Además, un 57% de entrevistados por Cedatos desaprueba las Cadenas Nacionales y 50% está en desacuerdo con la forma como Rafael Correa interviene en sus enlaces sabatinos.

Otro sondeo de Informe Confidencial revela que para enero de este año, un 49,5% de consultados en Quito y Guayaquil dijo que ya no ve los enlaces sabatinos.

Para Mauricio Rodas, director de la Fundación Ethos, que promueve en América Latina el Modelo de Gobierno Responsable, esas cifras dan cuenta de una saturación de los ecuatorianos ante el bombardeo mediático oficial. "Esta exposición abrumadora ha rebasado el ámbito informativo para convertirse en un instrumento proselitista, que se financia con recursos públicos, lo cual es incoherente en un país con elevada pobreza como el Ecuador", enfatiza.

Un estudio de la consultora Inteligencia Política, dijo que entre enero y noviembre de 2009, el Gobierno realizó 230 cadenas oficiales, a un costo de $40 millones. Así, dice Rodas, Ecuador fue el país de la región con el mayor número de espacios de este tipo.

En los $40 millones no se incluye el costo de varias propagandas y de 159 enlaces sabatinos, incluido el de hoy, efectuados desde enero de 2007.

César Ricaurte, director de Fundamedios, sostiene que el abuso de dichos espacios ha desvirtuado la razón de ser de las cadenas, que son un legítimo recurso de comunicación pública, cuando los gobernantes requieren informar sobre cosas trascendentales para el país.

Además, cuestiona su uso para atacar a quienes el Gobierno considera sus detractores. "La mayor evidencia del abuso es el programa 'La verdad sea dicha', hecho exclusivamente para atacar a medios y a periodistas independientes. Eso trastocó la esencia de la comunicación pública", señala.

Rodas y Ricaurte coinciden en que solo la presión social puede forzar al Gobierno a introducir en el Proyecto de Ley de Comunicación, que debate la Asamblea, regulaciones para esos espacios, además del establecimiento se sistemas de vigilancia ciudadana.

Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Comunicación, dice que el artículo 45 del proyecto establece la obligación de medios públicos, privados y comunitarios de transmitir cadenas o mensajes informativos de las principales autoridades del Estado, por un máximo de 20 minutos al mes, tiempo que se puede extender solo en casos de emergencia nacional.

Rodas anota que ese texto es muy vago. "La exposición oficial bajo esa normativa puede ser incontrolable, dado que las autoridades del Estado son inunmerables", acota.

Por ello, el 28 de enero, le entregó a Carrillo una propuesta de regulación más precisa. Ese mismo día, Ethos abrió en el Facebook Gobierno Responsable, el espacio "Regulemos la propaganda oficial", que hasta el momento registra más de 640 miembros. "Así como se logró un acuerdo para evitar ponerle una mordaza a la ciudadanía, espero que se logre regular la exposición del Gobierno en la prensa", señala Rodas.

César Ricaurte remitió una propuesta a la Comisión en la que destaca la ausencia, en el proyecto oficial, de regulaciones a la publicidad estatal y la poca claridad para garantizar la libertad editorial y la independencia de gestión de los medios públicos.

El asambleísta César Montúfar (CND) también es partidario de limitar esos espacios, aunque recuerda que La Ley de Radiodifusión y Televisión obliga a los medios a transmitir todas las cadenas, bajo el entendido de que es información de interés nacional. Galo Lara (PSP) pidió al Consejo Nacional Electoral que convoque a una consulta popular para que el pueblo defina el tema. "Si usted presidente Correa y Vinicio Alvarado (Secretario de la Administración) se creen campeones de las elecciones, los emplazo a que me gane esta consulta popular", enfatizó Lara.

Calle pide multas para periodistas y medios

La falta de acuerdos en temas como la responsabilidad ulterior y el manejo de los medios públicos retrasa el trabajo de la Comisión de Comunicación. Ayer, durante la cuarta sesión de la mesa, los asambleístas Rolando Panchana (AP) y Fausto Cobo (PSP) discutieron acaloradamente después de que la oficialista María Augusta Calle destacó la necesidad de sancionar a medios y a periodistas, con un video que mostraba a la propietaria del diario El Comercio, Guadalupe Mantilla, dirigiéndose a su grupo de trabajo. Cobo optó por abandonar la reunión, pero antes dijo que desprestigiar a los medios no es la forma adecuada para elaborar una Ley de Comunicación, lo que generó la reacción de Panchana.

Superado el conflicto, Calle propuso que en el Proyecto se fije multas desde $1 200 hasta $ 4 800 para periodistas y del 10% de sus ingresos para los medios de comunicación.

Dichas multas se aplicarán cuando se publique información falsa como verdadera, cuando se formule juicios de culpabilidad sobre hechos o conductas respecto de los cuales no se haya pronunciado la administración de justicia y cuando se haga afirmaciones injuriosas o infundadas, que afecten o lesionen los derechos constitucionales. Para César Montúfar (CND), las responsabilidades deben limitarse a lo que establecen los convenios internacionales, es decir cuando una información atenta contra la protección de la defensa nacional, el orden público y la salud pública. La próxima cita de los comisionados será el miércoles, pero Cobo y Montúfar afirman que no hay avances.