La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más importante del país, inaugurará mañana una Asamblea extraordinaria para definir si reanudan el diálogo con el Gobierno o convocan a una protesta general.

Ricardo Ulcuango, dirigente de la Conaie y ex legislador indígena, señaló a Efe que en la asamblea, que se celebrará en la ciudad andina de Ambato, se realizará un "análisis de la coyuntura, se evaluará el diálogo con el Gobierno", que no ha prosperado y, "dependiendo de los resultados, se tomará una decisión".

De lo que se trata es de evaluar "los avances del diálogo", que la Conaie mantuvo con el Gobierno entre octubre y enero pasados, y determinar si con esas conversaciones se lograron beneficios para el colectivo indígena, que representa el 35 por ciento de la población total del país, añadió Ulcuango.

El dirigente indicó que en la cita de Ambato participarán dirigentes de las tres filiales de la Conaie: Ecuarunari, que aglutina a las federaciones indígenas de la sierra andina; la Confeniae, de la Amazonía, y la Conaice, de la costa.

"Es una asamblea de todas las nacionalidades indígenas del país" y, por tanto, la decisión que se asuma en ese foro, que es la máxima autoridad del movimiento, será "acatada por todos", agregó Ulcuango.

Por su parte, el presidente de Ecuarunari, Delfín Tenesaca, ha ratificado la decisión de su organización de convocar a movilizaciones en todo el país, para exigir al Gobierno que atienda sus demandas.

Tenesaca señaló que hay divergencias importantes sobre las leyes de Recursos Hídricos, de Minería y de Educación Bilingüe, entre otros aspectos, impulsadas por el Ejecutivo.

Sobre todo, el líder de Ecuarunari, indicó que en torno a la actividad minera, el Gobierno, supuestamente, tiene pensado proyectos a gran escala, que podrían perjudicar a las comunidades indígenas que se asientan en las zonas donde se desarrollarían.

El Gobierno "quiere callar (esconder) todo lo que son proyectos grandes" de minería, porque intuye que serían rechazados por las comunidades, agregó Tenesaca.

No obstante, autoridades del Gobierno han reiterado que las operaciones mineras se desarrollarán con estricto apego a la protección ambiental y social, que se respetarán los derechos de las comunidades indígenas, que serán las primeras beneficiadas por las actividades mineras.

Además, el Ejecutivo ha ratificado que se prohibirán proyectos que pongan en riesgo las fuentes hídricas o zonas naturales protegidas, como lo establece la Constitución y la ley del sector.

Por ello, el Gobierno del presidente Rafael Correa, que se declara un humanista de izquierda, ha ratificado su disposición de dialogar con el movimiento indígena, al que considera aliado, aunque ha mantenido frecuentes pulsos verbales con sus dirigentes.

La secretaria (con rango de ministra) de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Alexandra Ocles, reiteró la apertura al diálogo con la Conaie, aunque reconoció el derecho de ese movimiento a manifestarse.

"Los compañeros están en todo su derecho" de movilizarse, pese a que ello pondría "en una situación compleja al país", agregó Ocles, tras ratificar que la mejor manera de solucionar las discrepancias con la Conaie es a través del diálogo.

De su lado, la ministra coordinadora de Política, Doris Soliz, recordó que el diálogo entre el Gobierno y la Conaie quedó institucionalizado mediante un decreto emitido por el presidente Correa en octubre pasado.

Soliz dijo que las dificultades que se han registrado en este proceso se deberían solucionar en las mismas mesas de diálogo, donde, según ella, todos los actores tienen un espacio de participación. EFE