Esto luego de que anoche, en una sorpresiva sesión convocada por el presidente de la Asamblea para reanudar la suspendida reunión del martes, la propuesta de insistir en el texto de la Ley aprobado por el Legislativo no obtuvo los votos de respaldo necesarios.

En una primera ronda, el allanamiento a partes del veto relacionadas con cambios formales obtuvo el apoyo de 91 legisladores. Sin embargo, cuando llegó el momento de aprobar o desaprobar los cambios propuestos por el ejecutivo a aspectos de fondo de la Ley, entre ellos el de la rendición de cuentas de los medios, las opiniones se dividieron: hubo 48 voluntades en contra del veto, 38 se manifestaron a favor y 10 asambleístas (de 96 presentes) se abstuvieron de emitir su criterio.

Ante ello, Fernando Cordero, titular del Legislativo, clausuró la sesión, permitiendo que corra el plazo que tiene el Segundo Poder del Estado para pronunciarse sobre el veto hasta el 3 de abril, y abriendo la posibilidad de la vigencia obligatoria del proyecto de ley en los 30 días posteriores.

A partir de allí, el Consejo de Participación Ciudadana deberá determinar el procedimiento de la rendición de cuentas y quien se responsabilizará de estos mecanismos.

Vicente Taiano, asambleísta del PRIAN, indicó que la forma de aprobación de la Ley de Participación es legal, pero añadió que con ella se evidencia una jugada del legislativo con sus propias reglas. "Al ingresar el veto por el Ministerio de la Ley, esto autentificará la conformación de los Comités de la Revolución Ciudadana (CDRs) y la mordaza para los medios", señaló.

El analista Gustavo Medina confirmó que el recurso utilizado por Alianza País para pasar el veto es legal pues está en la Ley Orgánica de la Asamblea. Pero alegó que esta no debería optar por tal recurso cuando tratan asuntos controversiales y de tanta de importancia como dicho paquete de leyes. "El no llegar a una resolución y optar por dejar que pase el tiempo es la forma que tiene la legislatura para lavarse las manos ante el veto del Ejecutivo", afirmó.

Por su parte, la asambleísta de AP María Paula Romo señaló que "el veto no obliga a los medios a rendir cuentas a ningún poder del Estado". Y aclaró su punto de vista de que dado que "los medios son empresas que prestan servicios públicos o de interés público, deben rendir cuentas a la ciudadanía. Esa es una diferencia importante", señaló la legisladora del bloque oficialista.