Según el documento, las violaciones han ido desde ataques verbales permanentes del presidente Rafael Correa y su administración en contra de los medios de comunicación independientes, hasta llegar a provocar detenciones de ciudadanos por manifestar su inconformidad frente a la gestión del Gobierno.

Censura
“Los ataques verbales y legales contra la prensa por el presidente Correa y su gobierno aumentaron considerablemente durante el año, causando que las relaciones entre la prensa y el Gobierno se deterioren, los informes de censura indirecta han aumentado”, señala el análisis.

EE.UU., sin embargo, destacó la actitud de los medios de comunicación, que han permanecido “independientes, activos y expresando una amplia variedad de opiniones.
    
Detenciones

El Departamento de Estado norteamericano recogió los hechos ocurridos durante la detención, el 28 de octubre, Giancarlo Zunino y Félix Pilco, miembros de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil, que fueron acusados de ‘separatismo’.

Los jóvenes fueron apresados por colgar carteles alrededor de Guayaquil en los que pedían que esa ciudad declare persona no grata a Rafael Correa. Los involucrados en el caso fueron liberados luego del pago de 500 dólares y los dos denunciaron influencia política sobre el Fiscal y el Juez que los juzgó.

Sobre los enlaces
“El presidente Correa con regularidad usa su enlace de radio semanal, la televisión pública y otros medios públicos para criticar a los medios y acusarlos de tener intereses particulares y ser corruptos, degradando a reporteros específicos”, dice el informe, que califica estas acciones como una “censura indirecta” para los medios independientes.

Ambiente hostil
El documento recalca las denuncias realizadas por periodistas, en las que acusan a Correa de ser el causante de crear un ambiente hostil para ejercer la profesión, sobre todo entre los funcionarios públicos de alto nivel, que muestran un comportamiento similar al de su líder.

Un ejemplo de esto se evidenció en el comportamiento de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, quien “dijo que él no se comunicaría directamente con la prensa privada y sólo haría anuncios oficiales por medios de comunicación públicos.

Además, Alvarado presentó una queja formal en contra del gerente regional de diario Expreso, Juan Carlos Calderón y del columnista Jorge Vivanco, acusándolos de trato “discriminatorio” contra periodistas del periódico digital El Ciudadano, por haberse negado a ser entrevistados por el medio del Gobierno.

Discurso contra los medios
Para el Departamento de Estado de EE.UU. las frases enunciadas por el presidente Rafael Correa en contra de los medios son señal de censura.

Para demostrarlo, el organismo destaca lo señalado el l2 de mayo, cuando Correa declaró que la prensa era “ un enemigo político grave (que) tiene que ser derrotado”. Asimismo, durante su discurso de posesión, el 10 de Agosto, el Presidente señaló que los medios eran su peor adversario y que no tenían ninguna legitimidad democrática, pues no habían ganado las elecciones.

Además, se recopilan ataques directos a medios como El Comercio, que fue criticado por reproducir una declaración de un ex gobernador del Azuay, en la que señaló que le había advertido a Rafael Correa sobre los contratos de su hermano Fabricio Correa con el Gobierno.

Las agresiones verbales presidenciales incluso han llevado a que se produzcan “varios incidentes de muchedumbres o individuos que atacan, insultan y gritan a los periodistas, encubiertos entre las protestas”, dice el informe.

Los ataques formales
° El estudio del Departamento de Estado de EE.UU. también se basó en los reportes de Fundamedios, que entre enero y agosto registró más de 30 casos de hostigamiento (amenazas, ataques, o detenciones) contra periodistas u otros representantes de la prensa.

Además, se grafica lo que sucede en Ecuador con el caso del fotógrafo del diario Hoy, Ángelo Chamba, quien fue amenazado por el fiscal Luis Ramiro Sánchez y agredido por un policía cuando cubría el arresto de la periodista Lourdes Garzón y su hermano.

“Dos policías subieron a Chamba en un vehículo, le quitaron su cámara, radio, y el teléfono móvil. Ellos retuvieron a Chamba durante 30 minutos y luego lo liberaron. Al día siguiente él siguió su cobertura de la misma historia y la policía confiscó su cámara otra vez y borró las fotos sobre lo sucedido”, dice el registro.

También se recogió la amenaza de muerte que sufrió Emilio Palacios, editorialista del diario El Universo, vía correo electrónico, en la que su agresor decía basarse en los ataques que Correa le hizo en su último enlace radial sabatino.

“El 3 de julio hombres armados rompieron las puertas de las oficinas de la revista Vanguardia, amenazaron a los empleados y asaltaron sus ordenadores y archivos. El 7 de julio, dos hombres armados asaltaron a José Luis Estrada, gerente de la revista, robaron su cartera y ordenador personal; los dos incidentes no pudieron ser relacionados”, dice en otra parte del informe.

José Toledo, al dimitir de su dirección a los tres canales de televisión confiscados por el Gobierno a la banca, denunció la presión política que tuvo para favorecer a los candidatos oficialistas que participaron en las elecciones de abril.

Telemazonas y La Voz de Arutam
Para el Departamento de Estado estadounidense es preocupante la solicitud directa del presidente Correa para que se cierre Teleamazonas, debido a la emisión de una cinta de audio clandestina que denunciaba el cambio de texto constitucional.

También se grafica la decisión de cerrar la emisora shuar, Arutam, contra la que se inició un proceso por supuestamente “incitar a la violencia durante una manifestación indígena”.

Dato
EE.UU. considera que la ley de comunicación que se está trabajando en la Asamblea es un “mecanismo legal para restringir los medios de comunicación”.