Aguiñaga explicó que el decreto emitido por el Primer Mandatario “es relacionado a la regularización de aproximadamente más de 40 mil hectáreas de camaroneras que en el Ecuador no tienen un permiso o autorización del Estado para ejercer la actividad y que se han asentado en zonas de playa y bahía”, las cuales son tierras del Estado, agrega la Ministra. “Son, lo que determina el Código Civil, bienes de uso público, que son las playas, y en zonas de salitrales”, dijo.

“Por lo tanto, el Gobierno, sensible ante esta realidad, estableció que aquellas camaroneras determinadas o asentadas hasta el año 1999 –se tomó el punto de partida ese (año) porque fue los que sobrevivieron o estuvieron hasta la época de la Mancha Blanca– se dio pasa a que puedan regularizarse, pero no solo a regularizarse, sino que se regularicen con la posibilidad de devolverle, lo que usted menciona, algo a la naturaleza de lo que le quitaron, que es devolverle específicamente, a través de un proceso de reforestación, manglar a la naturaleza”, indicó la Secretaria de Estado, quien fue entrevistada en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio.

Expuso asimismo que “luego de eso salió una reforma al reglamento de la Ley de Pesca donde, entre muchas de las circunstancias, para renovar una concesión en zona de playa y bahía, se pusieron algunos ítems, algunas exigencias mayores, (…) muchas de ellas necesarias, porque demuestran responsabilidad no solo de índole social sino también responsabilidad ambiental; entre esos, por ejemplo, que los señores estén al día en el pago de sus impuestos, que cumplan con el establecimiento de todos los derechos de sus trabajadores y, por otro lado, que hayan obtenido sus permisos ambientales ante la autoridad competente y finalmente que no exista un grado de mayor afectación determinado o demostrado por el Ministerio del Ambiente”.

A esto se agregó que se reduzca “el tiempo de las concesiones de diez años, que ya estaba así en el reglamento, no es que eso es novedoso, a cinco años, que es una de las cosas que se propuso. El sector camaronero salió a reclamar de, pues, que ha sido indebidamente tratado, indiscriminado y todo lo demás y lo que se hizo fue una revisión de algunas cosas, como por ejemplo, el hecho de que más de un grupo financiero tenga concesiones o que más de una persona, en un mismo núcleo familiar, tenga concesiones camaroneras”.

Ante el control de la tenencia en pocas manos de las camaroneras, la Ministra Aguiñaga reconoció que “el Estado ha sido parte de esta gran maraña legal y también, al mismo tiempo, de doble moralidad. El Estado ecuatoriano, y yo recuerdo que la Marina del Ecuador cobraba por zona de uso de playa y bahía y decía: ‘Situación irregular’, dentro del recibo que les cobraba a los camaroneros, porque no se han podido legalizar; es decir, el propio Estado fue parte de este círculo”.

Es por eso por lo que se ha decidido regularizar el sector, el cual deberá cumplir condiciones sociales y ambientales. “El hecho es que las camaroneras están asentadas en lugares donde hubo manglar, ya no hay manglar, (en) eso hay que ser muy claro; en segundo lugar, que la tala indebida de manglares y de la pérdida que ha tenido el Ecuador no solamente se debe al sector productivo, también se debe a la falta de ordenamiento territorial en ciudades. Ejemplo: la ciudad de Guayaquil; toda la zona periférica de la ciudad de Guayaquil era manglar y hoy es relleno, hoy son invasiones, hoy son ciudadelas”, acotó la Secretaria de Estado.

La Ministra Aguiñaga resalta el hecho de que por primera vez lo que se está haciendo en el proceso, previo a condición a que los camaroneros saquen su acuerdo de concesión, “tienen que presentar un plan de forestación que le da seguimiento el Ministerio del Ambiente, con coordenadas, dónde van a reforestar, y la idea es que después de este proceso el Ecuador por primera vez recupere aproximadamente 12 mil hectáreas de manglar”, finalizó.

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• La importancia ambiental del manglar

• El cobro de las concesiones camaroneras

• La explotación maderera en Yasuní