Sí. En efecto, la doble mira debe imperar para saber qué expresa Colombia y qué el Ecuador en este caso.

Para Colombia el problema es menor.

El bombardeo de Angostura no es un lío que tiene trascendencia internacional, simplemente se ajustició a uno de sus criminales más buscados, y con ello se trató de imponer una política de guerra contra la guerrilla, el narcotráfico y el bandidaje de las FARC, que ha actuado con un alto nivel de criminalidad en contra del régimen de Uribe.

Aplicando la política de los “hechos consumados”, Colombia quiso desde un inicio minimizar el hecho del ataque a otra nación insistiendo una y otra vez que el bombardeo “no era contra Ecuador”, y asumiendo que el acto era “legítimo” por ser parte de una acción de política exterior impuesta desde Estados Unidos, considerada como “guerra preventiva contra el terrorismo”, y así se presentó ante la comunidad internacional, en especial en el Grupo de Rió en Santo Domingo, el 7 de marzo, donde trató de reafirmarse en lo justificable de su acto, del cual el régimen de Uribe creyó que con “pedir disculpas” y un apresurado como ridículo apretón de manos la cosa quedaba solucionada. La mirada indignada como las palabras de Rafael Correa predijeron lo que se venía: que Uribe Vélez había destrozado la confianza de su vecino y que no la iba a recuperar nunca.

Colombia aplicó la “diplomacia del asesinato de imagen” y no midió consecuencias –¿o sí? – para acusar ante los medios de que “Ecuador tenía un gobierno que protegía a las guerrillas”; que “Ecuador era un santuario de las FARC”; que Rafael Correa era una especie de presidente que había llegado “financiado por las FARC”, que sus más altos funcionarios “se reunían a negociar con las FARC”.

Lo crítico de la situación tomó ribetes de escándalo montado contra Ecuador por parte de Colombia con la extraña confusión del diario “El Tiempo” que acusó al ministro Larrea en forma equivocada, mientras los diplomáticos colombianos hacían el ridículo en la OEA con una foto inapropiada.

Súmese a esto el “rescate” de los computadores de Reyes, que llegaron hasta la Interpol y que extrañamente tenían tantos archivos alterados que invalidaron cualquier prueba legal sobre el tema, mientras ciertos medios de la prensa se solazaron acusando al Ecuador con falsedades y diatribas que se regaron mundialmente, causando un daño severo en la imagen de la nación, la cual, siendo la atacada, aparecía como “culpable” y digna de ser bombardeada con plena justificación de Uribe.

Para Ecuador en cambio fue ante todo un ataque a su soberanía, fue un acto de guerra, violatorio del derecho internacional y una agresión contra su imagen como nación, que le ha causado daños ante la comunidad mundial.

La ruptura de relaciones con Colombia fue un acto enmarcado dentro del derecho internacional, pero que se dio en escalada entre las primeras horas del 1 de marzo, hasta llegar a la actual circunstancia.

Se partió del reclamo público ese mismo día por parte de un presidente como Correa a otro como Uribe, por haberlo engañado, por haber usado la confianza que se tenía para llamar 8 horas después del ataque a “informarle” que había bombardeado su territorio, que había afectado al respeto internacional entre las naciones y, que para colmo, le tolere y le comprenda. Esa llamada si se hubiese producido horas antes habría quizás atenuado los efectos de este acto, pero como en la misma no se dijo la verdad por parte del colombiano y nunca fue oportuna, entonces las reacciones posteriores son más que comprensibles.

El acto de retiro de embajadores, en una primera instancia, para pasar a la ruptura de relaciones diplomáticas, fue movido por el descubrimiento de la perfidia internacional en la que se le había envuelto al país. Si se quiere tomar como un acto de reacción y repudio por lo actuado por el gobierno de Álvaro Uribe, más pesa en el sentimiento de Ecuador el ir descubriendo detalles que duelen por lo pernicioso del hecho.

Así, el bombardeo, con el uso de alta tecnología que Colombia no tiene ni puede justificar de dónde la sacó, le hace presumir al gobierno de Ecuador y al país que fue víctima de una conspiración con otras naciones que se unieron para este bombardeo. El uso de información privilegiada de sus propias fuerzas militares infiltradas por la CIA le muestra la injerencia en su propia seguridad, así como el posterior desencadenamiento de acusaciones veladas de ser un “santuario de la guerrilla y el terrorismo” le han obligado a enfrentar una persistente campaña de respuesta para defenderse.

Se debe sumar a ello el gesto nada delicado de dejar en Ecuador una estela de problemas legales, como por ejemplo, los veinticinco cadáveres de los guerrilleros ajusticiados que Colombia nunca ha reclamado ni se quiso llevar; otro es el conflicto diplomático con los estudiantes mexicanos muertos, cuya secuencia arrastra hasta estos momentos los líos entre las dos naciones, con pedidos de extradición de por medio a la chica Lucía Morett, más un proceso en la justicia ecuatoriana.

Mientras Ecuador, víctima de la agresión, quiere hacer las cosas amparado en un marco legal, Colombia se niega una y otra vez a aceptar esa posición y trata de, “en aras de la amistad y hermandad de los pueblos”, validar sus violaciones al derecho internacional.

En el país, tanto el Fiscal General de la Nación como la justicia ecuatoriana y los organismos de derechos humanos –la ALDHU (Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos), por ejemplo– tratan de aplicar las convenciones, principios y normas de la comunidad mundial, y por eso piden los nombres de los actores del incidente diplomático para juzgarlos en cuestión y hasta lograr con ello entender los porqués de la actitud colombiana, mas Uribe y su gobierno se niegan una y otra vez a darlos; el ministro de Defensa de Ecuador Javier Ponce y la en ese entonces canciller María Isabel Salvador agotaron todos los esfuerzos para que Uribe Vélez entregue el video del bombardeo contra la nación, así como que aclare la posible opción de que Estados Unidos o Israel hayan intervenido con su tecnología en el bombardeo contra la nación, pero no hay ninguna respuesta; ni una sola.

Ecuador, lacerado en su honor por los famosos computadores de Reyes, rescatados en forma inexplicable del bombardeo en ciernes, pide los archivos magnéticos acusatorios, al tiempo de cuestionar la forma atropellada que destruyó la cibernética forense de los citados ordenadores, y recibe de Colombia como respuesta unos cuantos papeles fotocopias como supuestos testimonios.

La propia INTERPOL señala asombrada que existieron manipulaciones de más de 3 500 archivos del famoso computador, demostrando que fue “más manoseado que trapo de cocina”, y Colombia se calla mientras Ecuador no tiene ni una sola respuesta seria de las primeras falsas acusaciones. Una burla así no puede ser muestra de respeto a una nación.

Si de agravar las cosas se trata, es evidente que a Ecuador le afecta seriamente la guerra mediática que se evidencia con fuerza desde los instantes mismos que siguieron al bombardeo del 1 de marzo. Un afán de “asesinar su imagen” se lanzó desde un primer momento forjando la figura de ser un país “santuario de la guerrilla y el narcotráfico”, como lo expusieron desde los datos de la prensa colombiana y luego extendida por el mundo.

La imprudente acusación de que Ecuador es ese “santuario de las FARC”, caló en algunas naciones y mandatarios, lo que obligó al propio presidente Correa a moverse al exterior, en viajes relámpago para América y Europa, para explicar que aquello era falso, pero todo eso se convirtió en una verdadera dimensión de amenaza cuando dicha percepción se hizo parte del discurso del mandatario electo de Estados Unidos, Barack Obama, quien el 28 de mayo, ante los grupos empresariales de la Florida, anunció su respaldo al bombardeo colombiano y el “juzgamiento” a las naciones vecinas que habían protegido a las FARC; lo del “santuario” era convertido entonces en razón de Estado para el nuevo mandatario norteamericano contra Ecuador y gente.

Fue Colombia la que propició esta nueva forma de agresión; el acoso mediático ha sido utilizado desde el ataque mismo para justificar lo hecho por Uribe Vélez, y de igual forma para desprestigiar a los reclamos del Ecuador. Tan duro ha sido el incidente, que el papel jugado por la “diplomacia del asesinato de imagen” que usaron los medios de prensa colombianos y algunos en el mundo, parece que agravaron más que el bombardeo mismo, convirtiendo cada crítica, cada acusación infundada en contra de la nación, cada agravio en los foros de Internet de sus periódicos, cada insulto, en una especie de gota ácida que corroe más y más las relaciones, al punto de la eclosión de resentimientos que han aflorado y que tienen una tendencia a irse incrementando duramente para los próximos tiempos.

Una relación diplomática no se la puede sostener así, no precisamente con un régimen que cree que “ya pidió perdón”, por lo que el tema debe ser olvidado y punto.

Para el Ecuador el problema ha ido ascendiendo de lo diplomático a lo jurídico, siendo lo que ahora es: un conflicto mayúsculo que tendrá repercusiones ante las cortes penales internacionales en un futuro no tan lejano, lo que mantendrá el enfrentamiento con el régimen de Uribe Vélez.

Sí. Porque desde las propias leyes ecuatorianas, el hecho amerita ser juzgado, teniendo como principal acusación el delito de terrorismo, que es imputable al presidente de Colombia, Álvaro Uribe; a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; a su comandante general de Policía, Freddy Padilla de León; al Comando Militar de las Fuerzas Armadas de Colombia que planificó, ejecutó y bombardeó a la nación ecuatoriana; así como al grupo de militares y policías que actuaron en el caso con el delito de asesinato agravado de ejecución extrajudicial a quienes ajusticiaron el 1 de marzo en territorio ecuatoriano.

En la justicia penal ecuatoriana se tramita una denuncia presentada por la ALDHU, que califica al ataque colombiano como un acto de terrorismo, tal como lo tipifica el art. 160.- del Código Penal, y que expresa claramente que “El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes (…) arrojare, usare, o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión menor de tres años y multa de ochocientos ochenta y cuatro dólares americanos.

Si por efecto de los hechos indicados se produjeren lesiones a personas, se impondrá el máximo de la pena señalada en el inciso anterior; y si resultaren muertas una o más personas, la sanción será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, así como una multa de ochocientos ochenta a cuatro setecientos setenta dólares americanos.
Si los hechos delictivos afectaren exclusivamente a bienes, además de la pena señalada en el primer inciso, el autor será condenado a la indemnización de los daños y perjuicios causados”.

Este es el principal motivo por el cual no se pueden reanudar las relaciones, porque hay un proceso judicial abierto, porque esta acción del gobierno colombiano debe ser sancionada y Ecuador ha girado todo su accionar político, diplomático y legal en torno a esta posición: que Colombia, Uribe y los ejecutores del ataque a su nación sean sancionados ante la justicia ecuatoriana y ante la comunidad internacional.

Colombia hace todo lo posible por evitar que se dé esa sanción en la justicia de Ecuador, la nación atacada. No se entregan pruebas, nombres, documentos, videos, anexos y demás que son requeridos con precisión para continuar el caso en una evidente actitud de denegación de justicia y búsqueda de impunidad del caso a sancionarse, lo cual convierte a la causa ecuatoriana en factible de demandarse ante las Cortes Penales Internacionales.

Súmese a ello las acusaciones que se infieren del estudio del estatuto de la Corte Penal Internacional, de los cuales Ecuador y Colombia son Estados que han aceptado ser miembros y sujetos de la misma, inculpaciones que apuntan a un juicio por crímenes de lesa humanidad o lo dispuesto sobre la ejecución de crímenes de guerra.

Los datos del caso se señalan como casos juzgables en el citado Estatuto en su artículo ocho, numeral 2, literal e), que dice: “Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

Ordinal i.) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades”. El caso de Lucía Morett y los cuatro estudiantes mexicanos calzan exactamente en el tema, por ello el serio interés de Colombia en desprestigiar a la chica estudiante con el fin de anular su testimonio, que se vuelve vital para este juicio.

Lo otro, constante en el numeral IX.) “Matar o herir a traición a un combatiente adversario” lo enfrenta a los informes internacionales de forenses europeos que acusan de “ajusticiamiento” al ecuatoriano Franklin Aizalla, con lo cual, sumado a las ejecuciones de los colombianos, se tiene un conjunto de pruebas suficientes para enfrentar la causa.

Destaca el Estatuto de Roma que el citado párrafo 2 e) “Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos”.

He ahí el caso y su perspectiva futura: Ecuador apunta directamente a obtener una declaratoria de sanción a los bombardeos colombianos y los hechos del 1 de marzo. Si aquello no se obtiene entonces la proyección a encauzar ante la Corte Penal Internacional tiene camino abierto.

Si a las palabras del presidente Correa, el 7 de marzo en la cita del Grupo de Río, en Santo Domingo, que dijo que él personalmente “jamás perdonará a quienes atentaron contra la soberanía de mi patria”, fueron tomadas como parte del histrionismo del momento, se equivocaron porque durante los siete días posteriores al bombardeo colombiano el mandatario ecuatoriano y su gobierno al parecer saltaron toda la estrategia que apunta a terminar en el enjuiciamiento y a obtener un castigo para todos los ejecutores del ataque, por lo que el peso de la mirada fría y acusadora del gobernante de Ecuador ante un Uribe agencioso y humillado solo marcaron en forma precisa el camino que han de seguir las relaciones éntrelas dos naciones: si no hay castigo, no hay reencuentro, y hasta aquí todo apunta a que hay mucho tiempo a esperar antes de que se logre lo primero para llegar a lo segundo.

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FRANCISCO HERRERA ARAUZ Periodista, Politólogo, Abogado
Director del Sistema Informativo  Ecuadorinmediato.com / Agencia de Noticias Ecuamex.
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