominio en donde vive, Camacho manifestó que en este caso sí puede haber un conflicto ético “pero nosotros estamos sujetos a un ordenamiento jurídico, los valores para considerarlo ético suelen ser demasiado objetivo y etéreo”.

“¿Qué es lo que dice la ley?, que los ciudadanos podemos ejercer el derecho a impugnar, lo hicieron los vecinos del señor Carlos Vera Quintana, los señores lo hicieron con un mediador que era el defensor del pueblo antes de eso, nosotros nos enteramos ese día ahí”, sentenció en “El poder de la palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio.

Camacho señaló que en el caso de la formulación de preguntas se priorizó el secreto de las mismas, con la finalidad de garantizar de que ninguna de ellas circule por cualquier lugar.

“Ninguno de los miembros del Consejo conocimos las 1380 preguntas que finalmente quedaron, ¿error?, tal vez sí”, dijo.

Algunos personajes públicos han declarado que se mostrarán en rebeldía para desconocer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se ha conformado recientemente. Camacho precisó que “en lo legal no tendría mayores efectos una acción de esa naturaleza es una acción eminentemente política que además puede ser legitima o hay que desconocer la legitimidad que podría tener”.

“Es lo mismo que si haces una resistencia civil y desoyes las decisiones del Ejecutivo”, mencionó.

Finalmente, enfatizó que la ley determinó que podían presentar candidaturas desde las organizaciones sociales y al hacer un análisis de los casi 300 candidatos que fueron propuestos por las organizaciones sociales, “ninguno pertenece a los gremios de los empresarios, de la producción, ningún de ellos, ni siquiera los gremios universitarios diferentes a los estudiantiles, ni siquiera los gremios profesionales”.

“Otro sector que se inhibió Pachakutik con todo el ámbito de influencia de Pachakutik y la CONAIE no inscribieron uno solo candidato, entonces, luego están reclamando que no hay representación, ¿Alberto Pachala no es indio, no es quichua?”, cuestionó.