Abril manifestó que el trabajo que ha llevado adelante la Comisión ha sido transparente en la formulación del informe, en donde se ha recibido el criterio de todos los sectores involucrados en el tema. “El día de ayer hemos concluido el debate y análisis del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, en donde hemos sido consecuentes con las peticiones de los diferentes actores sociales que se hicieron presentes en la Comisión durante el tiempo que fue socializado”.

Indicó que los nudos críticos que se anunciaban tenía la ley fueron superados uno a uno, aunque reconoció que fue sin presencia de la dirigencia de la Ecuarunari y la Conaie, quienes sÍi fueron invitados para trabajar, pero que nunca presentaron una propuesta de ley para abrir un debate, sino que pidieron una agenda de trabajo, y luego decidieron retirase.

El asambleísta señaló que en cuanto tiene que ver con la Autoridad Única del Agua, el informe recoge los criterios de todos los sectores involucrados, entre ellos, campesinos e indígenas, es así que este organismo estará integrado por tres instituciones: el Consejo Intercultural y Plurinacional; la Agencia de Regulación y Control; y la Secretaria Nacional del Agua.

Reiteró que se establece la no privatización del agua, en donde se determina la terminación de las concesiones, y que las actuales se convertirán en autorización, por tanto, la gestión del agua será pública y comunitaria.

En el caso de INTERAGUA, indicó que este manejo se determina de conformidad con lo que determina el artículo 316 de la Constitución que establece la excepcionalidad que existe para que una empresa pueda manejar una gestión del agua, pero bajo la competencia del Alcalde de cada ciudad. “En este proyecto estamos indicando, que el alcalde tiene la responsabilidad de hacer la auditoria y evaluar si esa empresa, y en este caso INTERAGUA, ha cumplido con los parámetros de asistencia, inversión, beneficio a la población”.

Señaló que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tendrá un año para realizar la auditoria, luego de lo cual tendrá un plazo de año y medio más para determinar si da por terminado el contrato o si continúa.

El informe de mayoría está firmado por los asambleístas de PAIS, Jaime Abril, Lidce Larrea, Yandri Bruner y Omar Juez, así como por los legisladores Jimmy Pinoargote (IND) y Susana González (MG). El informe está contenido en 266 artículos, tres disposiciones generales, 20 disposiciones transitorias y 16 derogatorias.

Entre tanto, que el asambleísta socialista, Pedro de la Cruz, manifestó su oposición al informe, al señalar que el documento que se está presentado mantiene la privatización del agua en ciertos sectores, así como que la ley permite que los camaroneros puedan seguir penetrando en áreas del manglar; que las empresas mineras puedan tener campo libre para la explotación aún a costa de las fuentes de agua; que las envasadoras puedan seguir contaminando el ambiente si demuestran que los costos de utilización de envases biodegradables o retornables modifican sus costos de producción; que las empresas agroproductoras pueden ser consideradas en el ámbito de la soberanía alimentaría compitiendo con los pequeños productores de alimentos; y que la prestación de servicios y agua potable y alcantarillado, exclusiva de los municipios, pueda seguir siendo brindada por empresas privadas sin restricciones, él ha decidido presentar un informe de minoría.

Además, rechazó el hecho de que los asambleístas de PAIS estén impulsando el informe con el apoyo de los socialcristianos representados por Madera de Guerrero (MG) y denunció que se estaría ya renegociando el contrato de INTERAGUA, a pesar de todas las violaciones legales y ambientales que esta empresa ha hecho.