Las reformas buscan corregir los errores que tendría el proyecto de ley que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, después de que los asambleístas del bloque de PAIS no dieran quórum, y luego de lo cual el coordinador de la bancada oficialista Juan Carlos Cassinelli calificará como un hecho histórico la aprobación de la norma, ya que por fin el petróleo será de los ecuatorianos.

Según información de la sala de prensa de la legislatura, la reforma establece que para la explotación y exploración de los yacimientos, el Estado -por excepción- podrá delegar a empresas privadas nacionales o extranjeras, de probada experiencia y capacidad técnica y económica, cuando exista informe motivado de la Secretaría de Hidrocarburos, por el monto de la inversión requerida y cuando las empresas públicas de hidrocarburos del país no tengan la capacidad para tales actividades.

En otro aspecto, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero tendrá un directorio integrado por cinco titulares.

Se establece que en los contratos de prestación de servicios, la tarifa, que es el ingreso bruto que recibirá la contratista, se fijará considerando seis parámetros: estimado de las amortizaciones de las inversiones; costos y gastos de la empresa; la innovación tecnológica; el tipo de crudo que se extrae; las condiciones geográficas para la extracción; y, una utilidad razonable que considere el riesgo incurrido.

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habrá una garantía económica para la reparación del ecosistema.

No se podrán señalar como áreas de estos contratos las que correspondan a los campos que se encuentren en producción, a cargo de las empresas públicas de hidrocarburos.

Para las adjudicaciones, el Ministerio Sectorial conformará un Comité de Licitaciones, que se integrará por un delegado del Presidente de la República y los titulares o delegados de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades y del Ministerio Sectorial.

Por último, los campos cuyos contratos se terminen unilateralmente, como producto del cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la ley reformada, vigente desde el 27 de julio de 2010, serán explotados por las empresas públicas nacionales.

Votaron a favor los legisladores Nicolás Lapentti (PSC); Francisco Velasco; Juan Carlos Cassinelli; Viviana Bonilla; Vanessa Fajardo; Irina Cabezas (PAIS); y, Ramón Vicente Cedeño (ADE). Se abstuvieron Betty Amores (PAIS) y Luis Noboa (PRIAN). En contra votaron Sylvia Kon y Patricio Quevedo (PSP).