Vínculos políticos, problemas judiciales, deudas en mora, adulteración de documentos y otras denuncias pesan sobre los 24 postulantes mejor puntuados del concurso para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC). Los críticos alertan que esto afectará la independencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo responsable del proceso, desechó las impugnaciones presentadas contra cuatro postulantes vinculados al movimiento oficialista Alianza País (AP). Es el caso de Fernando Cedeño Rivadeneira, impugnado por Flavio Bermúdez Sosa, quien denunció que el aspirante pagó una condena de cinco meses de prisión correccional por un asesinato que habría cometido en 1982.

Cedeño fue tesorero único de la campaña de AP en el referendo de 2008 y que en enero del mismo año, el Consejo Directivo del IESS lo removió del cargo de subdirector general, por lo que se considera que carece de probidad para integrar el CPC. También fue secretario general del Ministerio de Economía, cuando el actual canciller, Ricardo Patiño, era titular de esa cartera de Estado, y después subdirector nacional del Registro Civil.

No obstante, Omar Simon, titular del CNE, dijo que al revisar la denuncia se determinó que no era procedente.

Aunque su postulación no fue impugnada, la hoja de vida de Patricia Ordeñana, evidencia los vínculos con la actual administración. La candidata mejor puntuada entre hombres y mujeres (90,5/100), fue asesora del Ministerio del Litoral en 2008 y luego directora del INFA en Guayas.

En 2007, también fue candidata a la Constituyente de Montecristi, por el movimiento Concertación Nacional Democrática (CND), presidido por el actual asambleísta César Montúfar.

Juana Luisa Miranda, también obtuvo 90,5 puntos. Su postulación la auspicia la Cooperativa de Todas, la que presidió de 2007 al 2009. La entidad fue creada en 2003 por el canciller Patiño. Miranda fue impugnada por Víctor Gutiérrez Reyes, argumentando que Julio Suplewiche, veedor del concurso, le otorgó un certificado de honorabilidad, en marzo de 2008. Pero, el CNE no admitió esa objeción.

Con una nota de 87,5 David Rosero es el primero en la lista de varones. En 2007 fue candidato a asambleísta por el MPD, en Imbabura; militó para la Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE) y perteneció a la FEUE y al Frente Popular. La impugnación en su contra, presentada por Leonardo Cuichán González, advierte que los certificados que avalan su actividad política no están notarizados y que su título de bachillerato en el colegio Teodoro Gómez de la Torre (Ibarra) no está refrendado por el Ministerio. El CNE admitió el pedido.

Mónica Banegas y Carlos Vera Quintana, quienes ocupan el tercer y quinto lugar en la lista de hombres y mujeres, respectivamente, fueron impugnados por ser ex miembros del CPC transitorio. El CNE no admitió esas causales. Empero, contra Vera pesa otra impugnación, presentada por los Condominios Cristóbal Colón, que denuncian una deuda impaga desde 2008 por $7 484, por cuotas de mantenimiento y arreglo del ascensor. Ese argumento fue aceptado.

También Lorena Herrera mantuvo relaciones con el actual Gobierno. Fue asesora del Ministerio de Inclusión Económica y Social desde marzo de 2007 a marzo de 2009 y, subsecretaria hasta junio de ese año. Su postulación fue impugnada porque al mismo tiempo habría colaborado con el Municipio de Guayaquil, suscribiendo un contrato de prestación de servicios por $11 mil, desde enero de 2009 con un año de vigencia. La objeción, presentada por Elena Abad Paredes, sí fue admitida por el CNE.

A Fernando Lara, en cambio, lo acusan de "improbo" porque en su contra pesaría un proceso judicial por el delito de concusión (cobro injustificado que hace un funcionario público en provecho propio), resolución que habría sido ratificada en enero de este año. El CNE consideró procedente esta impugnación.

La candidatura de Linda Vidal, quien participó en las elecciones de 2006 por el opositor Partido Sociedad Patriótica, comandado por el ex presidente Lucio Gutiérrez, también fue objetada porque estar supuestamente involucrada en un caso de maltrato infantil en un colegio de Guayas.

Otra impugnación pesa contra Cristian Cruz, a quien lo acusan de presentar documentos que carecen de certificación, por lo que el CNE espera esclarecer si existe o no falsificación de dichos documentos.

La fiscalización será su función principal

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) fue creado por la Constitución de Montecristi, con el propósito de promover y garantizar el derecho a la participación ciudadana.

La Carta Política del Estado establece que el CPC estará integrado por siete consejeros principales y siete suplentes, los que serán elegidos a través de un concurso público de oposición y méritos organizado por el Consejo Nacional Electoral, el mismo que será vigilado por una veeduría y con posibilidad de impugnación.

Entre sus facultades están: establecer mecanismos de control social en asuntos de interés público, designar a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones del sector público y potenciar la veeduría ciudadana.

También deberá investigar las denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción y emitir sobre un informe para determinar posibles indicios de responsabilidad, formular recomendaciones o impulsar acciones legales de ser necesario.

La Constitución también le faculta al CPC a actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones e incluso podrá determinar el decomiso de los bienes del funcionario que, de haberse comprobado, haya incurrido en la apropiación indebida de recursos.

Por lo tanto, podrán solicitar a cualquier entidad o funcionario público la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos, con la posibilidad de sancionarlos si no cumplen ese pedido.

Designará a todas las autoridades de control

Una de las funciones que la Constitución le atribuye al Consejo de Participación Ciudadana (CPC), y que quizá sea la más importante, es la designación de todas las autoridades de control social y político.

Para designar a las autoridades de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias tomará en cuenta las ternas propuestas por el Presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.

Lo propio se aplicará en la selección del defensor del Pueblo, defensor Público, fiscal general y del contralor general, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.

Para ese propósito, el CPC deberá organizar comisiones ciudadanas de selección, las cuales estarán a cargo de los concursos públicos de oposición y méritos, respetando las fases de postulación, veeduría e impugnación ciudadana.

Dichas comisiones estarán integradas por un delegado de cada Función del Estado e igual número de representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan con los requisitos que determinen el Consejo y la ley.

Con el propósito de garantizar la transparencia del proceso de selección de autoridades, la Constitución establece que los candidatos a integrar las comisiones, serán sometidos a un escrutinio público e impugnación ciudadana. Las comisiones serán dirigidas por uno de los representantes de la ciudadanía, que tendrá voto dirimente, y sus sesiones serán públicas.