En una cadena de radio y televisión, el Gobierno abordó la protesta de algunos sectores respecto a las investigaciones y sanciones que el CONARTEL analiza en contra de Teleamazonas, por supuestas infracciones del medio. Protestas que estuvieron matizadas por plantones, bocas tapadas e incluso un comunicado suscrito por un grupo de ex mandatarios.

Ahí se recuerda que a mediados de la década de los 80, un grupo de periodistas y presentadores de televisión, entre ellos: Andrés Carrión, Carlos Carcelén, Polo Barriga, Carlos Vera, entre otros, se hicieron de una frecuencia de TV, canal 5-ORTEL, que no pudo transmitir ni salir al aire, por cuatro años, por decisión del Gobierno de Febres Cordero.

El comunicador Polo Barriga recordaba que durante ese gobierno social cristiano se dio la disposición para que ese canal no salga al aire y ese sí era un claro autoritarismo contra cualquier Ley, manifestó.

Además, en el libro “Informe de una Clausura”, del periodista Andrés Carrión, se presenta una orden dispuesta supuestamente por el entonces Ggobernador del Guayas Jaime Nebot, para evitar que el canal salga al aire.

En esa publicación se transcribe una conversación de Nebot con otra persona no identificada, en la que se evidenciaría la intención de ese régimen de boicotear su emisión. “Cuidado, cuidado sea cuando se inaugure el canal, pues mañana el directorio tiene que reunirse esta semana y tirarla abajo”.

Ante este episodio, el vicepresidente Blasco Peñaherrera de aquel régimen manifestó: “Indudablemente fue un auto de abuso de autoridad, lo admito”.

Para el Gobierno, la censura de prensa de esos años llegó en contra de decenas de periodistas, incluso muchos fueron apresados y trasladados a los centros de detención, según la narración de testigos, simplemente por no tener una conducta confiable.

Asimismo, en el régimen de Febres Cordero se suspendieron radios como: Atalaya, Huancavilca, Democracia, Victoria, Dinámica, Tarqui, Cristal, Bolívar, El Sol, Exito, Sideral Tropical, CRE; estas dos últimas además de ser silenciadas sufrieron atentados y el propietario de una de ellas, Rafael Guerreo Valenzuela, acusó al gobernador del Guayas de ser responsable de esos hechos.

En la cadena también se critica el que se olvide que las censuras a la prensa continuaron en gobierno siguientes. En la administración Durán Ballén, por ejemplo, se clausuró Radio Latacunga y las escuelas radiofónicas populares, emisoras comunitarias fundadas por monseñor Leonidas Proaño. “Como un asalto de guerra, se meten por el tejado, con fusiles, rompen el vidrio de la radio, entran a los estudios para acallar la radio por orden del gobierno de Sixto Durán Ballén” reseñó Eduardo Guerrero, de CORAPE.

Años después la censura era la misma: “No le haga caso señor Ministro de Gobierno a ningún periodista; miren esto, esto es lo que hay aquí, esta es la realidad, señores periodistas… los periodistas como los que hoy día, en el diario El Comercio, niegan la verdad o están ciegos o le quitaron dos chupetes” decía Gustavo Noboa, en un acto oficial y lo mismo ocurrió con Sociedad Patriótica, entonces partido de gobierno, que acusaba a la prensa de amarillismo; e incluso llegaron a instar a sus bases para que en las calles de Quito quemen decenas de ejemplares de diario El Comercio, como sucedió.

“El Comercio tendrá que ratificar sino será igual que un pasquín”, manifestaba Lucio Gutiérrez, por ese entonces, y según el mensaje del Gobierno no fue solo El Comercio, sino periodistas de Radio La Luna fueron despedidos y en más de un medio de comunicación despidieron a productores y comunicadores.

“Como vino el señor Lucio Gutiérrez, hablaron creo que con el dueño, la primera condición para ser medio socios o algo de eso era sacar del aire La Chacota” sostenía Carlos Michelena quien mantenía ese programama en una radio nacional, junto a Polo Barriga, quien manifestó que  “nos botaron de la radio por chismosos, parece que decíamos cosas que no gustaban a los mandatarios de turno, luego el dueño de la radio nos dijo que ya no quería más chismoso”.

“En todos estos casos nadie reclamó, entonces nadie hizo plantones ni marchas, ni tomarse calles aledañas a los medios de comunicación en señal de protesta, protesta que ahora tiene vinculación directa a los negocios del propietario”, asegura el régimen.

Por su parte, Xavier Zavala Egas manifestó que “la libertad de expresión tenemos todos,(…) pero, ¿qué diferencia nuestra libertad de expresión con la de Jorge Ortiz?, por ejemplo, la diferencia es que Jorge Ortiz representa un capital que sirvió para comprar un canal de televisión, entonces mi libertad de expresión no es la misma que tiene Jorge Ortiz”.

Acusó a la cadena a Teleamazonas de ser un medio caracterizado por un tratamiento parcializado de la información, como lo sostuviera Alberto Acosta, cuando señaló que no es un medio que se ha caracterizado por la pulcritud en el manejo de la información  y que más de una vez ha manipulado la información.

“Queda claro que la defensa a ultranza de intereses particulares se pretende confundir con una supuesta defensa de la libertad de expresión, ocurre en un canal que sufrió el traspaso de propietarios en un proceso que no ha sido del todo clarificado” narraba el espacio gubernamental, subrayando las dudas que sobre ese proceso aún mantiene el anterior dueño de Teleamazonas, Eduardo Granda: “El banco del Pichincha según mis libros no liquidó como debió haber liquidado la acreencia que tengo con ellos; decidimos reclamar ante la Superintendencia de Bancos que termine ese examen y la Superintendencia decidió que no había caso; me negaron el habeas data, también. Es injusto, se debió haber terminado el examen y no ha terminado; ¿cómo puede hacer usted juicio de mis cuentas de un individuo que mantenía con un banco si la Superintendencia no ha terminado el examen?”.

Xavier Zavala, de quien recogen sus opiniones vertidas a otro medio cree que “el problema es que la prensa en nuestro país ha estado muy engreída, la prensa en nuestro país se ha sentido más allá de las reglas; la prensa en nuestro país no se la han impuesto límites, entonces son muy sensibles a cualquier cosa que parezca un límite, a cualquier imposición, y definitivamente no puede ser así; no cualquier sanción, expediente, juzgamiento, debe ser necesariamente un a tentado contra la libertad de expresión”.

Para el gobierno de Correa, la libertad de expresión ha sido manoseada durante muchos años en el Ecuador, manoseo que no fue objeto de reclamo precisamente porque no fue dirigido hacia los propietarios de los medios de comunicación que ahora se escudan en una mal llamada libertad para defender sus intereses particulares, utilizando a la prensa como escudo protector.

Finalmente, el régimen sostiene que La libertad de unos cuantos propietarios de medios de comunicación para avanzar en sus intereses no representa la verdad,esa libertad de expresión de los ecuatorianos, derecho fundamental que en este gobierno “está por primera vez, plenamente garantizado”.