Durante su discurso el pasado 2 de septiembre, en el Consejo Permanente de la OEA, hizo referencia al Gobierno del presidente Rafael Correa, al frente de la llamada Revolución Ciudadana, que “tiene como uno de sus ejes centrales el rescate de la dignidad, la soberanía y la búsqueda de la integración latinoamericana, como principio fundamental recogido en la Constitución Política del Ecuador”, dijo.

La flamante embajadora saludó los esfuerzos del Organismo Internacional en defensa de la democracia en el hemisferio, y replicó la firme posición de su país respecto a un eventual retorno de Honduras al seno de la OEA, en tanto no se aborden de manera efectiva los temas relativos a la impunidad de los responsables del golpe de Estado y los procedimientos para subsanar ese escenario.

En ese sentido, aseguró que eI Ecuador seguirá prestando todo su apoyo y colaboración al trabajo de la Secretaría y de la Comisión de Alto Nivel de la OEA, al considerar que la última situación generada en ese país constituye una ruptura democrática que va por encima de los derechos individuales y colectivos. Señaló que “la OEA no puede darse el lujo de convalidar acciones que van en contra de sus instrumentos y que en su momento merecieron el rechazo del continente”.

Salvador mostró su preocupación y la de su país por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reflejan un deterioro notable en la protección de garantías mínimas para políticos, activistas sociales, sindicales, periodistas, entre otros, en Honduras y demandó con urgencia a ese país la adopción de medidas inmediatas que eviten la continuación del detrimento en temas de derechos humanos.

Por tal razón, considera muy importantes las gestiones que en el ámbito de la OEA se desarrollan para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Así mismo, expresó el compromiso del Gobierno del Ecuador y de la Misión Permanente a su cargo, de impulsar la definición de la Carta Social y su Plan de Acción que incluyan los derechos económicos, sociales y culturales, como complemento a los acuerdos e instrumentos ya existentes en la OEA en materia de derechos políticos y civiles, a fin de “atender el clamor de los pueblos que desean democracia con justicia social y desarrollo”.