En su informe semanal de labores, emitido hoy pero grabado ayer, Correa señaló, sin entrar en detalles, que mantuvo una corta reunión para tratar asuntos relacionados con los contratos petroleros.

"Marcha bastante bien, las perspectivas petroleras son muy buenas, públicas y privadas, que también ya quieren negociar los contratos e invertir", dijo en relación al proceso que adelantan con las empresas privadas para cambiar los actuales contratos de participación por otros de prestación de servicios.

El pasado 25 de agosto, el ministro ecuatoriano de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, presidió una reunión con representantes de las empresas petroleras privadas dentro del proceso de cambio de contratos con el que el Gobierno pretende aumentar sus rentas.

El Gobierno ecuatoriano planea establecer con las empresas petroleras un contrato de adhesión general, pero definirá con cada una de ellas lo referente a las tarifas, que se fijarán de acuerdo con el nivel de la inversión, los costos de producción y el riesgo que asuman las compañías petroleras, según ha indicado el ministro.

El mes pasado, Correa reiteró que las petroleras privadas deben concluir este año sus negociaciones para cambiar los contratos de operación.

"El problema es de ellos (petroleras) si demoran la negociación, porque si eso no está hasta el plazo que dio el Gobierno se van del país", dijo Correa, según publicó entonces la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Pástor recordó también el mes pasado que la fecha límite para la renegociación de los contratos de las empresas grandes es el 23 de noviembre, en tanto que el próximo 23 de enero finaliza el plazo para los contratos pequeños y de campos marginales.

Actualmente, Ecuador recibe el 65% del beneficio por la venta del petróleo extraído en su territorio por las empresas privadas y con el nuevo contrato pretende elevar ese porcentaje a entre el 85 y el 90%, según el ministro.

El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador que, con los ingresos por sus ventas financia alrededor del 25 por ciento del Presupuesto General del Estado.